José Manuel Guazo González
Expediente 590/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 590/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Manuel Guazo González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte tercero interesada el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercera interesada mediante proveído de seis de noviembre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia autorizada el siete de septiembre de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa José Manuel Guazo González, para los siguientes efectos: [.] .que el juez responsable: 1). Deje insubsistente la resolución de vinculación a proceso de doce de junio de dos mil veintitrés reclamada. 2). Deje insubsistente la continuación de la audiencia inicial a partir de la parte en que procede a dictar el auto de resolución de plazo constitucional, y dicte otro en el que, con plenitud de jurisdicción, dé contestación de forma completa al planteamiento de la defensa del imputado, sin incurrir en los vicios de forma señalados con anterioridad, pudiendo resolver en el mismo sentido al anterior o en uno diverso, pero fundando y motivando su decisión. [.]" Mediante proveído de dos de octubre de la presente anualidad causó ejecutoria dicha sentencia; en consecuencia, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Jueza de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Veracruz, con residencia en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, mediante proveído de once de noviembre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, puesto que obra en autos el oficio 1239/2023, por el cual la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial de Veracruz, Sala C, puso en conocimiento de este juzgado haber señalado las diecisiete horas del día diecinueve de octubre del año en curso para la celebración de la audiencia de vinculación dentro del proceso penal 419/2022-C-I. Posteriormente, mediante oficios 1313/2023 y 1419/2023, la jueza responsable remitió a este juzgado un disco versátil digital de audio y video (DVD) que contiene la audiencia de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés celebrada dentro del proceso penal 419/2023, por la cual resolvió la situación jurídica del aquí quejoso José Manuel Guazo González, así como la versión escrita correspondiente a la referida audiencia y del que de sus puntos medulares se desprende haber sido dictada bajo las siguientes consideraciones: En principio, previa identificación de las partes, atendiendo a la obligatoriedad a la que la resolutora está sometida para emitir el acto reclamado, procedió a señalar los fundamentos de su competencia para conocer y resolver del asunto que ahora se aborda. Acto seguido, habiendo quedado insubsistente la resolución de vinculación a proceso de doce de junio de dos mil veintitrés, así como la continuación de la audiencia inicial a partir de la parte en que procede a dictar dicha resolución; la jueza señaló retomar la misma a partir de las manifestaciones de la defensa, sobre la base de dar contestación a todos y cada uno de dichos planteamientos, en cumplimiento a la ejecutoria federal (minuto 3:00 a 3:50 disco versátil digital archivo 2023-10-19-17.31.09.404). Es así que, constatados los registros de audio y video de audiencia inicial dentro del proceso 419/2022 que se sigue a José Manuel Guazo González, la jueza consideró se encontraban cubiertos los requisitos de forma y fondo que el órgano jurisdiccional debe cubrir para el dictado de un auto de vinculación a proceso, como lo establece el artículo 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Posteriormente, la jueza señaló que de los datos expuestos al órgano jurisdiccional en audiencia inicial, quedó constancia de la imputación formulada por la Fiscalía, quien comunicó al imputado que se realizaba una investigación en su contra por hechos que para la ley constituyen el delito SUSTRACCIÓN O RETENCIÓN DE MENORES, previsto y sancionado por el artículo 241 del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz en época de los hechos, que establece los elementos del tipo penal, a saber: (10:30 disco versátil digital archivo 2023-10-19-17.31.09.404) "Artículo 241. A quien le una un parentesco con persona menor de dieciocho años de edad o incapaz, o a quien por instrucciones de aquél, sin causa justificada o sin orden de autoridad competente, la sustraiga de la custodia o guarda de quien la tenga de hecho o por derecho, o bien la retenga sin la voluntad de ésta." Dicho lo anterior, la jueza hizo una relación de los datos de pruebas sustentados y expuestos por la Fiscalía en aquél momento, los cuales fueron valorados en forma indiciaria conforme el artículo 259, 260 y 263 del Código Nacional Procesal Penal, al haber sido obtenidos de forma lícita (minuto 12:00 disco versátil digital archivo 2023-10-19-17.31.09.404). De igual manera, y en lo que aquí interesa, la jueza procedió a enunciar los datos de prueba aportados por la defensa en audiencia pasada, y de las cuales se adviertes, la denuncia por violencia familiar interpuesta por el aquí quejoso José Manuel Guazo González, ante la fiscal especializada, demanda de depósito judicial interpuesta ante el juez familiar, la demanda de depósito judicial interpuesta ante el juez familiar, la demanda de pensión alimenticia a cargo de la aquí tercera interesada, relativa a la medida cautelar de depósito y guarda de personas, un instructivo