Jose Manuel Guerrero Rascon
Expediente 1380/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 43 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1380/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 43
- Última actuación
- 07/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jose Manuel Guerrero Rascon
- Presidente de la Junta Local Numero Cinco de Conciliacion Y Arbitraje, Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 43.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de diciembre de dos mil veintidós. Como se desprende de la certificación que antecede, y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas recurrieran la sentencia de once de noviembre pasado, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno o manifestado a este juzgado bajo protesta de decir verdad, haberlo hecho directamente ante la Superioridad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Ahora bien, como de la referida constancia secretarial, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación que el juicio en que se actúa, así como el original y duplicado del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio y negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 21 fracción I, inciso a) y c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que dispone lo siguiente: ".Artículo 12. Valoración de expedientes. Los titulares de los órganos jurisdiccionales deberán valorar los expedientes que generen, de conformidad con los supuestos que se establecen en el presente Acuerdo. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Toda vez que resulta innecesario que obre en autos el expediente que la junta responsable remitió como complemento a su informe justificado, se ordena devolverlo, en el entendido que de no acusar recibo de dichas documentales, en el término de tres días legalmente computados, se dará por hecho que las recibió a entera satisfacción. Finalmente, agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por el impétrate, a través del cual intenta promover recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el presente juicio; sin que haya lugar a proveer al respecto, toda vez que como se advierte de la constancia secretarial que antecede, el escrito en mención carece de firma autógrafa del promovente; lo cual constituye una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Notifíquese.
- Principal
Con esta fecha se notifica mediante lista al quejoso de la resolucion emitida el once de noviembre de dos mil veintidós que en esencia señala: "... V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo VI-1380/2019-1 y - - Por lo expuesto y fundado, y con sustento además en los artículos 33 35 37 63 y sexto transitorio de la Ley de Amparo; S E R E S U E L V E UNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantias promovido por - - por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..." Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I inciso C de la Ley de Amparo
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la autoridad en cita; atento a su contenido, y como lo solicita remítase a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, copia certificada de las constancias que indica relativas al emplazamiento a huelga - de donde deriva el acto reclamado, mismas que remitió junto a su informe justificado; lo anterior, hágase del conocimiento del juzgado oficiante para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de agosto de dos mil veintidós. Como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que el proveído de cuatro de agosto en curso, pronunciado dentro del presente asunto, no se listó y publicó en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por lo que se ordena realizar en esta data. Notifíquese.
Quedan 39 actuaciones en este expediente
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