José Luis Romo Inzunza

Expediente 1243/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1243/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
18/07/2023

Partes del expediente

  • José Luis Romo Inzunza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. SE ORDENA TENER COMO INEXISTENTE Agréguese a los presentes autos la razón actuarial levantada por la Actuaria adscrita el catorce de julio de dos mil veintitrés, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para entregar el oficio 12436 dirigido a la Dirección de Técnicas de Investigación e Intervención de Comunicaciones, con sede en esta ciudad, toda vez que al constituirse en las instalaciones que ocupa la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, fue informada por personal que labora en dicha dependencia que no era posible recibir el oficio de mérito, virtud a que la autoridad a quien va dirigido, no existe en su organigrama. Sin que se estime necesario realizar mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de once de julio del año en curso causó ejecutoria la resolución que sobreseyó en el presente juicio de garantías y se ordenó su archivo por tratarse de un asunto totalmente concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.svmCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado el quince de diciembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó el presente asunto, promovido por********************por tanto, se acuerda lo siguiente. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase la devolución a la autoridad responsable Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, región Morelia, del disco compacto que contiene copia autentica de los registros de audio y video de la audiencia de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal ********************, para los efectos legales a que haya lugar. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Ahora, de la revisión de los autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro de este auto, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En otro aspecto, acorde a lo dispuesto en los artículos 12 y 18, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que el expediente en que se actúa, aun cuando no resulta de relevancia documental, es susceptible de conservar al haberse concedido la suspensión de plano al quejoso. Por lo que, una vez que se cumplan los tres años, del periodo de conservación que prevé el artículo 17 del Acuerdo General, deberá transfiéranse éste juicio de amparo a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 26, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por otra parte, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo referido, el original del cuaderno incidental es susceptible de destruirse, ya que se negó la suspensión definitiva solicitada; por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el mismo. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Finalmente, por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a) del multicitado acuerdo plenario, destrúyase el mismo una vez transcurridos seis meses a partir del presente proveído. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. SE ORDENA REENVÍO DE OFICIOS. Finalmente, como de autos se advierte, no obra acuse de recibo de los oficios 24629, 24630, 24631, 24635, dirigidos en ese orden al Fiscal General del Estado de Michoacán, Fiscal de Morelia de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Coordinador de Fiscalías de la Fiscalía General del Estado y Coordinador General de la Policía de Investigación, todos con sede en esta ciudad, mediante los cuales les fue remitida copia autorizada de la sentencia dictada en autos. En tal virtud, reenvíense los oficios correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 1243/2022, promovido por José Luis Romo Inzunza, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, región Morelia, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado diez de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el mismo día, José Luis Romo Inzunza, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, región Morelia, y otras autoridades: SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto diez de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por presentada la demanda, ordenando ratificar la demanda por la parte quejosa, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados solicitando el informe respectivo; mediante diligencia de diez de noviembre de dos mil veintidós, la parte quejosa ratificó la demanda promovida a su favor; consecuentemente, en proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto de los actos reclamados y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose la misma con el número de expediente 1243/2022; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó dar la intervención que legalmente le compete a la representante social de la Federación de esta adscripción, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, y se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos de autoridades del orden penal circunscritas al territorio sobre el que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Conforme lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", este órgano jurisdiccional precisa el acto que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, conforme la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, el cual consiste en: I. Orden de detención, retención, incomunicación, palos, azotes, tortura, orden de cateo, aseguramiento, confiscación de bienes dictada en su contra, así como su ejecución. II. Orden de aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución. TERCERO.- INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN ORDEN DE DETENCIÓN, RETENCIÓN, INCOMUNICACIÓN, PALOS, AZOTES, TORTURA, ORDEN DE CATEO, ASEGURAMIENTO, CONFISCACIÓN DE BIENES. Al rendir su informe justificado las autoridades señaladas como responsables negaron la existencia de los actos que la parte quejosa les atribuyó. Sin que el solicitante del amparo haya aportado prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa por parte de dichas autoridades señaladas como responsables ordenadoras. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguiente: Tesis: VI. 2o. J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 227634 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Página 627 Jurisprudencia (Común) "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Máxime que ante la negativa de las autoridades responsables, a la parte quejosa le correspondía la carga de la prueba, a efecto de acreditar la existencia del acto reclamado y no satisfizo tal extremo con prueba certera y eficiente. Por ilustrativa, es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 41/2001, que literalmente dice: Tesis: VI.2o.A.4 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187728 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Febrero de 2002 Página 903 Tesis Aislada (Común) "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia del acto que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, región Morelia, y Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad al rendir su respectivo informe con justificación, aceptaron parcialmente la existencia del acto que se le reclama. Por otro lado, a efecto de acreditar sus aseveraciones, las autoridades responsables remitieron copia certificada de las actuaciones realizadas dentro de la causa penal 621/2021, de las que se advierte que el veintitrés de abril de dos mil veintiuno se dictó orden de aprehensión al aquí quejoso. Asimismo, copia de la audiencia de veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, en la que se dejó sin efectos la orden de aprehensión girada en contra del aquí quejoso dictada el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, virtud a que el tres de noviembre del año en curso las partes realizaron un acuerdo reparatorio por lo que hubo un sobreseimiento total de la causa penal 621/2021. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se omitirá el análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados descritos en el considerando segundo de la presente resolución; ello, en virtud de que se advierte actualizada una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al fondo del negocio, por ser cuestión de orden público en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. La fracción XXI, del citado numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al agraviado en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al impetrante en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho humano exija. Ante las precisiones anotadas, cabe señalar que en el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir, en la la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso. Ahora, de las constancias que la responsable remitió, se advierte que mediante audiencia de veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, en la que se dejó sin efectos la orden de aprehensión girada en contra del aquí quejoso dictada el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, virtud a que el tres de noviembre del año en curso las partes realizaron un acuerdo reparatorio por lo que hubo un sobreseimiento total de la causa penal 621/2021. De ahí que, se corrobora que los efectos de la orden de aprehensión reclamada, han desaparecido totalmente, ya que la responsable en audiencia de veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, dejó sin efectos la orden de aprehensión girada en contra del aquí quejoso dictada el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, virtud a que el tres de noviembre del año en curso las partes realizaron un acuerdo reparatorio por lo que hubo un sobreseimiento total de la causa penal 621/2021, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, pues en el caso, se ha generado una situación jurídica que definitivamente destruye a la que dio motivo al amparo y se restituyó a la quejosa en el goce del derecho fundamental que estimó menoscabado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, que establece: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, que dispone: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En tal virtud, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mencionado ordenamiento legal. En las relatadas circunstancias, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por José Luis Romo Inzunza, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1243/2022, promovido por********************se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe.********************EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes.********************Secretario, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto.********************EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados recibidos con antelación y rendidos por:********************1.- FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. ********************2.- FISCAL DE MORELIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. ********************3.- COORDINACIÓN DE FISCALÍAS, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. ********************4.- UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE NARCOMENUDEO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. ********************5.- UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES DE LA COORDINACIÓN DE FISCALÍAS, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. ********************6.- DIRECCIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES DE LA FSICALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. ********************7.- COORDINADOR GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN.********************8.- DIRECCIÓN DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. ********************9.- DIRECTOR DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA DE MORELIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. ********************Por otra parte, se hace constar que la diversa autoridad responsable Jueces de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, no rindieron su informe previo a pesar de habérseles notificado legalmente como se aprecia de la constancia respectiva. ********************También se asienta que mediante auto de veintiocho de noviembre de la presente anualidad, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifestara lo que a su interés conviniera en torno a la inexistencia de las autoridades responsables: Director de la Policía de Investigación y Director de Aprehensiones de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía de Morelia, ambos con sede en esta ciudad; plazo que transcurrió del siete al nueve de diciembre del año que corre, sin que nada haya manifestado al respecto.********************EL JUEZ: Dichos informes se recibieron en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos.********************Por otra parte, la omisión de la diversa autoridad responsable Jueces de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, de rendir su informe previo, daría lugar a presumir ciertos los actos reclamados.********************Sin embargo, en el juicio de amparo de donde deriva esta incidencia obra el informe justificado rendido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, del cual se advierte que niega la existencia de los actos que le fueron demandados.