José Luis Tovar Escudero

Expediente 1334/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1334/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • José Luis Tovar Escudero
  • Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de mayo de dos mil veintitrés. 1. Se expiden copias certificadas. Agréguese el escrito de cuenta signado por el quejoso, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse las copias certificadas que refiere en su ocurso de cuenta, previa identificación y recibo que se deje en autos; autorizando para tal efecto a Mauricio Campos Ruiz y Eduardo Esteban Calderón Venegas. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.

  2. Principal

    En once de abril de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado que guardan los autos, dentro del juicio de amparo 1334/2022. Conste.Morelia, Michoacán, once de abril de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de veinte de febrero de dos mil veintitrés, se concedió a Raúl Tovar Gutiérrez, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: "Deje sin efectos la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación I-336/2022; y En su lugar, con libertad de decisión emita una nueva determinación, en la que, purgando los vicios anotados en esta ejecutoria, proceda al estudio de la totalidad de los argumentos hechos valer por el quejoso en su escrito de agravios y resuelva conforme a derecho." 2. Ejecutoria. Mediante proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito causó ejecutoria, por lo que se requirió a la autoridad responsable, para que en un plazo de tres días diera cumplimiento con la misma. 3. Actos llevados a cabo para cumplir con la sentencia de amparo. -Por oficio 380 recibido en auto de diecisiete de marzo del año en curso, el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, con sede en esta ciudad, dejó insubsistente la sentencia emitida por esa Sala de fecha nueve de noviembre de dos mil veintidós, pronunciada dentro del toca I-336/2022; solicitando prórroga para cumplir con el fallo protector. -Finalmente, en oficio 404, la autoridad responsable, remitió copias certificadas de la resolución dictada el veintiuno de marzo del año actual, dentro del toca I-336/2022. 4. Conclusión. En tales circunstancias, la autoridad responsable restituyó al solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, ya que por una parte, dejó insubsistente la sentencia emitida el nueve de noviembre de dos mil veintidós, dentro del toca de apelación I-336/2022 y en su lugar, con fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, emitió una nueva resolución, de la cual se desprende que analizó la totalidad de los argumentos hechos valer por el quejoso, incluyendo el agravio que había sido omitido, resultando fundados pero insuficientes para modificar el auto apelado, e infundado en otra parte, los agravios hechos valer, concluyendo en consecuencia confirmar el auto combatido. Lo anterior se afirma de esa manera al tomar en cuenta que las principales consideraciones que sirvieron para conceder la protección de la Justicia Federal fueron en esencia, las siguientes: ".Sentado lo anterior, de un análisis realizado a la resolución reclamada, se advierte un proceder inconstitucional de la autoridad responsable, el cual consiste en la falta al principio de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, se afirma de esa manera, ya que partiendo de una confrontación entre lo expuesto por el quejoso en su escrito de agravios al interponer el recurso de apelación y la determinación emitida por la sala responsable, se desprende que esta última omitió hacer pronunciamiento alguno -como lo apuntó el quejoso- respecto del siguiente motivo de inconformidad: ".al respecto debe destacarse que tal artículo no prohíbe que la oposición pueda realizarse después de concluido dicho término, de cuya interpretación surge el principio en derecho "TODO LO QUE NO ESTÁ PROHIBIDO, ESTÁ PERMITIDO", por lo que, si tal artículo no prevé expresamente la preclusión del derecho a oponerse teniendo un interés jurídico directo constituido como en el caso del suscrito, la interpretación del juzgado de ninguna manera puede cercenar el derecho de la sucesión que represento de formular oposición, lo cual en sentido amplio y aplicando las normas de la lógica jurídica, puede realizarse hasta antes de citarse y/o dictarse sentencia. Aunado a lo anterior, la extemporaneidad solo aplicaría para el supuesto previsto en el artículo 1158, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual dice que: ".Igualmente desechará las oposiciones presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, reservando el derecho del opositor." Acorde a la anterior hipótesis, el juez de primera instancia debió interpretar que las oposiciones se deben desechar cuando el procedimiento se hubiera autorizado, esto es, que se haya emitido la sentencia; lo que en la especie no aconteció, pues determinó que se precluyó el derecho a presentar oposición porque transcurrió un plazo previsto en el edicto publicado." En efecto, la Sala responsable, al dar respuesta a los agravios que se le pusieron a su consideración reprodujo los artículos 306, 1157 y 1172 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, explicó el contenido de cada uno de ellos, declaró fundado el primer agravio relativo a la falta de legitimación para presentar oposición -el cual no es materia de estudio en el presente juicio constitucional-; y