José Luis Ríos Castillo
Expediente 226/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 226/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Luis Ríos Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JOSÉ LUIS RÍOS CASTILLO. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el tres de agosto de dos mil dieciocho, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Luis Ríos Castillo, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 77, último párrafo, de la ley en consulta, 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la citada ley, se declara firme para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, se considera que este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del ordinal vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en las hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. De igual manera, por lo que hace al original del incidente de suspensión, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se negó la medida cautelar provisional y definitiva. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación, tanto en el expediente principal como en los incidentes respectivos. Por otro lado, de conformidad en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el juicio, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió en el incidente de suspensión correspondiente. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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Notifíquese personalmente a las partes.
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VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo III-226/2018; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, el catorce de marzo de dos mil dieciocho y recibido el día siguiente en este juzgado, JOSÉ LUIS RÍOS CASTILLO, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de autoridad que consideró violatorio de los derechos humanos protegidos por las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, relató los antecedentes que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y previo cumplimiento de un auto preventivo el cuatro de abril de dos mil dieciocho se admitió a trámite, se requirió a las autoridades responsables los informes justificados, se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no formuló pedimento, y finalmente se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I, II, III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48, 52 fracción IV, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque los actos reclamados se atribuyen a una autoridad distinta a la judicial en materia administrativa que reside dentro de la jurisdicción de esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio, con base en el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En tal virtud, de la interpretación integral de las demandas de amparo armonizadas con el resto de los elementos que se desprenden de las actuaciones particularmente con el escrito aclaratorio (foja 27) se advierte que la intención del quejoso es combatir: El acuerdo pronunciado el quince de febrero de dos mil dieciocho, en la carpeta denominada "Acuerdos Varios", en virtud del cual se acordó de forma negativa la petición formulada mediante escrito presentado por el quejoso, el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en que solicitó se decretara la prescripción de cualquier responsabilidad administrativa. Acto que se atribuye indistintamente a la Secretaria de Contraloría, al Subdirector de Asuntos Jurídicos y Contenciosos, encargado del Despacho de la Dirección de Normatividad y Responsabilidades, a la Dirección antes indicada y al Subdirector de Responsabilidades Oficial adscrito a esa dirección, todos de la de la Secretaría de Contraloría. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto que se reclama al titular de la Secretaría de la Contraloría, pues del contenido del informe justificado rendido por el Director de Evaluación y Auditoría al Sector Central, en suplencia del titular citado, precisó (foja 36) que no participó en la emisión del acto reclamado, ya que es facultad de la Dirección de Normatividad y Responsabilidad el sustanciar los Procedimientos Administrativos de responsabilidad y proveer los acuerdos en relación con los mismos, sin que la parte quejosa haya aportado alguna prueba que desvirtúe el sentido en que se rindió el informe; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento por lo que a dichos actos se refiere. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos que se reclaman al Subdirector de Asuntos Jurídicos y Contenciosos y Encargado de la Dirección de Normatividad de Responsabilidades (fojas 42 a 47), así como al Subdirector de Responsabilidad Oficial de la dirección citada (fojas 55 a 60), ya que así se desprende del contenido de los informes justificados en los que expresamente admitieron haber participado en la emisión del acuerdo que constituye el acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas aportadas por el primero de los mencionados, las que tienen valor probatorio pleno con base en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo. Además la copia certificada en mención coincide fielmente con la que exhibió en copia simple la parte quejosa como anexo a la demanda (foja 20), de ahí que su contenido no se encuentra controvertido en el juicio. Apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Improcedencia y sobreseimiento. La procedencia y el sobreseimiento del juicio de amparo constituyen presupuestos