José Luis Salinas Rangel
Expediente 241/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 42 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 241/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 42
- Última actuación
- 29/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Luis Salinas Rangel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 42.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Puruándiro, Michoacán, con el cual se le tiene acusando recibo del diverso 6807/2019, a través del que se le notificó el proveído de nueve de abril del año en curso y se devolvieron las constancias que allegó al juicio en que se actúa para justificar su informe de ley; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA: JOSÉ LUIS SALINAS RANGEL. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el catorce de marzo de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el juicio; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental y no existen documentos originales exhibidos por las partes, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió al no haberse tramitado incidente de suspensión. Con apoyo en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a las partes para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sean debidamente notificadas del presente proveído, comparezcan a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos originales que hayan exhibido en el presente juicio, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruido junto con el expediente. Toda vez que del sumario se aprecia que la autoridad responsable allegó las constancias de las que deriva el acto reclamado, en razón de que este juicio de amparo se encuentra concluido y resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo; en la inteligencia que de no hacerlo en el plazo de tres días, se tendrán como recibidas a su entera satisfacción. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo de veinte días otorgado a la parte quejosa en proveído de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, a fin de que acredite haber realizado el trámite para la publicación de los edictos ordenados a efecto de emplazar al presente juicio a la tercera interesada Maribel Martínez Celaya o Maribel Martínez de Salinas. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo. Sin que sea necesario ordenar la notificación de este proveído mediante oficio a las autoridades responsables, dado que esta determinación no es de aquéllas que deban notificarse de manera personal a las partes y que están establecidas en el artículo 27 de la Ley de Amparo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos Divisional de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en la Ciudad de México; en atención a su contenido, se le tiene informando que en la base de datos de esa dependencia encontró registro del domicilio de la tercera interesada Maribel Martínez Celaya o Maribel Martínez de Salinas, el cual es el siguiente: Sin embargo, dicho domicilio resulta impreciso, y por tanto, resulta innecesario ordenar el llamamiento a juicio de la referida tercera en el domicilio ilustrado. Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de queja 71/2014, sostuvo que el juzgador del conocimiento puede ponderar a su prudente arbitrio respecto de la posibilidad de expedir los oficios que considere necesarios a los titulares de las diversas oficinas o dependencias públicas que resulten idóneas, de manera cualitativa y no cuantitativa para investigar al tercero interesado. Por tal motivo, se estima innecesario girar comunicación oficial a fin de emplazar al tercero afectado en el domicilio proporcionado por la autoridad oficiante, toda vez que el mismo es impreciso. Ahora, visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se aprecia que se encuentra concluido el procedimiento de localización de la tercera interesada Maribel Martínez Celaya o Maribel Martínez de Salinas, en el que se realizaron las gestiones que se relacionan en los cuadros 1 y 1.1, que a continuación se exponen: CUADRO 1 MARIBEL MARTÍNEZ CELAYA O MARIBEL MARTÍNEZ DE SALINAS. AUTO QUE ORDENÓ DOMICILIO OBTENIDO RESULTADO Auto de diez de abril de dos mil diecisiete (fojas 35 a 36). Calle Licenciado Verdad, número 332, colonia Centro, en Puruándiro, Michoacán. Constancias enviadas por el juez responsable al rendir el informe justificado. Mediante proveído de dos de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido sin diligenciar el despacho 85/2017, número de orden 515, enviado al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del distrito judicial de Puruándiro, Michoacán, para que en auxilio de las labores de este juzgado, emplazara al presente juicio a la tercera interesada (foja 47). Auto de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete (fojas 59 y 60). Calle Colfax, número 2104, apartamento número 6, código postal 68661, en la ciudad de Schuyler del Estado de Nebraska, en Estados Unidos de América. Domicilio proporcionado por la parte quejosa mediante escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete (foja 58). En auto de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo a la Directora de Permisos Artículo 27 Constitucional con Fundamento en el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con residencia en la Ciudad de México, devolviendo sin diligenciar la carta rogatoria número 4/2017 (número de orden 1159) del índice de este juzgado, enviada al Cónsul General de México, en Los Ángeles California, Estados Unidos de Norte América , a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado emplazara a la tercera interesada (fojas 118 a 120). Auto