José Luis Manjarrez Rito

Expediente 116/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
116/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
28/10/2019

Partes del expediente

  • José Luis Manjarrez Rito
  • SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN, C.T.M, CON SEDE EN ESTA CIUDAD y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. I. Estado procesal de autos Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término otorgado a las partes, sin que hubieran realizado manifestación alguna respecto a la vista que se les otorgó en proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para los efectos del artículo 201, fracciones I y II de la Ley de Amparo. II. Se declara consentida la determinación del fallo. En consecuencia, se tiene a las partes por conforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. III. Se ordena archivo material. Como fue ordenado en auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, y con apoyo en el artículo 214 de la citada Ley, interpretado a contrario sensu, una vez que se encuentre debidamente integrado, se ordena remitir físicamente el presente juicio de amparo, al archivo definitivo de este Juzgado, para su debido resguardo. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Relación del estado procesal de autos y efectivo apercibimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a las partes quejosa y tercera interesada en proveído de seis de septiembre de dos mil diecinueve, para que desahogaran la vista sobre el cumplimiento que afirmó dar la autoridad responsable. En consecuencia, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo y con base en las documentales existentes en el presente sumario. Efectos del fallo protector. En sentencia de trece de mayo de dos mil diecinueve, se concedió la protección constitucional, la cual causó ejecutoria el cinco de junio del año en curso, para los siguientes efectos: "[.] Dicte un acuerdo en el que señale fecha cercana, para la continuación del desahogo de la audiencia de conciliación, arbitraje, recepción de pruebas, alegatos y resolución, en el que realice las prevenciones correspondientes a las partes para que se lleve a cabo la misma, dentro del expediente laboral TMCA-025/2017, sin posibilidad de señalar fechas diversas para cada prueba. En la inteligencia de que, si al momento en que cause ejecutoria esta sentencia (fecha desconocida), no se logre el desahogo de alguna prueba; la responsable debe agrupar todo aquel medio de convicción pendiente para que, en breve término, dentro del plazo legal sea desahogada. [.]" Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, a las cuales se les concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que realizó lo siguiente: El Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficios de doce de junio, diecinueve de julio, veinte y veintiocho de agosto así como cuatro de septiembre del presente año, respectivamente, remitió copias certificadas de acuerdos emitidos dentro del expediente laboral TMCA-025/2017, donde se advierte el desahogo de diversas probanzas, consistentes en: Pruebas ofrecidas por el quejoso José Luis Manjarrez Rito: Confesional por hechos propios. A cargo de Fernando Pucheta Sánchez de catorce de agosto de dos mil diecinueve. (Declarada desierta fojas 202 y 203). A cargo de Elsa Isela Bojorquez Mascareño, de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. (Desahogada, fojas 219 a 220). A cargo de José Ramón Gómez Mendoza de diecinueve de julio de dos mil diecinueve. (Desahogada fojas 172 y 173). A cargo de Juan Francisco de los Santos Peraza de doce de julio de dos mil diecinueve. (Declarada desierta fojas 165 y 166). A cargo de Mylai Quintero Beltrán de trece de agosto de dos mil diecinueve. (Declarada desierta fojas 199 y 200). A cargo de Jesús Osuna Lamarque de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. (Desahogada fojas 111 y 112). Testimoniales. A cargo de José Francisco Bermúdez Lizárraga, de cuatro de julio de dos mil diecinueve. (Declarada desierta fojas 153 a 154). A cargo de Jesús Antonio Bermúdez Lizárraga de cuatro de julio de dos mil diecinueve. (Declarada desierta fojas 153 y 154). A cargo de Diana Guadalupe Osuna Olivas, de cuatro de julio de dos mil diecinueve. (Declarada desierta fojas 153 y 154). Pruebas ofrecidas por el tercero interesado Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa: Ratificación de contenido y firma ad cautelam. A cargo del quejoso José Luis Manjarrez Rito de veinte de marzo de dos mil diecinueve. (Desahogada foja 68). Cotejo o compulsa ad cautelam de nueve de octubre de dos mil dieciocho. (Desahogada foja 62). Testimoniales. A cargo de Rodolfo Landeros Higuera, de diez de julio de dos mil diecinueve. (Declarada desierta foja 156). A cargo de Rodolfo Lizárraga Cruz, de diez de julio de dos mil diecinueve. (Declarada desierta foja 156). A cargo de Juan Carlos Peinado Tolosa, de diez de julio de dos mil diecinueve. (Declarada desierta foja 156). Inspección ocular de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. (Desahogada foja 69) Pruebas ofrecidas por el tercero interesado Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, C.T.M.: Testimoniales. A cargo de Rodolfo Landeros Higuera, de nueve de agosto de dos mil diecinueve. (Declarada desierta foja 191). A cargo de Rodolfo Lizárraga Cruz, de diez de julio de dos mil dieciocho. (Declarada desierta fojas 159 a 161). A cargo de Juan Carlos Peinado Tolosa, de nueve de agosto de dos mil diecinueve. (Declarada desierta foja 191). Confesional. A cargo de José Luis Manjarrez Rito, de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (Desahogada foja 70). Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. De la anterior relación, se aprecia que la autoridad responsable, atendió a los efectos de la sentencia de amparo; de ahí que lo procedente es tener por cumplido el referido fallo protector dado que desahogó la audiencia de conciliación, arbitraje, recepción de pruebas, alegatos y resolución, en el que realizó las prevenciones correspondientes a las partes para que se llevaran a cabo las mismas, dentro del expediente laboral TMCA-025/2017. No se pasa por alto el hecho de que, contrariamente a los efectos del amparo, la responsable sí fijó fechas diversas para el desahogo de casi la totalidad de las pruebas, excusándose en la carga de trabajo (fojas 54 y 55). En el panorama internacional, el criterio referente al comportamiento de los tribunales, entre ellas, la insuficiencia, la abrumadora carga de trabajo -como en el caso- e incluso la complejidad del régimen procedimental, es un elemento más a considerar para establecer cuál es desempeño esperado del tribunal en la solución sería de los conflictos que se le someten. Los tribunales municipales de conciliación y arbitraje, y en general todos los órganos jurisdiccionales del país, no establecen unilateralmente su forma de organización ni mucho menos el presupuesto con el que cuentan, sino que son otros órganos del Estado los que influyen de manera determinante en la funcionalidad operativa de dicha autoridad, por lo que no se puede considerar el argumento de la carga de trabajo como una "excusa" para incumplir sus obligaciones -como sí ocurre en la esfera internacional-, sino como un criterio adicional relevante para conocer el rendimiento de determinado órgano jurisdiccional. Paralelo a ello, este juzgador estima desacertado pasar por alto las condiciones adecuadas de servicio que deben gozar los operadores de justicia como lo es el personal de los tribunales de conciliación y arbitraje, por ejemplo, la cantidad de impresoras para el tribunal, la papelería suficiente y el funcionamiento de las computadoras que emplean. Tal y como ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la provisión de los elementos materiales y humanos adecuados en los puestos de trabajo de los operadores de justicia fortalece su actuación independiente, pues al conocer éstos que cuentan con las condiciones adecuadas para realizar efectivamente sus funciones, se fortalece que no sean objeto de presiones o de corrupción, a diferencia de cuando reconocen de antemano que no podrían realizar sus funciones de manera efectiva por no contar con tales recursos. En el caso, en esta etapa de ejecución de sentencia, el tribunal de conciliación y arbitraje alegó la "carga de trabajo" con base en "la agenda"; sin embargo, no justificó el impedimento técnico o humano que ello representa o podía representar, por ejemplo, el hecho de que únicamente cuenta con cierto número de profesionistas laborando en el tribunal (secretarias de acuerdos, actuarios, conciliadoras, auxiliares, etcétera), pero sobre todo quienes y como administran la calendarización del desahogo de las pruebas. Sin embargo, excepcionalmente se considera que la diferencia de fechas no incidió de manera relevante en la situación jurídica de la quejosa, resultando suficiente que la reprogramación corriera con más diligencia [diferencia de días] y no como se evidenció en la sentencia [diferencia de meses], esto es, los medios pendientes no se desahogaron en el plazo legal [en una sola diligencia], pero sí en un tiempo breve; lo que se robustece con la circunstancia de que la quejosa nada dijo en la vista concedida al respecto; considerar lo contrario no tendría algún efecto práctico. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente. Orden de depuración o destrucción. En cumplimiento al Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos XX y XXI, en el que se establecen los lineamientos para depuración y destrucción de los juicios de amparo se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, bajo los lineamientos precisados en la fracción IV del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General en cita, toda vez que se concedió el amparo de la Justicia Federal. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. De conformidad con el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Vista a las partes. Dese vista a las partes por el término de quince días, para los efectos que establece el artículo 201, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; en el entendido que una vez que transcurra el mismo, sin manifestación alguna, ésta determinación se tendrá por consentida y con base en el dispositivo 214 de la ley de la materia, se remitirá materialmente este juicio al archivo definitivo como asunto concluido. Notifíquese.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Relación del estado procesal de autos y efectivo apercibimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a las partes quejosa y tercera interesada en proveído de seis de septiembre de dos mil diecinueve, para que desahogaran la vista sobre el cumplimiento que afirmó dar la autoridad responsable. En consecuencia, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo y con base en las documentales existentes en el presente sumario. Efectos del fallo protector. En sentencia de trece de mayo de dos mil diecinueve, se concedió la protección constitucional, la cual causó ejecutoria el cinco de junio del año en curso, para los siguientes efectos: "[.] Dicte un acuerdo en el que señale fecha cercana, para la continuación del desahogo de la audiencia de conciliación, arbitraje, recepción de pruebas, alegatos y resolución, en el que realice las prevenciones correspondientes a las partes para que se lleve a cabo la misma, dentro del expediente laboral TMCA-025/2017, sin posibilidad de señalar fechas diversas para cada prueba. En la inteligencia de que, si al momento en que cause ejecutoria esta sentencia (fecha desconocida), no se logre el desahogo de alguna prueba; la responsable debe agrupar todo aquel medio de convicción pendiente para que, en breve término, dentro del plazo legal sea desahogada. [.]" Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, a las cuales se les concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que realizó lo siguiente: El Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficios de doce de junio, diecinueve de julio, veinte y veintiocho de agosto así como cuatro de septiembre del presente año, respectivamente, remitió copias certificadas de acuerdos emitidos dentro del expediente laboral TMCA-025/2017, donde se advierte el desahogo de diversas probanzas, consistentes en: Pruebas ofrecidas por el quejoso José Luis Manjarrez Rito: Confesional por hechos propios. A cargo de Fernando Pucheta Sánchez de catorce de agosto de dos mil diecinueve. (Declarada desierta fojas 202 y 203). A cargo de Elsa Isela Bojorquez Mascareño, de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. (Desahogada, fojas 219 a 220). A cargo de José Ramón Gómez Mendoza de diecinueve de julio de dos mil diecinueve. (Desahogada fojas 172 y 173). A cargo de Juan Francisco de los Santos Peraza de doce de julio de dos mil diecinueve. (Declarada desierta fojas 165 y 166). A cargo de Mylai Quintero Beltrán de trece de agosto de dos mil diecinueve. (Declarada desierta fojas 199 y 200). A cargo de Jesús Osuna Lamarque de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. (Desahogada fojas 111 y 112). Testimoniales. A cargo de José Francisco Bermúdez Lizárraga, de cuatro de julio de dos mil diecinueve. (Declarada desierta fojas 153 a 154). A cargo de Jesús Antonio Bermúdez Lizárraga de cuatro de julio de dos mil diecinueve. (Declarada desierta fojas 153 y 154). A cargo de Diana Guadalupe Osuna Olivas, de cuatro de julio de dos mil diecinueve. (Declarada desierta fojas 153 y 154). Pruebas ofrecidas por el tercero interesado Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa: Ratificación de contenido y firma ad cautelam. A cargo del quejoso José Luis Manjarrez Rito de veinte de marzo de dos mil diecinueve. (Desahogada foja 68). Cotejo o compulsa ad cautelam de nueve de octubre de dos mil dieciocho. (Desahogada foja 62). Testimoniales. A cargo de Rodolfo Landeros Higuera, de diez de julio de dos mil diecinueve. (Declarada desierta foja 156). A cargo de Rodolfo Lizárraga Cruz, de diez de julio de dos mil diecinueve. (Declarada desierta foja 156). A cargo de Juan Carlos Peinado Tolosa, de diez de julio de dos mil diecinueve. (Declarada desierta foja 156). Inspección ocular de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. (Desahogada foja 69) Pruebas ofrecidas por el tercero interesado Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, C.T.M.: Testimoniales. A cargo de Rodolfo Landeros Higuera, de nueve de agosto de dos mil diecinueve. (Declarada desierta foja 191). A cargo de Rodolfo Lizárraga Cruz, de diez de julio de dos mil dieciocho. (Declarada desierta fojas 159 a 161). A cargo de Juan Carlos Peinado Tolosa, de nueve de agosto de dos mil diecinueve. (Declarada desierta foja 191). Confesional. A cargo de José Luis Manjarrez Rito, de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (Desahogada foja 70). Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. De la anterior relación, se aprecia que la autoridad responsable, atendió a los efectos de la sentencia de amparo; de ahí que lo procedente es tener por cumplido el referido fallo protector dado que desahogó la audiencia de conciliación, arbitraje, recepción de pruebas, alegatos y resolución, en el que realizó las prevenciones correspondientes a las partes para que se llevaran a cabo las mismas, dentro del expediente laboral TMCA-025/2017. No se pasa por alto el hecho de que, contrariamente a los efectos del amparo, la responsable sí fijó fechas diversas para el desahogo de casi la totalidad de las pruebas, excusándose en la carga de trabajo (fojas 54 y 55). En el panorama internacional, el criterio referente al comportamiento de los tribunales, entre ellas, la insuficiencia, la abrumadora carga de trabajo -como en el caso- e incluso la complejidad del régimen procedimental, es un elemento más a considerar para establecer cuál es desempeño esperado del tribunal en la solución sería de los conflictos que se le someten. Los tribunales municipales de conciliación y arbitraje, y en general todos los órganos jurisdiccionales del país, no establecen unilateralmente su forma de organización ni mucho menos el presupuesto con el que cuentan, sino que son otros órganos del Estado los que influyen de manera determinante en la funcionalidad operativa de dicha autoridad, por lo que no se puede considerar el argumento de la carga de trabajo como una "excusa" para incumplir sus obligaciones -como sí ocurre en la esfera internacional-, sino como un criterio adicional relevante para conocer el rendimiento de determinado órgano jurisdiccional. Paralelo a ello, este juzgador estima desacertado pasar por alto las condiciones adecuadas de servicio que deben gozar los operadores de justicia como lo es el personal de los tribunales de conciliación y arbitraje, por ejemplo, la cantidad de impresoras para el tribunal, la papelería suficiente y el funcionamiento de las computadoras que emplean. Tal y como ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la provisión de los elementos materiales y humanos adecuados en los puestos de trabajo de los operadores de justicia fortalece su actuación independiente, pues al conocer éstos que cuentan con las condiciones adecuadas para realizar efectivamente sus funciones, se fortalece que no sean objeto de presiones o de corrupción, a diferencia de cuando reconocen de antemano que no podrían realizar sus funciones de manera efectiva por no contar con tales recursos. En el caso, en esta etapa de ejecución de sentencia, el tribunal de conciliación y arbitraje alegó la "carga de trabajo" con base en "la agenda"; sin embargo, no justificó el impedimento técnico o humano que ello representa o podía representar, por ejemplo, el hecho de que únicamente cuenta con cierto número de profesionistas laborando en el tribunal (secretarias de acuerdos, actuarios, conciliadoras, auxiliares, etcétera), pero sobre todo quienes y como administran la calendarización del desahogo de las pruebas. Sin embargo, excepcionalmente se considera que la diferencia de fechas no incidió de manera relevante en la situación jurídica de la quejosa, resultando suficiente que la reprogramación corriera con más diligencia [diferencia de días] y no como se evidenció en la sentencia [diferencia de meses], esto es, los medios pendientes no se desahogaron en el plazo legal [en una sola diligencia], pero sí en un tiempo breve; lo que se robustece con la circunstancia de que la quejosa nada dijo en la vista concedida al respecto; considerar lo contrario no tendría algún efecto práctico. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente. Orden de depuración o destrucción. En cumplimiento al Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos XX y XXI, en el que se establecen los lineamientos para depuración y destrucción de los juicios de amparo se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, bajo los lineamientos precisados en la fracción IV del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General en cita, toda vez que se concedió el amparo de la Justicia Federal. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. De conformidad con el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Vista a las partes. Dese vista a las partes por el término de quince días, para los efectos que establece el artículo 201, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; en el entendido que una vez que transcurra el mismo, sin manifestación alguna, ésta determinación se tendrá por consentida y con base en el dispositivo 214 de la ley de la materia, se remitirá materialmente este juicio al archivo definitivo como asunto concluido. Notifíquese.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, seis de septiembre de dos mil diecinueve. Informa cumplimiento. Se tiene por recibido el oficio sin número signado por el Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista a las partes. En consecuencia, se da vista a las partes quejosa y tercera interesada, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga; apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base a los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley.

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