de notificación de un oficial administrativo de juzgado en materia familiar donde de hace del conocimiento la existencia de un expediente en al Juzgado Décimo del Distrito Judicial de Veracruz, respecto referido al depósito judicial, copia de la resolución dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 832/202 en el cual se le negó la suspensión definitiva a Brenda Sosa Valenzuela en contra del acto reclamado (resolución que confirmó el depósito del menor decretado a solicitud de José Manuel Guazo González, cuestión que no se encontraba dilucidada a fechas de la pasada audiencia. Ahora bien, la jueza señaló que deberá estarse al protocolo de actuaciones en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, siendo una razón el que la infancia tiene características específicas, estructurales que obedecen a la etapa de desarrollo en que se encuentran, que repercuten en la forma en que un niño o adolescente participa en un proceso judicial. Consecuentemente, la jueza procedió al estudio y análisis completo de los datos de prueba proporcionados en audiencia, señalando que si bien es cierto que la custodia de hecho la tenía la madre evidenciando que de forma verbal acordaron las visitas, por otro lado el padre dice que hay una denuncia por violencia en contra de la ofendida que es progenitora del menor, razón por la cual se lleva al menor, no lo regresa e inmediato interpone el depósito judicial ante juez en materia familiar. En relación a lo manifestado, de la ponderación de ambos derechos, siendo que el derecho que prevalece es el derecho del menor sobre el de los adultos, por lo que en suplencia de la queja a favor del niño, y atendiendo a las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas, la jueza dijo advertir, que la víctima es el menor, y si al menor lo tiene su padre y encontramos que hay dos dictámenes de trabajo social hechos a los domicilios, tanto el de la hermana del sujeto activo, como el de Brenda Sosa Valenzuela que es quien representa los intereses de la víctima, sin embargo dentro de los datos de prueba expuestos por la fiscalía o dentro de sus actos de investigación no se advierte que hayan intentado hacer un dictamen de trabajo social o sobre todo psicológico hacia el menor, para no dejarlo en indefensión en su carácter de víctima. Por lo anterior, la jueza consideró que hasta ese momento no se acreditaba el elemento del tipo penal de sustracción o retención de menores, porque si el menor fue retenido por el padre biológico, esto fue precisamente por una presunta violencia familiar que sufría por parte de su progenitora e incluida otra hija de la señora, que hay una demanda ante la fiscalía especializada del sujeto activo contra la progenitora del menor víctima, y en suplencia en favor del menor a efecto de restituirle en su derecho de mantenerse en un ambiente sano para mantener intacta su psique, y por estar su derecho sobre el de los adultos. Abona a lo anterior, que hasta el momento de dictar sentencia federal subsistía o estaba vigente el depósito judicial, si bien en suplencia a favor del menor es para que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, que es con el padre del menor hasta el momento quien resuelve no ha escuchado por parte de la fiscalía, asesor jurídico, que haya algún problema o inconveniente con el menor fuera del hogar o del seno materno. Y más porque de los datos de prueba aportados por la fiscalía, no hay dictamen, sea psicológico o de trabajo social que se haga específica y directamente al menor para ver el estado emocional y el entorno social en el que se encuentra y está rodeado a partir de que fue retirado del seno materno y que se hizo así por su progenitor masculino, precisamente para protegerlo de la violencia familiar que dice estaba viviendo, existiendo una carpeta de investigación por denuncia realizada por José Manuel Guazo González ante la Fiscalía Especializada, datos de prueba valorados en forma indiciaria conforme el artículo 259, 260 y 263 del Código Nacional Procesal Penal. Es así que existiendo orden judicial, esto un depósito judicial en materia familiar, a fin de salvaguardar la integridad física del menor al haber denuncia en materia penal presentada por el padre del menor ante la fiscalía especializada en contra de la progenitora del menor, motivo por el cual no se encuentra colmado ese elemento vital del tipo penal, lo que nos lleva a que no esté acreditado. En relación a la probabilidad de la presunta responsabilidad a que incurre José Manuel Guazo González, al no estar acreditado el tipo penal, resulta innecesario entrar al estudio de la probabilidad de la presunta responsabilidad en que se dijo que el aquí quejoso había cometido el hecho delictivo de retención de menores de edad previsto y sancionado en el artículo 241 del Código Penal para el Estado, que se dijo en agravio de la víctima menor de edad de identidad reservada, representado por la afinidad Brenda Sosa Valenzuela. En ese contexto, al no estar reunidos los requisitos exigidos por el artículo 19 Constitucional, en términos de los numerales 313 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la jueza responsable emitió AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO a favor de JOSÉ MANUEL GUAZO GONZÁLEZ, por el hecho delictivo RETENCIÓN O SUSTRACCIÓN DE MENORES, previsto y sancionado por el artículo 241 del Código Penal vigente en el Estado en época de hechos, en agravio