José Luis Mejía Pérez

Expediente 94/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
94/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
22/06/2018

Partes del expediente

  • José Luis Mejía Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Acúsese recibo del oficio 3587, del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa los autos del juicio de amparo II-94/2017 y el testimonio de la ejecutoria pronunciada por ese tribunal el siete de junio del año en curso, que en sus puntos resolutivos establece: "ÚNICO. Es legal la determinación del juez Cuarto de Distrito en el estado, con residencia en esta ciudad, al declarar que existe imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento total a la sentencia de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto II-94/2017, promovido por José Luis Mejía Pérez." Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes; procédase hacer las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes; asimismo, del cuaderno de antecedentes formado con motivo del incidente de referencia, extráiganse únicamente las constancias originales a fin de que sean glosadas a este sumario y el resto destrúyase por ser copias. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido junto con los cuadernos incidentales. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DEPURABLE dado que en la especie se concedió la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Con apoyo en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que allegó al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió en el incidente de suspensión derivado del presente juicio. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JOSÉ LUIS MEJÍA PÉREZ. Acúsese recibo del oficio 3587, del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa los autos del juicio de amparo II-94/2017 y el testimonio de la ejecutoria pronunciada por ese tribunal el siete de junio del año en curso, que en sus puntos resolutivos establece: "ÚNICO. Es legal la determinación del juez Cuarto de Distrito en el estado, con residencia en esta ciudad, al declarar que existe imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento total a la sentencia de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto II-94/2017, promovido por José Luis Mejía Pérez." Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes; procédase hacer las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes; asimismo, del cuaderno de antecedentes formado con motivo del incidente de referencia, extráiganse únicamente las constancias originales a fin de que sean glosadas a este sumario y el resto destrúyase por ser copias. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido junto con los cuadernos incidentales. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DEPURABLE dado que en la especie se concedió la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Con apoyo en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que allegó al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió en el incidente de suspensión derivado del presente juicio. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio que remite el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, con el cual se le tiene acusando recibo del comunicado 9901/2018, al que se anexó el juicio de amparo II-94/2017, virtud a la imposibilidad material por parte de la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; asimismo, informa que se admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia formado con motivo de la referida imposibilidad, el cual quedó registrado con el número 3/2018; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JOSÉ LUIS MEJÍA PÉREZ. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que en cumplimiento al incidente de inejecución de sentencia tramitado ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante proveído de nueve de marzo de la anualidad en curso, se requirió al solicitante del amparo para que en el plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho acuerdo, informara si acudió ante la responsable a exhibir la documentación con la que pretende demostrar la propiedad del bien inmueble asegurado; bajo apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional procedería a calificar la imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo y remitiría los autos al tribunal colegiado de circuito. Posteriormente, una vez que venció el plazo fijado al quejoso en el párrafo que antecede, sin que hubiera hecho manifestación al respecto, por auto de veintiséis de marzo pasado (foja 137), se requirió al Titular de la Fiscalía Especializada de Robo de Vehículos de la Fiscalía de Atención Especializada en Delitos de Alto Impacto, con residencia en esta ciudad, para que en el término de veinticuatro horas, informara a este juzgado si el peticionario de derechos cumplió con lo mencionado en líneas precedentes, lo que así realizó -en sentido negativo- el dos de abril del año en curso, mediante oficio 173/2018 (foja 140), de veintiocho de marzo de la anualidad que transcurre, en el sentido siguiente: ".hasta el día de la fecha, el quejoso de nombre JOSE LUIS MEJIA PEREZ, no ha comparecido ante la Suscrita Fiscal, ni ante los Agentes del Ministerio Público Investigadores a mi cargo, con la finalidad de demostrar la propiedad del bien mueble asegurado.". Manifestaciones precedentes que fueron acordadas el tres de abril del año que cursa (foja 141). En consecuencia, atento a la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido con exceso el plazo señalado con anterioridad, pues se notificó al solicitante de derechos el citado auto el quince de marzo pasado (foja 136), sin que nada hubiera expresado, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, se tiene que por sentencia engrosada el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete (fojas 36 a 50), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa José Luis Mejía Pérez, para los efectos que se reproducen: "[.] que la autoridad responsable Fiscal de Robo de Vehículos de la Fiscalía de Atención a Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, reciba la documentación que le presente el quejoso y resuelva lo que en derecho corresponda, lo cual deberá notificar al interesado. Lo anterior, según las consideraciones de la sentencia de amparo en la que se estableció que la negativa de la autoridad responsable a recibir la documentación con la que el quejoso pretendía demostrar la propiedad del bien mueble consistente en el semirremolque tipo tanque de acero al carbón marca Traimobile, modelo 1981 de dos ejes, con número de serie 812TS1862, con patines de perno y de engrane con capacidad de treinta y tres mil litros, por sí sola acreditó la inconstitucionalidad, pues se trató de una violación directa al derecho de petición respecto del cual toda autoridad está obligada a respetar conforme al artículo 8 de la Constitución Federal, motivo por el que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Sentencia que causó ejecutoria el cuatro de mayo de dos mil diecisiete y se requirió su cumplimiento (fojas 68-69). Así, en