procesales que deben estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia y este juzgador no advierte la presencia de alguna que impida el estudio de los conceptos de violación, por ende, procede su análisis sin que para ello sea necesaria la transcripción, lo anterior porque la Ley de Amparo no lo exige; además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 58/2010, estableció que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo es innecesaria su transcripción. La tesis en comento establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación por lo siguiente. El acto reclamado está constituido por el acuerdo emitido el quince de febrero de dos mil dieciocho en la carpeta denominada "Acuerdos Varios", por virtud del cual se acordó de forma negativa a la solicitud presentada por el quejoso mediante escrito de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se señaló: "Para los efectos procedentes, solicito se DETERMINE QUE RESPECTO DE LAS PRESUNTAS RESPONSABILIDADES QUE LA SECRETARÍA PUDIERA ATRIBUIR AL SUSCRITO, DERIVADAS DE MI ACTUACIÓN COMO SERVIDOR PÚBLICO DE LA JUNTA DE CAMINOS, EN EL EJERCICIO FISCAL 2013 DOS MIL TRECE Y 2014 DOS MIL CATORCE ." (foja 16). Acuerdo que se emitió de forma adversa a los intereses del quejoso, por dos razones: la primera, porque la autoridad responsable consideró que al no haberse dirigido la petición a algún procedimiento en particular, no se encontraba en condiciones de proveer de conformidad; y, la segunda, porque a su juicio la prescripción de la facultad sancionadora es una cuestión que solamente se puede determinar en la resolución que se pronuncie en el procedimiento respectivo, porque es en ese acto cuando se realiza el estudio pormenorizado de la falta administrativa y se toma en consideración, en su caso, aquellas conductas que tienen el carácter de continuas (foja 52). 1. Determinación que a juicio del quejoso es inconstitucional porque -en relación con la primera de las razones destacadas en el párrafo que antecede-, considera que la determinación carece de fundamentación y motivación, ya que no señala cuál es la razón lógica y de derecho para considerar que es requisito indispensable que el suscrito señalara el número de un procedimiento administrativo de responsabilidades específico, para que la Secretaría de Contraloría estuviera en condiciones de proveer de conformidad con lo solicitado. Es decir, la responsable no fundamenta ni motiva su resolución. Agrega que no existe razón para que deba señalarse algún procedimiento en especial a efecto de que se decrete la prescripción porque la Secretaría de la Contraloría, en cuanto órgano de Control del Poder Ejecutivo del Estado, actúa como investigadora e instauradora; por lo que tiene conocimiento pleno de los resultados obtenidos de las auditorías que ella misma realiza y, consecuentemente, de los servidores públicos presuntamente involucrados en todas y cada una de las supuestas irregularidades detectadas; y, con base en ello, inicia los procedimientos administrativos correspondientes, facultad que ejerce a través de la hoy, Dirección de Normatividad y Responsabilidades de la citada Secretaría. Lo anterior es infundado, en virtud de que el objeto del procedimiento de responsabilidades administrativas es determinar, si como resultado del ejercicio de las facultades de revisión y fiscalización de la Secretaría de la Contraloría o de los órganos internos de control de cada entidad pública sujeta a este tipo de responsabilidades, se detectan irregularidades que presuman la existencia de conductas, actos, hechos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Para ello, el procedimiento administrativo -conforme al artículo 16 de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios, que es la que estuvo vigente en dos mil catorce- puede dar inicio por queja o denuncia, o derivado de las actuaciones de control, inspección, vigilancia, así como de los pliegos preventivos, si el órgano de control advierte elementos suficientes para presumir la probable responsabilidad, elaborará un expediente y asignará un número de registro con los datos generales. Notificará al presunto (sic) responsable el oficio por el que se le dan a conocer las responsabilidades que se le imputen y su derecho a ofrecer pruebas y alegatos, así como el lugar, día y hora en que se realizará la audiencia, a la que podrá comparecer por sí o por medio de defensor. Entre la fecha de la citación y la de la audiencia, deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles. En el desahogo de la audiencia se podrá interrogar al presunto responsable sobre todos los hechos y circunstancias que hayan motivado el procedimiento y sean conducentes para el conocimiento de los hechos. Iniciado el procedimiento y de existir elementos suficientes para determinar la probable existencia de un daño o perjuicio cuantificable pecuniariamente en detrimento de la autoridad garante o de los recursos públicos, la autoridad ejecutora del posible crédito fiscal, a solicitud del órgano de control correspondiente, podrá trabar embargo precautorio de manera individualizada para asegurar la reparación del daño o perjuicio causado, pero en todos los casos el depositario será el presunto responsable. Al concluir la audiencia, dentro de los cuarenta días hábiles siguientes, se resolverá sobre la inexistencia de responsabilidad o se impondrán las sanciones correspondientes, notificándose la resolución dentro de las setenta y dos horas siguientes al