José Luis Tapia Moreno y Otros.

Expediente 1033/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1033/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • José Luis Tapia Moreno y Otros.
  • José Luis Tapia Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. De la certificación de cuenta se desprende que transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir el auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó su demanda, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se desechó la demanda de amparo, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Atento a lo anterior, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Devolución de tomos de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar los tomos de pruebas formados con las constancias que remitió la autoridad responsable Magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, como complemento al informe justificado que rindió ante el Tribunal de Alzada; se ordena su devolución, solicitando acusar recibo de su recepción. 4. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que para el caso de que haya exhibido documentos originales que obren en el expediente, contará con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibida de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 5. Constancia. Como lo establece el artículo 34, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por licencia del titular, que le fue autorizada a éste en el punto cuarto del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se determina la lista de las y los aspirantes aceptados al Segundo Concurso Interno de Oposición para la designación de Magistradas y Magistrados de Circuito conforme a la Reforma Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés; dando fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. 1. Se reciben autos. Téngase por recibido el oficio suscrito por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual hace llegar los autos del juicio de amparo directo 565/2023, de su índice, en cumplimiento al auto de dos de agosto de dos mil veintitrés, por el que declaró carecer de competencia legal, pues la misma debió ser promovida como amparo indirecto. Acúsese recibo de estilo. 1.1. Avocamiento. Al surtirse el supuesto del artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por José Luis Tapia Moreno y Ma. de la Luz Aguilar Verduzco, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. 1.2. Registro. Agréguese a los autos la demanda de amparo promovida por José Luis Tapia Moreno y Ma. de la Luz Aguilar Verduzco, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1033/2023. 1.3. Además, con las constancias anexas por el Tribunal de Alzada, se advierte el toca civil I-93/2023, así como el juicio ordinario civil 969/2022, remitidos por la autoridad responsable; por tanto, fórmese dos cuaderno de pruebas por separado para mejor manejo del expediente, identificándolos como Tomo I y II. 2. Improcedencia. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Asimismo, debe destacarse que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". 2.1. Examen de la demanda de amparo y precisión del acto reclamado. De lo referido por el quejoso en su escrito inicial de demanda, se advierte que señala como acto reclamado: a) La resolución emitida el seis de junio de dos mil veintitrés, en el toca de apelación I-93/2023, del índice del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual confirmó la sentencia interlocutoria dictada en el incidente de falta de personalidad y personería, derivado del juicio ordinario civil 969/2022, del índice del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito de Zacapu, Michoacán, en el que declaró improcedente el mismo. 3. Estudio de la improcedencia actualizada. En ese contexto, este juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, pues el primero de ellos, establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, respecto al numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, prevé que un acto de ejecución irreparable es aquel que afecte materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. En otras palabras, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dentro de juicio, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción V, especificó que los relativos a afectación de "imposible reparación" son los que materialmente atañen a derechos sustantivos. Lo anterior resulta relevante en el caso que nos ocupa, pues la distinción realizada por el legislador en la fracción aludida permite concluir que el amparo indirecto es procedente tratándose de actos en juicio, cuando éstos afecten derechos sustantivos y, respecto de derechos adjetivos o procesales, únicamente cuando se impugne la determinación de inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Así, el concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo, se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, hipótesis que se sujetan también a las reglas previstas para el principio de definitividad. En otras palabras, se trata de un acto dictado en juicio que sólo entraña posibles infracciones a sus derechos adjetivos los cuales, únicamente, producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado es la resolución emitida el seis de junio de dos mil veintitrés, en el toca de apelación I-93/2023, del índice del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual confirmó la sentencia interlocutoria dictada en el incidente de falta de personalidad y personería, derivado del juicio ordinario civil 969/2022, del índice del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito de Zacapu, Michoacán, en el que declaró improcedente el mismo. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor del promovente, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Ello es así, pues basta imponerse de la demanda de amparo, para advertir que el acto reclamado únicamente va encaminado a lo relativo a actuaciones dictadas en el juicio de origen, circunstancia de suyo no ocasiona un acto de imposible reparación porque puede ser que el fallo salga favorable a sus intereses. Lo anterior, se encuentra robustecido con la jurisprudencia con registro digital 2006589, del Pleno, de la Décima Época en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, con rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Además, tiene aplicación por ilustrativa la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 762, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. EL TRABAJADOR NO TIENE OBLIGACIÓN DE AGOTARLO, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PARA QUE SE ANALICE LA VIOLACIÓN PROCESAL ADUCIDA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE LA MATERIA (INAPLICABILIDAD PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 8/99). El artículo 171, párrafo primero, de la Ley de Amparo consagra el principio de definitividad que debe observarse respecto de las violaciones procesales que se hagan valer al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, al disponer que solamente podrán ser materia de análisis cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Ahora bien, dentro del término "recurso o medio de defensa", queda comprendido el incidente de falta de personalidad previsto en la fracción III del artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo directo promovido contra el laudo, en observancia al indicado principio, como lo sostuvo esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 8/99, de rubro: "PERSONALIDAD EN MATERIA LABORAL. ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, DEBEN AGOTARSE LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA OPONIENDO LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS QUE ESTABLECE LA LEY RESPECTIVA."; sin embargo, acorde con el nuevo marco normativo de la Ley de Amparo y en atención a su artículo sexto transitorio, dicha jurisprudencia resulta obligatoria sólo tratándose del patrón, no así del trabajador, toda vez que en el párrafo segundo del numeral 171 citado, se establece en favor de este último una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, tratándose de violaciones a las leyes del procedimiento que trascienden al resultado del laudo, al eximírsele de agotar previamente, durante la tramitación del procedimiento laboral, los recursos ordinarios o medios de defensa tendientes a impugnarlas." De tal manera, al ser evidente el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar de plano la demanda de amparo. 4. Autorizado. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda y por autorizando a las personas que refiere únicamente para tales efectos, por así haberlo solicitado. 5. Correo electrónico y teléfono. De igual forma, se le por proporcionado el correo electrónico y el teléfono celular, a fin de que el personal de actuaría de este órgano jurisdiccional establezca contacto. Por tanto, manténganse bajo resguardo ese dato a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto, de tal forma que solo deba acudirse físicamente este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas. 6. Autorización del expediente electrónico. Atento a su diversa solicitud, con fundamento en el artículo 35, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se tienen como usuarios "Argel Reyna" que proporciona, a fin de que tengan acceso al expediente electrónico. 7. Notificaciones electrónicas. Asimismo, como lo solicita, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones de carácter personal se realicen por la vía electrónica. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

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