Jose Luis Martinez Luna

Expediente 88/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
88/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
31/08/2018

Partes del expediente

  • Jose Luis Martinez Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos de los que se advierte que en acuerdo de seis de agosto del presente año, se declaró que el fallo protector a quedado cumplido; por tanto, con fundamento, en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado este auto, sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el expediente como asunto concluido. De acuerdo la fracción IV del Apartado Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito este asunto es susceptible de depuración dado que por resolución de trece de abril de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, motivo por el cual deberá conservarse la demanda y la sentencia inherentes al presente juicio y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del Artículo Noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que del análisis del asunto que nos ocupa se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal el catorce de febrero de dos mil dieciocho, por ello no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disipación expresa en su numeral 2, agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por Juan López Cardona, autorizado legal de la parte quejosa José Luis Martínez Luna mediante el cual hace manifestaciones, en el sentido que está de acuerdo con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que en sentencia de trece de abril de dos mil dieciocho, se concedió el amparo protección de la Justicia Federal al quejoso José Luis Martínez Luna, para efectos de que las autoridades responsables Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, Síndico Procurador, Secretario y Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, en un plazo de tres días, otorgaran respuesta a las peticiones del quejoso antes mencionado, de manera completa y coherente al escrito de nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Por acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciocho, causo ejecutoria la sentencia y se requirió a las autoridades responsables por el cumplimiento de la misma. Víctor Inés Báez Gill, en su carácter de delegado de las autoridades responsables Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, Síndico Procurador, Secretario y Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, mediante escrito presentado el nueve de mayo del presente año, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mismo que fue recibido el diez del mismo mes y año, en la oficia de correspondencia de este Juzgado, comunico haber dado estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo, allegando a los autos del presente juicio el oficio número 195/2018, de fecha siete de mayo de la anualidad en curso, en el que la Sindica Procuradora en representación de las autoridades responsables da contestación al oficio de fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, el cual dio origen al presente juicio. En acuerdo de catorce de mayo de este año, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la citada autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surtiera efectos dicha notificación manifestara lo que a su derecho conviniera, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la misma, con los elementos que obren en el expediente y lo datos aportados por la autoridad responsable. En ese tenor, Juan López Cardona, representante legal de la parte quejosa, mediante escrito con fecha de presentación de diecisiete de mayo de este año, realizo diversas manifestaciones respecto a la vista que se le otorgo en el auto de catorce del mismo mes y año, mencionado en el párrafo que antecede, manifestando que se oponía al escrito signado por el Delegado de las autoridades responsables; por lo que en auto de veintidós del mismo mes y año, se dio vista por el término de tres días, con dicho escrito a las autoridades responsables, para que manifestaran lo que correspondiera al respecto. Asimismo, por escrito presentado en la oficialía de este Juzgado el veintinueve de mayo de esta anualidad, el antes Delegado de las autoridades responsables, desahogo la vista que le fuera otorgada en el auto precisado en líneas procedentes, comunicando con el que en acuerdo de treinta y uno de mayo del mismo año, se otorgó igual vista a la parte quejosa. En relación a lo anterior, el ya citado representante legal del quejoso José Luis Martínez Luna, presentó escrito el cuatro de junio del año que transcurre, mediante el cual refuto lo expresado por las autoridades responsables, y manifestó que se opone rotundamente a la forma en que las autoridades responsables dicen haber dado cumplimiento a la ejecutoria en el presente juicio. Ahora bien, y tomando en consideración que las autoridades responsables Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, Síndico Procurador, Secretario y Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, no daban cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por auto de dieciocho de junio de la anualidad en curso, se requirió nuevamente a las mismas, a fin de que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, otorguen cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; para lo cual se les apercibió que, en caso de omitir dar cumplimiento, realizar evasivas o retardar aún más el cumplimiento a la sentencia constitucional, se harían acreedores a una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización. Por escrito presentado en la Oficialía Común de este Juzgado, el día veintinueve de junio de este año, y atendiendo al requerimiento hecho en proveído mencionado en líneas procedentes, Víctor Inés Báez Gill, en su carácter de Delegado de las autoridades responsables Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, Síndico Procurador, Secretario y Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, comunico el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y anexo al mismo copia certificada del acuerdo de cabildo de fecha veintiséis de junio del presente año, en la cual se