José Luis Puente Romo

Expediente 283/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
283/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
23/07/2019

Partes del expediente

  • José Luis Puente Romo
  • José Luis Puente Romo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de julio de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de veintisiete de junio del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio de amparo en que se actúa, promovido por José Luis Puente Romo en su carácter de apoderado legal de la empresa Productora Nacional de Papel "PONAL"; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con el Secretario Alfredo Montoya Revilla, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo V-283/2019 promovido por Productora Nacional de Papel "PRONAL", sociedad anónima de capital variable, a través de su apoderado, contra actos del Director de Impacto Social y Ocupación Superficial, dependiente de la Secretaría de Energía, con sede en la Ciudad de México, y otra autoridad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. Secretario, dé cuenta con los informes justificados que obran en autos. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por el Director General adjunto de lo Contencioso, adscrito a la Dirección General de asuntos jurídicos, e la Secretaría de Energía, en representación de la Dirección General adjunta de Evaluación de Impacto Social y Consulta Previa, con sede en la Ciudad de México. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que ofrecieron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obran en autos la documental que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda; asimismo, las diversa que la autoridad responsable adjuntó como sustento de su informe justificado; medios de convicción que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidos y desahogados en atención su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que las partes no formularon alegatos en la presente instancia constitucional. EL JUEZ: Al no tener alegatos que tener por reproducidos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número V-283/2019, promovido por Productora Nacional de Papel "PRONAL", sociedad anónima de capital variable, a través de su apoderado, contra actos del Director de Impacto Social y Ocupación Superficial, dependiente de la Secretaría de Energía, con sede en la Ciudad de México, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se impugna un acto omisivo. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en la falta de contestación al escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Director General adjunto de lo Contencioso, adscrito a la Dirección General de asuntos jurídicos, e la Secretaría de Energía, en representación de la Dirección General adjunta de Evaluación de Impacto Social y Consulta Previa, con sede en la Ciudad de México, al rendir los informes justificados correspondientes, negó la existencia del acto que le fue atribuido; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, atendiendo a que de las constancias que remitió como sustento, se desprende que al momento de presentación de la demanda no había pronunciamiento respecto a la petición alzada por la moral quejosa, sino hasta el veinticinco de abril de la presente anualidad; por tanto, la omisión atribuida a las autoridades señaladas como responsable es cierta. Documentales a las que en este acto, se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse de copias certificadas expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, quien con arreglo a la ley, goza de fe pública. CUARTO. Causal de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo; esto quiere decir, que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido con los siguientes criterios: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretaria: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335". "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos". En ese contexto, se advierte que en cuanto a la omisión reclamada en este juicio constitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". Así, de dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causal de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En ese sentido, para acreditar que se actualiza la causa de improcedencia en comento, es necesario tomar en cuenta que la aquí quejosa reclama la omisión de las autoridades responsables de proveer en relación a su petición alzada mediante escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, es decir, la transgresión al derecho de petición, reconocido por el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que mediante oficio 117.-DGISOS.373/19, de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, atendió el documento denominado "Evaluación de impacto social, para el proyecto de planta de generación de energía eléctrica a base de gas natural, en la Productora Nacional de Papel, S.A. de C.V., ubicada en ejido San Miguel, Villa de Reyes, San Luis Potosí", correspondiente al proyecto denominado "Instalación de un equipo a natural para la generación de energía eléctrica, para la empresa Productora Nacional de Papel S.A. de C.V., ubicada en ejido San Miguel, Villa de Reyes, San Luis Potosí, para reemplazar la generación continua de los equipos de generación con los que cuenta la empresa, que opera con combustóleo, quedando éstos como respaldo y con ello, dar confiabilidad al usuario en temas de eficiencia y cuidado del medio ambiente", omisión de la cual se duele la moral quejosa. En tal virtud, toda vez que la Dirección General de Impacto social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía, con sede en la Ciudad de México, se pronunció sobre la solicitud elevada por la peticionaria del amparo, destruyó los efectos de la omisión que se le reclamaba en el presente asunto, así como sus consecuencias; por lo tanto, se determina que cesaron los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 193758 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Página 38 Jurisprudencia (Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la hipótesis de improcedencia anunciada al inicio de este apartado, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. Por otro lado, dado el sentido de la presente resolución, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantean los peticionarios de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: "Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra." Cabe señalar, que en proveído de veinte de mayo del año en curso, se dio vista al promovente, para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo por lo que ve a la contestación referida en la presente determinación, en términos del octavo párrafo, del artículo 117 de la Ley de Amparo, sin que hubiera realizado manifestación al respecto; por tanto, no resulta factible analizar la constitucionalidad de la contestación aludida. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Productora Nacional de Papel "PRONAL", sociedad anónima de capital variable, a través de su apoderado, contra el acto y autoridad precisados en el resultando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo sentenció y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil diecinueve. Efectivo apercibimiento. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación secretarial de cuenta, de la que se obtiene que el término de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de veinte de mayo de la presente anualidad, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo por lo que ve al oficio 117.-DFISOS.373/19 de veinticinco de abril pasado, a la fecha ha fenecido sin que hubiese hecho manifestación al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el auto en cita y se resolverá el juicio en que se actúa tomando consideración únicamente el acto y las autoridades señaladas en el escrito inicial de demanda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia oficial concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/2830/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.Dva

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Diferimiento de la audiencia constitucional. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se obtiene que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de veinte de mayo pasado, a fin de que manifieste si es su deseo ampliar el libelo constitucional en los términos precisados en el referido acuerdo; en tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.Dva

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