José Luis Montaño Hernández
Expediente 264/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 264/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- José Luis Montaño Hernández
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en razón de que la parte promovente no recurrió el auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Radicación y creación del expediente. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovida aparentemente por ***************; fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno relativo; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 264/2021 e intégrese expediente electrónico. II. Decisión sobre la instancia constitucional. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá. El artículo 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación gramatical de esta disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En el presente caso, la demanda de amparo fue recibida vía electrónica; sin embargo, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), corresponde a Juan Manuel Valdez Estrada y no al quejoso José Luis Montaño Hernández. Sin que en el caso, pueda advertirse la representación de Juan Manuel Valdez Estrada, como apoderado legal del quejoso, sino como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que en el juicio de amparo la cuestión de la personalidad es un requisito de procedibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley de Amparo; por lo que, al no contener el escrito de demanda la firma electrónica del titular de la acción de amparo, no puede considerarse extensiva la voluntad de éste con la firma electrónica de quien refiere, sin acreditarlo, tener poder legal para instar el juicio constitucional en su representación. Además, como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia P./J. 32/2018, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE.", no existe una razón legal para otorgar un tratamiento distinto a la demanda de amparo presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación firmada con la FIREL de quien refiere representar al quejoso, en comparación con una demanda de amparo presentada por escrito y firmada por un apoderado de la parte quejosa, pues en ambos casos, al concurrir las mismas circunstancias -demandas de amparo con firma autógrafa y/o electrónica de quien refiere tener poder legal o representar al quejoso-, debe acreditar tener dicha representación. Además, si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, es una "opción" para el promovente el presentar su escrito de demanda en forma impresa o electrónicamente (como facilidad procesal), debe tomar en consideración que si decide hacerlo electrónicamente, es requisito sine qua non que lo haga mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su firma electrónica (FIREL) o bien la de quien legalmente lo represente y éste último acreditar dicha circunstancia en términos del numeral 11 de la Ley de Amparo, de lo contrario, carece de legitimación para signar con su propia FIREL una demanda de amparo presentada vía electrónica a favor de quien no expresa su voluntad que lo represente. Encuentra apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia y tesis sustentadas, respectivamente, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE DIVERSA PERSONA FÍSICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL). Acorde con el artículo 3o. de la Ley de Amparo es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada. En tal virtud, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica "FIREL"; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado especial, es necesario que acompañe copia digitalizada del documento que acredita que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013, y adjuntarlo al escrito relativo, pues se presume que dicho documento anexo, vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del propio documento impreso, al haber sido ingresado al sistema en uso del certificado digital "FIREL", por lo que produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en términos del artículo 10 de la ley de la materia, el cual establece que en los casos no previstos por dicha legislación, la personalidad se acreditará en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emana el acto reclamado; además, de estimar lo contrario, se impediría a la quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión." (Jurisprudencia III.4o.T. J/5 (10a.), correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, septiembre de 2017, Tomo III, página 1729, registro 2015060). "JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL). SI LA DEMANDA LA SUSCRIBE EL REPRESENTANTE O APODERADO DEL QUEJOSO, DEBE ACREDITARSE FEHACIENTEMENTE ESE CARÁCTER. De la interpretación armónica de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3o. y 6o., primer párrafo, de la Ley de Amparo, así como de los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2013 y 9 de diciembre de 2015, respectivamente, se colige que el juicio de amparo puede promoverse vía electrónica, a través de las tecnologías de la información, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), ya sea por el quejoso, por su propio derecho, o bien, por quien ostente su representación. Así, en el segundo supuesto, no basta ser titular de la firma electrónica certificada con la que se suscriba la demanda para estimar satisfecho el principio de instancia de parte agraviada, sino que es indispensable, además, acreditar fehacientemente el carácter de representante o apoderado con que se actúa pues, por una parte, en los acuerdos citados se establece que el registro de cada usuario en el sistema constituye un trámite personal que, en ningún caso, podrá hacerse en nombre de otro -lo que implica que la firma electrónica certificada es personal e intransferible- y, por otra, aun cuando el artículo 11 