José Manuel García Maldonado

Expediente 1125/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1125/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • José Manuel García Maldonado

Actuaciones

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Atento al estado procesal de autos, así como de la certificación que antecede, se advierte que no existe constancia de que las autoridades responsables 1. Encargado del Despacho de la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Veracruz, 2. Inspector adscrito a la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Veracruz (Eduardo Hernández Sosa) y 3. Inspector adscrito a la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Veracruz (Raúl Camarena Perezfort) todos con residencia en Xalapa, hayan recibido los oficios 32747, 32748 y 32749, mediante los cuales, entre otras cuestiones, les fue solicitado su informe previo. Atento a ello, y toda vez que se trata de autoridades foráneas, debe darse oportunidad a que lleguen a su destino para efectuar la notificación correspondiente; en esas condiciones, se impone diferir la audiencia incidental señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS como nueva fecha para su celebración. Notifíquese en términos de ley.

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con una copia simple del escrito de demanda, en términos de los artículos 125, 128 y 130, de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión único relativo al juicio de amparo 1125/2023 promovido por ********************, contra actos del 1. Encargado del Despacho de la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, y otras autoridades. INFORME PREVIO Con copia de la demanda, y con apoyo en el artículo 138, de la Ley de Amparo, pídase informe previo a las autoridades responsable, que deberán rendir dentro del improrrogable plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS y en el cual, de acuerdo a lo señalado en el diverso numeral 140, de la ley invocada, deberán manifestar, en forma expresa y precisa lo siguiente: a). Si es o no cierto el acto que se les reclama. b). Podrán expresar las razones que se estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. c). Deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su informe previo, fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumirán ciertos los actos que se le atribuyen y que preliminarmente consisten en: La imposición de la clausura total temporal contenida en el acta de inspección de fecha cuatro de octubre de dos mil veintitrés, dentro de los autos del expediente administrativo número ********************, del índice de la autoridad responsable Oficina de Representación de Protección Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. Asimismo, se les impondrá multa de cien hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, de conformidad con la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. Sin que sea necesario remitir copias de la demanda de amparo, ya que éstas se enviaron junto con los oficios que se giraron en el juicio de amparo, del cual deriva el presente incidente de suspensión. AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. PRUEBAS Por otro lado, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas que refiere en su escrito de demanda, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia incidental que al efecto se celebre. PRONUNCIAMIENTO SUSPENSIÓN Ahora, puesto que la parte quejosa solicita la suspensión provisional de los efectos de los actos reclamados consistentes en la clausura total temporal contenida en el acta de inspección de fecha cuatro de octubre de dos mil veintitrés, dentro de los autos del expediente administrativo número ********************, del índice de la autoridad responsable Oficina de Representación de Protección Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, sobre un área de terrenos ganados al mar, ubicado en Playa de Chachalacas, Veracruz, en la presente determinación se resolverá la procedencia de la suspensión únicamente en los términos en que fue solicitada. En ese contexto, y a fin de proveer sobre la medida cautelar solicitada, resulta necesario verificar si se integran o no los presupuestos jurídicos y requisitos legales siguientes: Certeza del acto reclamado; La naturaleza del acto reclamado permita su paralización; Solicitud del parte agraviada (artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo); y, No se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público (artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo). Es aplicable, a este respecto, la jurisprudencia siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA, TÉCNICA QUE DEBE SEGUIRSE EN EL ESTUDIO DE LA. Por razón de técnica en la suspensión definitiva del acto reclamado, deben analizarse, por su orden, las siguientes cuestiones: A). Si son ciertos o no los actos reclamados (premisa). B). Si la naturaleza de esos actos permite su paralización (requisitos naturales). C). Si se satisfacen las condiciones exigidas por el artículo 124 de la Ley de Amparo (requisitos legales), y D). Si ante la existencia de terceros perjudicados es necesario exigir alguna garantía (requisitos de efectividad)". En ese contexto, en el caso particular, se estima, que se cumple con la primera de las condiciones previamente referidas, dado que para la concesión de la suspensión provisional bastan las manifestaciones que la haga la parte quejosa bajo protesta de decir verdad para tener por acreditada indiciariamente su existencia. Así, como también corresponde analizar la siguiente condición de procedencia de la medida cautelar, esto es, si la naturaleza del acto reclamado permite su paralización. En este sentido, cabe destacar que en sus conceptos de violación, la parte quejosa se duele esencialmente de que la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Veracruz, mediante acta de inspección de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en los autos del expediente ********************, facultó a los inspectores adscritos a dicha dependencia a imponer medidas de seguridad de los visitados; por lo que, le fue impuesta una medida de seguridad consistente en la clausura total temporal de las instalaciones de la parte quejosa. Así, respecto de los efectos y consecuencias de la aplicación de la suspensión temporal, y dado que dicho acto por su naturaleza es susceptible de paralización, lo procedente es verificar si con su paralización se contraviene disposiciones de orden público o se causa perjuicio al interés social. Ahora, el orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, es decir, son aquellas disposiciones contenidas en los ordenamientos legales, cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio. Por su parte, el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, lo bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno, es decir debe considerarse como tal, el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja de provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, evite un mal público. Al respecto, el orden público y el interés social han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa y, en ese matiz, ha sostenido que se afectan esas instituciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En efecto, la suspensión es improcedente cuando el acto reclamado afecta el interés público o social, para lo cual no basta con que se funde formalmente en una ley de interés público o que en forma expresa o implícita pretenda perseguir una finalidad de interés social, sino que es necesario que se acredite que la concesión de la suspensión causaría reales