José Luis Rodriguez García

Expediente 508/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 37 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
508/2017
Año
2017
Actuaciones
37
Última actuación
29/12/2021

Partes del expediente

  • José Luis Rodriguez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Se notifica a los terceros interesados (Juan Manuel Alcantara y Rosa María Avila Velázquez) por medio de lista, en cumplimiento a los citatorios de tres de los actuales. V. S E N T E N C I A Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 508/2017-V; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. José Luis Rodríguez García, mediante escrito de demanda presentado el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, y entregado en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y autoridades que a continuación se mencionan: III. AUTORIDADES RESPONSABLES: H. AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE. COMISARIO DE BIENES COMUNALES DE TENANGO DEL VALLE. JUZGADO TERCERO CIVIL DE TENANGO DEL VALLE. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. IV. ACTOS RECLAMADOS: a) La resolución dictada por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, México, en fecha 31 de enero de 2017, expediente 658/2016. b) La resolución dictada por los integrantes de la Primera Sala Civil de Toluca, en el Toca número 85/2017, de fecha 14 de marzo de 2017, y notificada el 24 de marzo de 2017. c) La abstención de investigar de la fiscalía en relación a la denuncia por los delitos de despojo, abusos de confianza y falsificación de documentos." SEGUNDO. Preceptos constitucionales vulnerados. La parte quejosa señala como preceptos constitucionales vulnerados los contenidos en los artículos 4°, 14, párrafo II, 16, 17, párrafo II, 20 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Por auto de tres de abril de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional formuló una prevención al quejoso José Luis Rodríguez García; previo desahogo de dicha providencia, el tres de mayo del año en curso, admitió a trámite la demanda; requirió a las autoridades responsables su informe justificado; dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito; ordenó la notificación de la radicación del juicio a los terceros interesados Juan Manuel Alcántara Urrutia, Rosa María Ávila Velázquez, María Teresa Ávila Velázquez y Comisariado de Bienes Comunales de Tenango del Valle, Estado de México; y fijó día y hora para la audiencia constitucional. Asimismo, por autos de quince y veintinueve ambos de noviembre de dos mil diecisiete, decretó la separación de juicios por cuanto hace a los actos consistentes en: 1) La abstención de investigar y valorar la denuncia relativa a la carpeta de investigación con el número de NIC: TOL/AEV/000/00143/16/09, así como la omisión de emitir resolución sobre su procedencia; 2) El traslado de dominio respecto del terreno ubicado en la primera cerrada de Lombardo Toledano, Lote 45, colonia Zaragoza, Tenango del Valle, Estado de México, y 3) La expedición de la constancia de posesión expedida a favor de Juan Manuel Alcántara Urrutia, Rosa María Ávila Velázquez y María Teresa Ávila Velázquez. Los cuales son atribuidos al Agente del Ministerio Público Adscrito al Tercer Turno de Tenango del Valle, Estado de México; Ayuntamiento de Tenango del Valle, Estado de México, y al Comisariado de Bienes Comunales de Tenango del Valle, Estado de México. Motivo por el cual, esta sentencia se ocupará únicamente de los actos consistentes en las resoluciones de treinta y uno de enero y catorce de marzo, ambas de dos mil diecisiete, atribuidas al Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México y a la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; la cual previos diferimientos tuvo verificativo en términos del acta de veintiuno de diciembre pasado; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. En términos de lo dispuesto en los numerales 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, carece de competencia para resolver el presente juicio promovido por José Luis Rodríguez García, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México y de la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y estima que debe remitirse al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno. Expuesto lo anterior, es pertinente indicar que el artículo 107, fracciones III, inciso a), V, inciso c) y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado. (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales; y (.) VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones." Por su parte, el ordinal 170 de la Ley de Amparo