José Luis Romero Diaz

Expediente 1712/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1712/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
30/01/2017

Partes del expediente

  • José Luis Romero Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; treinta de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el diez de enero de dos mil diecisiete, por la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, pues encuadran en las hipótesis previstas en el punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, del Acuerdo General Conjunto de referencia. 4. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    IV. Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 1712/2016-IV; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, ******************** por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y los actos que enseguida se precisan: Autoridades responsables: I. ORDENADORAS: A) C. Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. B) C. Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. II. EJECUTORAS: A) C. Procurador General de Justicia del Estado de México. B) C. Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México." Acto reclamado: La ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O REAPREHENSIÓN Y/O PRESENTACIÓN Y/O CUALQUIER DETENCIÓN INDEBIDA". SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. El impetrante señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Mediante auto de diez de noviembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al del juzgado responsable, se solicitó el informe justificado de las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 12/2016 que reforma y adiciona el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues el acto reclamado afecta la libertad personal y se atribuye a autoridades judiciales del orden penal y administrativas cuya residencia se encuentra dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia lo constituye la orden de aprehensión de ******************** dictada en la causa penal ******************** y su ejecución. En este sentido, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia 40/2000 con registro 192097, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literalidad siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004, con número de registro 181810, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos epílogo y sinopsis son: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Previamente al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 10, con número de registro 212775, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son los siguientes: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En ese orden, se precisa que el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial e Toluca, Estado de México, al rendir informe justificado negó la existencia del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión y/o reaprehensión y/o presentación y/o detención, sin que la parte quejosa haya aportado prueba idónea para desvirtuar tal negativa dentro de la secuela del procedimiento, o en la propia audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues oportunamente se le dio vista con el contenido de los referidos informes a efecto de que estuviera en aptitud de aportar los medios de prueba que considerara pertinentes para acreditar lo contrario, pese a lo que cual no lo realizó, por lo que debe sobreseerse en el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 284, en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que establece lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, consultable en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2002, Tomo XV, Materia Común, Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por su parte, el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, así como el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Procurador General de Justicia del Estado de México y del Comisario General de la Policía Ministerial, al rendir informe justificado aceptaron la existencia del acto consistente en la orden de aprehensión dictada contra el quejoso el ********************, al haber incumplido con las obligaciones contraídas para gozar del beneficio de libertad provisional bajo caución. Circunstancia que se corrobora con las constancias que la responsable señalada en primer término remitió como complemento a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de la causa penal ********************, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, porque se trata de actuaciones emitidas por funcionarios públicos en el ejercicio de su encargo. A lo expuesto resulta aplicable la jurisprudencia publicada en la página 231, con número de registro 917812, del Tomo VI, materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyo contenido es: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la jurisprudencia 226 con número de registro 394182, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que establece: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causas de improcedencia. Para que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por la parte quejosa, es necesario que la acción intentada sea procedente; es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causales de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal en virtud de la cual, en un primer momento del juicio de amparo, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos procesales que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a proveer, y si no lo están, de una manera manifiesta y ostensible debe sobreseerse el juicio; esto es, abstenerse del conocimiento del asunto y limitarse a emitir una determinación en la cual se expresen los motivos por los cuales se estima que no se puede entrar al conocimiento del asunto, por faltar los presupuestos del conocimiento de mérito. En suma, la improcedencia del juicio constituye un obstáculo que impide resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional. Lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o pertinencia de la acción intentada. Establecido lo anterior, se concluye que en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente; sin embargo, al no advertir alguna que en el caso cobre vigor, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado ya precisado. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, Segunda Parte, bajo el tenor siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Y la tesis publicada con la clave I.7o.P.11 K, con número de registro 169036, en la página 1200 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2008, Tomo XXVIII, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESTUDIO POR EL JUZGADOR DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE LA MATERIA TIENE UN ORDEN PREFERENTE EN CASO DE CONCURRENCIA. Del artículo 74 de la Ley de Amparo se advierte la exigencia a los órganos jurisdiccionales de realizar el análisis de las causas de sobreseimiento previo a la sustanciación del juicio; sin embargo, éstas deben estudiarse en un orden preferente si fuesen concurrentes, en atención a la naturaleza de su fundamento, esto es, primero debe analizarse el supuesto previsto en la fracción II, relativo a la muerte del quejoso durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta derechos estrictamente personales del agraviado, es decir, inseparables de su persona, como la libertad o la vida, pues sin duda la extinción del juicio de amparo se actualiza al quedar sin parte agraviada y sin garantía que tutelar y, por el contrario, no provocan el sobreseimiento en el juicio los actos que lesionan derechos o intereses jurídicos, generalmente de carácter patrimonial o económico, que no sean inseparables de la persona del agraviado. En segundo lugar debe verificarse la hipótesis prevista en la fracción IV que previene la