respecto del segundo agravio -antes reproducido- señaló que: (.) De lo anterior, se advierte que tal y como lo señaló el quejoso, la responsable omitió hacer pronunciamiento respecto del planteamiento que propuso, en el sentido de analizar el auto combatido haciendo un análisis del diverso artículo 1158 del ordenamiento citado, desde el punto de vista interpretado por el recurrente; esto es, que solamente se puede desechar una oposición cuando el procedimiento ya se hubiera autorizado, es decir cuando ya se hubiera emitido la sentencia. (.)" [Énfasis añadido] Y al emitir la nueva sentencia, la autoridad responsable en relación con el agravio que había omitido analizar estableció lo siguiente: ".En otro contexto, el inconforme afirma que conforme al artículo 1158 del código adjetivo civil, solamente se puede desechar una oposición cuando el procedimiento ya se hubiera autorizado, es decir cuando ya se hubiera emitido la sentencia correspondiente. Manifestación que se califica como infundada. Para ello es pertinente transcribir el artículo 1158 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que establece: (.) De cuya literalidad se colige, que se desecharán todas las oposiciones presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción, pero reservando el derecho del opositor. Ante ello, el precitado artículo no cobra aplicabilidad al caso concreto, considerando que las diligencias de jurisdicción voluntaria se encuentran en trámite; es decir, no se ha efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, como se advierte de las actuaciones que a continuación se describen: (.) De lo anterior se concluye que el derecho de parte legítima para platear la oposición al trámite de las diligencias queda sujeto al término de diez días que establece el artículo 1170 del código adjetivo civil de la entidad que de no ejercitarse resulta perdido; por tanto, de acuerdo a la legislación civil de Michoacán, no solo resulta factible desechar una oposición cuando el acto de jurisdicción voluntaria se hubiera efectuado a través de la resolución correspondiente (lo que en la especie no se actualiza, al estar en trámite), sino el supuesto de que las diligencias se encuentran en curso, como acontece en el caso de que se trata. (.)" De ahí que si la autoridad responsable, atendió el argumento que hizo valer el quejoso en su escrito de agravios y que había omitido, entonces debe tenerse por cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 5.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 5.2. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 6. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio apertura al mismo. 7. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 8. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: En once de abril de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado que guardan los autos, dentro del juicio de amparo 1334/2022. Conste.Morelia, Michoacán, once de abril de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de veinte de febrero de dos mil veintitrés, se concedió a Raúl Tovar Gutiérrez, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: "Deje sin efectos la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación I-336/2022; y En su lugar, con libertad de decisión emita una nueva determinación, en la que, purgando los vicios anotados en esta ejecutoria, proceda al estudio de la totalidad de los argumentos hechos valer por el quejoso en su escrito de agravios y resuelva conforme a derecho." 2. Ejecutoria. Mediante proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito causó ejecutoria, por lo que se requirió a la autoridad responsable, para que en un plazo de tres días diera cumplimiento con la misma. 3. Actos llevados a cabo para cumplir con la sentencia de amparo. -Por oficio 380 recibido en auto de diecisiete de marzo del año en curso, el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, con sede en esta ciudad, dejó insubsistente la sentencia emitida por esa Sala de fecha nueve de noviembre de dos mil veintidós, pronunciada dentro del toca I-336/2022; solicitando prórroga para cumplir con el fallo protector. -Finalmente, en oficio 404, la autoridad responsable, remitió copias certificadas de la resolución dictada el veintiuno de marzo del año actual, dentro del toca I-336/2022. 4. Conclusión. En tales circunstancias, la autoridad responsable restituyó al solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, ya que por una parte, dejó insubsistente la sentencia emitida el nueve de noviembre de dos mil veintidós, dentro del toca de apelación I-336/2022 y en su lugar, con fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, emitió una nueva resolución, de la cual se desprende que analizó la totalidad de los argumentos hechos valer por el quejoso, incluyendo el agravio que había sido omitido, resultando fundados pero insuficientes para modificar el auto apelado, e infundado en otra parte, los agravios hechos valer, concluyendo en consecuencia confirmar el auto combatido. Lo anterior se afirma de esa manera al tomar en cuenta que las principales consideraciones que sirvieron para conceder la protección de la Justicia Federal fueron en esencia, las siguientes: ".Sentado lo anterior, de un análisis realizado a la resolución reclamada, se advierte un proceder inconstitucional de la autoridad responsable, el cual consiste en la falta al principio de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, se