de VÍCTIMA DE IDENTIDAD EN RESERVA 53/2022, REPRESENTADO POR BRENDA SOSA VALENZUELA. Finalmente, la juzgadora responsable tuvo por notificados a los intervinientes en la audiencia, de los términos en que se dictó el auto de vinculación, para los efectos del cómputo del plazo para recurrirla en caso de inconformidad, conforme a los artículos 63, 67 y 82 fracción I inciso a) del Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo expuesto, el suscrito advierte que la ejecutoria de amparo está cumplida para los efectos para los cuales fue concedida, esto, la juzgadora dejó insubsistente la resolución de vinculación a proceso reclamada, así como la continuación de la audiencia inicial a partir de la parte en que procede a dictar la resolución, para en su lugar, con libertad de jurisdicción dictar otra por la que resuelva de nueva cuenta la situación jurídica del aquí quejoso, esto dando respuesta a los argumentos formulados por la defensa, manifestando si la existencia del depósito del menor incidía o no en la actualización del hecho con apariencia del delito de retención de menor. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter CONSERVABLE, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que por una parte se concedió la suspensión definitiva como se advierte de la resolución emitida en data veinte de julio de dos mil veintitrés (fojas 21 a 25 del original del incidente de suspensión relativa al presente asunto), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 590/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercera interesada mediante proveído de seis de noviembre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia autorizada el siete de septiembre de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa ********************, para los siguientes efectos: [.] .que el juez responsable: 1). Deje insubsistente la resolución de vinculación a proceso de doce de junio de dos mil veintitrés reclamada. 2). Deje insubsistente la continuación de la audiencia inicial a partir de la parte en que procede a dictar el auto de resolución de plazo constitucional, y dicte otro en el que, con plenitud de jurisdicción, dé contestación de forma completa al planteamiento de la defensa del imputado, sin incurrir en los vicios de forma señalados con anterioridad, pudiendo resolver en el mismo sentido al anterior o en uno diverso, pero fundando y motivando su decisión. [.]" Mediante proveído de dos de octubre de la presente anualidad causó ejecutoria dicha sentencia; en consecuencia, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Jueza de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Veracruz, con residencia en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, mediante proveído de once de noviembre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, puesto que obra en autos el oficio 1239/2023, por el cual la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial de Veracruz, Sala C, puso en conocimiento de este juzgado haber señalado las diecisiete horas del día diecinueve de octubre del año en curso para la celebración de la audiencia de vinculación dentro del proceso penal ******************** Posteriormente, mediante oficios 1313/2023 y 1********************, la jueza responsable remitió a este juzgado un disco versátil digital de audio y video (DVD) que contiene la audiencia de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés celebrada dentro del proceso penal ********************, por la cual resolvió la situación jurídica del aquí quejoso ********************, así como la versión escrita correspondiente a la referida audiencia y del que de sus puntos medulares se desprende haber sido dictada bajo las siguientes consideraciones: En principio, previa identificación de las partes, atendiendo a la obligatoriedad a la que la resolutora está sometida para emitir el acto reclamado, procedió a señalar los fundamentos de su competencia para conocer y resolver del asunto que ahora se aborda. Acto seguido, habiendo quedado insubsistente la resolución de vinculación a proceso de doce de junio de dos mil veintitrés, así como la continuación de la audiencia inicial a partir de la parte en que procede a dictar dicha resolución; la jueza señaló retomar la misma a partir de las manifestaciones de la defensa, sobre la base de dar contestación a todos y cada uno de dichos planteamientos, en cumplimiento a la ejecutoria federal (minuto 3:00 a 3:50 disco versátil digital archivo 2023-10-19-17.31.09.404). Es así que, constatados los registros de audio y video de audiencia inicial dentro del proceso ******************** que se sigue a ********************, la jueza consideró se encontraban cubiertos los requisitos de forma y fondo que el órgano jurisdiccional debe cubrir para el dictado de un auto de vinculación a proceso, como lo establece el artículo 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Posteriormente, la jueza señaló que de los datos expuestos al órgano jurisdiccional en audiencia inicial, quedó constancia de la imputación formulada por la Fiscalía, quien comunicó al imputado que se realizaba una investigación en su contra por hechos que para la ley constituyen el delito SUSTRACCIÓN O RETENCIÓN DE MENORES, previsto y sancionado por el artículo 241 del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz en época de los hechos, que establece los elementos del tipo penal, a saber: (10:30 disco versátil digital archivo 