interesado, a su jefe inmediato, al representante designado por la dependencia y al superior jerárquico. Como se puede advertir, para determinar si en un caso particular existe o no responsabilidad administrativa que pueda ser sancionada, es necesario que se substancie un procedimiento, ya que la clasificación jurídica "nomen iuris" de una conducta o su tipificación en alguna causa de responsabilidad es el resultado del procedimiento, ya que al terminar éste es cuando se determina. En ese orden, para poder decidir sobre la prescripción de las responsabilidades administrativas es necesario que se encuentre determinada la conducta y su clasificación jurídica, porque a partir de ella es cuando se puede saber si se trata de responsabilidades graves o no; y, con base en ello poder realizar el cómputo del plazo de la prescripción. Lo anterior porque el último párrafo del artículo 114, de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente en dos mil trece y dos mil catorce -ejercicios fiscales que refiere el quejoso en la petición formulada a la autoridad responsable-, establecía lo siguiente: "Artículo 114. El Procedimiento de juicio político sólo podrá [.] La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años". De esta transcripción se puede advertir que para decretar la prescripción de la responsabilidad administrativa deben tomarse en cuenta varios factores; tales como, la naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones que constituyan la infracción, la calificación jurídica de la conducta que permita establecer la gravedad, hechos u omisiones que deben encontrarse plenamente probados, ello porque el principio de taxatividad y el de presunción de inocencia -desarrollados para el derecho penal- operan también en favor del probable infractor. Así las cosas, si no existe un procedimiento específico en el que se pueda determinar la naturaleza y gravedad del acto u omisión que constituya la responsabilidad administrativa, no existe base para que se pueda decretar la prescripción. Lo anterior porque la prescripción en materia de responsabilidades administrativas -contrario a lo señalado por el quejoso en la foja 7- no es una figura procesal, sino una forma de extinción de una obligación surgida por un acto u omisión ilícitos, pues no extingue la facultad sancionadora de la autoridad sino la responsabilidad del infractor. La caducidad es un adjetivo calificativo que se dice de la pérdida de las cualidades de una cosa; en derecho, la caducidad se refiere a la extinción de una facultad o de una acción por el mero transcurso de un plazo configurado por la ley como carga para el ejercicio de aquellas. La caducidad y la prescripción no son instituciones sinónimas o equivalentes, pues la primera se refiere a cuestiones adjetivas, mientras que la segunda opera sólo respecto de cuestiones sustantivas; así la prescripción se proyecta en dos aspectos uno positivo (usucapión) por virtud del cual, se adquieren derechos por el transcurso del tiempo siempre que se cumplan con las condiciones previstas en la ley. Por efecto del aspecto negativo (praescriptio), se extinguen obligaciones y aunque en ocasiones el solo transcurso del tiempo no basta para que se produzca la prescripción, ese es el elemento fundamental. El derecho de acción aunque se materializa a través del proceso, es un derecho sustantivo, porque otorga a quien lo ejerce el poder de instar a los órganos del Estado que realizan funciones materialmente jurisdiccionales, para que a través del desahogo de un proceso (si se trata de autoridades formalmente judiciales) o de un procedimiento seguido en forma de juicio (cuando son autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo), en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, resuelvan una controversia. Es por lo anterior que el "derecho de acción" no caduca, sino que prescribe. La caducidad por su parte es la pérdida de la facultad o atribución por el mero transcurso de un plazo configurado por la ley, se erige como una sanción al incumplimiento de una carga para el ejercicio de aquellas; es por ello, que contrariamente a lo considerado por el quejoso, la prescripción no es una figura procesal sino que opera en el derecho sustantivo. Es por lo anterior que mientras no se haya determinado la causa de responsabilidad, no existen las condiciones para la clasificación jurídica en relación con la gravedad, concepto necesario para establecer el límite objetivo en que opera la prescripción de la responsabilidad administrativa, que es una forma de extinción, institución jurídica diversa de la caducidad que es una consecuencia (sanción), por inobservancia de las cargas que la ley o el director de proceso imponen, de ahí que está presente en todos los procedimientos, no es exclusiva del proceso judicial. En ese orden lo alegado por el quejoso en relación a que la resolución reclama carece de fundamentación y motivación es infundado, pues existen casos como el que nos ocupa, que la fundamentación se encuentra imbíbita en la motivación, sobre todo aquellos que no han sido regulados por el legislador de forma adecuada, de manera que el intérprete de la ley se ve obligado a exponer un motivación reforzada fundada en leyes de la lógica, tal como sucede en este asunto. Lo anterior porque -se insiste- estamos en presencia de dos instituciones deficientemente reguladas que además no son sinónimos, ello proque la prescripción es una excepción propia, en tanto que la caducidad no es una excepción sino una sanción por el abandono del procedimiento y debe ser analizada incluso de oficio, pero ambas se decretan respecto de un derecho sustantivo que se hizo valer en un procedimiento o proceso, o bien constituye una sanción al abandono del procedimiento o del proceso. En este contexto, lo alegado en este apartado del concepto de violación es infundado. 