de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete (fojas 118 a 120). Calle Colfax, número 2104, apartamento número 6, código postal 68661, en la ciudad de Schuyler del Estado de Nebraska, en Estados Unidos de América. Domicilio proporcionado por la parte quejosa mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete (foja 58). En auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo a la Jefa de Departamento de Exhortos o Cartas Rogatorias de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con residencia en la Ciudad de México, remitiendo el acta administrativa 03/2018, en la que se aprecia la imposibilidad que se tuvo para desahogar la diligencia encomendada mediante carta rogatoria número 5/2017 (número de orden 1354) del índice de este juzgado, enviada al Consulado de México, en Nebraska, Omaha, Estados Unidos de América, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado emplazara a la tercera interesada (foja 211). En ese orden de ideas, mediante auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (foja 211), se requirió al quejoso para que en el plazo de tres días, proporcionara el domicilio actual y correcto de la tercera interesada, sin que lo hiciera, motivo por el que, en proveído de cinco de septiembre del año pasado (fojas 215 a 216), se ordenó su investigación girándose oficios a las autoridades siguientes: CUADRO 1.1 DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN DEL DOMICILIO DE MARIBEL MARTÍNEZ CELAYA O MARIBEL MARTÍNEZ DE SALINAS.. AUTORIDADES AUXILIARES DOMICILIO PROPORCIONADO RESULTADO Vocal del Registro Federal de Electores en el Estado, con residencia en esta ciudad. (foja 229) Calle Progreso, número 297, interior 323, colonia Morelos, en esta ciudad. Mediante razón actuarial de catorce de noviembre de dos mil dieciocho se tuvo al actuario judicial adscrito, informado la imposibilidad que tuvo para emplazar al presente juicio a la referida tercera en el domicilio proporcionado (foja 258). Encargado del despacho del Departamento de Control Vehicular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, con residencia en esta ciudad. (foja 230) Calle Mariano Escobedo, número 4, Centro, en Puruándiro, Michoacán. Mediante proveído de once de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido sin diligenciar el despacho 280/2018, número de orden 1221, enviado al Juez Mixto de Primera Instancia en Puruándiro, Michoacán, para que en auxilio de las labores de este juzgado, emplazara al presente juicio a la tercera interesada (foja 270). Policía Federal Ministerial de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. (foja 226) Calle 926, colonia Terrazas el Gallo, código postal 22850, municipio de Ensenada, Estado de Baja California. Mediante proveído de siete de enero de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido sin diligenciar el exhorto 879/2018, número de orden 1345 enviado al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de baja California, con residencia en Ensenada, para que en auxilio de las labores de este juzgado, emplazara al presente juicio a la tercera interesada (foja 306). Jefe del Departamento de Anotaciones y Trámites Procesales de la Dirección del Registro Público de la Propiedad en el Estado, con residencia en esta ciudad. (foja 234) No proporcionó domicilio Directora de Catastro de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, con residencia en esta ciudad. (foja 224) No proporcionó domicilio. Administradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Michoacán "1", con residencia en esta ciudad. (foja 221) Calle Francisco I. Madero, número externo 34, localidad Isaac Arriaga, municipio Puruándiro, código postal 58510, entidad federativa Michoacán de Ocampo. (foja 222 sobre cerrado) Mediante proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido sin diligenciar el despacho 318/2018, número de orden 1304, enviado al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Puruándiro, Michoacán, para que en auxilio de las labores de este juzgado, emplazara al presente juicio al tercero interesado (foja 281). Apoderado Legal de Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, con residencia en esta ciudad. (foja 218) No proporcionó domicilio. Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos Divisional de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en la Ciudad de México (foja 320 y 321) Proporcionó domicilio impreciso. Resulto innecesario el llamamiento a juicio dela tercera interesada, en virtud de que el domicilio proporcionado fue impreciso, tal como se dijo al inicio de este proveído. Como se aprecia de los cuadros reseñados en párrafos precedentes, se agotó el procedimiento de investigación, así como las diligencias necesarias para lograr el emplazamiento de la tercera interesada Maribel Martínez Celaya o Maribel Martínez de Salinas en los domicilios obtenidos, tanto en la demanda de amparo, constancias que allegó la autoridad responsable, como en los proporcionados por las autoridades que auxiliaron en su investigación, sin que se lograra el referido llamamiento a juicio. En esas condiciones, toda vez que se agotaron los medios legales con que contaba esta potestad federal para localizar el paradero de la mencionada tercera afectada, con apoyo en el cardinal 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, procédase a emplazarla, por medio de edictos, los que deberán publicarse por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico de mayor circulación a nivel nacional y en uno de mayor circulación local, para que en el plazo de treinta días contado a partir del siguiente al que se efectúe la última publicación, comparezca a deducir sus derechos, quedando