2023-10-19-17.31.09.404) "Artículo 241. A quien le una un parentesco con persona menor de dieciocho años de edad o incapaz, o a quien por instrucciones de aquél, sin causa justificada o sin orden de autoridad competente, la sustraiga de la custodia o guarda de quien la tenga de hecho o por derecho, o bien la retenga sin la voluntad de ésta." Dicho lo anterior, la jueza hizo una relación de los datos de pruebas sustentados y expuestos por la Fiscalía en aquél momento, los cuales fueron valorados en forma indiciaria conforme el artículo 259, 260 y 263 del Código Nacional Procesal Penal, al haber sido obtenidos de forma lícita (minuto 12:00 disco versátil digital archivo 2023-10-19-17.31.09.404). De igual manera, y en lo que aquí interesa, la jueza procedió a enunciar los datos de prueba aportados por la defensa en audiencia pasada, y de las cuales se adviertes, la denuncia por violencia familiar interpuesta por el aquí quejoso ********************, ante la fiscal especializada, demanda de depósito judicial interpuesta ante el juez familiar, la demanda de depósito judicial interpuesta ante el juez familiar, la demanda de pensión alimenticia a cargo de la aquí tercera interesada, relativa a la medida cautelar de depósito y guarda de personas, un instructivo de notificación de un oficial administrativo de juzgado en materia familiar donde de hace del conocimiento la existencia de un expediente en al Juzgado Décimo del Distrito Judicial de Veracruz, respecto referido al depósito judicial, copia de la resolución dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 832/202 en el cual se le negó la suspensión definitiva a ******************** en contra del acto reclamado (resolución que confirmó el depósito del menor decretado a solicitud de ********************, cuestión que no se encontraba dilucidada a fechas de la pasada audiencia. Ahora bien, la jueza señaló que deberá estarse al protocolo de actuaciones en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, siendo una razón el que la infancia tiene características específicas, estructurales que obedecen a la etapa de desarrollo en que se encuentran, que repercuten en la forma en que un niño o adolescente participa en un proceso judicial. Consecuentemente, la jueza procedió al estudio y análisis completo de los datos de prueba proporcionados en audiencia, señalando que si bien es cierto que la custodia de hecho la tenía la madre evidenciando que de forma verbal acordaron las visitas, por otro lado el padre dice que hay una denuncia por violencia en contra de la ofendida que es progenitora del menor, razón por la cual se lleva al menor, no lo regresa e inmediato interpone el depósito judicial ante juez en materia familiar. En relación a lo manifestado, de la ponderación de ambos derechos, siendo que el derecho que prevalece es el derecho del menor sobre el de los adultos, por lo que en suplencia de la queja a favor del niño, y atendiendo a las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas, la jueza dijo advertir, que la víctima es el menor, y si al menor lo tiene su padre y encontramos que hay dos dictámenes de trabajo social hechos a los domicilios, tanto el de la hermana del sujeto activo, como el de ******************** que es quien representa los intereses de la víctima, sin embargo dentro de los datos de prueba expuestos por la fiscalía o dentro de sus actos de investigación no se advierte que hayan intentado hacer un dictamen de trabajo social o sobre todo psicológico hacia el menor, para no dejarlo en indefensión en su carácter de víctima. Por lo anterior, la jueza consideró que hasta ese momento no se acreditaba el elemento del tipo penal de sustracción o retención de menores, porque si el menor fue retenido por el padre biológico, esto fue precisamente por una presunta violencia familiar que sufría por parte de su progenitora e incluida otra hija de la señora, que hay una demanda ante la fiscalía especializada del sujeto activo contra la progenitora del menor víctima, y en suplencia en favor del menor a efecto de restituirle en su derecho de mantenerse en un ambiente sano para mantener intacta su psique, y por estar su derecho sobre el de los adultos. Abona a lo anterior, que hasta el momento de dictar sentencia federal subsistía o estaba vigente el depósito judicial, si bien en suplencia a favor del menor es para que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, que es con el padre del menor hasta el momento quien resuelve no ha escuchado por parte de la fiscalía, asesor jurídico, que haya algún problema o inconveniente con el menor fuera del hogar o del seno materno. Y más porque de los datos de prueba aportados por la fiscalía, no hay dictamen, sea psicológico o de trabajo social que se haga específica y directamente al menor para ver el estado emocional y el entorno social en el que se encuentra y está rodeado a partir de que fue retirado del seno materno y que se hizo así por su progenitor masculino, precisamente para protegerlo de la violencia familiar que dice estaba viviendo, existiendo una carpeta de investigación por denuncia realizada por ******************** ante la Fiscalía Especializada, datos de prueba valorados en forma indiciaria conforme el artículo 259, 260 y 263 del Código Nacional Procesal Penal. Es así que existiendo orden judicial, esto un depósito judicial en materia familiar, a fin de salvaguardar la integridad física del menor al haber