José Manuel Castañeda Arismendi
Expediente 2544/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2544/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/12/2019
Partes del expediente
- José Manuel Castañeda Arismendi
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por **********, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administración de Eladia Lomeli García, aquí tercera interesada, a través del cual, en atención a la determinación de diez de diciembre de dos mil diecinueve, manifiesta que promueve incidente en los términos del artículo 156 de la Ley de Amparo; es decir, incidente de responsabilidad por daños y perjuicios para hacer efectiva la garantía otorgada en autos. Es oportuno precisar, que el artículo 156 de la Ley de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía y contragarantía otorgadas con motivo de la suspensión de los actos reclamados, debe promoverse el incidente respectivo, de conformidad con la Ley de la Materia, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la ejecutoria de amparo. En la especie, la resolución dictada en este juicios principal, misma que sobreseyó, causó ejecutoria por ministerio de ley el ocho de agosto del año en curso, toda vez que en esa fecha el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, residente en Culiacán, Sinaloa, confirmó la resolución dictada (fojas 391 a 413). En consecuencia, por encontrarse dentro del plazo previsto en el arábigo 156 invocado, se le tiene promoviendo INCIDENTE para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión definitiva, por los posibles daños y perjuicios derivados de dicha suspensión. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo con copia del escrito de cuenta dése vista a las partes por el plazo de tres días, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Luego, con sustento en los preceptos 66 y 67 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que adjuntó al escrito presentado el nueve de diciembre de este año. Al caso, es dable invocar el criterio jurisprudencial P./J. 20/2016 (10a.), sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, leíble en la página veintiocho, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que, bajo los siguientes rubro y texto, establece: "GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS EN EL INCIDENTE DE REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. EL PLAZO DE 6 MESES ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 PARA PROMOVERLO, SE COMPUTA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NOTIFICA A LAS PARTES LA EJECUTORIA DE AMPARO. La suspensión en el juicio de amparo es una medida precautoria por la cual la autoridad judicial federal ordena detener temporalmente la ejecución del acto reclamado mientras se decide si es violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme al artículo 125 de la Ley de Amparo abrogada, si la autoridad que se pronuncia sobre la medida cautelar advierte que su concesión causará daños y perjuicios al tercero perjudicado, debe fijar garantía suficiente a cargo del beneficiario de la medida para responder por ellos. Por su parte, el tercero perjudicado puede otorgar contragarantía para ejecutar el acto cuya constitucionalidad se reclama. Una vez concluido el juicio de amparo, si el tercero perjudicado o el quejoso consideran -el primero en caso de que se niegue la protección constitucional y el segundo en caso de que se le conceda- que resintieron daños o perjuicios derivados de la suspensión o de la ejecución del acto reclamado, tienen la oportunidad de promover, dentro del plazo de 6 meses, el incidente regulado en el artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada, para hacer efectiva la garantía o la contragarantía otorgada a propósito de la suspensión. Para tales efectos, específicamente en un juicio de amparo indirecto en el que se promueve recurso de revisión, el plazo de 6 meses contará a partir del día siguiente a aquel en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito notifican a las partes la ejecutoria de amparo, de acuerdo con las reglas estipuladas en el artículo 29 de la referida Ley de Amparo.". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación dentro del plazo que prevé el arábigo 86 de la Ley de Amparo vigente, en contra de la sentencia terminada de engrosar el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (fojas 158 a 171). Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley en comento, por disposición expresa en su precepto 2°, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 214 de la Legislación de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Por otra parte, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar se concedió respecto de los actos reclamados (fojas 27 a 30, 65 a 70 y de la 75 a 79 del original del cuaderno incidental); razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la última interlocutoria del incidente de suspensión, procédase a la destrucción del mismo, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, devuélvanse al Juez Mixto de Primera Instancia de Las Varas, municipio de Compostela, Nayarit, las constancias relativas al acto tildado de inconstitucional, consistentes en copias certificadas del juicio civil ordinario ********************, de su índice (foja 69), que en su oportunidad se acompañaron al presente sumario; solicitándosele el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el comunicado y anexo de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector concedido; en la inteligencia, de que se estará en la espera de que informe el acatamiento total del mismo. Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este órgano jurisdiccional el uno y cinco de julio del año en curso (fojas 47 a 62 y 66 a 67), la Presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de ocho de julio de dos mil diecinueve (foja 68), se dio vista a la parte quejosa, así como a la tercera interesada con los oficios y anexos referidos, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, el plazo de tres días otorgado transcurrió como se asentó en la certificación de cuenta, sin que hubieran realizado manifestación al respecto a la forma en que dio cumplimiento al fallo protector la autoridad responsable. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "****.". Sentencia que causó ejecutoria el seis de mayo de dos mil diecinueve (fojas 34 y 35), por lo que se requirió a la Junta Especial número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de que la acatara. De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la responsable, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: Dictar el laudo en el juicio laboral 890/2017 y notificarlo a las partes en dicho sumario laboral. Luego, por oficios y anexos recibidos en este órgano jurisdiccional el uno y cinco de julio del año en curso (fojas 47 a 62 y 66 a 67), la Presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector; es decir, remitió copia certificada del laudo de siete de junio de dos mil diecinueve (fojas 48 a 62), dictado en el expediente laboral 890/2017, así como de las notificaciones efectuadas a las partes en dicho juicio (fojas 67 y 75). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO definitivo de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno sobre el incidente de suspensión, en virtud de no haberse tramitado. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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