José Luis Pérez Pérez
Expediente 1260/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1260/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Luis Pérez Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución con engrose treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en la que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso José Luis Pérez Pérz. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ARCHIVO. En virtud de lo anterior y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del expediente en que se actúa, por tratarse de un asunto totalmente concluido. NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL Por otra parte, con fundamento en los artículos 12 y 18 fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este asunto es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, ya que se trata de un juicio en el que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. CUADERNO ORIGINAL DE SUSPENSIÓN Con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el original del incidente de suspensión. CUADERNO DUPLICADO DE SUSPENSIÓN En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. ANOTACIONES. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, contra actos que reclama del Juez Segundo Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, recibido por este órgano jurisdiccional, el catorce de ese mes y año, ******************** acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama del Juez Segundo Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa y otra autoridad, en los términos siguientes: ACTOS RECLAMADOS.- Del Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.: La omisión en dar cumplimiento a la sentencia condenatoria dictada en el expediente ******************** ventilado en el Juzgado Segundo Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, en el que figura como demandada. Del Juez Segundo Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. El retraso de la ejecución de la sentencia. La omisión de requerir el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio ********************. La omisión de aplicar las sanciones a la demandada por la negación de dar cumplimiento a la sentencia. En ese ocurso, el quejoso narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, se formó el expediente y lo registró bajo el número ********************, y se admitió la demanda de garantías; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se impugna un acto emitido por una autoridad materialmente jurisdiccional, cuyos efectos se concretan dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal, con competencia mixta, tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La omisión de la autoridad demandada en el juicio de origen en dar cumplimiento a la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós dentro del juicio administrativo número ********************, por el Juez Segundo Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán; y, La omisión del Juez Segundo Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de actuar para dar cumplimiento a la sentencia. TERCERO. Certeza de la omisión reclamada. Del contenido de los informes justificados signados por el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo y Juez Segundo Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, se advierte la certeza de la omisión que se les atribuye. Además, la existencia de la omisión reclamada se corrobora con las constancias que la responsable exhibió en apoyo a su informe con justificación, consistentes en copias fotostáticas certificadas del juicio de origen. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. En el caso, respecto del acto reclamado precisado en primer término, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El acto reclamado de mérito, a la autoridad responsable Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, lo constituye la omisión en el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juez Segundo Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán dentro del juicio administrativo********************Ahora bien, el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos y medios de defensa que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo; de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación o de defensa, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario sui generis utilizado para invalidar los actos de las autoridades que lesionen la esfera de derechos de la parte quejosa, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios y medios de defensa previstos por las leyes respectivas. De ese modo, aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de los recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios, ya que con ello se da oportunidad al particular que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios o medios de defensa que puedan hacer cesar la violación de la que se quejan. Por ende, para tener por acreditada la causa de improcedencia en cita, es necesario que se cumplan los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado provenga de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento que pueda revocar, nulificar o modificar el acto reclamado; y, c) Que no se actualice alguno de los supuestos de excepción contenidos en dicho precepto. Al respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa por identidad de razón la jurisprudencia del siguiente contenido y datos de localización: "Época: Décima Época Registro: 2017117 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 11/2018 (10a.) Página: 8 "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". En este orden tenemos que el Código de Justicia Administrativa para el Estado de Michoacán, respecto de la ejecución de sentencias establece lo siguiente: "Artículo 284. Si dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que haya causado ejecutoria la sentencia, ésta no se cumpliere, el Tribunal de oficio o a petición de parte, hará uso de los medios de apremio previstos por este Código. Si una vez agotados los medios de apremio, persistiere el incumplimiento de la sentencia, el Tribunal podrá decretar la destitución del servidor público que la incumplió. En caso de que el incumplimiento sea realizado por una autoridad que requiera juicio de procedencia para su destitución, se procederá conforme a la ley de la materia. Las sanciones, también serán procedentes cuando no se cumplimente en sus términos la suspensión que se hubiere decretado respecto al acto impugnado". "Artículo 285. En caso de incumplimiento injustificado de la sentencia, se procederá como sigue: I. Se fijará multa de entre cien y quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días hábiles y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas en los términos de esta fracción, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada; II. Si al concluir el plazo mencionado en la fracción anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, el Tribunal podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días hábiles la obligue a cumplir sin demora; III. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por la fracción I; y, IV. Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia". De lo anterior se advierte que el periodo de ejecución de incumplimiento de la sentencia, comienza de oficio o a petición de la parte actora una vez que hayan transcurrido los quince días hábiles concedidos para que la autoridad demandada cumpla con la sentencia, asimismo que el tribunal empleará los medios de apremio previstos en la legislación, incluso que podrá decretar la destitución del servidor público que incumplió su determinación. Asimismo que en caso de cumplimiento injustificado se procederá de la siguiente manera: Se fijará una multa tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días hábiles y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. Si al concluir los tres días concedidos persiste el incumplimiento, el Tribunal requerirá a su superior jerárquico para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De seguir el incumplimiento se impondrá al superior jerárquico una multa. Cuando la naturaleza del acto lo permita la Sala podrá Comisionar al funcionario que por sus funciones estime más adecuado para que dé cumplimiento a la sentencia. Por su parte, el afectado puede ocurrir en queja de conformidad con el artículo 287 del Código de Justicia Administrativa para el Estado de Michoacán de Ocampo que establece: "Artículo 287. La queja se presentará ante el Pleno y procederá en contra de los siguientes actos: Resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia; Resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo, cuando se trate de una sentencia dictada, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso; Omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia; o, Incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado. La queja podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en la fracción III y IV, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia". Así el numeral 289 del cuerpo de leyes antes citado, prevé: "Artículo 289. El Presidente del Pleno ordenará a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días hábiles sobre el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala, la que resolverá dentro de los cinco días hábiles siguientes. Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere". De los artículos transcritos se advierte que la queja se presentará ante el Pleno, que procederá entre otros supuestos, contra la omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia. Por otro lado, del artículo 290 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, se advierte que establece que la resolución que recaiga a la queja podrá tener, entre otros efectos, que cuando se trate de una omisión, se estará a lo dispuesto por el diverso 287 del mismo ordenamiento (que establece los supuestos en que es procedente la queja), esto es, que en caso de que la autoridad persista en no dar cumplimiento se dará vista al Ministerio Público. En tanto que, en el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, el tribunal declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, y que durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. Ahora bien, en la especie el acto reclamado en el juicio de amparo en que se actúa, es la omisión atribuida a la autoridad responsable de cumplir con la sentencia definitiva dictada por el Juez Segundo Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán dentro del juicio administrativo ********************, en la cual se condenó a la autoridad demandada Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, a cubrir a la parte actora las prestaciones reclamadas. Por tanto, conforme lo relatado, permite concluir la existencia de la causa de improcedencia del juicio de amparo. Ello pues, como ya se dijo, para lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el controvertido natural, la parte quejosa debió agotar el recurso de queja previsto en el Código de Justicia Administrativa para el Estado de Michoacán, ello porque la ejecución forzosa la sentencia, como acto definitivo, no es otra cosa sino el propio efecto que produce ésta, a fin de obtener la satisfacción de la pretensión de la aquí quejosa, dado que no obtuvo el cumplimiento voluntario. Es de invocarse la tesis siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2002231 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: XI.5o.(III Región) J/1 (10a.) Página: 1071 AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE CUMPLIR UNA EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD, SI NO SE HA AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE NI DICTADO UN AUTO DONDE SE DECLARE EL CUMPLIMIENTO O LA IMPOSIBILIDAD PARA ACATARLA. Conforme al artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, puede pedirse amparo ante el Juez de Distrito si se trata de actos de ejecución de sentencia, y sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; hipótesis que no se actualiza cuando el acto reclamado lo constituye la omisión de la autoridad administrativa de cumplir una ejecutoria dictada en el juicio de nulidad, si no se ha agotado el procedimiento de ejecución correspondiente ni dictado un auto donde se declare el cumplimiento o la imposibilidad para acatarla, al no tratarse de la última resolución dictada en aquél. Por tanto, en esa hipótesis el amparo indirecto es improcedente, al operar la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII de la ley de la materia, en relación con el precepto inicialmente citado, aplicado este último a contrario sensu". De igual forma debe atenderse al contenido de la siguiente tesis: "Época: Décima Época Registro: 2019309 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II Materia(s): Común, Administrativa Tesis: I.11o.A.7 A (10a.) Página: 3020 INCUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE NULIDAD DICTADAS POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -HOY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA- DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI EL ACTOR AGOTÓ EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LA LEY QUE RIGE A ESE ÓRGANO [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 1/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 1/2012 (10a.), estableció que las dependencias públicas y sus auxiliares, demandadas ante un tribunal de lo contencioso administrativo, son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo indirecto en el que se controvierte la omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad dictada por aquél y, por ende, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I y 11, todos de la Ley de Amparo abrogada. Lo anterior, porque esa abstención se traduce en una transgresión al derecho de acceso a la justicia, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al constituir un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria. En estas condiciones, como no existe medio de defensa que proceda para impugnar la resolución del recurso de queja previsto en la ley que rige al Tribunal de lo Contencioso Administrativo -hoy de Justicia Administrativa- de la Ciudad de México, que agotó el actor ante el incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad, ni procedimiento posterior alguno que pueda tramitar para lograr que se acate el fallo dictado en su favor, contra dicho incumplimiento procede el juicio de amparo indirecto". En virtud a lo antes expuesto, es inconcuso que la parte quejosa debió impugnar el acto reclamado, a través del recurso de queja previsto en el artículo 287, fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, antes de promover el presente juicio constitucional. De ahí, al no hacerlo así, resulta obvio que incumplió con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; máxime, que el acto reclamado no se encuentra dentro de los supuestos de excepción a que se refiere dicho numeral. En consecuencia, al no haberlo realizado en esos términos, se actualiza la causa de improcedencia que para tal efecto señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica esencial, la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 2024468 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Administrativa, Común Tesis: 2a./J. 14/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 1741 Tipo: Jurisprudencia "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo". De igual forma cabe abundar que en el caso concreto no se surte alguno de los casos de excepción previstos en el trascrito artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, esto es así porque ello sólo tiene aplicación cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando el acto reclamado consista en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Apoya lo expuesto la tesis siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2017117 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 11/2018 (10a.) Página: 8 DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V de dicho ordenamiento, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo. No impide determinarlo así, el hecho de que la demanda de garantías haya sido admitida y que se hubiese seguido el trámite del presente juicio hasta culminar con la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que por ser las causales de improcedencia una cuestión de orden público deben estudiarse preferentemente en cualquier etapa del juicio, si aquéllas se encuentran plenamente probadas a través de las constancias que obran en el expediente, sea que lo aleguen o no las partes. Al decretarse el sobreseimiento no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo. Es orientador por no ser contrario a la actual Ley de Amparo, el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". QUINTO.- Antecedentes. Previo a realizar el estudio de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen. 1. ********************, promovió procedimiento Administrativo sobre nulidad del acto administrativo que generó la separación definitiva del cargo público de custodio penitenciario o velador que ostentaba. 2. El nueve de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, de la cual conoció el Juez Segundo Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. 3. El treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se dictó sentencia condenatoria, la cual fue recurrida en apelación, y el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, modificó la sentencia combatida (Fojas 455 a 504). 4. El veintisiete de octubre de dos mil veintidós, el Juez Segundo Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, tuvo al Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa, informando que se declaró firme la sentencia de alzada, por lo que requirió a la demandada Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, para que dentro del término de quince días hábiles diera cumplimiento a la sentencia (foja 511). 5. El nueve de noviembre de dos mil veintidós, el representante de la demandada exhibió ante el juez responsable un cheque, a fin de dar cumplimiento con la sentencia, cheque que aparece a nombre de ********************, por la cantidad de $457,295.56, y la leyenda: "Recibí de conformidad el presente documento", y que fue entregado al actor el quince de noviembre de dos mil veintidós, acorde al acta de entrega relativa levantada en esa data (fojas 524 a 535). 6.