establece: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)." Los preceptos legales transcritos detallan los requisitos de procedencia del juicio de amparo en la vía directa y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de esos asuntos, precisamente contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. Por tanto, para efectos del amparo directo, debe entenderse que esa determinación defina una controversia en lo principal, al establecer el derecho en cuanto a la acción y la excepción que haya motivado la litis constestatio, o bien, esa resolución debe poner aunque no lo decida en el fondo, fin al juicio, siempre que, respecto de ellas, no proceda recurso ordinario alguno por el cual puedan ser modificadas o revocadas. Sobre esa base, a mayor abundamiento es pertinente indicar que los antecedentes que dieron origen al presente juicio de amparo, son los que se narran a continuación: 1) José Luis Rodríguez García, demandó en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción reivindicatoria de Juan Manuel Alcántara Urrutia, Rosa María Ávila Velázquez y María Teresa Ávila Velázquez, las prestaciones siguientes: "A) La declaración en sentencia ejecutoriada que su señoría sirva producir en el sentido de que soy propietario de la casa ubicada en la primera cerrada de Lombardo Toledano lote cuarenta y cinco, colonia Zaragoza, de esta ciudad de Tenango del Valle, México. B) Como consecuencia de lo anterior, la desocupación y entrega al suscrito, con todos sus frutos y accesorios y en su caso mejoras del bien inmueble. C) El pago de gastos y costas que genere el juicio." 2) El cuatro de agosto de dos mil dieciséis, se radicó la demanda en el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, con el número de expediente 658/2016, y se admitió a trámite, ordenándose emplazar a la parte demandada para que dentro del plazo de nueve días diera contestación a la entablada en su contra. 3) Una vez emplazados los demandados, por auto de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo por contestada oportunamente la demanda instaurada en contra de María Teresa Ávila Velázquez, quien opuso entre sus excepciones y defensas: 1. LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA INTENTADA EN MI CONTRA. 2. LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA. 3. Opongo todas las defensas y excepciones que se deriven del presente escrito dando la contestación a los hechos narrados por el actor en su demanda." 4) A su vez, Juan Manuel Alcántara Urrutia y Rosa María Ávila Velázquez, por ocurso de catorce de octubre de dos mil dieciséis, contestaron la demanda instaurada en su contra, oponiendo entre sus excepciones y defensas: "1. LA DEFENSA GENÉRICA "SINE ACTIONES AGIS. 2. LA EXCEPCIÓN PROCESAL DE IMPROCEDENCIA DE LA VÍA EN VIRTUD DE QUE EL INMUEBLE QUE SE NOS RECLAMA ES DE RÉGIMEN COMUNAL. 3. LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR RAZONES DE MATERIA, EN VIRTUD DE QUE EL INMUEBLE QUE SE RECLAMA ES DE RÉGIMEN COMUNAL. 4. LA FALTA DE LEGITIMACIÓN AD CAUSAM Y AD PROCESUM. 5. LA FALTA DE NULIDAD DE LAS COPIAS CERTIFICADAS DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NÚMERO 10207, VOLUMEN LXIX, EXPEDIDA POR EL LICENCIADO LEOPOLDO FARRERA OLMEDO, EN SU CALIDAD DE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DE TENANGO DEL VALLE. 6. LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN Y JUSTO DOMINIO. 7. LA EXCEPCIÓN MUTATIS LIBELI. 8. LA EXCEPCIÓN DE POSESIÓN. 9. LA EXCEPCIÓN DE POSESIÓN DE BUENA FE. 10. LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA. 11. Opongo todas las defensas y excepciones que se deriven del presente escrito dando la contestación a los hechos narrados por el actor en su demanda." Y reconvinieron de José Luis Rodríguez García y de María de la Luz Vargas Sánchez, lo siguiente: A) La acción real de usucapión que ha operado en nuestro favor.respecto del inmueble ubicado en la calle de cerrada de Vicente Lombardo Toledano, sin número (actualmente número 119), lote 45, colonia Zaragoza (actualmente colonia San Martín), en Tenango del Valle, Estado de México. B) La declaración judicial de que nos hemos convertido en propietarios del inmueble mencionado en la prestación anterior y objeto de la usucapión. C) La inscripción a favor de los suscritos ROSA MARÍA ÁVILA VELÁZQUEZ y JUAN MANUEL ALCÁNTARA URRUTÍA en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, hoy Instituto de la Función Registral del Estado de México, de la declaración judicial por sentencia definitiva de nuestro derecho de propiedad por usucapión sobre el inmueble objeto del presente juicio, así como la anotación marginal y cancelación total del antecedente registral a favor de los hoy demandados, de conformidad con los datos registrales que proporcionamos, y que tenemos en posesión a título de dueños desde hace más de veinte años. D) El pago de gastos y costas que se originen con la tramitación del presente juicio hasta su total conclusión en caso de oposición temeraria o de mala fe." 5) Así, el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis y el seis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, tuvo por contestada en tiempo la demanda reconvencional, y por opuestas las excepciones y defensas hechas valer por José Luis Rodríguez García y María de la Luz Vargas Sánchez. 