José Ma. Cedano Dueñas
Expediente 1259/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1259/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/07/2023
Partes del expediente
- José Ma. Cedano Dueñas
Actuaciones
- Principal
Tepic, Nayarit, trece de julio de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el comunicado y anexo de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector. Requerimiento. No obstante lo anterior, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, acredite haber dado cumplimiento a los efectos de la sentencia concesoria. Apercibimiento. Para el caso de no dar cumplimiento sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización de conformidad con el dispositivo 259, en relación con el 237, fracción I de la Ley de Amparo. Incidente de inejecución. En términos del numeral 193, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado correspondiente para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, en la inteligencia de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo seguirá teniendo responsabilidad que puede derivar en la separación del cargo y la consignación del titular y en su caso a su superior jerárquico.
- Principal
. TEPIC, NAYARIT DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Recepción y demanda. Vista la demanda promovida José Ma. Cedano Dueñas y Juan Manuel Cedano Dueñas, por propio derecho y en representación de Feliciano Cedano Estrada, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Seis, residente en esta ciudad. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1259/2023, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado. Expediente electrónico. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, procédase a la digitalización de las constancias para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, las que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes. Por tanto, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario y actuario respectivos para que den fe que el expediente electrónico e impreso coinciden en su totalidad. Procedencia. Del análisis integral de dicha demanda, este órgano jurisdiccional advierte que es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones. Mientras que lo indudable, sucede cuando se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, en la presente demanda se destacan medularmente dos actos reclamados: Inadecuada defensa de la parte quejosa dentro del juicio agrario 213/2020. Notificaciones practicadas el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno y cuatro de abril de dos mil veintitrés en el sumario de origen. Desechamiento relativo al acto reclamado establecido en el inciso A, consistente en inadecuada defensa de la parte quejosa dentro del juicio agrario 213/2020. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, párrafo uno, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." De los numerales transcritos se observa, que el desechamiento de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. El artículo transcrito de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se refiere a la oportunidad de la presentación de la demanda en el juicio de amparo y al efecto indica que si el precitado medio de control constitucional no se promueve dentro de los plazos previstos, entonces se entenderá que el acto reclamado fue consentido tácitamente. En virtud de que la indicada fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo hace una remisión expresa al capítulo relativo a los plazos judiciales, establecidos en los artículos 17 y 18 del propio ordenamiento. De lo anterior, se aprecia que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen el plazo genérico de quince días, el cual comenzará a contar desde el día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto la notificación al quejoso de la resolución reclamada, b) Haya tenido conocimiento; o c) El quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo o bien de su ejecución. Asimismo, refieren los plazos para promover amparo contra leyes autoaplicativas, cuando se promueve en materia penal y en materia agraria. De manera que, fuera de los casos indicados, el peticionario de amparo se debe ajustar al plazo genérico de quince días previstos para promover juicio de amparo. De ahí que la demanda de amparo promovida contra una norma de naturaleza heteroaplicativa con motivo de su primer acto de aplicación, deberá presentarse dentro del plazo genérico de quince días, en los términos de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 169 de los Volúmenes 205-216, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que a la letra se lee: "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY. Tratándose de juicios de amparo contra leyes, se dan dos supuestos genéricos de procedencia de la acción: el relativo a las leyes autoaplicativas y el que se refiere a las leyes heteroaplicativas, considerando que respecto a las segundas, la demanda debe presentarse dentro de los quince días siguientes al en que se dé el acto de aplicación o al en que se resuelva el recurso interpuesto en el dicho acto, conforme a lo establecido en los artículos 21 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sin embargo, la referencia que el artículo 73, fracción VI, de la ley invocada hace en cuanto a que se requiere que el acto de aplicación de leyes que por su sola expedición no causen perjuicio al quejoso, provenga de una autoridad, no debe tomarse en sentido literal; es decir, el acto de aplicación de la ley no debe necesaria y forzosamente efectuarse en forma directa por una autoridad en sentido estricto, sino que su realización puede provenir de un particular que actúe por mandato expreso de la ley. En estos casos, el particular se reputa como auxiliar de la administración pública, sin que sea necesario llamar como responsable al particular que ejecuta el acto de aplicación en su calidad de auxiliar de la administración pública, pues el juicio de amparo no procede en contra de actos de particulares." En el caso, analizada la demanda, se advierte que los peticionarios de amparo reclaman la inadecuada defensa de la parte quejosa dentro del juicio agrario 213/2020. En el capítulo de hechos de su demanda, párrafo 5, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó enterarse de la aparente falta de lucidez y facultad mental de su asesor jurídico, el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en consecuencia que la inadecuada defensa dentro del sumario de origen, alegada en la presente instancia, tuvo conocimiento desde esa data. Expresión que constituye una confesión la cual es espontanea libre de coacción y contiene antecedentes de hechos propios en la que al haberse vertido bajo protesta de decir verdad, por lo cual, tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esos términos, se concluye que la parte quejosa se ostentó conocedora del acto aplicación de las normas reclamadas desde veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Por tanto, el plazo legal de quince días para promover demanda de amparo comenzó a transcurrir al día siguiente hábil, del veintiséis de agosto al diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, sin contar los días que correspondieron a sábados y domingos, así como los días 14, 15 y 16 de septiembre con sustento en el precepto 19 de la Ley de Amparo. Sin embargo, la demanda de amparo fue presentada el catorce de junio de este año, fuera del plazo legal descrito. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo, ya que la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea, respecto del acto reclamado consistente en la inadecuada defensa de la parte quejosa dentro del juicio agrario 213/2020. Desechamiento respecto del acto reclamado indicado en el inciso B, consistente en las notificaciones practicadas el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno y cuatro de abril de dos mil veintitrés en el sumario de origen. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que dispone que el juicio de amparo es improcedente, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por la cual puedan ser modificadas o revocadas. Previo a emprender el análisis respectivo, se hace necesario precisar que para sustentar lo anterior, se atenderá lo que al efecto dispone el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 2. En efecto, tratándose de los incidentes de previo y especial pronunciamiento, así como de aquellos que no suspenden el procedimiento y deben ser resueltos una vez sustanciados, tal y como lo establece el precepto 319, de la legislación federal indicada, el cual prevé lo siguiente: "ARTICULO 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto." Como se aprecia del anterior numeral, las notificaciones que fueren practicadas en forma distinta a la prevenida por la ley son nulas, para lo cual, las partes tienen a su alcance el incidente de nulidad de actuaciones, medio de impugnación ordinario cuya finalidad es modificar, revocar o nulificar, cualquier notificación que se estime no haya sido practicada conforme a la ley de la materia, o bien, se haya omitido practicar. Incidente que no suspende el procedimiento del cual emane, empero, en caso de que la nulidad fuere declarada, todo lo actuado posterior a la omisión o notificación practicada de manera distinta a la ley serán nulas. Ahora, en el caso, el promovente del amparo reclama las notificaciones practicadas el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno y cuatro de abril de dos mil veintitrés, dentro del juicio agrario 213/2020. Entonces, se arriba a la determinación de que se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que los solicitantes del juicio de amparo no impugnó las notificaciones que tilda de ilegales y consecuencias inherentes a la misma, mediante el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, de la propia demanda de amparo se advierte que el promovente indicó bajo protesta de decir verdad, que tiene el carácter de parte demandada en el expediente número 213/2020, cuyo procedimiento se realizó en los términos legales y se emitió la sentencia correspondiente; lo que entraña una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Por tanto, es inconcuso que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista por la fracción XVIII del arábigo 61 de la ley en cita, ya que la referida promovente tiene el carácter de demandada en el juicio de origen; por ende, previo a acudir al juicio de amparo indirecto debió agotar el incidente de nulidad de actuaciones (notificaciones), respecto del acto reclamado antes referido. Por su aplicación al caso se cita por analogía, la Jurisprudencia 1ª./ J. 26/2005, que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos treinta, Tomo XXI, abril de dos mil cinco, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo.". En consecuencia, es evidente la improcedencia de la demanda de amparo, atento a que, la única hipótesis en la que procede el amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, sin atender el estado procesal del juicio, es aquella en la que se promoviera el juicio de amparo como tercero extraño a juicio, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; hipótesis legal que en la especie no se actualiza; ya que, se insiste, la parte agraviada es parte en el juicio natural y compareció al mismo. En las anotadas consideraciones, al no haberse satisfecho el requisito que prevé el arábigo 107, fracción IV, de la ley en cita, en relación con la tesis de la que se dio noticia precedentemente, es indubitable que, en el caso concreto, se actualiza el motivo de improcedencia previsto por la fracción XVIII, del ordinal 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto citado al inicio del presente párrafo. Es aplicable a lo anteriormente determinado, por analogía, la Jurisprudencia VI.3o.C. J/62, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página mil seiscientos sesenta y cinco, Tomo XXIII, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil seis, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo.". Desechamiento. En el caso, se actualiza el motivo de improcedencia en estudio y lo correcto es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por José Ma. Cedano Dueñas y Juan Manuel Cedano Dueñas, por propio derecho y en representación de Feliciano Cedano Estrada por su manifiesta e indudable improcedencia, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XIV y XVIII de la Ley de Amparo. Modalidad de juicio en línea. Se hace del conocimiento de las partes que tienen a su alcance la tramitación del presente juicio de manera electrónica, para consultar el expediente y presentar promociones, bajo los lineamientos previstos en el acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Medios de contacto. Con fundamento en el artículo 17 constitucional, se exhorta a las partes para que aporten datos de contacto, como correo electrónico y número de teléfono, con la finalidad de establecer comunicación extraprocesal y agilizar la tramitación del presente juicio. Téngasele señalando el correo electrónico que proporciona para los efectos anteriores. Domicilio y autorizado. En términos del artículo 108, fracción I, en relación con el dispositivo 27, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el que señala y con base en el numeral 12 del cuerpo normativo en comento, téngase como autorizada en términos amplios a las personas que señala por razón de la materia. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto en el precepto 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que pueden manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. Habilitación de días y horas hábiles. Desde este momento se habilitan días y horas, para practicar las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, siempre y cuando exista imposibilidad de practicarlas en días y horas hábiles, de conformidad con el numeral 21 de la Ley de Amparo. Atención al público. En la inteligencia que para acudir a este órgano, deberá presentarse dentro del horario establecido por el Consejo (de las 9:30 a.m. a las 14:30 horas) en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria José Javier Ruiz Martínez, que autoriza y da fe. Andrea
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