inexistencia de los actos reclamados, ya que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En tercer lugar resulta preferente el análisis de la fracción I, consistente en que el agraviado desista expresamente de la demanda, en atención al principio básico de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y atender a su intención de no preservar su propósito de concluir el procedimiento de garantías, esto es, la facultad irrestricta que tiene el agraviado para desistir de su demanda de garantías armoniza perfectamente con el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada que rige el ejercicio de la acción de amparo. En cuarto lugar deben verificarse los supuestos previstos en la fracción V que regulan la caducidad de la instancia por inactividad procesal y, finalmente, atender a la fracción III, relativa a las causales de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo." Expuesto lo anterior, en el caso este juzgado considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto aquí reclamado ya fue motivo de estudio en diverso juicio de amparo, porción normativa que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Dicha fracción, dispone que el juicio de garantías resulta improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia en otro juicio de amparo que causó ejecutoria; ya que la cosa juzgada en aquél es la verdad legal, de modo tal que no es factible realizar ningún examen relacionado con las cuestiones debatidas en el primer juicio de garantías promovido, pues, atentaría no sólo contra la técnica rectora en esta materia, sino contra el principio de seguridad jurídica inmerso en los artículos 14 y 16, de la Ley suprema. Para la existencia de cosa juzgada, resulta necesario, pues, que con anterioridad a la presentación de la demanda en análisis, se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas pretensiones y el mismo acto reclamado, por lo cual, debe existir, por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer. Sirve de apoyo, la tesis XX.95 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª Época, Tomo IV, Noviembre de 1996, página 420, que establece: COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA QUE OPERE LA. Para la existencia de cosa juzgada en el juicio de amparo, es necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa o causa de pedir; debiendo existir por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer.". Como se puede advertir, dicha causal de improcedencia requiere las siguientes premisas: 1. Que existan por lo menos dos juicios de amparo promovidos por el mismo quejoso contra actos de las mismas autoridades responsables. 2. Que en uno se haya dictado sentencia que causó ejecutoria, es decir, sin posibilidad alguna de ser modificada por recurso alguno y en razón de lo cual se erige como verdad legal lo establecido en dicha resolución. 3. Que los actos de autoridad que se reclamen en ambos juicios de garantías sean idénticos. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, específicamente el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, las cuales revisten el carácter de valor pleno que les otorgan los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se advierte que el quejoso ******************** ha promovido diversos juicios de amparo radicados en diversos órganos jurisdiccionales, el más reciente en el tiempo anterior al presente, corresponde al expediente ******************** del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en el que mediante sentencia de diez de abril de dos mil catorce se sobreseyó, en atención a que en el homólogo Juzgado Primero de Distrito se sustanció el juicio de amparo ******************** promovido por el peticionario del amparo contra la orden de captura emitida el ********************, en la causa penal ******************** ahora ********************, radicada en el entonces Juzgado Quinto penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, antes Sexto Penal y ahora fusionados al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, así como su ejecución, en el cual mediante sentencia de ******************** se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, quedando firme dicha determinación el once de junio de ese año. En efecto, el acto combatido en esta instancia constitucional ya fue materia de los diversos juicios de amparo 462/2009-IV, 855/2009-IV, 1194/2010-V y ******************** del índice de los Juzgados Primero, Quinto, Tercero y Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, respectivamente, promovidos por ********************, contra la propia autoridad responsable. Cabe aclarar que ningún impedimento constituye para estimar actualizada la causa de improcedencia invocada, el hecho de que en los juicios de amparo 462/2009-IV, 855/2009-IV y 1194/2010-V el responsable haya sido el Juzgado Sexto y Quinto Penales, pues como quedó asentado en líneas que antecede, éstos se fusionaron al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, quien ahora conoce de la causa penal ******************** y es responsable en el presente asunto. En esa línea de pensamiento, es de concluirse que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de La Ley de Amparo, en virtud de que la sentencia emitida por el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en el juicio de amparo 462/2009-IV respecto del mismo acto que esta vía se reclama, está revestida de la autoridad de la cosa juzgada, razón por la cual es irrecurrible e inmodificable, toda vez que lo ahí resuelto es indiscutible. Sobre el particular se estima aplicable la jurisprudencia 131 emitidas por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 107 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Materia Común, de rubro y texto siguientes: COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." Así como el criterio jurisprudencial sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 421 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Materia Común, que establece: COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS. Supuestas las identidades clásicas de partes, de cosa u objeto y de causa de pedir o hecho generador del derecho ejercitado, del pronunciamiento de derecho emana la autoridad de cosa juzgada formal, que hace irrecurrible el acto; y de cosa juzgada material, que hace indiscutible el hecho sentenciado, esto es, las partes no pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e irrecurriblemente juzgado." Consecuentemente, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en las fracciones IV y XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del acto que por esta vía se combate. El sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo a los actos de ejecución a tribuidos al procurador General de Justicia y al Comisario General de la Policía Ministerial, en razón de no haberse reclamado por vicios propios. Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 231 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia dela Nación, visible en la página 156 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Materia Común, de contenido siguiente: EJECUCIÓN. ACTO DE SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, de también decretarse respecto de las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". En consecuencia, no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, como en la especie aconteció. Lo anterior se encuentra contemplado en la jurisprudencia 1027, visible en la página 707, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado." Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos y las autoridades descritos en los considerandos segundo, tercero y cuarto y por los razonamientos señalados en el considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante el Secretario Marco Antonio Maya García, que da fe. Doy fe.

