José Luis Rodríguez Tapia

Expediente 511/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
511/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
03/06/2019

Partes del expediente

  • José Luis Rodríguez Tapia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ TAPIA. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto quince de mayo de dos mil diecinueve (foja 12 a 18), que desechó de plano la demanda de amparo promovida por, sin que hayan hecho uso de tal derecho; en consecuencia, queda FIRME el proveído en cita. Ahora, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ TAPIA. Cumplimiento a la prevención y desechamiento de la demanda. Visto el escrito del quejoso José Luis Rodríguez Tapia, mediante el cual cumple con las prevenciones formuladas en proveído siete de mayo de dos mil diecinueve (6 a 8); toda vez que refiere que no se encuentra privado de su libertad, ni bajo ninguna medida cautelar, ya que al concederle el beneficio de la suspensión condicional del proceso, las medidas cautelares fueron levantadas; por tanto provéase lo que en derecho corresponda sobre la demanda que nos ocupa. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita, se debe xaminar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia 40/2000 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Análisis integral e interpretación de la demanda de amparo. En esa tesitura, de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, conviene precisar que la parte quejosa, en el apartado relativo a los actos reclamados, en la parte conducente, refiere lo siguiente (se transcribe texto): "ACTO RECLAMADO.- Lo es las condiciones impuestas al suscrito en audiencia de fecha 9 de abril del presente año relativas a la suspensión condicional del proceso concedida al suscrito, dentro de la causa penal número" (sic). Asimismo, del capítulo de antecedentes del acto reclamado se tiene que la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente (se transcribe texto): Bajo protesta de decir verdad manifestamos que los hechos que señalo constituyen antecedentes de los conceptos de violación que a continuación menciono. Con fecha 9 de agosto del año 2018 el suscrito fui retenido por pate de .los elementos de la policía municipal, debido a un accidente de tránsito ocurrido en avenida camelinas, en donde desafortunadamente Adrián Vega Méndez perdió la vida, derivado de dicho accidente se inició una carpeta de investigación en mi contra, a pesar de que en múltiples ocasiones intente llegar a un acuerdo previo a que se judicializara la carpeta de investigación, no fue posible debido a la negativa de la víctima indirecta, es así que se judicializó la carpeta de investigación dando origen a la causa penal número 752/2018 y por consiguiente se llevó a cabo la audiencia inicial en donde se me tuvo por vinculado a proceso por el ilícito de homicidio culposo, posteriormente el suscrito solicite fecha para llevar a cabo suspensión condicional del proceso, lo que fue el día 9 de abril de la presente anualidad. Es así que dentro de la audiencia de suspensión condicional de proceso el suscrito me comprometí a dar como pago de la reparación del año la cantidad de $350,000.00 trescientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n., de la siguiente forma: $100,000.00 cien mil pesos 00/100 m.n., al día siguiente de la audiencia, (mismos que ya fueron depositados) $150,000.00 ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n., el día 9 de mayo de 2019 y $100,000.00 cien mil pesos 00/100 m.n., a pagar en un año de manera diferida, así mismo el suscrito me comprometí a cumplir con las condiciones establecidas en las fracciones I y IX del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, a residir en un lugar determinado y a someterme a la vigilancia que determine el Juez de Control, sin embargo a solicitud del Fiscal de litigación me fue impuesta a la condición de abstenerme a viajar al extranjero señalada en la fracción XII del citado artículo y a pensar de la oposición de mi defensor particular el Juez de Control determino imponerla. Faltando la fiscalía al principio de buena fe que debe regular en toda". (sic). Fijación del acto reclamado. De lo anterior, se colige que la pretensión de la parte quejosa es que se tenga como acto reclamado la determinación dictada el nueve de abril de dos mil diecinueve, por el Juez de Control Región Morelia, Michoacán, mediante la cual se concedió la suspensión condicional del proceso y se establecieron las condiciones por cumplir durante dicha suspensión por el quejoso José Luis Rodríguez Tapia, dentro de la causa penal número 752/2018. Es aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis VI/2004 , que establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Como es de observarse, el juicio de amparo es improcedente porque se actualizan de manera manifiesta e indudable dos causales de improcedencia; el de definitividad a que alude el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y la que se integra de la interpretación sistemática de la fracción XXIII del citado ordenamiento en relación con el 107, fracción V, de la misma ley como se expondrá a continuación. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. " Conforme al precepto transcrito el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Cabe ponderar que dicha disposición legal consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual es obligación del gobernado interponer en contra de las resoluciones judiciales que estima lesivas de sus derechos, los recursos establecidos en las leyes ordinarias, antes de acudir a un medio de defensa extraordinario como es el juicio de amparo. En efecto, por lo que corresponde al acto que se reclama en el presente juicio relativo al acuerdo de nueve de abril de dos mil diecinueve, del Juez de Control Región Morelia, Michoacán, en el que se concedió la suspensión condicional del proceso y estableció las condiciones por cumplir durante dicha suspensión por el quejoso José Luis Rodríguez Tapia, dentro de la causa penal número 752/2018, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo -como ya se dijo- establece que el juicio de amparo es improcedente, contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. Como ha quedado precisado, la parte quejosa refiere en sus conceptos de violación que el acto reclamado se emitió en la audiencia de suspensión condicional el nueve de abril de dos mil diecinueve dentro de la causa penal 752/2018, donde la autoridad responsable determinó las condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso. Tenemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece en su Título XII, diversos recursos, siendo la revocación y apelación. El artículo 465 del citado ordenamiento dispone: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda". Por su parte el numeral 467 establece lo siguiente: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba". (Lo resaltado es de este juzgado) Numeral 467 en cita, del que se obtiene que ante las resoluciones que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso, proceda el recurso de apelación. Ahora bien, el acto que, reclama la parte quejosa, consiste en la determinación de nueve de abril de dos mil diecinueve, del Juez de Control Región, Morelia, Michoacán, en la que se concedió la suspensión condicional del proceso y se establecieron las condiciones por cumplir durante dicha suspensión por el quejoso José Luis Rodríguez Tapia, dentro de la causa penal número 752/2018; acto que debe ser impugnado mediante el recurso de apelación, al tenor de lo establecido por el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que dichas condiciones a cumplir se encuentran en la concesión de la suspensión mencionada, máxime que en el caso no se encuentra afectada la libertad personal del quejoso para que existe una excepción al principio de definitividad, toda vez que el quejoso manifestó en el escrito de cuenta encontrarse en libertad. En esa tesitura, si el acto reclamado antes descrito tenía reparación mediante el recurso de apelación y éste no se agotó antes de acudir al juicio de amparo debe estimarse que la parte promovente del amparo incumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de intentar los medios de defensa que la ley le permite para combatir las resoluciones que le causan perjuicio. Así las cosas, antes de acudir al amparo la parte quejosa tenía que agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 467 del Código Nacional Procedimientos Penales, conforme el cual puede lograr que se modifique, revoque o anule el auto reclamado. Es decir, si el auto emitido por la autoridad responsable es legalmente apelable, pero la parte promovente no agotó el medio de defensa previsto en la ley, esa circunstancia, por sí misma, evidencia la violación a uno de los principios rectores del juicio de amparo: la definitividad, por lo que procede desechar la demanda de amparo que se provee. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 678, Tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como la jurisprudencia número I.6o.C. J/37 cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Debe decirse que de acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así, el acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ello, de conformidad con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". En suma, al existir medio de defensa ordinario que debía interponerse en forma previa a acudir al juicio de amparo respecto del acto reclamado, y que no afecta derechos sustantivos de las partes es que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio, por tanto, procede desechar de plano la demanda de amparo. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 61, fracción XVIII, y la que se integra de la interpretación sistemática de la fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V y con el diverso numeral 113, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe de ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la analizada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". ? Anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 88 a 91), mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracción IV, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda en el incidente de suspensión por no haberse aperturado. Toda vez que del sumario se aprecia que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, envió, en apoyo al informe justificado que rindió, copia certificada de las constancias de donde emanó el acto reclamado, con el cual se formaron dos tomos de pruebas; consecuentemente, en razón de que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta súplica del acuse de su recibo, en la inteligencia de que de no hacerlo en el plazo de tres días se tendrán como recibidos a su entera satisfacción sin ulterior acuerdo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.

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