José Luis Manjarrez Rito

Expediente 886/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
886/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
09/02/2018

Partes del expediente

  • José Luis Manjarrez Rito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, nueve de febrero de dos mil dieciocho. Autoridades acusan recibo. Se tienen por recibidos oficios sin números, firmado por el Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje y Actuarios Primero y Segundo adscritos a dicho Tribunal Laboral, con sede en esta ciudad, mediante los cuales acusan recibo de los diversos 1465/2018, 1466/2018, 1467/2018, 3106/2018, 3107/2018 y 3108/2018, por los cuales se les remitió copia de la sentencia y ejecutoria, dictados en el presente juicio de amparo el quince de enero y uno de febrero de dos mil dieciocho. En consecuencia, agréguense a los autos los oficios de cuenta para que surtan los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, uno de febrero de dos mil dieciocho. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Devolución de constancias. Por resultar innecesaria la retención de las constancias allegadas al presente juicio de amparo, remítanse a su lugar de origen, es decir, al Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, las cuales constan en un cuaderno auxiliar por separado. Notifíquese.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 886/2017, promovido por José Luis Manjarrez Rito, contra actos del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este juzgado, José Luis Manjarrez Rito, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y contra las siguientes autoridades: Autoridades responsables: Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Actuario Primero adscrito al Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Actuario Segundo adscrito al Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Actos reclamados: La dilación en la continuación de todas y cada una de las etapas en el juicio laboral 25/2017, del índice del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, con sede en esta ciudad. La falta de pronunciarse respecto al emplazamiento de la parte demandada Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, C.T.M., en el juicio de origen, así como llevar a cabo la diligencia respectiva. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo propuesta, a la que le correspondió el expediente 886/2017, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe con justificación, se ordenó dar vista al Representante Social de la adscripción, quien no formuló pedimento; asimismo, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, a la cual se dio inicio en los términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Distrito en el Estado de Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad a lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, en relación con los diversos preceptos 33, 35, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo, así como con los diversos 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda y de la totalidad de las constancias existente en el presente sumario constitucional, se advierte que los actos reclamados consisten en: La dilación en la continuación de todas y cada una de las etapas en el juicio laboral 25/2017, del índice del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, con sede en esta ciudad. La falta de pronunciarse respecto al emplazamiento de la parte demandada Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, C.T.M., en el juicio de origen, así como llevar a cabo la diligencia respectiva. TERCERO. Debe tenerse por inexistente el acto reclamado consistente en la omisión de dictar la orden de emplazamiento al sindicato demandado en el juicio laboral de origen, toda vez que de las constancias que remitieron las autoridades responsables, se advierte que el auto que contiene la orden cuya omisión se reclama, fue dictado el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete; de ahí que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, (catorce de noviembre de dos mil diecisiete), dicho acto era inexistente. Es importante destacar que la existencia de los actos debe ser analizada atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues, de otra manera, la sentencia se tendría que ocupar de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época Registro 206346 Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia (Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, respecto de tales actos y autoridades, dada su inexistencia. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos diversos que se atribuyen al Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, así como los Actuarios Primero y Segundo adscritos a dicho Tribunal, con sede en esta ciudad, no obstante que en su informe con justificación nieguen la certeza de los mismos, dado que del contenido del propio comunicado oficial, se advierte la existencia de los actos que se les reclaman. Certeza que se encuentra corroborada con las documentales allegadas con su informe, a las que se les confiere valor probatorio pleno, en virtud de haber sido expedidas por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Causas de sobreseimiento. Examinada la existencia de los actos reclamados se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, es pertinente señalar que la improcedencia del juicio de amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si la omisión reclamada por la quejosa es constitucional. Así, este Juzgado de Distrito advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXllI, en relación con el numeral 77, fracción ll, ambos de la Ley de Amparo, por cuanto hace a la dilación precisada en el punto 1, del considerando segundo. Lo anterior, tomando en consideración lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013, en la que abandonó su propio criterio emitido en la jurisprudencia 2a. 45/2007, y determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional cuando se declara la dilación en el trámite de un juicio laboral, deben delimitarse en función del acto reclamado y de acuerdo a la etapa procedimental en la que éste se sitúa dentro del procedimiento laboral. Apoya lo expuesto, la tesis 2a. CV/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Registro 2005150 Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Pag. 732 Tesis Aislada (Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Bajo esa óptica, la dilación específica que reclama la parte quejosa, materia del presente considerando, consiste en la dilación de llevar a cabo el procedimiento del juicio de origen dentro de los plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, los efectos restitutorios de una eventual sentencia concesoria del amparo, en términos del artículo 77, fracción ll, de la ley de la materia, serían obligar al Tribunal responsable a que realice las actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. Empero, toda vez que, conforme lo establece la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013, los alcances por los que se llegara a otorgar la protección constitucional deben delimitarse en función de determinado acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, y no a las etapas subsecuentes del mismo. En ese contexto, las consideraciones antes apuntadas evidencian la actualización de una imposibilidad material y jurídica de cristalizar los efectos restitutorios del juicio de amparo, toda vez que, acorde al criterio contenido en la tesis en cita, no sería posible obligar al Tribunal responsable, de forma genérica, que lleve a cabo actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. Tiene aplicación por las razones que la informan, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Tesis: P./J. 90/97 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Registro 197245 Pleno Tomo VI, Diciembre de 1997 Pag. 9 Jurisprudencia (Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Cabe reiterar que la causa de improcedencia decretada, opera en función de que en términos de la tesis 2a. CV/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que abandonó la jurisprudencia 2a./J 45/2007, los efectos restitutorios del amparo en casos como el presente, se limitan a la etapa procesal en la que se ubica la dilación atribuida a la responsable, esto es, no se hacen extensivos a las etapas subsecuentes del procedimiento laboral. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio respecto a la dilación genérica atribuida al Tribunal responsable precisada en el punto 1, del considerando segundo de este fallo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con los numerales 61, fracción XXIlI y 77, fracción ll, todos de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto del acto precisado en el punto 2 del considerando segundo, consistente en la falta de emplazamiento al sindicato demandado en el juicio laboral 25/2017, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" Lo anterior es así, toda vez que de las constancias existentes en autos, previamente valoradas, se advierte que el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, se emplazó al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, C.T.M. demandado Luego, del contexto de la demanda de amparo se advierte que la quejosa acude a esta vía constitucional en reclamo de la falta de emplazamiento a la parte demandada en el juicio laboral 25/2017; por tanto, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo el emplazamiento respectivo. En mérito de lo anterior, es innegable que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, pues la autoridad responsable remitió copia certificada de los emplazamientos respectivos, por lo que la omisión impugnada ha dejado de existir y, en esa medida, el presente juicio de amparo deviene improcedente respecto del acto aquí analizado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por consiguiente, al materializarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio constitucional en que se actúa, respecto de tal acto y autoridad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por José Luis Manjarrez Rito, respecto de los actos de autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Andrea García Arellano, Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, encargada del despacho por vacaciones del Titular, autorizada en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, concedida en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/6019/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial, ante Omar Auseigesd Benítez Olmos, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, catorce de diciembre de dos mil diecisiete. Relación del estado procesal que guardan los autos. Revisado el estado procesal de autos, y la certificación que antecede, se advierte que, el once de diciembre de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por los Integrantes del Tribunal Municipal de Conciliación Arbitraje, con sede en esta ciudad, así como los Actuarios Primero y Segundo adscritos a dicho Tribunal, con su informe justificado; por lo que, a la fecha señalada para la audiencia constitucional, las partes, no podrán imponerse del contenido de éstas, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación sobre el particular, la jurisprudencia siguiente: "Novena Época Registro: 191995 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2000 Página: 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Asimismo, se advierte que aún se encuentra en proceso de notificación el proveído de once de diciembre del año en curso, donde se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Mazatlán, C.T.M.. Diferimiento. Consecuentemente, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL QUINCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración. Notifíquese.

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