  3. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Vista la certificación de cuenta se advierte que la audiencia constitucional se fijó para este día a las las once horas de hoy, como se determinó en auto de diez de noviembre pasado; sin embargo, el artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, establece que le reviste el carácter de tercero interesado al representante social que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado. En tales condiciones, en conformidad con lo previsto en el ordinal referido se tiene con el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, para los efectos del presente asunto; por tanto, en conformidad con el artículo 28 de la Ley de Amparo, con copia del escrito de demanda, auto admisorio de diez de noviembre de dos mil dieciséis, así como de la presente determinación, córrasele traslado a fin de notificarle la radicación del presente asunto, el derecho que tiene para apersonarse al mismo y la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Consecuentemente, a fin de dar oportunidad a dar cumplimiento a lo anterior y evitar cualquier tipo de violación procesal, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta minutos del diez de enero de dos mil diecisiete para su celebración. Al respecto se estima aplicable el criterio sustentando por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 2418 del Libro 10, Tomo III, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Septiembre de 2014, Materia Común, Décima Época, con número de registro 2007475, que establece: "EMPLAZAMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO, COMO TERCERO INTERESADO, QUE HAYA INTERVENIDO EN LA CAUSA PENAL DE LA QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO Y NO TENGA EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. LA OMISIÓN DE REALIZARLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. De lo dispuesto en los artículos 5o., fracción III, inciso e), y 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que la omisión de ordenar y realizar el emplazamiento respecto de la demanda formulada por la parte quejosa, como tercero interesada, al agente del Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del que derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable, actualiza una violación a las reglas esenciales del procedimiento que hace procedente su reposición, ya que tal omisión puede influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, pues la Ley de Amparo, de conformidad con el primero de los artículos invocados, le otorgó el derecho de ser oído en la litis como parte tercero interesada, con la finalidad de garantizar su intervención en relación con aquellos procedimientos." Así como la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 3407 del Libro 23, Tomo IV, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 2015, Materia Común, Décima Época, con número de registro 2010117, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO -EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO- AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA OMISIÓN DE CORRER TRASLADO CON COPIA DE LA DEMANDA AL AGENTE QUE INTERVINO EN LA CAUSA PENAL DE ORIGEN, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. El artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, implícitamente desconocía la calidad de tercero perjudicado al Ministerio Público que hubiera intervenido en el procedimiento penal del que se derivó el acto reclamado, pues sólo reconocía este carácter al ofendido o al beneficiario de la reparación del daño. En cambio, la función del representante social se limitaba a formular alegatos una vez que fuera notificado de la presentación de la demanda, de acuerdo con los artículos 155, párrafo cuarto y 180 del citado ordenamiento abrogado. Por su parte, el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, reconoce expresamente el carácter de tercero interesado al mencionado órgano acusador, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable, con lo que le confiere todos los derechos procesales inherentes a la calidad de parte, como promover incidentes, interponer recursos e intervenir en los que inicien los demás justiciables; ofrecer, rendir y objetar pruebas; solicitar la suspensión y el diferimiento de audiencias; recusar juzgadores; plantear incompetencias, causas de improcedencia y argumentos de constitucionalidad; y, en general, realizar cualquier acto necesario para la defensa del interés que representa. Así, actualmente no basta que se informe al referido fiscal sobre la existencia del amparo para el único efecto de que formule alegatos, sino que resulta indispensable emplazarlo como tercero interesado, mediante la entrega de una copia de la demanda, en términos de los artículos 115 y 116 de la ley de la materia en vigor. Este requisito constituye una formalidad fundamental del procedimiento, pues garantiza que el tercero conozca completa y oportunamente los antecedentes y argumentos aducidos por el quejoso, cuente con los elementos necesarios para ejercer sus derechos procesales y pueda esgrimir una defensa adecuada. En consecuencia, la omisión de correr traslado con copia de la demanda al Ministerio Público que intervino en la causa penal de origen, al constituir una violación a las leyes del procedimiento, amerita que el órgano revisor ordene reponerlo conforme al artículo 93, fracción IV, del citado ordenamiento vigente, siempre que esta irregularidad trascienda o pueda trascender al resultado del fallo." Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido del Secretario Marco Antonio Maya Garcia, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; cinco de diciembre de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, a través del cual solicita de este juzgado se informe el estado procesal del juicio de amparo 1712/2016-IV, del índice de este órgano jurisdiccional, así como la remisión de copias certificadas de las constancias que lo conforman. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes y hágase del conocimiento del juzgado oficiante que dicho asunto se encuentra en trámite, siendo que se encuentran señaladas las once horas del nueve de diciembre del año en curso para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, remítase a dicho órgano jurisdiccional las copias certificadas solicitadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido del SecretarioMarco Antonio Maya Garcia que autoriza, firma y da fe.

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