2. En vinculación con la segunda de las razones en que se sustentó el acuerdo combatido que descansa sobre la consideración de que la facultad sancionadora es una cuestión que solamente se puede determinar en la resolución que se pronuncie en el procedimiento respectivo, porque es en ese acto cuando se realiza el estudio pormenorizado de la falta administrativa y se toma en consideración, en su caso, aquellas conductas que tienen el carácter de continuas, el quejoso sostuvo que la prescripción de las responsabilidades administrativas atribuibles a los Servidores Públicos SE PRESENTARÁ UNA VEZ QUE TRANSCURRAN TRES AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HUBIERAN COMETIDO LAS FALTAS, esto en el supuesto, no admitido de que las mismas fueran de carácter grave, de ahí que de los preceptos constitucionales que regulan las responsabilidades administrativas se desprende como requisitos de la prescripción, la existencia de un Procedimiento Administrativo de Responsabilidades ya que uno de los objetivos de la prescripción, es tutelar el derecho de certeza jurídica del servidor público que presuntamente haya incurrido en una falta; ante la inactividad del Órgano Fiscalizador, ya que no puede ser atribuible al presunto infractor, el hecho de que la autoridad de control omita iniciar, en su caso, un procedimiento administrativo de responsabilidades, dentro del término establecido por la Ley. Agrega el quejoso que la circunstancia de que el presunto infractor ignore si existía o no algún procedimiento administrativo en su contra, no es óbice para que pueda acordar de conformidad la misma, porque la responsable cuenta con los datos necesarios para determinar si existe o no algún procedimiento por ser la propia instauradora; por lo que, de existir algún procedimiento administrativo de responsabilidades instaurado en su contra que aún no haya sido notificado a la fecha en que se dictó el acuerdo que recayó a su solicitud, la misma autoridad que la suscribió, tenía conocimiento de ello. El quejoso también argumenta que resulta contrario a derecho que se le pida proporcionar un número de procedimiento cuando ignora ese dato, porque es evidente que el mismo sólo podría conocerlo si ya se le hubiese emplazado, en cuyo caso, habría hecho valer la citada defensa en ese supuesto expediente, ante la autoridad instauradora y no directamente ante la Titularidad de esa Dependencia. Insiste el quejoso que la Ley no establece como requisito para la procedencia o actualización de la citada prescripción que quien la promueve en su favor señale el número de expediente en deba decretarse; máxime que la propia oficina emisora encargada de instaurar cualquier procedimiento en su contra la que conoce esa información, y que, simplemente, de manera infundada y carente de motivación, negó la petición, vulnerando con ello mis derechos humanos. Lo anterior también es infundado, porque como ya se dijo, para poder resolver sobre la prescripción como medio de extinguir la responsabilidad administrativa, es menester que tal responsabilidad se encuentre determinada previo cumplimiento de las formalidades que la ley aplicable establezca para ello; es decir, que el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estuvo vigente en dos mil trece y dos mil catorce, regula la prescripción como forma de extinguir las responsabilidades administrativas, no como forma de extinción de la facultad sancionadora que son cuestiones diversas. En el derecho penal, tanto en el sistema tradicional como en acusatorio y oral, la prescripción opera tanto para la responsabilidad penal, como para el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público y de los particulares, esto es, el Código Penal Federal por ejemplo, en el artículo 100 señala esta diferencia al precisar: "Artículo 100. Por la prescripción se extinguen la acción penal y las sanciones, conforme a los siguientes artículos. Por su parte los artículos 102 y 103 del mismo ordenamiento indican: "Artículo 102. Los plazos para la prescripción de la acción penal serán continuos; en ellos se considerará el delito con sus modalidades, y se contarán [.]". "Artículo 103. Los plazos para la prescripción de las sanciones serán igualmente continuos y correrán desde el día siguiente a aquel en que el condenado se sustraiga a la acción de la justicia, si las sanciones son privativas o restrictivas de la libertad, y si no lo son, desde la fecha de la sentencia ejecutoria". Existe por tanto una notable diferencia entre la prescripción de la responsabilidad que libera al probable infractor de cumplir con una sanción, que es la que se regula en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la prescripción de la facultad sancionadora que extingue el derecho del Estado a reprimir una conducta contraria a los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad que o está regulada expresamente en el texto fundamental. Bajo esa línea argumentativa, para poder aplicar en favor de alguien la institución de la prescripción es necesario que se encuentre determinada la responsabilidad, pues mientras ello no suceda se carece de una clasificación jurídica de la conducta a partir de la cual pueda aplicarse un plazo determinado; por tanto lo alegado en este apartado del concepto de violación es infundado. 