José Manuel Isidoro Beltrand
Expediente 672/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 23 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 672/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 14/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Manuel Isidoro Beltrand
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, catorce de abril de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de cinco de abril de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes hicieran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que por sentencia de doce de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: "(.) En consecuencia, se concede el Amparo y Protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Juez Segundo de Primera Instancia del Decimonoveno Distrito Judicial en el Estado, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, dé continuidad al procedimiento civil 1703/2016, para lo cual debe: 1. Cesar la conducta omisiva en que incurrió en dicho proceso y tome las medidas necesarias a efecto que se desahoguen la totalidad de las periciales y la recepción de informes ordenados en resolución de once de febrero de dos mil diecinueve, lo anterior en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles contados a partir del siguiente al que sea notificado que la presente sentencia causa ejecutoria. 2. Una vez que cumpla con lo anterior deberá turnar los autos para dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro de los plazos de ley para dicho efecto. (.)" Mediante proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Posteriormente, en proveído de cinco de abril de la presente anualidad, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. Ahora, por oficio 711 el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la que de conformidad con los artículos 1725, 1726, 1727, 1729, 2877, 2878 y 2886 del Código Civil del Estado, aprobó en todas y cada una de sus partes el convenio celebrado entre José Manuel Isidoro Beltrand (aquí quejoso) y Lucila Malga Temich, por su propio derecho y en representación de su menor hijo (aquí tercero interesado), de veinte de enero del año en curso, elevándolo a categoría de cosa juzgada, obligando a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar. Lo anterior, al considerar que no se apartaba en su contenido ni a la ley, ni a la moral, ni afectaba interés de terceros, asimismo, cumplieron con lo que establece el artículo 147 del Código Civil, ya que proporcionan el domicilio que tendrán cada uno de ellos, la forma de subvenir las necesidades de su hijo menor de edad y dieron por concluida la sociedad conyugal, en los términos pactados. Además, con apoyo en los artículos 147 del cuerpo de leyes en comento y 501 del Código Procesal Civil, declaró disuelto el vínculo matrimonial que une a José Manuel Isidoro Beltrand y Lucila Malga Temich, así como por terminada la sociedad conyugal. En ese contexto, del análisis sistemático de dichas constancias, se advierte que no existe materia para resolver respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que los efectos de la ejecutoria de mérito versaban en que el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, cesara la conducta omisiva en que incurrió en el proceso de origen y tomara las medidas necesarias a efecto que se desahogara la totalidad de las periciales y la recepción de informes ordenados en resolución de once de febrero de dos mil diecinueve y una vez que cumpliera con lo anterior debería turnar los autos para dictar la sentencia que en derecho correspondiera dentro de los plazos de ley para dicho efecto. Sin embargo, de las constancias a estudio se advierte que José Manuel Isidoro Beltrand (aquí quejoso) y Lucila Malga Temich (aquí tercero interesado) llegaron a un convenio conciliatorio, en el que establecieron la forma de subvenir las necesidades de su hijo menor de edad y dieron por concluida la sociedad conyugal; por lo tanto, ya no existen los actos que ocasionaban perjuicio al aquí impetrante de garantías. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara QUE NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada, respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable, en consecuencia, devuélvase a su lugar origen el tomo que se formó para los efectos legales conducentes. Lo que se notifica por este medio a al aparte quejosa y tercero interesada, así por estar ordenado en autos.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, catorce de abril de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 672/2019, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, catorce de abril de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de cinco de abril de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes hicieran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que por sentencia de doce de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: "(.) En consecuencia, se concede el Amparo y Protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Juez Segundo de Primera Instancia del Decimonoveno Distrito Judicial en el Estado, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, dé continuidad al procedimiento civil 1703/2016, para lo cual debe: 1. Cesar la conducta omisiva en que incurrió en dicho proceso y tome las medidas necesarias a efecto que se desahoguen la totalidad de las periciales y la recepción de informes ordenados en resolución de once de febrero de dos mil diecinueve, lo anterior en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles contados a partir del siguiente al que sea notificado que la presente sentencia causa ejecutoria. 