acatamiento a la sentencia de amparo, el Titular de la Fiscalía Especializada de Robo de Vehículos de la Fiscalía de Atención Especializada en Delitos de Alto Impacto, con residencia en esta ciudad, remitió el oficio FAEDAI/FERV/080/2017 (foja 74), signado el doce de mayo del año inmediato anterior, mediante el cual hizo del conocimiento de esta potestad que hasta esa fecha el quejoso o algún apoderado de éste no se había presentado ante esa representación social, con el fin de entregar documentación, para así estar en posibilidad de dar respuesta. Además, aclaró que no tenía iniciada carpeta de investigación relacionada con el semirremolque materia de la concesiva del amparo otorgado al solicitante del amparo. Circunstancia anterior que lo imposibilitó a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por cuyo motivo, del examen de las documentales transcritas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., se les otorgó pleno valor probatorio, se determinó en proveído de trece de junio de dos mil diecisiete (fojas 81 a 85), que existía imposibilidad jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó remitir los autos del presente juicio a la superioridad, para el efecto de que calificara si existía imposibilidad para cumplir con la sentencia concesiva. Incidente de inejecución de sentencia que resolvió el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, el veintidós de febrero de dos mil dieciocho (fojas 121-128), de la manera siguiente: "ÚNICO. Se decreta la reposición del procedimiento de cumplimiento y ejecución de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto a que este asunto se refiere". Determinación en la que decretó no converger con lo considerado por este juzgado federal, al considerar que se violaron las reglas fundamentales que rigen el procedimiento relativo al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo indirecto, acorde a la parte considerativa que se transcribe a continuación: "...en auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, el juez de amparo requirió al quejoso a efecto de que informara si acudió ante la autoridad responsable a presentar la documentación correspondiente, el cual si bien no fue atendido, lo cierto es que de la lectura de dicho requerimiento se advierte que la autoridad de amparo no hizo del conocimiento de la parte quejosa, de manera correcta, la consecuencia legal de no atender el requerimiento, pues el apercibimiento contenido en el último requerimiento fue en el sentido de que en caso de no informar lo solicitado "... se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, de acuerdo a las constancias de autos.", pese a que para tal momento procesal era factible conocer que la consecuencia de no atender dicho requerimiento era decretar la imposibilidad material para cumplir con la ejecutoria de amparo, esto es, debió hacerse mención expresa y clara del resultado que tendría una actitud omisa". "Por las razones expuestas, con fundamento en el párrafo sexto del artículo 193, de la invocada Ley de Amparo, procede decretar la reposición del mencionado procedimiento, para que el Juez Cuarto de Distrito en el estado, con residencia en esta ciudad deje insubsistente la determinación materia del presente asunto y requiera al promovente del amparo para que exhiba la documentación correspondiente al fiscal responsable apercibido que de no hacerlo -dentro del plazo prudente que para ello fije-, procederá a calificar la imposibilidad material para cumplir con la ejecutoria de amparo y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito". En cumplimiento a lo anterior, este órgano jurisdiccional, mediante auto de nueve de marzo del año en curso (fojas 129 y 130), ordenó requerir al quejoso para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de ese proveído, informara si acudió ante la responsable a presentar documentación en razón de las manifestaciones expuestas por la autoridad responsable Titular de la Fiscalía Especializada de Robo de Vehículos de la Fiscalía de Atención Especializada en Delitos de Alto Impacto, con residencia en esta ciudad, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se calificaría la imposibilidad material para cumplir con la ejecutoria de amparo y se remitirían los autos al tribunal colegiado de circuito. Ahora bien, como ya se precisó, el amparo se otorgó al quejoso por la negativa de la autoridad a recibir documentación con la que pretende demostrar la propiedad de un bien mueble asegurado -acto que se consideró como inconstitucional en sí mismo-. Luego, el efecto del amparo fue obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía establecida en el artículo 8 constitucional -derecho de petición-, y a cumplir, por su parte, lo que esta exige, en el caso, recibir la documentación con la que se pretende acreditar la propiedad del bien asegurado, resolver lo que en derecho corresponda y notificarlo al quejoso. Con respecto a lo anterior, resulta necesario y de una manera previa, la existencia de la solicitud del promovente del amparo, para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica, que a éste le toca acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de la responsable. Pero, el solicitante del amparo no ha comparecido ante el fiscal responsable a llevar a cabo esa excitativa de justicia y, con esto, se cumplimente la sentencia concesiva de amparo, no obstante de encontrarse obligado a ello. Por tanto, debe decirse que tal conducta conlleva a que exista la imposibilidad material y jurídica que expresó la representación social responsable para acatar la ejecutoria de amparo, de ahí que dicho incumplimiento del fallo protector no será atribuible a la autoridad mencionada. En ese contexto, es de estimarse que existe imposibilidad material y jurídica por parte de la autoridad para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, pues es lógico que ante la falta de promoción por parte del solicitante del amparo o sus apoderados, no es posible lo concerniente a la recepción de la documentación, resolver lo que en derecho corresponda y notificarlo al quejoso, Por consiguiente, incumpliría con los efectos para los que se concedió el amparo, empero dicha actuación es excusable al obedecer a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad responsable obligada y no deriva de omisiones culposas o dolosas de ésta y, por tanto, no deben aplicársele las medidas establecidas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable al argumento expresado, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. CRITERIOS PARA DETERMINAR CUÁNDO ES EXCUSABLE O INEXCUSABLE SU INCUMPLIMIENTO". Por tanto, para los efectos legales conducentes y de conformidad con el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase este expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, para que proceda conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 193 del citado ordenamiento legal. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por reiteración, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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