3. También es infundado lo alegado en el sentido de que la responsable omitió observar lo dispuesto por los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque únicamente se limita a señalar que no ha lugar proveer de conformidad a la solicitud, al considerar, por una parte, que en el mencionado escrito no precisa el procedimiento administrativo al que se refiere, virtud de lo cual -dicha autoridad- no se encuentra en condiciones de proveer de conformidad y de manera específica con lo solicitado; pero -ahora arguye el quejoso- sin precisar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en cuenta para determinar dicha circunstancia, además de invocar preceptos legales al final del acuerdo que no tienen ninguna relación con el sentido del auto dictado, ya que únicamente contemplan cuestiones relativas a la competencia de la emisora del acto. No asiste razón al quejoso, porque si bien la fundamentación de los actos reclamados es una obligación positiva establecida en el artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que protege el derecho humano de seguridad jurídica mediante la imposición de la obligación a cargo de cualquier autoridad, de citar de manera expresa en el texto del documento que contenga un acto de molestia, el artículo de la norma general que da sustento al acto de autoridad, ello solo es así cuando existe algún fundamento para ello, y por regla general los actos positivos con efectos negativos, tiene su fundamento en la imposibilidad de subsumir un hecho determinado en el supuesto previsto en la ley. Lo anterior se explica así. A través del escrito que el quejoso presentó ante la autoridad responsable pretendía que se declarara la prescripción de cualquier responsabilidad administrativa en la que hubiera incurrido durante la gestión como servidor público de la de la Junta de Caminos en los ejercicios fiscales dos mil trece y dos mil catorce, y fundamentó la solicitud en los artículos 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 110 de la propia del Estado de Michoacán, los cuales en términos similares señalan que el plazo para la prescripción "de la responsabilidad" en caso de actos u omisiones graves, no podrá ser inferior a tres años. Al respecto, la autoridad responsable contestó que no podía proveer de conformidad porque el quejoso no señalaba un expediente en particular en el que debiera decretarse, es decir, sí precisó la razón por la que no podía emitirse una resolución en el sentido que se pidió, aspecto que no se encuentra regulado ni en la Ley Fundamental ni en la Constitución de Michoacán ni en la Ley Reglamentaria del artículo 110 de esta última, de ahí que no podría haberse expresado algún precepto legal con base en el cual se fundamente la imposibilidad de resolver. En lo referente a la motivación, ésta deben entenderse con la expresión de los supuesto fácticos verificados aducidos para tomar una decisión; y, aunque en principio esos supuestos fácticos deben guardar simetría con las hipótesis previstas en la norma que se invoca, cuando no existe una hipótesis legal a la que pueda subsumirse, el argumento que se proponga debe tener un respaldo suficiente y lógico en donde la premisa mayor (tratándose de lógica formal) o la aserción (modelo de interpretación de Toulmin) no es la hipótesis normativa sino la imposibilidad de subsumir el supuesto fáctico en alguna hipótesis normativa, tal como sucede en el caso. En virtud de lo anterior, lo alegado no se justifica e inaplicables las tesis invocada en este apartado que lleva por rubro: "Fundamentación y Motivación". 4. Las razones que fueron expuestas anteriormente son aplicables al resto de los argumentos contenidos en el apartado de conceptos de violación; lo anterior, porque a partir de la página 6 (foja 7) el quejoso se ocupa en precisar en qué consiste la prescripción, señalando que es una figura procesal de estudio oficioso, puesto que, ni del artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni el correlativo de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, establecen al servidor público la carga procesal de alegar la prescripción, sino que constituye una obligación de la responsable estudiar previo a la instauración del procedimiento si aún están vigentes sus facultades para someterlo a un procedimiento e imponerle sanciones. Luego señala que en este asunto, se había ACTUALIZADO LA PRESCRIPCIÓN para que la responsable ejerciera su función sancionatoria, es evidente que la misma debe abstenerse de instaurar procedimiento alguno, toda vez que el término de prescripción mandatado por la ley se ha consumado, y así debía determinarlo, al acordar la petición señalada ya que estimar lo contrario afectaría la garantía (sic) de seguridad jurídica así como el principio de legalidad a que debe sujetarse la actuación de toda autoridad, en tanto permitiría un manejo arbitrario y privaría a los servidores públicos de la certidumbre que deriva de la posibilidad de sujetarlos a procedimiento de responsabilidad sólo dentro de un lapso determinado. Y lo anterior es infundado porque, como ya quedó explicado, la prescripción en materia de responsabilidades administrativas no opera respecto de la facultad sancionadora, sino de la responsabilidad subjetiva de un servidor público determinado que se genera por haber realizado hechos o abstenciones que redundan en perjuicio