afirma de esa manera, ya que partiendo de una confrontación entre lo expuesto por el quejoso en su escrito de agravios al interponer el recurso de apelación y la determinación emitida por la sala responsable, se desprende que esta última omitió hacer pronunciamiento alguno -como lo apuntó el quejoso- respecto del siguiente motivo de inconformidad: ".al respecto debe destacarse que tal artículo no prohíbe que la oposición pueda realizarse después de concluido dicho término, de cuya interpretación surge el principio en derecho "TODO LO QUE NO ESTÁ PROHIBIDO, ESTÁ PERMITIDO", por lo que, si tal artículo no prevé expresamente la preclusión del derecho a oponerse teniendo un interés jurídico directo constituido como en el caso del suscrito, la interpretación del juzgado de ninguna manera puede cercenar el derecho de la sucesión que represento de formular oposición, lo cual en sentido amplio y aplicando las normas de la lógica jurídica, puede realizarse hasta antes de citarse y/o dictarse sentencia. Aunado a lo anterior, la extemporaneidad solo aplicaría para el supuesto previsto en el artículo 1158, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual dice que: ".Igualmente desechará las oposiciones presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, reservando el derecho del opositor." Acorde a la anterior hipótesis, el juez de primera instancia debió interpretar que las oposiciones se deben desechar cuando el procedimiento se hubiera autorizado, esto es, que se haya emitido la sentencia; lo que en la especie no aconteció, pues determinó que se precluyó el derecho a presentar oposición porque transcurrió un plazo previsto en el edicto publicado." En efecto, la Sala responsable, al dar respuesta a los agravios que se le pusieron a su consideración reprodujo los artículos 306, 1157 y 1172 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, explicó el contenido de cada uno de ellos, declaró fundado el primer agravio relativo a la falta de legitimación para presentar oposición -el cual no es materia de estudio en el presente juicio constitucional-; y respecto del segundo agravio -antes reproducido- señaló que: (.) De lo anterior, se advierte que tal y como lo señaló el quejoso, la responsable omitió hacer pronunciamiento respecto del planteamiento que propuso, en el sentido de analizar el auto combatido haciendo un análisis del diverso artículo 1158 del ordenamiento citado, desde el punto de vista interpretado por el recurrente; esto es, que solamente se puede desechar una oposición cuando el procedimiento ya se hubiera autorizado, es decir cuando ya se hubiera emitido la sentencia. (.)" [Énfasis añadido] Y al emitir la nueva sentencia, la autoridad responsable en relación con el agravio que había omitido analizar estableció lo siguiente: ".En otro contexto, el inconforme afirma que conforme al artículo 1158 del código adjetivo civil, solamente se puede desechar una oposición cuando el procedimiento ya se hubiera autorizado, es decir cuando ya se hubiera emitido la sentencia correspondiente. Manifestación que se califica como infundada. Para ello es pertinente transcribir el artículo 1158 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que establece: (.) De cuya literalidad se colige, que se desecharán todas las oposiciones presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción, pero reservando el derecho del opositor. Ante ello, el precitado artículo no cobra aplicabilidad al caso concreto, considerando que las diligencias de jurisdicción voluntaria se encuentran en trámite; es decir, no se ha efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, como se advierte de las actuaciones que a continuación se describen: (.) De lo anterior se concluye que el derecho de parte legítima para platear la oposición al trámite de las diligencias queda sujeto al término de diez días que establece el artículo 1170 del código adjetivo civil de la entidad que de no ejercitarse resulta perdido; por tanto, de acuerdo a la legislación civil de Michoacán, no solo resulta factible desechar una oposición cuando el acto de jurisdicción voluntaria se hubiera efectuado a través de la resolución correspondiente (lo que en la especie no se actualiza, al estar en trámite), sino el supuesto de que las diligencias se encuentran en curso, como acontece en el caso de que se trata. (.)" De ahí que si la autoridad responsable, atendió el argumento que hizo valer el quejoso en su escrito de agravios y que había omitido, entonces debe tenerse por cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 5.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 5.2. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 6. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio apertura al mismo. 7. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 8. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. 1. Se recibe oficio. Agréguese el oficio signado por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención a lo requerido en autos remite copia certificada de la resolución dictada el veintiuno de marzo actual, con la que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 2. Vista con cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, dese vista a las partes con lo anterior, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente a las partes y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.

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