6) Seguida la secuela procesal, el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia de conciliación y depuración procesal, en donde el juez responsable en lo substancial determinó lo siguiente: (.) Los demandados ROSA MARÍA ÁVILA VELÁZQUEZ y JUAN MANUEL ALCÁNTARA URRUTIA, al dar contestación a la instaurada en su contra opusieron las excepciones procesales de improcedencia de la vía incompetencia; así como el demandado en la reconvención JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ GARCÍA y LUZ MARÍA VARGAS SÁNCHEZ, opusieron la excepción de falta de personalidad, por lo que para guardar el orden de método, se procede a resolver en primer término la excepción de incompetencia por materia. Los demandados antes mencionados basaron sustancialmente su excepción de incompetencia por materia en que el terreno motivo de la controversia, ubicado en la primera cerrada de Lombardo Toledano, lote 45, colonia Zaragoza, en Tenango del Valle, México, es de régimen comunal, por lo tanto, corresponde conocer a los Tribunales Agrarios; así como y que este Juzgado resulta incompetente para conocer del asunto que nos ocupa, toda vez que en los conflictos suscitados respecto de los bienes ejidales y comunales, sin importar el carácter de la persona o ente contra quien se origine la controversia, corresponde conocer a los Tribunales antes citados. Atento a lo anterior y con fundamento en los artículos 1.28 y 1.29 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, se declara procedente la excepción de incompetencia planteada, toda vez que de las documentales consistentes en la constancia de posesión de trece de septiembre de dos mil dieciséis, expedida por Juventino García Flores, como Presidente; Vicente Arellano Miranda, en su calidad de Secretario y Manuel Garduño Hernández, como Tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de Tenango del Valle, México; así como, del oficio No. RAN-EM/ST/7236/2016, expedido por el Ingeniero Abuzeid Lozano Castañeda, Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, de trece de octubre de dos mil dieciséis; se desprende que el bien motivo de controversia forma parte del núcleo agrario de Tenango del Valle, México. Documentales a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles para acreditar que el inmueble motivo de la controversia en que se actúa, pertenece a los bienes comunales de Tenango del Valle, México. Cabe destacar que, del análisis sistemático de los artículos 27, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45 y 163 de la Ley Agraria y 18, fracción XI, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se advierte que el régimen jurídico de propiedad ejidal o comunal tiende a proteger ese tipo de propiedad en cuanto a su integridad, aprovechamiento y acciones de fomento, no de manera exclusiva por el carácter de las partes en el juicio, sino por la naturaleza del derecho controvertido y, esencialmente, por su incidencia sobre los derechos de propiedad, posesión y disfrute de los bienes agrarios. Ahora bien, por controvertirse cuestiones ligadas a la posesión de tierras sujetas al régimen de derecho agrario, deben decidir los Tribunales Unitarios de esa materia, para lo cual cuentan con facultades expresas. Por otra parte, el artículo 27 de la Constitución Federal, establece que todas las cuestiones relativas a terrenos ejidales y comunales, así como, las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunales, serán competencia de los tribunales a que se refiere la fracción XIX de dicho precepto. (.) En concordancia a lo anterior, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y en su oportunidad REMÍTASE AL ARCHIVO JUDICIAL PARA SU RESGUARDO, lo anterior, en base al artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. Se dejan a disposición de las partes los documentos que exhibieron en autos, previa toma de razón y acuse de recibo que obre en autos. (.)." 