2. Una vez que cumpla con lo anterior deberá turnar los autos para dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro de los plazos de ley para dicho efecto. (.)" Mediante proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Posteriormente, en proveído de cinco de abril de la presente anualidad, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. Ahora, por oficio 711 el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la que de conformidad con los artículos 1725, 1726, 1727, 1729, 2877, 2878 y 2886 del Código Civil del Estado, aprobó en todas y cada una de sus partes el convenio celebrado entre José Manuel Isidoro Beltrand (aquí quejoso) y Lucila Malga Temich, por su propio derecho y en representación de su menor hijo (aquí tercero interesado), de veinte de enero del año en curso, elevándolo a categoría de cosa juzgada, obligando a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar. Lo anterior, al considerar que no se apartaba en su contenido ni a la ley, ni a la moral, ni afectaba interés de terceros, asimismo, cumplieron con lo que establece el artículo 147 del Código Civil, ya que proporcionan el domicilio que tendrán cada uno de ellos, la forma de subvenir las necesidades de su hijo menor de edad y dieron por concluida la sociedad conyugal, en los términos pactados. Además, con apoyo en los artículos 147 del cuerpo de leyes en comento y 501 del Código Procesal Civil, declaró disuelto el vínculo matrimonial que une a José Manuel Isidoro Beltrand y Lucila Malga Temich, así como por terminada la sociedad conyugal. En ese contexto, del análisis sistemático de dichas constancias, se advierte que no existe materia para resolver respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que los efectos de la ejecutoria de mérito versaban en que el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, cesara la conducta omisiva en que incurrió en el proceso de origen y tomara las medidas necesarias a efecto que se desahogara la totalidad de las periciales y la recepción de informes ordenados en resolución de once de febrero de dos mil diecinueve y una vez que cumpliera con lo anterior debería turnar los autos para dictar la sentencia que en derecho correspondiera dentro de los plazos de ley para dicho efecto. Sin embargo, de las constancias a estudio se advierte que José Manuel Isidoro Beltrand (aquí quejoso) y Lucila Malga Temich (aquí tercero interesado) llegaron a un convenio conciliatorio, en el que establecieron la forma de subvenir las necesidades de su hijo menor de edad y dieron por concluida la sociedad conyugal; por lo tanto, ya no existen los actos que ocasionaban perjuicio al aquí impetrante de garantías. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara QUE NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada, respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable, en consecuencia, devuélvase a su lugar origen el tomo que se formó para los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 26, fracciones I, inciso k), II, incisos a) y b) y III de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa, tercero interesada, así como por oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Boca del Río, Veracruz, catorce de abril de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de cinco de abril de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes hicieran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que por sentencia de doce de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: "(.) En consecuencia, se concede el Amparo y Protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Juez Segundo de Primera Instancia del Decimonoveno Distrito Judicial en el Estado, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, dé continuidad al procedimiento civil 1703/2016, para lo cual debe: 1. Cesar la conducta omisiva en que incurrió en dicho proceso y tome las medidas necesarias a efecto que se desahoguen la totalidad de las periciales y la recepción de informes ordenados en resolución de once de febrero de dos mil diecinueve, lo anterior en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles contados a partir del siguiente al que sea notificado que la presente sentencia causa ejecutoria. 2. Una vez que cumpla con lo anterior deberá turnar los autos para dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro de los plazos de ley para dicho efecto. (.)" Mediante proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Posteriormente, en proveído de cinco de abril de la presente anualidad, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. Ahora, por oficio 711 el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la que de conformidad con los artículos 1725, 1726, 1727, 1729, 2877, 2878 y 2886 del Código Civil del Estado, aprobó en todas y cada una de sus partes el convenio celebrado entre José Manuel Isidoro Beltrand (aquí quejoso) y Lucila Malga Temich, por su propio derecho y en representación de su menor hijo (aquí tercero interesado), de veinte de enero del año en curso, elevándolo a categoría de cosa juzgada, obligando a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar. Lo anterior, al considerar que no se apartaba en su contenido ni a la ley, ni a la moral, ni afectaba interés de terceros, asimismo, cumplieron con lo que establece el artículo 147 del Código Civil, ya que proporcionan el domicilio que tendrán cada uno de ellos, la forma de subvenir las necesidades de su hijo menor de edad y dieron por concluida la sociedad conyugal, en los términos pactados. Además, con apoyo en los artículos 147 del cuerpo de leyes en comento y 501 del Código Procesal Civil, declaró disuelto el vínculo matrimonial que une a José Manuel Isidoro Beltrand y Lucila Malga Temich, así como por terminada la sociedad conyugal. En ese contexto, del análisis sistemático de dichas constancias, se advierte que no existe materia para resolver respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que los efectos de la ejecutoria de mérito versaban en que el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, cesara la conducta omisiva en que incurrió en el proceso de origen y tomara las medidas necesarias a efecto que se desahogara la totalidad de las periciales y la recepción de informes ordenados en resolución de once de febrero de dos mil diecinueve y una vez que cumpliera con lo anterior debería turnar los autos para dictar la sentencia que en derecho correspondiera dentro de los plazos de ley para dicho efecto. Sin embargo, de las constancias a estudio se advierte que José Manuel Isidoro Beltrand (aquí quejoso) y Lucila Malga Temich (aquí tercero interesado) llegaron a un convenio conciliatorio, en el que establecieron la forma de subvenir las necesidades de su hijo menor de edad y dieron por concluida la sociedad conyugal; por lo tanto, ya no existen los actos que ocasionaban perjuicio al aquí impetrante de garantías. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara QUE NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada, respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable, en consecuencia, devuélvase a su lugar origen el tomo que se formó para los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 26, fracciones I, inciso k), II, incisos a) y b) y III de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa, tercero interesada, así como por oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Con esta fecha se notifica por lista al quejoso menor por conducto de su representante el Procurador Municipal, el acuerdo de catorce de abril de dos mil veintiuno, el cual dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de cinco de abril de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes hicieran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que por sentencia de doce de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: "(.) En consecuencia, se concede el Amparo y Protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Juez Segundo de Primera Instancia del Decimonoveno Distrito Judicial en el Estado, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, dé continuidad al procedimiento civil 1703/2016, para lo cual debe: 1. Cesar la conducta omisiva en que incurrió en dicho proceso y tome las medidas necesarias a efecto que se desahoguen la totalidad de las periciales y la recepción de informes ordenados en resolución de once de febrero de dos mil diecinueve, lo anterior en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles contados a partir del siguiente al que sea notificado que la presente sentencia causa ejecutoria. 2. Una vez que cumpla con lo anterior deberá turnar los autos para dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro de los plazos de ley para dicho efecto. (.)" Mediante proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Posteriormente, en proveído de cinco de abril de la presente anualidad, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. Ahora, por oficio 711 el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la que de conformidad con los artículos 1725, 1726, 1727, 1729, 2877, 2878 y 2886 del Código Civil del Estado, aprobó en todas y cada una de sus partes el convenio celebrado entre José Manuel Isidoro Beltrand (aquí quejoso) y Lucila Malga Temich, por su propio derecho y en representación de su menor hijo (aquí tercero interesado), de veinte de enero del año en curso, elevándolo a categoría de cosa juzgada, obligando a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar. Lo anterior, al considerar que no se apartaba en su contenido ni a la ley, ni a la moral, ni afectaba interés de terceros, asimismo, cumplieron con lo que establece el artículo 147 del Código Civil, ya que proporcionan el domicilio que tendrán cada uno de ellos, la forma de subvenir las necesidades de su hijo menor de edad y dieron por concluida la sociedad conyugal, en los términos pactados. Además, con apoyo en los artículos 147 del cuerpo de leyes en comento y 501 del Código Procesal Civil, declaró disuelto el vínculo matrimonial que une a José Manuel Isidoro Beltrand y Lucila Malga Temich, así como por terminada la sociedad conyugal. En ese contexto, del análisis sistemático de dichas constancias, se advierte que no existe materia para resolver respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que los efectos de la ejecutoria de mérito versaban en que el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, cesara la conducta omisiva en que incurrió en el proceso de origen y tomara las medidas necesarias a efecto que se desahogara la totalidad de las periciales y la recepción de informes ordenados en resolución de once de febrero de dos mil diecinueve y una vez que cumpliera con lo anterior debería turnar los autos para dictar la sentencia que en derecho correspondiera dentro de los plazos de ley para dicho efecto. Sin embargo, de las constancias a estudio se advierte que José Manuel Isidoro Beltrand (aquí quejoso) y Lucila Malga Temich (aquí tercero interesado) llegaron a un convenio conciliatorio, en el que establecieron la forma de subvenir las necesidades de su hijo menor de edad y dieron por concluida la sociedad conyugal; por lo tanto, ya no existen los actos que ocasionaban perjuicio al aquí impetrante de garantías. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara QUE NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada, respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable, en consecuencia, devuélvase a su lugar origen el tomo que se formó para los efectos legales conducentes. Lo que se notifica por este medio a al aparte quejosa y tercero interesada, así por estar ordenado en autos.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cinco de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en San Andrés Tuxtla, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene informando respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Ahora, de autos se advierte que en proveído de catorce de octubre, cinco de noviembre, y tres de diciembre de dos mil veinte, tres de febrero y diez de marzo de dos mil veintiuno, se reservó dar vista respecto de lo informado por el 1. Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, hasta que la citada responsable remitiera la constancia con las que acreditara su total cumplimiento, lo cual ya aconteció. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercero interesado con el oficio y anexo de cuenta, así como los oficios y anexos con registros 7351, 8500, 10185, 1163, 1251, 1250 y 2946, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidos que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica por este medio a la parte quejosa y tercero interesada, así por estar ordenado en autos.
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