José Luis Vega Duarte

Expediente 1153/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1153/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • José Luis Vega Duarte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Acuse de queja. Visto lo de cuenta, se tiene a al Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, acusando recibo del recurso de queja interpuesto contra el proveído de siete de septiembre de dos mil veintitrés, en el que le fue desechada la demanda; el cual se registró con el número ********************; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Remite boleta turno. Téngase por recibida la boleta de turno, de la que se advierte que el recurso de queja contra el auto que desechó el presente asunto, fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Decimoprimer Circuito, con sede en esta ciudad, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.UBB

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Recurso de queja. Agréguese a los autos copia del escrito del autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el proveído de siete de septiembre de dos mil veintitrés, pronunciado por este juzgado, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. 2. Atento a lo anterior, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, el original del escrito de expresión de agravios y la copia de éste, a fin de que provea lo conducente. De igual manera, en vía de informe con justificación sobre la materia del recurso de queja interpuesto, hágase saber al órgano colegiado que le corresponda conocer que es cierto que el siete de septiembre de este año, se emitió el proveído que constituye el acto impugnado, constando en él los motivos y fundamentos legales que se tomaron en cuenta para emitirlo en el sentido en que se hizo, lo que sustenta su legalidad, por lo que se estima no se han violado derechos humanos de la promovente del amparo. Para justificar lo anterior, en atención a las políticas de utilización de recursos humanos y materiales que ha adoptado el Poder Judicial de la Federación, en su Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal -y dada la voluminosidad del asunto de que se trata- se deja disponible el expediente electrónico del presente juicio. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Se reciben autos. Téngase por recibido el oficio suscrito por la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual hace llegar los autos del juicio de amparo directo ********************, de su índice, para lo cual transcribe el acuerdo de cinco de septiembre de este año, mediante el cual declinó legal competencia -en razón de la instancia- para conocer del escrito demanda presentado por ********************, apoderado jurídico de ********************, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; por ello, ordenó remitir los autos y copia certificada del juicio de origen, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, la cual correspondió a este órgano jurisdiccional. Acúsese recibo. 2. Avocamiento. Al surtirse el supuesto del artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, apoderado jurídico de ********************, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. 2.1. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1153/2023. 2.2. Además, el Tribunal de Alzada, remite copia certificada del recurso de queja ******************** del índice del Magistrado responsable; por tanto, fórmese un cuaderno de pruebas por separado para mejor manejo del expediente, identificándolo como Tomo I. 3. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama: La resolución de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, emitida en la queja ********************, del índice de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través del cual confirmó el auto dictado el doce de abril de este año, en el juicio ordinario oral familiar ********************, por el Juez Primero Oral Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. 4. Desechamiento de la demanda. Ahora, para una mejor comprensión del presente asunto, resulta necesario resaltar algunos antecedentes del juicio de origen, los cuales se advierten del tomo de pruebas remitido por la autoridad responsable como anexo a su informe justificado. En auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, emitido en el incidente de liquidación de sentencia, derivado del juicio ordinario oral familiar ********************, sobre divorcio necesario y otras prestaciones, promovido por ******************** contra el ahora quejoso, el Juez Primero Oral Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, ordenó, entre otras cosas, regularizar el procedimiento, a fin de que los peritos de las partes emitieran su dictamen pericial sobre los bienes materia de la liquidación de sentencia; por ello, declaró nulas las actuaciones a partir del proveído de tres de marzo de este año, a fin que se rindieran dichas experticias (foja 549 a la 551 del juicio de origen). Contra esa determinación, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación, la cual fue recibida por el juez de origen y en auto de doce de abril de dos mil veintitrés, determinó que no había lugar a tenerlo por interponiendo, pues conforme al artículo 743 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, contra esa determinación no procedía recurso alguno (foja 568 a la 569 y 572 del juicio de origen). Posteriormente, contra dicho acuerdo la parte quejosa interpuso recurso de queja, misma que correspondió conocer a la ahora responsable Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, registrándola bajo el número ********************, quien en ejecutoria de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, confirmó el auto impugnado -resolución que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional- (foja 609 a la 614 del juicio de origen). Conforme a lo anterior, tal como lo dispone el artículo 113 de la Ley de la materia, deberá examinarse el escrito de demanda en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que lleve a su desechamiento de plano. En el caso concreto, se advierte que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, conforme al siguiente razonamiento. De los numerales de referencia se desprende que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo procede cuando se trate de la última resolución dictada en dicha etapa. Lo cual implica que las decisiones intermedias pronunciadas en la etapa de ejecución, no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado deben ser reclamadas en contra la aludida última determinación que se dicte en ella. Conforme al segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, esto es, que no tengan relación directa con lo juzgado en la resolución que se pretende ejecutar. Lo anterior, con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En ese tenor, la regla genérica establece que la procedencia del amparo será hasta el momento en que se dicte la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, el gobernado podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a la regla de procedencia del amparo contra actos dictados en el periodo de ejecución, será que no obstante que están relacionados con la ejecución, su fin primordial no sea la ejecución, supuesto en el que sí será procedente el amparo indirecto sin esperar al dictado de la última resolución del procedimiento de ejecución, como sucede con el arresto, los incidente de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, ya que en esos casos, la última resolución de esta etapa, a la que se refiere la norma analizada, no se ocupará de su análisis, precisamente por la autonomía que guardan respecto de la cosa juzgada. En el caso, es importante destacar que de las manifestaciones narradas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, se desprende que el acto reclamado es la resolución dictada el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, en la queja ********************, por el que el Magistrado de la Novena Sala Civil confirmó el proveído de doce de abril de este año, a través del cual el juez de origen tuvo por no admitido el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, contra un diverso auto dictado en el incidente de liquidación de sentencia, en el que se ordenó la regularización del procedimiento incidental de ejecución del juicio ordinario oral familiar ********************, de su índice. Sin embargo, como se precisó en párrafos anteriores, el acto reclamado no es la última resolución del incidente tramitado en la fase de ejecución del juicio oral familiar citado, ni constituye un acto violatorio de derechos sustantivos ajeno a la cosa juzgada, por ende, no es susceptible de ser reclamado en esta instancia constitucional, puesto que las posibles violaciones de esa fase, deberán ser motivo de la impugnación que en su caso haga en contra de la interlocutoria respectiva. Ello, en virtud de que dicho acto no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor del promovente, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad. Es aplicable la Jurisprudencia P. /J. 32/2001 de la Novena Época emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, visible en la página 31 que cita: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Se sostiene lo anterior, ya que dicha determinación tiene por efecto sujetar al quejoso a continuar con la tramitación del incidente, de tal suerte que las posibles violaciones que destaca no le irrogan, de momento, un perjuicio en su esfera jurídica que afecte algún derecho sustantivo para que por excepción proceda el amparo biinstancial. De ahí que resulta claro que no existe afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, que amerite de inmediato el análisis constitucional del acto reclamado. En ese orden de ideas, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de garantías. 5. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando en términos restringidos del 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que no cuenta con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 6. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

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