de los principios certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad en la prestación del servicio, de ahí que no exista ninguna norma jurídica que autorice al contralor a emitir una declaratoria general de prescripción a manera de absolución de cualquier conducta que se hubiera realizado entre dos mil trece y dos mil catorce. En ese orden, el planteamiento del concepto de violación parte de una premisa incorrecta, porque se considera que la prescripción en materia de responsabilidades administrativas opera respecto de la facultad sancionadora, cuando en realidad se refiere a la extinción de la responsabilidad. En virtud de lo anterior es inaplicable la tesis del 2a./J. 3/2018, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. EL ESTUDIO DE LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN, ASÍ COMO EL RELATIVO A LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA AUTORIDAD ENCARGADA DE SUSTANCIAR DICHO PROCEDIMIENTO, SON OBLIGATORIOS DESDE EL ACUERDO DE INICIO", dado que no se refiere al supuesto que se analiza en este caso. En efecto, de la tesis jurisprudencial en comento se advierte que la Segunda Sala del Alto Tribunal consideró que la remoción de los agentes del Ministerio Público por haber cometido una falta grave (supuesto en el que ya se identificó la falta, y los datos relativos a la consumación de la conducta necesarios para determinar cuándo comienza a transcurrir el plazo prescriptivo), prescribe en igual término que el previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y que ello debe analizarse desde el inicio del procedimiento de remoción, no del de responsabilidad. En este apartado, el quejoso también sostiene es contrario a derecho que la responsable determine que es en la resolución definitiva, donde debe analizarse la prescripción sometiendo al quejoso a un procedimiento en todas sus etapas inobservando, negándole el acceso a la justicia pronta y expedita, y violentando además los principios de seguridad y certeza jurídicas, en clara violación a sus derechos humanos. Lo anterior porque considera que la prescripción es una excepción de carácter extintivo, la cual, de conformidad con el artículo 11 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, aplicable, debe ser resuelto en el momento de ser opuesta, ya que dicho artículo refiere textualmente: "Artículo 11.- Excepciones materiales o procesales.- Las excepciones materiales fundadas en la extinción del derecho punitivo, así como las procesales basadas en que no se encuentran satisfechos los requisitos para que se constituya válidamente la relación procesal penal, serán resueltas sin tramitación, si aparecen plenamente probadas al ser opuestas. Las causas excluyentes de incriminación, se harán valer de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento." Argumento que resulta infundado, porque lejos de beneficiar al quejoso le perjudica ya que si se hace una interpretación gramatical (semántica), se podría concluir que la prescripción cuando se opone como excepción, necesariamente debe hacerse valer dentro de un procedimiento, lo que constituirá una garantía del argumento que expuso la autoridad, de que al no existir un procedimiento no se puede pronunciar sobre ella. También es infundado lo que se alega en el sentido de la prescripción es la extinción por el paso del tiempo, de la atribución que posee el Estado para sancionar a los servidores públicos que presuntamente han incurrido en una falta, en este caso de carácter administrativo y que tiene la finalidad de establecer el plazo específico con que cuenta la autoridad competente para ejercer las atribuciones de investigación y sanción que le otorga la legislación aplicable, así como otorgarle al servidor público la certidumbre jurídica, puesto que garantiza que los actos u omisiones ilícitos en los que pudiera incurrir sólo serán sancionados si la autoridad administrativa ejerce su facultad en el plazo previsto legalmente y no con posterioridad, es decir, que dicho ejercicio no se circunscribe a la discrecionalidad de la autoridad administrativa respectiva. Lo anterior es así porque en materia de responsabilidades administrativa, con base en el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que es susceptible de prescribir es la responsabilidad, ya que la facultad sancionadora, en todo caso caduca como así lo ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CCXL/2016 que establece: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD SANCIONADORA NO DICTE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE DENTRO DEL PLAZO DE CUARENTA Y CINCO DÍAS O DE SU EVENTUAL AMPLIACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ACTUALIZA LA FIGURA DE LA CADUCIDAD (ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS AISLADA 1a. CLXXXVI/2007). