Jose Manuel Guerero Rascon

Expediente 1002/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1002/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • Jose Manuel Guerero Rascon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad en cita, al que acompaña testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el veinticinco de noviembre pasado, en el cuaderno de queja 194/2022 en la que la Superioridad declaró infundado dicho recurso interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto veintiuno de septiembre del año en curso, emitido por este Juzgado dentro del presente asunto, de acuerdo al siguiente punto resolutivo: ".ÚNICO. Es infundado el recurso de queja.". Asimismo, como de la referida constancia secretarial, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación que en el juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción y no se formaron cuadernos incidentales; lo anterior, de conformidad con el artículo 21 fracción I, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: I. En los Juzgados de Distrito: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de noviembre de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 del cuerpo normativo en cita, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa en legal y debida forma con el licenciado J. Trinidad Sánchez Ménera, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta que suscribe la autoridad en cita, por medio del cual comunica que mediante auto de once de octubre pasado, el Tribunal en cita admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de veintiuno de septiembre del año en curso, dictado por este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  3. Principal

    CON ESTA FECHA QUEDA NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE FECHA veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, QUE EN LO CONDUCENTE SE ACORDO "... Vista la demanda de amparo promovida por - por propio derecho, contra actos del Comité Ejecutivo del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) y otra autoridad, con sede en esta ciudad; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número VI-1002/2022-1. Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa reclama al Comité Ejecutivo del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), lo siguiente: ".Al comité ejecutivo del sindicato de profesores de la Universidad Michoacana, le reclamo la convocatoria y en su caso la sesión celebrada por el consejo general de representantes, de fecha 29 de agosto del 2022, así como los convenios tomados en la misma y demás disposiciones que emanen de esta, pues acordaron celebrar la XLVI asamblea general ordinaria, programada para celebrarse el próximo día 29 del mes de septiembre del año 2022, bajo el siguiente orden del día: Llevar a cabo la acreditación de afiliados ante el colegio electoral, verificando tanto la lista de afiliados así como el quorum la comisión autónoma de vigilancia e instalar la asamblea general ordinaria en su caso en esa fecha; la propuesta de solicitar a la asamblea general ordinaria, delegar la reformas y adiciones al estatuto sindical, a un congreso general de representantes extraordinario, para su inmediata aplicación; la elección del comité ejecutivo general y de las comisiones autónomas, conforme a las bases establecidas en el reglamento de elecciones y en la presente convocatoria; la toma de protesta del comité ejecutivo general y de las comisiones autónomas, la política general que en todos los casos, deberá seguir el sindicato y las demás disposiciones que pretendan tomarse en dicha asamblea. En el mismo orden de ideas, les reclamo los actos anteriormente señalados, por no contar los integrantes de dicho comité, con legitimación alguna para presidir y menos seguir ostentándose como representantes de este gremio sindical al que pertenezco, para celebrar los actos que se les atribuyen, al haber sido depuestos por su falta de defensa de los intereses gremiales, en sesión plenaria del congreso general de representantes, en sesión plenaria celebrada el día 24 del mes de marzo del año 2021, en términos de lo dispuesto por el artículo 26 fracciones V y VII del Estatuto del sindicato de profesores de la Universidad Michoacana, se decide revocar el mandato a los miembros del Comité Ejecutivo General, previo dictamen de las comisiones de Vigilancia, de Honor y Justicia, y designan interinos en las vacantes que resulten, en tanto se realizan nuevas elecciones, así como iniciar el proceso de expulsión de algunos de ellos, entre ellos el secretario general de organización, de trabajo y de jubilaciones y pensiones, por su notoria conducta en perjuicio de los interés gremiales. Le reclamo la inobservancia de lo que establecen los artículos 1 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del Convenio Número 87, relativo a la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicalización, de la Organización Internacional del Trabajo, así como de las decisiones del Comité de Libertad Sindical de la referida Organización; de los criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos respecto el tema de libertad sindical, cuyo contenido esencial se basa en cuatro postulados: 1. Derecho de libre asociación; 2. Derecho para redactar sus estatutos y reglamentos administrativos; 3. Derecho para elegir libremente a sus representantes; y, 4. Derecho de organización interna. Les reclamo la discriminación por asociación o discriminación refleja, de la que soy objeto ante la diferencia de trato desfavorable que se aplica al suscrito porque se me relaciona de alguna manera con quienes señalo como terceros con interés en este juicio de amparo y por ello considerar que pertenezco a grupos antagónicos a este comité defenestrado, así como por considerar que se me discrimina por encontrarme en las categorías sospechosas a que alude el artículo primero constitucional, lo que motivo que se