José Luis Martínez Aguilar

Expediente 1225/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1225/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/02/2022

Partes del expediente

  • José Luis Martínez Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de febrero de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se recibe ejecutoria. Acúsese recibo del oficio 673/2022, del Secretario de Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como testimonio de la ejecutoria de dos de febrero de dos mil veintidós, emitida en la queja civil 5/2022, que declaró infundado el medio de impugnación interpuesto contra la determinación emitida por este órgano jurisdiccional el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, háganse las anotaciones respectivas, agréguese la determinación de mérito. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Recurso de queja. Intégrese el escrito signado por el autorizado del quejoso José Luis Martínez Aguilar, por medio del cual interpone queja contra el auto de catorce de diciembre del año en curso, en el que se desechó la demanda. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, contra el citado acuerdo. Como hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse la presentación de ese medio de defensa, ríndase el informe respectivo al que se anexará el escrito original de agravios, copia simple del mismo y copia certificada del presente sumario. 2. Se envían agravios y se pone a disposición el Expediente electrónico. Remítase a la superioridad el escrito de agravios, copia debidamente certificada del presente expediente y póngase a disposición de la superioridad el expediente electrónico, para el ulterior trámite del recurso de que se trata; lo anterior, comuníquesele para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Nubia Miranda Ramírez, secretaria encargada de despacho del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/4241/2021, para actuar en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco; quien firma electrónicamente, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Propio Consejo, dando fe, bajo la misma forma de suscripción la Secretaria Karla del Rosario Herrera Bacab.