********************Para corroborar lo anterior se ordena anexar al presente cuaderno incidental copia certificada del informe justificado de que se trata y acuerdo que recayó. ********************Por último, como la parte quejosa nada manifestó en torno a las autoridades inexistentes, se ordena cancelar todo tipo de comunicación legal con las mismas, ya que no forman parte de la presente litis.********************Enseguida, se declara abierto el período probatorio. ********************EL SECRETARIO: Hace constar que las autoridades responsables UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES DE LA COORDINACIÓN DE FISCALÍAS, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN y DIRECCIÓN DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, al rendir sus informe previos ofrecieron diversas documentales como medios de prueba, las que fueron admitidas y desahogadas en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo. ********************EL JUEZ: Al no obrar otras pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos.********************Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes.********************EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. ********************EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar.********************Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. ********************Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión VII- 1243/2022; y,********************R E S U L T A N D O:********************PRIMERO. Por escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, remitido a este órgano jurisdiccional ese mismo día, por razón de turno,********************solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado.********************SEGUNDO. Mediante proveído de catorce de noviembre de la presente anualidad, este órgano jurisdiccional negó y concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y,********************C O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo.********************SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo los siguientes actos: ********************Orden de cateo, aseguramiento, confiscación de bienes, orden de aprehensión y/o detención fuera de procedimiento judicial.********************Cabe precisar que en auto de diez de noviembre pasado, dictado en el juicio de amparo principal, se concedió la suspensión de oficio y de plano respecto de los actos reclamados consistentes en actos de incomunicación prohibidos por el artículo 22 Constitucional, palos, azotes y tortura; por lo que en esta resolución únicamente se analizará lo relativo a los demás actos. ********************TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De los informes previos rendidos por las responsables: 1. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 2. FISCAL DE MORELIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 3. COORDINACIÓN DE FISCALÍAS, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 4. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE NARCOMENUDEO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 5. UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES DE LA COORDINACIÓN DE FISCALÍAS, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 6. DIRECCIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES DE LA FSICALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 7. COORDINADOR GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 8. DIRECCIÓN DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN; y, 9. DIRECTOR DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA DE MORELIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN; se advierte que niegan la existencia de los actos demandados.********************Por su parte del informe justificado rendido por el Juez de Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, del cual se ordenó agregar copia y acuerdo respectivo, se advierte que niega la existencia de los actos que le fueron demandados.********************Por su parte, el quejoso no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas, por lo que SE NIEGA la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada en contra de los referidos actos a las autoridades citadas, por resultar inexistentes.********************Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la siguiente literalidad: ********************"Época: Octava Época********************Registro: 231469********************Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito********************Tipo de Tesis: Aislada********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación********************Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988********************Materia(s): Común********************Tesis:********************Página: 356 ********************"INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos."****************************************En efecto, ante la negativa de las autoridades responsables en cita, sobre la existencia del acto reclamado, sin que el promovente del amparo haya ofertado prueba alguna para desvirtuar dicha aseveración, es indudable que cobra firmeza el contenido de su informe previo y, en consecuencia, lo procedente es negar la medida suspensional solicitada por lo que ve a las referidas autoridades, toda vez que no hay materia sobre qué decretarla. ********************Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que enseguida se transcribe:********************"Época: Novena Época********************Registro: 204855********************Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito********************Tipo de Tesis: Jurisprudencia********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su********************Gaceta********************Tomo II, Julio de 1995********************Materia(s): Común********************Tesis: VI.2o. J/19********************Página: 133********************INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario."****************************************Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal.********************Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor.********************Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve;********************ÚNICO. SE NIEGA a********************la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, por los motivos precisados en el considerando tercero de la presente resolución.********************NOTIFÍQUESE.******************** Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

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