desahogó el Sexto Punto del Orden del Día, se aprobó por unanimidad de votos el dictamen de la Comisión de Gobernación, en la cual se resolvió como procedente la jubilación por años de servicio y grado inmediato superior. Por medio de auto de cuatro de julio del presente año, se acordó el mismo, y se ordenó dar vista a la parte quejosa para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de ese acuerdo manifestara lo que a su interés convenga, apercibiendo que de no hacerlo, este Juzgado resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base a los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Por otra parte, mediante escrito firmado por Juan López Cardona, en su carácter de apoderado legal de la parte quejosa da cumplimiento a lo ordenado en auto mencionado en líneas procedentes, manifestando lo siguiente: "QUE SI ESTOY DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, en los términos que indica el artículo 196 de su párrafo tercero de la Ley de amparo reformado.". Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que las autoridades responsables Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, Síndico Procurador, Secretario y Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, en un plazo de tres días, otorgaran respuesta a las peticiones del quejoso antes mencionado, de manera completa y coherente al escrito de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, lo cual ya aconteció; por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado, ya que el veintinueve de julio del presente año, Víctor Inés Báez Gill, en su carácter de Delegado de las autoridades responsables comunico el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y anexo al mismo copia certificada del acuerdo de cabildo de fecha veintiséis de junio del presente año, de cuyo acurdo se hizo consistir el acto reclamado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado suplementariamente a la Ley de Amparo por disposición expresa a su numeral 2, agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por Víctor Inés Báez Gill, en su carácter de Delegado de las autoridades responsables Presidente Constitucional, Síndico Procurador, Secretario y H. Cuerpo de Regidores del H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en el presente juicio y anexa al mismo copia certificada del acuerdo de cabildo de fecha veintiséis de junio del presente año. Con lo anterior dese vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días contando a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos los escrito de cuenta, firmado por Juan López Cardona, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual desahoga la vista otorgada en acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, y hace diversas manifestaciones, en el sentido de que no está de acuerdo con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por otra parte, del estado de autos se advierte que en acuerdo de tres de mayo del presente año se requirió a las autoridades responsables Presidente Constitucional, Síndico Procurador, Secretario y H. Cuerpo de Regidores, todos del Municipio de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, para que de inmediato otorgaran cabal y puntual cumplimiento a la sentencia constitucional en el presente juicio de amparo; con el apercibimiento que de no hacerlo en el término señalado, se procederá en términos de los numerales 192 y 193 de la ley de la materia. En ese contexto, mediante escrito presentando en la oficialía de partes de este Juzgado, el diez de mayo de este año, Víctor Inés Báez Gill, en su carácter de Delegado de las autoridades responsables Presidente Constitucional, Síndico Procurador, Secretario y H. Cuerpo de Reidores, del H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, comunico haber dado estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo, allegando a los autos del presente juicio el oficio número 195/2018, de fecha siete de mayo de la anualidad en curso, en el que la Sindica Procuradora en representación de las autoridades responsables da contestación al oficio de fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, el cual dio origen al presente juicio. Con lo anterior, mediante acuerdo de catorce de mayo de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del acuerdo en mención, manifestaran lo que a su interés convenga, apercibidos que de no hacerlo en el lapso indicado, este juzgado resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. En ese tenor, Juan López Cardona, representante legal de la parte quejosa, mediante escrito con fecha de presentación de diecisiete de mayo de este año, realizo diversas manifestaciones respecto a la vista que se le otorgo en el auto de catorce del mismo mes y año, mencionado en el párrafo que antecede, manifestando que se oponía al escrito signado por el Delegado de las autoridades responsables; por lo que en auto de veintidós del mismo mes y año, se dio vista por el término de tres días, con dicho escrito a las autoridades responsables, para que manifestaran lo que correspondiera al respecto. Asimismo, por escrito presentado en la oficialía de este Juzgado el veintinueve de mayo de esta anualidad, el antes Delegado de las autoridades responsables, desahogo la vista que le fuera otorgada en el auto precisado en líneas procedentes, comunicando con el que en acuerdo de treinta y uno de mayo del mismo año, se otorgó igual vista a la parte quejosa. En relación a lo anterior, el ya citado representante legal del quejoso José Luis Martínez Luna, presentó escrito el cuatro de junio del año que transcurre, mediante el cual refuto lo expresado por las autoridades responsables, y manifestó que se opone rotundamente a la forma en que las autoridades responsables dicen haber dado cumplimiento a la ejecutoria en el presente juicio. Ahora bien, este Órgano de Control Constitucional analizara si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las responsables. En primer lugar debe indicarse que por resolución de trece de abril de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso José Luis Martínez Luna, para efectos de que las autoridades