  3. Principal

    Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad Covid-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Luis Martínez Aguilar, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar y Actuaria de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1225/2021. 1.2. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del Juez de Amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud, la intención del promovente y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa que el acto reclamado en la presente instancia es, esencialmente: El auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del incidente relativo al juicio oral familiar 676/2018, en el que se declaró desierta la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa, así como la notificación relativa a dicho proveído. 1.3. Causa de improcedencia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, XXIII en relación con el 107 fracción V interpretada a contrario sensu y el artículo 172, fracción XII y 171, todos de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, el artículo 107 Constitucional establece como regla general que tratándose de amparo directo éste sólo procederá contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa al quejoso, o bien, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de la ley aplicable cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa, hecha excepción de aquellos actos de autoridades judiciales cuando se emitan fuera de juicio, o bien, después de concluido, los que afectan a terceros extraños y los realizados en el juicio que tuvieran una ejecución de imposible reparación, que solamente podrán ser reclamados en amparo indirecto o biinstancial. En ese contexto, cabe precisar que por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquéllos que de una manera directa e inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, resolución que en definitiva substancie la falta de personalidad, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Por otra parte, son violaciones procesales cuando con los actos se conculcan los denominados derechos adjetivos o procesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, ya que éstos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e incidan en las posiciones que van tomando las partes dentro del juicio con el objeto de lograr un fallo favorable; por lo que, en los casos en los que la parte agraviada logra el objetivo principal, tales efectos y consecuencias perecen sin ocasionar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado. Ciertamente, el acto reclamado analizado en este apartado es el auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del incidente sobre adecuación y reducción de la cantidad fijada como pago de alimentos, relativo al juicio especial oral 676/2018, en el cual se declaró desierta la prueba testimonial a cargo de Yolanda Alfonsina Jacobo Arriaga; sin embargo, resulta improcedente reclamarlo mediante juicio de amparo biinstancial, pues resulta evidente que tal determinación, no constituye una violación formal procesal que afecte los derechos sustantivos en forma irreparable al aquí promovente, actuación que constituye el planteamiento de una violación procesal que puede y debe impugnarse vía concepto de violación a través del juicio de amparo que en su momento pueda promover en tiempo y forma en contra de la sentencia que se dicte en definitiva en el juicio de origen, que ha sido trascendente al resultado del procedimiento. En ese contexto, el acto reclamado no constituye un acto que tenga ejecución de reparación imposible, y por ende, no procede el amparo indirecto para reclamarlo; puesto que, sólo tiene efectos intraprocesales, en la medida que el auto reclamado, únicamente tiene el efecto de que se siga la secuela procesal del juicio oral subyacente sin el desahogo de la totalidad de los medios de convicción pretendidos por las partes, sin que por el momento se materialice una violación a sus derechos sustantivos pues, en todo caso, ello se materializara una vez que se dicte sentencia definitiva; por lo que la emisión del acto hoy reclamado, no es de aquellas resoluciones que afecten la esfera jurídica del promovente ya que se trata de una actuación intraprocesal, la cual deberá de ser impugnada a través del juicio de amparo promovido en contra de la sentencia que ponga fin al juicio de origen. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 6/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 13, del Tomo 76, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de abril de mil novecientos noventa y cuatro, con número de registro 205484, que establece: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto". Asimismo, resulta aplicable la tesis IV.3o.111 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que establece: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio". Habida cuenta, respecto de notificación relativa al proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del incidente relativo al juicio oral familiar 676/2018, en el que se declaró desierta la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley en la Materia. Pues de dicho normativo dispone que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso, juicio o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición de la interesada y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o bien le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el citado dispositivo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 276, del tomo VII, mayo de 1991, Octava Época del Semanario judicial de la Federación, cuyo rubro se precisa a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGÚN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA". En este contexto, los artículos 757, 758, 759 y 760 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, señalan: "Artículo 757. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. La firmeza del procedimiento es garantía de las partes y por lo mismo todo auto o sentencia que notificada en forma no haya sido recurrida, produce todos sus efectos y para invalidarla, lo mismo que respecto de las diligencias posteriores a ella, no se admitirán incidentes de nulidad de actuaciones; en su contra solo procederá el recurso establecido por la ley. Artículo 758. La nulidad de una actuación o notificación practicada en la fase escrita, debe reclamarse dentro de los tres días siguientes a la actuación subsecuente, de lo contrario queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento, la cual podrá serlo hasta antes de la sentencia ejecutoria. Artículo 759. La nulidad de una actuación o notificación solo puede ser invocada por el afectado. Artículo 760. La nulidad de actuaciones y notificaciones se sustanciará en la forma y términos que determine este Código para los incidentes". De lo que se sigue, que los citados numerales preceptúan la posibilidad de que en contra de las notificaciones efectuadas dentro del procedimiento, que no se practiquen de conformidad con lo dispuesto en la citada ley, pueden ser impugnadas a través del incidente de nulidad. En efecto, de la interpretación conjunta de los preceptos transcritos se concluye que el incidente de nulidad de actuaciones satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses de la parte quejosa, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley adjetiva y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición, un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio de origen, a fin de que el tribunal responsable se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de la notificación que se practique en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. En este orden de ideas, la parte promovente hace consistir el acto reclamado en "la falta de notificación y/o indebida e incierta notificación, realizada supuestamente el día 28 veintiocho de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno". En vista de lo anterior, resulta evidente que, respecto del acto combatido, el promovente como parte del juicio de que emanan los actos reclamados, debió agotar el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, esto es, debió impugnar la notificación practicada por la Actuaria adscrita al Juzgado responsable, que reclama de ilegal, mediante incidente de nulidad de actuaciones previsto por los referidos artículos de la codificación familiar del Estado, que establecen que las notificaciones hechas en forma distinta a lo señalado por la ley serán nulas; entonces, debe arribarse a la conclusión de que la notificación tildada de inconstitucional, pudo haber sido invalidada mediante la tramitación del citado incidente. En esas condiciones, al ser impugnable el acto reclamado, el peticionario de amparo debió promover el incidente sobre la declaración de nulidad de tal actuación, antes de acudir al juicio constitucional, de forma que al no hacerlo así, no agotó el principio de definitividad, necesario para la procedencia de esta instancia constitucional. Cobra aplicación a lo anterior por identidad de razón la jurisprudencia III 1º.C J/34 visible en la página 1041, del Tomo XVI, correspondiente al mes de noviembre de 2002, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO". En esa tesitura, con fundamento en el artículo 113, de la ley reglamentaria en consulta, procede desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos En esas condiciones, al actualizarse las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V (aplicado en sentido contrario), 172, fracción XII y 171, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA de plano la demanda de amparo. 1.4 Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, asimismo, se tiene como autorizados para tal efecto a las personas que señala, en el entendido de que únicamente Alejandro Pimentel Pineda y Alejandro Pimentel Alejo, gozarán de las amplias facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, ello toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, no así las diversas personas que señala, quienes no cuentan con dicho registro, como se advierte de la certificación de cuenta. 1.5. Medios electrónicos. Asimismo, como lo solicita, se autoriza la reproducción de las actuaciones judiciales del juicio en que se actúa mediante el uso de los medios que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal de la parte interesada al secretario adscrito a este órgano jurisdiccional. En el entendido, que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada. De igual forma, dígase a la solicitante que el uso que le dé a los documentos electrónicos obtenidos con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo la tesis I.3º.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2847, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA."

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