denuncia en materia penal presentada por el padre del menor ante la fiscalía especializada en contra de la progenitora del menor, motivo por el cual no se encuentra colmado ese elemento vital del tipo penal, lo que nos lleva a que no esté acreditado. En relación a la probabilidad de la presunta responsabilidad a que incurre ********************, al no estar acreditado el tipo penal, resulta innecesario entrar al estudio de la probabilidad de la presunta responsabilidad en que se dijo que el aquí quejoso había cometido el hecho delictivo de retención de menores de edad previsto y sancionado en el artículo 241 del Código Penal para el Estado, que se dijo en agravio de la víctima menor de edad de identidad reservada, representado por la afinidad ********************. En ese contexto, al no estar reunidos los requisitos exigidos por el artículo 19 Constitucional, en términos de los numerales 313 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la jueza responsable emitió AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO a favor de ********************, por el hecho delictivo RETENCIÓN O SUSTRACCIÓN DE MENORES, previsto y sancionado por el artículo 241 del Código Penal vigente en el Estado en época de hechos, en agravio de VÍCTIMA DE IDENTIDAD EN RESERVA 53/2022, REPRESENTADO POR ********************. Finalmente, la juzgadora responsable tuvo por notificados a los intervinientes en la audiencia, de los términos en que se dictó el auto de vinculación, para los efectos del cómputo del plazo para recurrirla en caso de inconformidad, conforme a los artículos 63, 67 y 82 fracción I inciso a) del Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo expuesto, el suscrito advierte que la ejecutoria de amparo está cumplida para los efectos para los cuales fue concedida, esto, la juzgadora dejó insubsistente la resolución de vinculación a proceso reclamada, así como la continuación de la audiencia inicial a partir de la parte en que procede a dictar la resolución, para en su lugar, con libertad de jurisdicción dictar otra por la que resuelva de nueva cuenta la situación jurídica del aquí quejoso, esto dando respuesta a los argumentos formulados por la defensa, manifestando si la existencia del depósito del menor incidía o no en la actualización del hecho con apariencia del delito de retención de menor. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter CONSERVABLE, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que por una parte se concedió la suspensión definitiva como se advierte de la resolución emitida en data veinte de julio de dos mil veintitrés (fojas 21 a 25 del original del incidente de suspensión relativa al presente asunto), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte tercero interesada el proveído de diez de noviembre de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoséptimo Distrito Judicial en Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo copia autentificada de la versión escrita de la audiencia celebrada en fecha diecinueve de octubre de dos mil veintitrés dentro del proceso penal 419/2022-C-I de su índice. Ahora, de autos se advierte que en proveídos de seis, trece y dieciocho de octubre de la presente anualidad, se reservó dar vista respecto de lo informado por la referida autoridad responsable en el presente asunto, hasta en tanto remitiera las constancias que acreditaran el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, así como a la Fiscal Primera Especializada en Investigación de Delitos Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas del XVII Distrito Judicial en Veracruz, en su carácter de tercera interesada, mediante oficio que se libre para el efecto, con las promociones con registro 17473, 17969 y 18292, así como el oficio y anexo de cuenta con registro 19388, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 1313 y anexo que le acompaña, signado por la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial de Veracruz, Sala C; atento a su contenido, téngasele remitiendo un disco versátil digital folio STI6622023 que contiene copia en audio y video de la audiencia de vinculación a proceso celebrada el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés en el proceso penal 419/2022, esto sin acompañar de la versión escrita correspondiente, en términos del artículo 67, fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Jueza de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial de Veracruz, Sala C, con residencia en Veracruz, Veracruz, para que dentro del improrrogable plazo de TRES DÍAS contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional la versión escrita de la audiencia celebrada en fecha diecinueve de octubre de dos mil veintitrés; lo anterior en debido acatamiento a la sentencia amparadora. Lo anterior, con la finalidad de estar este juzgado en condiciones de dar vista a las partes con la totalidad de las constancias con las que las autoridades señaladas como responsables consideran haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En el entendido de que subsiste el apercibimiento con el que se le conminó en proveído de dos de octubre de la presente anualidad, esto es que de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de conformidad con el artículo 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien a mil días de salario de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.
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