de la Ley de Amparo faculta a quien afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, para actuar en el juicio en nombre del quejoso o del tercero interesado, debe acreditarse plenamente el carácter de representante o apoderado de la persona en nombre de quien se promueve." (Tesis I.1o.A.38 K (10a.), correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de 2018, Tomo III, página 2871, registro 2017553). De tal manera que si se arriba a la convicción de que no basta ser titular de la firma electrónica certificada con la que se suscriba la demanda para estimar satisfecho el principio de instancia de parte agraviada, sino que es indispensable, además, acreditar fehacientemente el carácter de representante o apoderado con que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en el citado numeral 11 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido para este Juzgador, el hecho de que en el escrito de demanda se narre que el directo quejoso José Luis Montaño Hernández, es una persona de edad avanzada y que fue diagnosticado con síndrome demencial tipo demencia cortical en fase FAST 4 y GDS 5, lo que se dice acreditar con las copias simples del acta de nacimiento número 169 y de la constancia médica de dieciséis de marzo del año en curso, emitida por el Médico Internista y Geriatra Doctor Rubén Morales Aguilar, en la que se dice que el quejoso no es apto para la toma de decisiones. Sin embargo, lo expuesto no es motivo suficiente para admitir a trámite la demanda de amparo que nos ocupa, pues si bien se presume con las documentales que se adjuntan al ocurso que se provee, que el quejoso no cuenta con capacidad para tomar decisiones por sí mismo y por tanto con capacidad jurídica, lo cierto es que el que debió acudir a esta instancia constitucional a pedir el amparo, es, en todo caso, su tutor, representante o apoderado legal, que así lo acredite con documental idónea, actual y fehaciente. Lo que en el caso no acontece, pues la persona que acude a esta instancia, es decir, Juan Manuel Valdez Estrada, no acredita, ni de manera indiciaria, que sea el tutor, representante o apoderado del directo quejoso, por lo cual no se puede tenerse por acreditada la voluntad de José Luis Montaño Hernández para promover el amparo indirecto que nos ocupa, con lo que no se cumple con el requisito de instancia de parte que al efecto rige el mencionado juicio. Por tanto, ante la causa evidente e indudable de improcedencia en mención, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. III. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: a) Autorizados. Téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Manuel Alonso Romo Rivera y Juan Manuel Valdez Estrada, en razón a que de la certificación de cuenta se advierte que sus cédulas profesionales cuenta con el registro respectivo. Autorización para la consulta del expediente electrónico y notificación electrónica. Ahora, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza para consultar vía electrónica, así como para recibir notificaciones electrónicas al usuario "juanvaldez", del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo; en consecuencia, se comisiona al Secretario encargado del trámite del presente asunto, para que realice las gestiones necesarias para tales efectos. En el entendido de que, al solicitar ser notificado de manera electrónica, no puede aceptarse que exista un domicilio convencional para esos fines en su escrito de demanda y, por otro parte, adopte como vía de notificación la electrónica, es decir, no puede subsistir el domicilio procesal "convencional" señalado en la demanda. De ahí que se tiene solo como vía de notificación la electrónica. c) Medio de comunicación no procesal. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se tiene al quejoso señalando como tal, los siguientes: juan.manuel.valdez.e@gmail.com y manuelromo.abogado@gmail.com. IV. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. V. Medida de mitigación de riesgos. En el entendido de que subsisten las medidas de mitigación del riesgo para el personal de este órgano jurisdiccional y de las partes, que en su caso, se hayan adoptado durante la contingencia, así como las medidas especiales de operatividad relativas a la habilitación actuarial de notificaciones por correo electrónico a las autoridades responsables y comunicación telefónica, siempre y cuando no depare perjuicios procesales. VI. Se exhorta a las partes a hacer uso del juicio en línea. Con Fundamento en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que hagan uso del juicio en línea, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ juicioenlinea), para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. Asimismo, se conmina a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones. VII. Habilitación de comunicación telefónica a la actuaría. Además, en el caso de que se ordene una notificación personal, se autoriza al actuario que corresponda, para entablar comunicación a través de los medios de comunicación que tenga a su alcance [correo electrónico o vía telefónica], con el fin de coordinar la diligencia de notificación personal en un día y hora específico. Diligencia que se atenderá con las medidas sanitarias que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia originada por el virus causante del COVID-19. Lo anterior a fin de mitigar el riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de las partes y únicamente por el periodo que dure la citada contingencia. VIII. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Atento a lo anterior, y en atención a la solicitud que realiza el promovente, relativa a la oposición de la publicación de los datos personales, se le tienen por hechas las manifestaciones que realiza. Notifíquese en términos de Ley y dentro del plazo legal.
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