les impidiera el acceso a la reunión de fecha 29 de agosto del año en curso descrita, por lo que se tildan de ilegales e inconstitucionales tales actos de autoridad, porque al impedirles participar en la reunión de 29 de agosto del año en curos, así como participar en los subsecuentes procedimientos conforme el orden del día ahí establecido, se restringen tanto sus derechos humanos y garantías procesales, así como los míos, pues son parte de mi representación al seno del consejo general del gremio de mi adscripción. Así como a la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán, le reclama lo siguiente: ".Al presidente de la junta local de conciliación y arbitraje en el Estado, así como al Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán, les reclamo el depósito del padrón de socios debidamente actualizados, validados y supervisados por el Colegio Electoral, pues este no pudo haber sido instalado por los actos de autoridad de que me duelo, pues el depósito del padrón de socios, debe ser actualizado, validado y supervisados por el Colegio Electoral, el cual no pudo haber sido conformado por los actos de autoridad de los que me duelo, pues se dejó de lado la participación para su designación de dos integrantes del Consejo General, así como de la participación democrática de dos integrantes más de la Comisión Autónoma de Vigilancia, por haberse impedido su acceso a la asamblea de 29 de agosto del 2022, asimismo, porque desconocemos además las bajas y altas que existan en el padrón de socios a la fecha, conforme lo que dispone el artículo 5 y demás relativos del estatuto del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana.." Ahora bien, respecto a los actos reclamados señalados, atribuidos al Comité Ejecutivo del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), residente en esta ciudad, este Juzgador determina que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5 fracción II, de la Ley de Amparo. El numeral 61, fracción XXIII, de la citada Ley, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley" Por su parte, los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, disponen: "ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; " "ARTICULO 5°. Son partes en el juicio de amparo: - II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. -" De la anterior transcripción, se advierte que las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo, no son limitativas, si no enunciativas, puesto que no se limitan a las veintidós hipótesis referidas en el precepto 61 de la Ley en comento, dado que la fracción vigésima tercera de ese numeral no solo dimanan de la Ley, sino que también surgen a la vez de la Constitución Federal y de la Jurisprudencia. Ahora, previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, es necesario precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, también procede excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 164-2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXXIV, Septiembre 2011, Pagina 1089, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Además de lo anterior, con relación a lo que debe entenderse por autoridad responsable, cabe destacar que tal calidad no únicamente le asiste a los entes que dentro de sus facultades se encuentra la del imperio, es decir de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquellas que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular y de una manera imperativa. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Volumen 3, Segunda Parte, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. CUALES DEBEN CONSIDERARSE COMO TALES. La autoridad responsable en el juicio de amparo es el órgano estatal de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa; en otros términos, señala el artículo 11 de la Ley de Amparo, que es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por tanto, se considera que un Juez de Distrito, por el hecho de haber concedido la libertad bajo fianza al inculpado, dentro del incidente de suspensión del juicio indirecto que promovió en contra de la sentencia que confirmó el auto de formal prisión decretado en su contra, no debe ser considerado como autoridad responsable en el juicio de amparo directo, pues no cae en su ámbito competencial la ejecución de la sentencia reclamada y, por tanto, el juicio con respecto a dicha autoridad es improcedente y debe ser sobreseído con fundamento en los artículos 166, fracción III, 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". En el caso, y por las razones que se expondrán a continuación, la autoridad señalada en la demanda, Comité Ejecutivo del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana SPUM, y los actos que a ella les atribuye, no se encuentran en un plano de supra subordinación respecto del quejoso, de donde se colige que no tiene el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo. Se dice lo anterior, porque la parte quejosa impugna en esta vía constitucional, la convocatoria y la sesión celebrada por el consejo general de representantes, de fecha veintinueve de agosto de dos mil veintidós, así como los convenios tomados en la misma en que acordaron celebrar la XLVI asamblea general ordinaria, programada para celebrarse el próximo día veintinueve septiembre del año en curso; sin embargo, resulta claro que el aquí quejoso es empleado (profesor) de la Universidad Michoacana, con quien debe existir un contrato de prestación de servicios educativos, y a cuyo Comité Ejecutivo General del Sindicato de Profesores, le reclama lo antes señalado, por lo que, cualquier cuestión relativa a dicha relación de coordinación deberá ser substanciada a través de los medios legales ordinarios respectivos. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la conforman la tesis... sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, Pagina 2086, Materia Común, Decima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "RESPONSABLE QUE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO E INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PREFERENCIA DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ATINENTE A LA RESPONSABLE SOBRE LA DEL ACTO RECLAMADO INEXISTENTE. La regla general de darle preferencia a la causal de sobreseimiento por negativa de actos no desvirtuada, presupone como requisito sine qua non que los actos reclamados, sin lugar a dudas, se atribuyen a una autoridad; sin embargo, cuando se señala a alguien que no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo como por ejemplo el comisariado y el consejo de vigilancia de bienes comunales, este presupuesto procesal se torna preferente, pues de no tener esa calidad la señalada como tal en la demanda de amparo, es irrelevante analizar si el acto fáctico que se le atribuye existe o no. Es decir, el carácter de autoridad del ente emisor es un presupuesto previo, para poder analizar si el acto que se le reclama es o no cierto. No es casual que en el orden en que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos de la demanda de garantías, primero se enuncia el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables fracción III, y después la precisión del acto que de cada una se reclame fracción IV; en virtud de que, como premisa lógica para que exista un acto de autoridad, en primer lugar debe existir la autoridad que lo emita, si ésta no existe, menos puede existir el acto que se le atribuye. De ahí que en un caso así es preferente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, sobre la de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 del mismo ordenamiento legal." Por ello, se reitera que la mencionada responsable no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Por otra parte, respecto al acto reclamado señalado con anterioridad, atribuido a la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán, consistente en: "el depósito del padrón de socios debidamente actualizados, validados y supervisados por el Colegio Electoral, pues este no pudo haber sido instalado por los actos de autoridad de que me duelo, pues el depósito del padrón de socios, debe ser actualizado, validado y supervisados por el Colegio Electoral, el cual no pudo haber sido conformado por los actos de autoridad de los que me duelo, pues se dejó de lado la participación para su designación de dos integrantes del Consejo General, así como de la participación democrática de dos integrantes más de la Comisión Autónoma de Vigilancia, por haberse impedido su acceso a la asamblea de 29 de agosto del 2022, asimismo, porque desconocemos además las bajas y altas que existan en el padrón de socios a la fecha, conforme lo que dispone el artículo 5 y demás relativos del estatuto del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana..." El suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario; ambos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales los que el Estado Mexicano sea parte [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, los actos reclamados por la parte quejosa, no constituyen un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en el depósito del padrón de socios debidamente actualizados, validados y supervisados por el Colegio Electoral, el cual -aduce- debe ser actualizado, validado y supervisados por el Colegio Electoral, y que dejó de lado la participación para su designación de dos integrantes del Consejo General, por haberse impedido su acceso a la asamblea de veintinueve de agosto del presente año. Conforme a lo anterior, es evidente que los actos reclamados emitido dentro del procedimiento origen, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; por lo que la decisión del órgano responsable, no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que resulta indudable que se trata de actos meramente intraprocesales. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la determinación que se dicte en definitiva; pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en la causa de origen sea adverso al aquí quejoso, de manera que mientras ésta no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente les sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría a la parte promovente del amparo. Así, como el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa, para ser considerado como de imposible reparación. Sirve de sustento la jurisprudencia número 1086, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 751, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la misma y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. De ahí que, proceda DESECHAR en el presente juicio respecto al acto atribuido a las autoridades responsables, al actualizarse la causa de improcedencia en comento, con apoyo en el 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de la Materia. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Por otra parte, con fundamento en los dispositivos?22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente ..u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.? Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21-2020. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y por autorizados a las personas que refiere en su libelo constitucional. Notifíquese personalmente...." LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso -, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintiuno de septiembre del presente año; por tanto, se le tiene por interpuesto dicho medio de impugnación, y en cuanto esté debidamente integrado el expediente en que se actúa, inmediatamente remítanse los autos a la Superioridad para la substanciación del recurso hecho valer, enviándose al efecto original y copia del escrito en mención e informe sobre la queja interpuesta. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese.

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