perjuicios al interés social o implicaría una contravención ineludible a disposiciones de orden público por las características propias del acto; así, ante un acto de la naturaleza del reclamado, para determinar la procedencia de la suspensión, se debe sopesar el perjuicio que podría sufrir la parte quejosa con su ejecución y la afectación a sus derechos en disputa frente al bienestar de la colectividad. Desde este punto de vista, se considera que con la concesión de la suspensión en el caso concreto, se contravendrían disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social, ello es así, toda vez que la medida reclamada como finalidad es la preservación del Medio Ambiente (Protección Ecológica y Seguridad); esto es, evitar el inminente riesgo de desequilibrio ecológico, daño o deterioro a los recursos naturales, al no contar con la autorización en materia de impacto ambiental y título de concesión de zona federal expedidas por la SEMARNAT que acredite la legalidad de las obras y actividades realizadas. Lo cual, es de interés general de la sociedad, que tiene derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de la población, la salud y la calidad de vida, a través de la prevención, control y minimización de la emisión de contaminantes a los recursos naturales; por lo que resulta evidente que la colectividad en su conjunto se encuentra interesada en la implementación de las acciones que contribuyan al objetivo de ese interés colectivo y no así de un interés individual. En ese mismo sentido, atendiendo a la función de las obras y actividades que se realicen en la zona federal inspeccionada, deberán contar con la autorización en materia de impacto ambiental y título de concesión de zona federal, cuya razón de ser, en esencia, radica en que la comunidad no resienta los daños graves que se puedan producir en detrimento del medio ambiente y en perjuicio de la sociedad, y que se está ante la presencia de un sistema de normas legales en el cual se prevé la imposición de sanciones por irregularidades que se encuentran en esos lugares, por lo que es innegable su carácter de orden público e interés social. Consecuentemente, al contravenirse disposiciones de orden público y de interés social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128, fracción II y, 146 de la Ley de Amparo SE NIEGA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA, pues de concederse podría causarse un perjuicio al medio ambiente, así como un inminente desequilibrio ecológico, como contaminación peligrosa para los ecosistemas. APERCIBIMIENTO AUTORIDADES En el entendido de que las autoridades responsables se encuentran obligadas a recibir los oficios que se le envían y en caso de que no corresponda a su denominación correcta o ésta sea incompleta, pero sí existe la autoridad, deberán comunicarlo por escrito a este juzgado con su respectivo informe justificado. En ese sentido, se les hace saber que si se niegan a recibir un oficio, sin causa justificada, se tendrá por hecha la notificación de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, siendo responsable de toda consecuencia legal; asimismo, con fundamento en el artículo 245 de la ley en cita, se les impondrá multa de cien hasta mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se hace del conocimiento a las autoridades responsables, que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, únicamente le serán notificadas por oficio, las determinaciones previstas como personales para las demás partes, así como aquellas que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a la autoridad responsable que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx puede realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de a Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se significa a la autoridad responsable que no es necesario acusar recibo de notificaciones, salvo en los casos que expresamente este Juzgado de Distrito así lo solicite; lo anterior, para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta, energía eléctrica y recursos económicos en mensajería oficial y telegráfica; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. AUTORIZADOS Téngase como autorizada en términos amplios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ********************, ya que acredita tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito, y Juzgados de Distrito, de toda la República Mexicana. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA Se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, con el nombre de usuario "********************, en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ Asimismo, dado que el promovente solicita ser notificado por la vía electrónica; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que todas las notificaciones le sean realizadas vía electrónica, por medio del usuario que proporciona. En esas condiciones, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expediente (SISE) para que proceda a dar de alta al aquí quejoso con el nombre de usuario proporcionado y se encuentre aptitud de consultarlo y seguir su trámite, ello, para los efectos legales conducentes. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso JOSÉ MANUEL GARCÍA MALDONADO, por el que exhibe una copia de su demanda de amparo fin de que con ella se forme el incidente de suspensión. Ahora, atento a que mediante proveído de seis de noviembre de la presente anualidad, se reservó la apertura del incidente de suspensión solicitado hasta que se exhibiera la copia de la demanda necesaria para formar el cuaderno respectivo, y toda vez que exhibe una copia más de su escrito de demanda de amparo, se procede a proveer lo conducente. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En consecuencia, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 115, 125, 127 y 128 de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del cuaderno incidental relativo al presente asunto. Sin ser necesario formar por duplicado el incidente de suspensión, con base a lo establecido en el artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, de trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año; el cual indica que por regla general, no será necesario la formación del duplicado físico del incidente de suspensión. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta localidad; en atención a su contenido, se tiene informando que aceptó la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************. En esas condiciones, remítase el incidente de suspensión único relativo a éste asunto, y hágase del conocimiento que la parte quejosa no exhibió garantía; asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias del mismo, solicitando el acuse de recibo correspondiente. En mérito de lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 19, fracción I, inciso a) del ordenamiento en cita. Asimismo, respecto del cuaderno de antecedentes del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 465/2023, es susceptible de destrucción, ya que es un expediente auxiliar, motivo por el cual transcurridos más de seis meses del dictado del presente proveído, SE DESTRUIRÁ. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Por último, se ordena habilitar la consulta del expediente electrónico del presente asunto; por tanto, instrúyase al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que dé acceso al expediente electrónico al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta localidad, y este en aptitud de consultar el expediente electrónico del presente asunto. Notifíquese en términos de ley.

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