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 265/2007, del que derivó la tesis aislada 1a. CLXXXVI/2007, determinó que el artículo 21, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que prevé que una vez desahogadas las pruebas admitidas, las autoridades administrativas competentes resolverán dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o impondrán al infractor las sanciones administrativas correspondientes, no viola las garantías de seguridad jurídica y legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la facultad sancionadora de la autoridad competente no caduca una vez transcurrido el plazo mencionado, pues para ello es necesario que dicho supuesto se hubiere previsto en la ley. Sin embargo, una nueva reflexión conlleva a apartarse del criterio de referencia, pues del análisis sistemático de los artículos 21, fracción III, 34 y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como 373, 375 y 378 del Código Federal de Procedimientos Civiles, este último de aplicación supletoria a la primera, debe establecerse que el hecho de que la autoridad sancionadora dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad no dicte resolución dentro del plazo de cuarenta y cinco días, contado a partir del desahogo de las pruebas que hubieren sido admitidas, o de su eventual ampliación hasta por un plazo igual, sí actualiza la figura de la caducidad del procedimiento y no la de prescripción. Lo anterior, porque esta última opera para el ejercicio de las acciones procesales previstas en el ordenamiento relativo, pero no para los casos en los que, iniciado el procedimiento, la autoridad sancionadora no emita su resolución dentro del plazo señalado o su eventual ampliación, lo que envuelve la inactividad procesal de la autoridad sancionadora que inició el procedimiento de responsabilidad administrativa unilateralmente y que es a quien la ley impone la obligación de emitir su resolución dentro de los plazos fijados para ello. Consecuentemente, si la autoridad administrativa sancionadora no emite su resolución dentro del plazo previsto en el artículo 21, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, contado a partir del desahogo de las pruebas que hubieren sido admitidas, se actualiza la figura de la caducidad, la cual operará de pleno derecho por el simple transcurso del tiempo (cuarenta y cinco días o su eventual ampliación) y sin necesidad de declaración, teniendo como efecto que se anulen todos los actos procesales verificados y sus consecuencias, y que en cualquier procedimiento futuro no sea posible invocar lo actuado en el proceso caduco". En virtud de lo anterior si bien en términos del invocado artículo 11 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, las excepciones extintivas deben ser resueltas en el momento en el que se les plantee, ello sólo puede realizarse dentro de un procedimiento, el cual en el caso no existe. También es infundado lo aducido en el sentido de que resulta ilógico iniciar y seguir un procedimiento administrativo para concluir con una resolución que determine que, en efecto, está prescrita la facultad sancionadora, pues -arguye- ello afecta los derechos humanos del gobernado, al vulnerar el derecho a que se determine de manera pronta y expedita una situación se genera inseguridad jurídica, y obligar al presunto infractor a esperar hasta el dictado de la resolución, cuando una cuestión de prescripción como la planteada, se puede determinar sin esperar hasta la emisión del fallo, por lo que, al no haberlo hecho así, se vulnera lo dispuesto por los preceptos constitucionales invocados. Y es infundado porque como se desprende el acto reclamado la imposibilidad de decretar la prescripción es porque no se promovió en un procedimiento determinado, de lo que se sigue que si no hay procedimiento, no hay presunto infractor, ni una conducta determinada sobre la cual pueda recaer una eventual calificación de gravedad ni datos a partir de los cuales pudiera atribuirse a la autoridad encargada de sancionarla el descubrimiento de los hechos, de ahí que el quejoso no se coloca en una estado de incertidumbre, pues el hecho de que le puedan fincar alguna responsabilidad administrativa es una mera especulación. Igualmente es infundado lo alegado en el sentido de que es incorrecto que la autoridad responsable, para los efectos del estudio de la figura jurídica de la prescripción tomara en consideración la actualización de conductas continuas e invocara la tesis de Jurisprudencia de rubro: "PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PLAZO PARA QUE OPERE INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA RESPONSABILIDAD O A PARTIR DEL MOMENTOS EN QUE ÉSTA HUBIERA CESADO, SI FUESE DE CARÁCTER CONTINUO (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DE LOS ESTADO DE CHIAPAS Y DE GUERRERO)" porque no resulta aplicable al caso, al referirse a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Púbicos del Estado de Chiapas, Guerrero, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Púbicos y Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que establecen la manera de contabilizar el plazo para que opere la prescripción para imponer sanciones a los servidores públicos; que la ley local vigente en el ejercicio fiscal de que se trata, no contempla esa figura, y menos aún la manera de contar dicho plazo, por lo que no hay razón legal para aplicar una jurisprudencia que analiza y establece un criterio, respecto de determinadas normas, que no tienen analogía alguna, con las existentes en la legislación local. No asiste la razón al quejoso porque la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán publicada en la Segunda Sección del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el jueves veintisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro -aplicable para los actos u omisiones en que hubiera incurrido en dos mil trece-, en el artículo 59 señala: "Artículo 59. Las facultades de la Contraloría General, de la Oficialía Mayor de los Poderes Legislativo y Judicial, del superior jerárquico, del Director o su equivalente o de las Presidencias Municipales, para imponer sanciones administrativas que esta Ley preve, prescribirán