en la secretaría de este juzgado copia de la demanda de amparo. De igual manera, se requiere a la quejosa para que en el plazo de veinte días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, acredite haber realizado el trámite para su publicación, esto es, dentro de dicho plazo deberá (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación y, (iii) acreditar ante este órgano que efectuó las gestiones tendentes para publicarlos. Bajo apercibimiento que de no hacerlo o manifestar el impedimento que tenga para ello, en términos de los numerales 63, fracción II, en relación con los diversos preceptos 27, fracción III, inciso b), y 5 fracción III, de la ley de amparo, se procederá al sobreseimiento en el juicio. Sirve de apoyo, la tesis P./J. 27/2015, del Peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la página 27, tomo I, Septiembre 2015, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo". Resulta imperativo resaltar que el imponer al promovente del juicio constitucional la carga de pagar lo conducente para que se emplace y notifique a la tercera interesada por edictos y se imponga así de la demanda de amparo radicada ante este Juzgado de Distrito, tiene su teleología o fin primordial en la razón de que como a la gestionante del amparo corresponde la carga tanto de impulsar el procedimiento como de participar en su desarrollo a efecto de que se integre debidamente la litis respectiva, contravenga lo dispuesto por el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto estatuye que la impartición de justicia debe ser gratuita, ya que son los tribunales encargados de esa misión, están impedidos para cobrar retribución a las partes por su actividad. Apoya lo expuesto, la tesis II.2º.C.101 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, cuyo rubro literalmente reza: "EMPLAZAMIENTO A LA PARTE TERCERO PERJUDICADA POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO. NO CONTRAVIENE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN CUANTO MANDA QUE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ES GRATUITA". Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, la jurisprudencia III.1o.C. J/14, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que a la letra dice: "TERCERO PERJUDICADO. FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL". Por último, si la parte quejosa manifiesta la imposibilidad de pagar la publicidad de los edictos y solicita que tal gasto sea cubierto por el Consejo de la Judicatura, tal circunstancia se encontrará sujeta a prueba; esto es, deberá manifestar su imposibilidad, además de demostrar con indicios suficientes la falta de capacidad económica para solventar los gastos de la publicación de los edictos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis l.3o.C.973 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del rubro siguiente: "EDICTOS. SU PAGO A CARGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PARTE QUEJOSA, SE ENCUENTRA SUJETO A PRUEBA. Si el quejoso manifiesta la imposibilidad de pagar la publicidad de los edictos, ordenada por la Sala responsable luego de agotarse el procedimiento de investigación del domicilio del tercero perjudicado y, por ende, solicita que tal gasto sea cubierto por el Consejo de la Judicatura, tal circunstancia se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias, a saber: a) La manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto y, b) la existencia en autos, de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos. En cuanto al segundo de los presupuestos, se afirman que se encuentra sujeta a prueba la petición del impetrante, ya que es indispensable que dentro de los autos del juicio natural se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que el impetrante de garantías realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto que representa la publicación de los edictos, de tal manera que si no queda comprobado que el quejoso carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que deberá negarse la petición, pues únicamente debe acordarse favorablemente cuando se advierta que no cuenta con los servicios de un profesional privado, esto es, que quien lo patrocina sean abogados pertenecientes a la Defensoría Pública o bien que en caso de defender un bien, éste sea resultado de una adquisición a título gratuito. Se afirma lo anterior, en virtud de que tratándose de juicios que involucren prestaciones en dinero, tal como acontece en los ordinarios civiles de pago de pesos o que involucren la defensa de algún bien inmueble y los ordinarios y ejecutivos mercantiles, en los que por su propia naturaleza se encuentran involucradas situaciones que presumen solvencia económica de las partes, al menos para hacer frente a las obligaciones y cargas derivadas de los propios litigios, entonces se entiende que los involucrados tienen capacidad económica, pues no sería creíble alegar la falta de ésta, cuando de los derechos litigiosos se desprende la existencia de algún bien que justifique el actuar en el proceso de la parte que se trate. Cabe precisar que lo anterior no cobra aplicación en tratándose de asuntos familiares en los que necesariamente tendrían que ponderarse las particularidades del caso, ya que por su propia naturaleza en la mayoría de los casos no se encuentran vinculadas cuestiones pecuniarias, sino de otra índole y, por ello, es que resulta necesario particularizar cada caso en concreto para determinar la idoneidad del pago de edictos, en juicios de esta naturaleza. En el entendido de que los edictos, se encuentran a su disposición en este juzgado para que proceda a su publicación.
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