7) Inconforme con dicha interlocutoria, José Luis Rodríguez García, interpuso recurso de apelación, el cual se radicó en la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con el número de toca 85/2017, y mediante resolución de catorce de marzo de dos mil diecisiete, se resolvió en los términos siguientes: PRIMERO. Resultaron inoperantes por un lado, e infundados por el otro, los motivos de inconformidad vertidos por el recurrente José Luis Rodríguez García. SEGUNDO. Se confirma la resolución emitida en la Audiencia de Conciliación y Depuración Procesal de fecha 31 treinta y uno de enero de 2017 dos mil diecisiete dictada por el Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, en el expediente 658/2016 relativo al juicio Ordinario Civil sobre Acción Reivindicatoria, promovido por el apelante en contra de Rosa María Ávila Velázquez, María Teresa Ávila Velázquez y Juan Manuel Alcántara Urrutia. TERCERO. No se hace condena alguna en costas judiciales en esta instancia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y con testimonio del presente fallo y sus notificaciones, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia y en su oportunidad, archívese el toca como concluido. (.)." Lo expuesto permite advertir que el acto que la parte quejosa tilda de inconstitucional, consistente en la resolución de catorce de marzo de dos mil diecisiete, emitida por la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que confirma la interlocutoria de treinta y uno de enero del presente año, en donde el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, declara procedente la excepción de incompetencia planteada en el juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria 658/2016, y ordena su archivo como totalmente concluido; sólo puede ser combatido a través del juicio de amparo directo. Lo anterior se afirma, en razón de que los efectos que produce el acto reclamado son de aquéllos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo del asunto lo dan por terminado, esto en razón de que como ya se estableció con antelación, a través de la resolución reclamada se confirmó la interlocutoria en donde el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, declara procedente la excepción de incompetencia planteada en el juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria 658/2016, y ordena su archivo como totalmente concluido. De ahí que se estime que la resolución reclamada debe ser impugnada en amparo directo, pues el acto tildado de inconstitucional encuadra en la hipótesis prevista en el párrafo segundo, fracción I, del artículo 170 de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia PC.II.S.E.J/1C (10ª.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la página 1536, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo III, Décima Época, cuyo tenor literal es: AMPARO DIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL QUE, SIN ULTERIOR RECURSO, RESUELVA SOBRE LA INCOMPETENCIA DE UN JUEZ DE PRIMER GRADO Y DEJE A SALVO LOS DERECHOS DE LA PARTE ACTORA PARA QUE LOS HAGA VALER EN LA VÍA Y FORMA QUE ESTIME PERTINENTE, YA QUE SE TRATA DE UNA RESOLUCIÓN QUE SIN DECIDIR EL JUICIO EN LO PRINCIPAL, LO DA POR CONCLUIDO. Conforme a los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, entendiéndose por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Por otra parte, las contiendas de competencia podrán promoverse por inhibitoria o por declinatoria; la primera se intenta ante el Juez a quien se considera competente, pidiéndole que dirija oficio al que se estima no serlo, para que remita testimonio de las actuaciones respectivas al superior, y el requirente remita lo actuado por él mismo al tribunal de alzada para que éste decida la cuestión de competencia; mientras que la declinatoria se propone ante el Juez que se considera incompetente, pidiéndole se abstenga del conocimiento del negocio y remita testimonio de lo actuado al superior para que decida la competencia, o para que remita los autos al considerado competente. Así, respecto de las resoluciones que involucren la incompetencia del Juez de primer grado y que con base en ella se ponga fin al juicio, se debe establecer la vía adecuada, ya que lo determinante, conforme a la interpretación sistemática de las reglas constitucionales y legales que rigen al juicio de amparo, resulta ser el tipo de resolución reclamada, es decir, si se trata de una resolución que pone fin al juicio, en cuyo caso, la vía correcta es el amparo directo. Por tanto, en contra de la resolución jurisdiccional que, sin ulterior recurso, determine que el Juez de primera instancia es legalmente incompetente para conocer de un asunto y deje a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía y forma que estime conveniente, procede el amparo directo, ya que se trata de una resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido." Consecuentemente, en términos de lo dispuesto en los numerales 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio de amparo 508/2017-V, promovido por José Luis Rodríguez García, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México y de la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, a efecto de que conozca del presente juicio. Bajo esa tesitura, remítase el presente expediente a la oficina de correspondencia común del citado tribunal, para que sea enviado al que corresponda por razón de turno, solicitándole de la manera más atenta y respetuosa, que de no existir inconveniente, se sirva informar la determinación tomada al respecto. Con copias certificadas de los insertos necesarios, fórmese el cuaderno de antecedentes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por José Luis Rodríguez García, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México y de la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. SEGUNDO. Se ordena remitir los autos que conforman el presente juicio de amparo, a la oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, para que sea enviado al que corresponda por razón de turno, solicitándole de la manera más atenta y respetuosa, que de no existir inconveniente, se sirva informar la determinación tomada al respecto. TERCERO. Fórmese el cuaderno de antecedentes con motivo de la presente resolución de incompetencia. Notifíquese, y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hasta el día de hoy veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en que las labores del juzgado así lo permitieron, ante José Mauricio Neira Villarreal, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    V. Toluca, Estado de México; doce de febrero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por los terceros interesados Rosa María Ávila Velázquez y Juan Manuel Alcántara Urrutia, mediante el cual solicitan copia certificada de todo lo actuado en el presente asunto; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a los promoventes la copia de las constancias que solicitan, teniéndose por autorizados para su recepción a las personas que designan, quienes deberán exhibir una copia simple de su identificación oficial vigente, para ser glosada a los autos para debida constancia legal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    V. Toluca, Estado de México; veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, a través del cual solicita se le remitan las documentales que el quejoso exhibió como pruebas de su parte, en el escrito presentado ante este órgano el cinco de junio de dos mil diecisiete, consistentes en copia simple de la escritura pública número diez mil doscientos siete (10,207), volumen LXIX, de mil novecientos ochenta y siete (1987); copia del auto de uno de junio de dos mil diecisiete, emitido en el toca 85/2017, del índice de la Primera Sala Civil de Toluca, Estado de México, así como la denuncia de hechos delictuosos ante la fiscalía (Ministerio Público Tercer Turno), de Tenango del Valle, estado de México. Atento a su contenido, como lo solicita la homóloga oficiante, remítanse por medio de oficio las constancias de mérito, para lo que tenga a bien proveer, haciendo de su conocimiento que las mismas fueron remitidas al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en cumplimiento a la resolución de incompetencia de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    V Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio remitido por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, hace del conocimiento que por auto de cinco del presente mes y año, aceptó la competencia declinada, por lo que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por José Luis Rodríguez García, asimismo que dicho expediente quedó radicado con el número de juicio de amparo directo 11/2018, de su índice; por tanto, se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales procedentes. En virtud de lo anterior, toda vez que no existe diligencia pendiente en el presente cuadernillo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese como asunto definitivamente concluido. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. Este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, pues este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto y en esta fecha se tuvo conocimiento que diverso órgano aceptó la competencia declinada (punto vigésimo, fracción I, párrafos primero y segundo). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del acuerdo general conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

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