- El quince de noviembre de dos mil veintidós el juez responsable tuvo por exhibido el cheque exhibido por la demandada y dio vista a la parte actora, a fin de que expresara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento pretendido; apercibida que de no hacerlo, procedería a calificar el cumplimiento de sentencia (foja 532). SEXTO. Estudio de fondo respecto del acto reclamado precisado en el inciso b), del considerando segundo de esta sentencia. Este juzgado considera innecesario transcribir los conceptos de violación, debido a que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Los conceptos de violación formulados por el quejoso son infundados, por las razones que a continuación se exponen: Al Juez Segundo Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, se le atribuye el no actuar a fin de obligar a la demandada a cumplir con la sentencia dictada dentro del juicio administrativo ********************, en el cual se condenó a la autoridad demandada, Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, a cubrir a favor de la parte actora, las prestaciones reclamadas. En su único concepto de violación, el peticionario del amparo alega que la responsable viola el derecho humano a la tutela jurisdiccional efectiva establecidas por la Carta Magna, así como los principios de inmediatez y economía procesal, toda vez que la responsable retrasa la ejecución de la sentencia y no constriñe a la demandada, ni aplica las sanciones por el incumplimiento de la sentencia, permitiendo que no finalice con lo establecido en la sentencia. El anterior concepto de violación resulta como se había anunciado, infundado. Ello toda vez que contrario a lo señalado, de la narrativa de antecedentes se puede advertir que la responsable a la fecha ha observado el trámite previsto por los artículos 284, 285 y 290 del Código de Justicia Administrativa del Estado, puesto que si bien la sentencia se emitió el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, no menos lo es que fue recurrida en apelación y el veintitrés de agosto de ese año se modificó la sentencia, por lo que el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, tuvo al Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa, informando que se declaró firme la sentencia de alzada, por lo que requirió a la demandada Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, para que dentro del término de quince días hábiles diera cumplimiento a la sentencia. En cumplimento a ese requerimiento fue que el nueve de noviembre de dos mil veintidós, esto es, antes de que se presentara la demanda de amparo (once de noviembre de dos mil veintidós), el representante de la demandada exhibió ante el juez responsable un cheque a fin de dar cumplimiento con la sentencia, por lo que el quince de noviembre de dos mil veintidós el juez responsable tuvo por exhibido el cheque exhibido por la demandada y dio vista a la parte actora, a fin de que expresara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento pretendido; apercibida que de no hacerlo, procedería a calificar el cumplimiento de sentencia. Documento que fue recibido en esa data por el quejoso. Incluso con posterioridad, la demandada exhibió el diverso cheque 5118 a favor del actor, por la cantidad de $92,491.67 (noventa y dos mil cuatrocientos noventa y un mil pesos 67/100 moneda nacional) el que también fue recibido por el actor, hoy quejoso, el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós (fojas 563 y 564). En esos términos, si hasta el momento de la presentación del amparo la autoridad responsable ha actuado dentro del ámbito de sus atribuciones para lograr el cumplimiento de la sentencia, no es dable sostener que exista una conducta omisiva. Con lo anterior se pone de manifiesto lo infundado de los conceptos de violación. En consecuencia lo procedente es negar el amparo solicitado por ********************, respecto de la omisión reclamada. En la inteligencia de que en atención a la naturaleza del acto omisivo cuyos efectos son de tracto sucesivo, y a la fecha de presentación de la demanda, el presente fallo no impide que con posterioridad pueda actualizarse un diverso incumplimiento de la demandada que, de ser el caso, podría combatirse a través de los medios conducentes. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Resulta innecesario hacer pronunciamiento respecto a los alegatos del quejoso, en virtud de que ahí no se aduce la actualización de diversa hipótesis a la concluida. Ello en términos de la tesis 26/2018 consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 37, 73, 74, 107, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por ********************, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos expuestos en el cuarto considerando de esta determinación. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en contra del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable en el considerando sexto de esta sentencia, por los motivos expuestos en el mismo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza, hasta hoy treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.- Doy fe.
- Principal
Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente del juicio de amparo 1260/2022, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las doce horas con diez minutos del cuatro de enero de dos mil veintitrés, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 1260/2022 promovido por José Luis Pérez Pérez contra actos del Juez Segundo Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otra autoridad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL ENCARGADO DEL DESPACHO: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: a)Juez Segundo Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad.1 b)Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad.2 EL ENCARGADO DEL DESPACHO: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa y autoridades responsables aportaron prueba documental3 , misma que se tuvo por admitida y desahogada en atención a su propia naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo; en el entendido que, la relativa a la responsable ordenadora obra en cuaderno de pruebas por separado en la secretaría de este juzgado. 1 Foja 27 2 Foja 31 Fojas 13-17, 33-44 y 48 Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente los formuló el autorizado de la parte quejosa mediante escrito presentado el dos de enero del año en curso4 . EL ENCARGADO DEL DESPACHO: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. LUIS FELIPE SÁNCHEZ LUNA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MARBELLA JUÁREZ GARCÍA
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de enero de dos mil veintitrés. ALEGATOS Y DOCUMENTAL. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta y atento a su contenido, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene al autorizado de la parte quejosa, ofreciendo la documental que exhibe, misma que se tiene por admitida y desahogada en esta pieza procesal; asimismo, se tiene por hechas las manifestaciones que vierte en su ocurso a manera de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de todo ello en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; actuando con Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Rcl Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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