José Luis Zúñiga Olivo

Expediente 899/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
899/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
08/10/2018

Partes del expediente

  • José Luis Zúñiga Olivo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexo recibidos en este Juzgado Federal (fojas 110 a 111), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de dicho órgano, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veintiocho de agosto de la presente anualidad (foja 112), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 47 a 72), se determinó conceder a José Luis Zúñiga Olivo, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.) a) Los artículos 23, fracción II, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. (.) b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo de pago expedido por la Oficina de Recaudación de Rentas de Jala, Nayarit y la constancia de pago exhibida por el Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit con su informe justificado, cuyo pago fue realizado el once de abril de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente.". Resolución que causó ejecutoria el diez de julio de dos mil dieciocho (fojas 87 a 88). Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la oficialía de partes de este juzgado el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 110 a 111), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de dicho órgano, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución a la parte quejosa mediante transferencia bancaria SPEI, el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, por la cantidad de En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el once de abril de dos mil dieciocho (fojas 11 y 34), y que se efectúo la devolución mediante la transferencia interbancaria citada en el párrafo anterior el veintidós de agosto de la presente anualidad, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril de dos mil dieciocho al mes de agosto de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes julio de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de marzo de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes julio del año en que se actúa fue de 132.991 y para el mes de marzo del mismo año fue de 132.436, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0041. En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $14, 472.18 (catorce mil cuatrocientos setenta y dos pesos con dieciocho centavos moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $14,531.51 (catorce mil quinientos treinta y un pesos con cincuenta y un centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $59.33 (cincuenta y nueve pesos con treinta y tres centavos moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a la quejosa era de $14,531.51 (catorce mil quinientos treinta y un pesos con cincuenta y un centavos moneda nacional); sin embargo, de las constancias que anexó al oficio mediante el cual informó el cumplimiento de la sentencia, se advierte que reintegró la diversa de $14,466.18 (catorce mil cuatrocientos sesenta y seis peso con dieciocho centavos), es decir, hay un déficit de $65.33 (sesenta y cinco pesos con treinta y tres centavos moneda nacional); en ese sentido, se considera que dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de restituir la cantidad referida, así como los que efectué la quejosa, a fin de recibir dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se sobreseyó y por otra parte se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexo recibidos en este Juzgado Federal (fojas 110 a 111), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de dicho órgano, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veintiocho de agosto de la presente anualidad (foja 112), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 47 a 72), se determinó conceder a José Luis Zúñiga Olivo, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.) a) Los artículos 23, fracción II, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. (.) b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo de pago expedido por la Oficina de Recaudación de Rentas de Jala, Nayarit y la constancia de pago exhibida por el Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit con su informe justificado, cuyo pago fue realizado el once de abril de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente.". Resolución que causó ejecutoria el diez de julio de dos mil dieciocho (fojas 87 a 88). Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la oficialía de partes de este juzgado el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 110 a 111), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de dicho órgano, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución a la parte quejosa mediante transferencia bancaria SPEI, el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, por la cantidad de En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el once de abril de dos mil dieciocho (fojas 11 y 34), y que se efectúo la devolución mediante la transferencia interbancaria citada en el párrafo anterior el veintidós de agosto de la presente anualidad, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril de dos mil dieciocho al mes de agosto de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes julio de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de marzo de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes julio del año en que se actúa fue de 132.991 y para el mes de marzo del mismo año fue de 132.436, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0041. En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $14, 472.18 (catorce mil cuatrocientos setenta y dos pesos con dieciocho centavos moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $14,531.51 (catorce mil quinientos treinta y un pesos con cincuenta y un centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $59.33 (cincuenta y nueve pesos con treinta y tres centavos moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a la quejosa era de $14,531.51 (catorce mil quinientos treinta y un pesos con cincuenta y un centavos moneda nacional); sin embargo, de las constancias que anexó al oficio mediante el cual informó el cumplimiento de la sentencia, se advierte que reintegró la diversa de $14,466.18 (catorce mil cuatrocientos sesenta y seis peso con dieciocho centavos), es decir, hay un déficit de $65.33 (sesenta y cinco pesos con treinta y tres centavos moneda nacional); en ese sentido, se considera que dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de restituir la cantidad referida, así como los que efectué la quejosa, a fin de recibir dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se sobreseyó y por otra parte se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno en representación del Recaudador de Rentas de dicha dependencia, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa la manera en que acató el cumplimiento del fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al solicitante del amparo, con el oficio de cuenta y anexo que adjuntó, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno en representación del Recaudador de Rentas de dicha dependencia, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa la manera en que acató el cumplimiento del fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al solicitante del amparo, con el oficio de cuenta y anexo que adjuntó, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

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