José Luis Martínez Navarro

Expediente 867/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
867/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
08/06/2021

Partes del expediente

  • José Luis Martínez Navarro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2, numerales 2, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó en el presente juicio y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...Visto el comunicado del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante el cual exhibe diversas constancias; por tanto, agréguese a los autos. En atención a las constancias exhibidas por la autoridad responsable en el párrafo precedente se estima que cobra vigencia la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 64, del citado ordenamiento legal. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Como se obtiene del escrito que dio origen a este controvertido constitucional el quejoso reclama, en esencia, la omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral 292/2017, por parte de la autoridad responsable. En ese sentido, de la constancia remitida por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se aprecia que el dieciocho de enero de dos mil veintiuno dictó el laudo dentro del juicio laboral 292/2017; documental a la que se le otorga eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, al ser de naturaleza pública por haberse expedido por autoridad competente. Por tanto, si la responsable el dieciocho de enero de dos mil veintiuno dictó el laudo dentro del juicio laboral 292/2017, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo catorce de diciembre de dos mil veinte, se estima que han cesado sus efectos los actos reclamados por esta vía constitucional. De esta forma, si la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al acabar su actuación u omisión, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de dichos efectos; la que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto que ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido al quejoso en el goce del derecho violado. En esas condiciones, se advierte que la causal de improcedencia que se estudia, se encuentra íntimamente relacionada con el artículo 77 de la Ley de Amparo, cuyo fin es la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho consustancial violado, restableciendo las cosas que guardaban antes de la vulneración, cuando la actuación reclamada sea de carácter positivo; y cuando sea de naturaleza negativa, obligar a la autoridad responsable que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y, a cumplir, por su parte, lo que la disposición constitucional o tratado internacional exija. Lo que se logra al cesar los efectos del acto reclamado, ya que se deja insubsistente éste y también todos sus efectos, los cuales han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional. De modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio promovido por José Luis Martínez Navarro, por conducto de su apoderado jurídico José Mendiola Sanabria; por ello, se dejan sin efectos las providencias decretadas, así como la citación para la audiencia constitucional, señalada para las trece horas con veinte minutos del cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 71, tomo VI, noviembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del articulo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, correspondiente al mes de febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Lo anterior, dado que en el caso que nos ocupa la causa de improcedencia en estudio es notoria y manifiesta, para ello se precisa que "manifiesto" debe entenderse como lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Ello resulta así, pues como se dijo el acto reclamado es la omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral 292/2017, lo que ocurrió el dieciocho de enero de dos mil veinte, lo que actualiza de manera indudable y manifiesta la cesación de efectos, pues con el laudo mencionado, la responsable dejó el estado de inactividad que se le reprocha y, por tanto, atendió lo pretendido por la parte quejosa en la presente instancia. Hágase del conocimiento lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión del presente auto para agregarse al expediente físico; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...Consideración previaVista la certificación que antecede, de la que se observa que se suspendieron las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo dispuesto por la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", por tanto, en esta data se reanudan los plazos en el presente juicio, para los efectos legales pertinentes. Estado de autos En atención a lo anterior, según se asienta en la certificación de cuenta, así como se desprende del estado de autos, se obtiene que en el presente sumario constitucional ya se dictó sentencia, misma que amparó y protegió a la parte quejosa. Derivado de lo anterior, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por lo que mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, se determinó vincular al cumplimiento del fallo protector a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, la cual, hasta antes de la suspensión de labores referida con antelación, no había cumplido con las obligaciones que se le conminó realizar. Reiteración de requerimiento En ese sentido, reitérese el requerimiento de uno de diciembre pasado a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán para que, en el plazo de TRES DÍAS (contados a partir de que tenga conocimiento de este acuerdo), informe si ya reembolsó a la parte quejosa el pago que realizó el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve por la cantidad de $59,143.00 (cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.), relativo a la multa por infracción a la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado y su Reglamento. Lo que deberá acreditar mediante copia certificada. Asimismo, se le hace saber a la autoridad vinculada al fallo protector que aún se encuentran vigentes los apercibimientos de multa decretados en acuerdo de uno de diciembre de dos mil veinte; y si aún así es omisa, se dará inicio al procedimiento de incumplimiento de sentencia previsto en el numeral 193 de la Ley de Amparo en vigor. Lo anterior, hágase del conocimiento a la parte quejosa a fin de que esté en condiciones de acudir a recoger el reembolso aludido. Para tal efecto, deberá presentarse en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, debidamente identificado, sin credenciales expedidas por particulares o partidos políticos, durante el horario de atención al público; apercibido que de no hacerlo o no manifestar el impedimento que para ello tenga, se le tendrá por desinteresado en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y se calificará el cumplimiento con las constancias que obran en autos. Se ordena agregar Finalmente, agréguese a los autos y sin mayor pronunciamiento, el ocurso que remite el autorizado de la parte quejosa (en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo), puesto que en esta determinación se reiteró el requerimiento a la autoridad vinculada respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a fin de que realice el reembolso respectivo al promovente de amparo. Integración del expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    Informe justificado. Visto el comunicado del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Morelia, mediante el cual rinde informe justificado; agréguese a los autos y con su contenido dese vista a las partes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene como prueba de la autoridad oficiante la documental consistente en copias certificadas del juicio subyacente, la cual se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia de ley. Integración del expediente electrónico Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

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