Jose Luis Rodriguez Flores

Expediente 1654/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1654/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Jose Luis Rodriguez Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comparecencia de cuenta suscrita por la quejosa, su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, el perito propuesto por la accionante de amparo y la perito oficial; mediante la cual se desahogó la diligencia de toma de muestras ordenada en auto de treinta y uno de octubre del año en curso. Atento a lo anterior, téngase por cumplido el requerimiento formulado proveído de referencia y deje sin efectos el apercibimiento ahí decretado. En ese orden, requiérase al perito ********************, por conducto de la quejosa, para que en el plazo de diez días, previsto en el numeral 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, rinda el dictamen a su cargo, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se le tendrá por adherido al dictamen que en su momento rinda la perito oficial designada por este juzgado de Distrito. Asimismo, requiérase a la perito oficial ********************, para que dé cumplimiento en el mismo término a fin de que emita su dictamen al presente juicio de amparo; para lo cual se comisiona al actuario judicial adscrito para que le notifique a través del correo electrónico proporcionado, asentando la razón correspondiente. Notifíquese personalmente a la quejosa y a la perito oficial.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Apertura de incidente de suspensión. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con una copia de la demanda de amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 573/2023-IV, promovido por ********************, contra actos de la Magistrada de la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Requerimiento de informe previo. Con fundamento en los artículos 125, 128 y 138 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable informe previo, que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, y ajustarse a las hipótesis previstas en el numeral 140 de la ley en comento, es decir, se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados; asimismo, podrá agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, para tal efecto, se le envía copia simple de la demanda de amparo. Con el apercibimiento que, de no hacerlo en los términos indicados, se les impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 237, fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En el entendido que la autoridad responsable deberá privilegiar de ser posible el uso de los medios electrónicos y tecnológicos para el envío de su informe previo así como de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye, al correo oficial emmanuel.ramirez.gomora@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, ello a fin de resguardar la integridad y salud del personal a su cargo, los justiciables y los servidores públicos adscritos este recinto judicial, incluso para lograr la logística de lo anterior, se hace del conocimiento que puede comunicarse al número telefónico de este órgano jurisdiccional 2360500 extensión 3112. Señalamiento de fecha de audiencia incidental. De conformidad con el numeral 138, fracción II, se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia lo constituye: *La omisión y falta de dictado de la sentencia correspondiente al recurso de revisión ******************** del índice de la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Sobre la precisión anterior, se invoca, la Jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, página 32, registro 192097, de epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así como la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, página 255, registro 181810, cuyo contenido es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Antes de entrar al estudio sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión del acto reclamado, es pertinente indicar que los artículos 107, fracción X de la Constitución General de la República, 125 y 128 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgado debe tomar en cuenta para otorgarla, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir. Improcedencia de la suspensión provisional. Hecha tal precisión, no es procedente conceder la suspensión provisional, respecto del acto consistente en la omisión y falta de dictado de la sentencia correspondiente al recurso de revisión ******************** del índice de la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; toda vez que se trata de un acto de naturaleza omisiva, que carece de ejecución, pues implica un no actuar de la autoridad responsable. Por tanto, no existe materia para conceder la suspensión, porque implicaría darle efectos constitutivos de derechos a la suspensión y ello es materia de la sentencia definitiva que llegare a dictarse en el juicio principal, es decir, la suspensión no puede tener como efecto el constreñir a la responsable a que se pronuncie sobre la omisión alegada, porque entonces el juicio de amparo quedaría sin materia, aunado a que sería contrario a la finalidad de la medida suspensional. Es aplicable la tesis XXI.2o.11 K, consultable en la página 214, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de 1997, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con número de registro 199059; con el rubro y texto siguientes: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Igualmente, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 312, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 1993, Octava Época, con número de registro 216236, que establece: "SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifícan en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión táctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida." Es aplicable la tesis I.3o.C.25 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, publicada en la página 1468, del Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Marzo de 2002, Novena Época, con número de registro 187375, que establece: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender." Domicilio. Acorde con lo previsto en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones aun las que deban ser en forma personal, por la lista que se publica en los sitios oficiales del Consejo de la Judicatura Federal, y colóquese en un lugar visible y de fácil acceso dentro de este órgano jurisdiccional; ello, toda vez que el señalado se encuentra fuera de la residencia de este juzgado de distrito; sin perjuicio de que posteriormente señale uno diverso dentro de la Ciudad de Toluca, México. Correo electrónico y número telefónico. En cuanto al correo electrónico y número telefónico proporcionados por la parte quejosa, únicamente tómese nota de dichos datos, y se comisiona al Secretario y Actuarios de la adscripción para que hagan uso por cuanto refiere a estos para comunicaciones no procesales con el fin de encauzar el presente procedimiento. Habilitación de días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Coincidencia del expediente físico con el electrónico. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en los diversos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye a la Secretaria a cargo de este expediente para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, sin que pueda archivarse definitivamente el presente expediente sin cumplir con esta formalidad. Notifíquese.

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