en seis meses, contados a partir de la fecha en que sea determinada la responsabilidad del servidor público". Por su pate, el artículo 27 de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios publicada en la Sexta Sección del Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, el martes catorce de octubre de dos mil catorce, que sería aplicable a los actos u omisiones que pudiera haber incurrido a partir de la data antes indicada, preveía: "Artículo 27. Prescripción. Las facultades para imponer las sanciones que la Ley prevé prescribirán en cinco años tratándose de infracciones graves, y en tres años en los demás casos, contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones o irregularidades, o a partir del momento en que hubieren cesado, si fueren de carácter continuo. La prescripción se interrumpirá por cada trámite que las autoridades realicen y le sea notificado al presunto responsable. En todo momento el órgano de control o el superior jerárquico podrán hacer valer la prescripción de oficio". De lo anterior se sigue que contrario a lo considerado por el quejoso, la tesis invocada por la autoridad responsable es orientadora porque interpretó disposiciones legales similares; por tanto lo alegado es infundado. Tampoco asiste razón al quejoso cuando afirma que en el presente caso, debemos remitirnos a lo establecido en los referidos artículos 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, mismos que no hacen referencia alguna a las conductas continuas; por lo que se debe entender que el plazo de prescripción inicia a partir del día siguiente al que se hubiera incurrido en la responsabilidad, porque si no existe un procedimiento, no tiene conocimiento de qué hechos o abstenciones pudieran ser sujetas de la institución de la prescripción y en su caso a partir de cuándo podría comenzar a correr el plazo. Es infundado lo aducido en el sentido de que aun en el supuesto de que se llegare a estimar que sí resulta aplicable la tesis invocada por la responsable, de cualquier manera no le asiste la razón a la misma, al considerar que únicamente en la resolución definitiva, podía determinar la procedencia de la figura jurídica de la prescripción, una vez determinada la configuración de las faltas administrativas, así como la actualización de las conductas continuas, toda vez, a la fecha de presentación del escrito petitorio, al que recayó el acuerdo que constituye el acto reclamado; la hoy responsable, tenía pleno conocimiento, de si existen o no, procedimientos instaurados en contra del quejoso; pero que, independientemente de que los haya o no, es evidente que todas aquéllas faltas presuntamente incurridas en el ejercicio fiscal dos mil trece, aunque éstas fueran continuas, cesaron a más tardar el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, así que es claro que a la fecha en que se acordó la petición mediante la que solicité se determinara la prescripción de cualquier falta incurrida en esos ejercicios, ya se había actualizado dicha figura. Lo que se afirma que es infundado porque el artículo 59, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán publicada en la Segunda Sección del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el jueves veintisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro -aplicable para los actos u omisiones en que hubiera incurrido en dos mil trece-, previene que Las facultades de la Contraloría General, de la Oficialía Mayor de los Poderes Legislativo y Judicial, del superior jerárquico, del Director o su equivalente o de las Presidencias Municipales, para imponer sanciones administrativas que esta Ley prevé, prescribirán en seis meses, contados a partir de la fecha en que sea determinada la responsabilidad del servidor público". En ese orden, mientras no se hubieran determinado las conductas u omisiones que resultaran constitutivas de alguna responsabilidad administrativa, el plazo no podría haber comenzado. En virtud de lo anterior, al resultar infundados los conceptos de violación procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 74 de la ley de amparo se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Luis Ríos Castillo en contra de los actos que reclamaron al titular de la Secretaría de la Contraloría, por las razones expuestas en el considerando tercero, de este fallo. SEGUNDO. La justicia de la Unión no Ampara ni Protege a José Luis Ríos Castillo, en contra de los actos que reclamó al Subdirector de Asuntos Jurídicos y Contenciosos y Encargado de la Dirección de Normatividad de Responsabilidades, así como al Subdirector de Responsabilidad Oficial de la dirección citada con base en lo expuesto en el último considerando de este fallo.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JOSÉ LUIS RÍOS CASTILLO. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 74 de la ley de amparo se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Luis Ríos Castillo en contra de los actos que reclamaron al titular de la Secretaría de la Contraloría, por las razones expuestas en el considerando tercero, de este fallo. SEGUNDO. La justicia de la Unión no Ampara ni Protege a José Luis Ríos Castillo, en contra de los actos que reclamó al Subdirector de Asuntos Jurídicos y Contenciosos y Encargado de la Dirección de Normatividad de Responsabilidades, así como al Subdirector de Responsabilidad Oficial de la dirección citada con base en lo expuesto en el último considerando de este fallo.
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