responsables Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, Síndico Procurador, Secretario y Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa: "en el plazo de tres días, contados a partir de que se le notifique la ejecutoria que cause este fallo, otorguen respuesta a las peticiones del quejoso José Luis Martínez Luna, de manera completa y coherente al escrito de nueve de noviembre de dos mil diecisiete; y, le hagan saber en breve término su contestación; en la inteligencia de que la protección constitucional obsequiada tiene a asegurar una determinación sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido.". En ese sentido, el Delegado de las autoridades responsables mediante escrito presentado en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de distrito en el Estado de Sinaloa el nueve de mayo de este año (foja 43), informo lo siguiente: ".Me permito dar contestación a su solicitud de fecha 01 de noviembre del año 2017, mediante el cual se solicita a las autoridades responsables referidas en líneas anteriores, que su dictamen de jubilación, de fecha 19 de octubre del año 2017, así como su solicitud de grado inmediato superior, sean puesta la disposición de la Comisión de Gobernación del Cuerpo de Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, para su análisis, revisión y aprobación por el H. Cabildo del H. ayuntamiento de Ahome.. poniendo de fundamentos los siguientes artículos 25, 40 demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, así también funda en los artículos 1, 2, 10, 42, 50, 52 y demás relativos y aplicables del reglamento Interior para el Funcionamiento de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de Ahome, me permito hacer de su conocimiento que tanto su solicitud de grado inmediato superior, como su dictamen de Jubilación actualmente se encuentra en trámite para ser aprobado por el H. Ayuntamiento de Ahome, como Órgano Deliberante de representación popular del Municipio de Ahome, (Cabildo), por lo que una vez que se agoten las instancias procedimentales correspondientes, será puesto a la orden del día, en esa tesitura, y una vez que se cuente con la dictamen correspondiente se le hará de si conocimiento.". Por su parte, el autorizado de los quejosos mediante escrito de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho (foja 49), manifestó: ".ME OPONGO AL ESCRITO SIGNADO POR EL DELEGADO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, donde manifiesta que la Sindica Procuradora en representación de las Autoridades Responsables da contestación al Oficio que dio origen a la presente demanda de amparo.; únicamente a decir en su escrito que "tanto su solicitud de grado inmediato superior, como su dictamen de Jubilación actualmente se encuentran en trámite para ser aprobado por el H. Ayuntamiento de Ahome, (Cabildo).. Poniendo de fundamentos los siguientes artículos 25, 40, y demas relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, así también funda en los artículos 1, 2, 10, 42, 50, 52, y demás relativos aplicables del Reglamento Interior para el Funcionamiento de las Comisiones del honorable Ayuntamiento de Ahome".; y asi como también omite manifestar "en qué ETAPA DEL PROCEDIMIENTO SE ENCUENTRA, O BIEN EN QUÉ FECHA (DÍA, MES Y AÑO) SE LLEVARA LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO MI PETICIÓN SOLICITADA, COMO LO ESTABLECE EN LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPIO DEL ESTADO DE SINALOA (ley que pone en su escrito la Sindica Procuradora)." De nueva cuenta, por escrito de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (foja 56), el Delegado de las autoridades responsables, expreso entre otras cosas: ".en primer término es preciso manifestarle a su señoría que la oposición formulada por el Lic, Juan López Cardona en su calidad de Autorizado Legal del Quejoso, es a todas luces improcedente, lo anterior en virtud de que el citado autorizado pierde de vista que la concesión del Amparo y Protección de Justicia obsequiada al quejoso en el presente juicio de amparo lo fue para el efecto de que las autoridades en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dieran contestación (Derecho de Petición) al oficio de fecha 01 de noviembre del año 2017 y se notificara en breve termino al quejoso.; es inconcluso que el autorizado legal se oponga al cumplimento de la ejecutoria dictada por su señoría, toda vez que el derecho de petición que consagra el artículo antes citado ya quedo satisfecho, por tanto, solicito de la maneta mas atenta a su señoría dicte acuerdo en el que resuelva que las autoridades cumplieron a cabalidad la concesión obsequiada al quejoso.". Ahora bien, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo se concluye que no es dable tener por cumplida la ejecutoria, toda vez que de las constancias que obran en el presente juicio no se advierte que las autoridades responsables dieran cabal cumplimiento a la ejecutoria; esto es, que de manera completa y coherente hayan dado respuesta al escrito de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, pues de las propias manifestaciones se advierte que no han otorgado respuesta a las peticiones del quejoso José Luis Martínez Luna; como refieren las autoridades responsables en su oficio número 195/2018, donde refieren ".Me permito hacer de su conocimiento que tanto su solicitud de grado inmediato superior, como su dictamen de Jubilación actualmente se encuentra en trámite para ser aprobado por el H. Ayuntamiento de Ahome, como Órgano Deliberante de representación popular del Municipio de Ahome (Cabildo), por lo que una vez que se agoten las instancias procedimentales correspondientes, será puesto en el orden del día, en esa tesitura, y una vez que se cuente con la dictamen correspondiente se le hará de su conocimiento...". Por otra parte, del escrito de nueve de noviembre del dos mil diecisiete, motivo del presente juicio se obtiene que la solicitud consistió en: ".Lo anterior lo fue como consecuencia de la solicitud de la Pensión por retiro y grado inmediato superior que hizo el suscrito a Ustedes el día 23 de Agosto del año en curso y fue el C. director de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Ahome, quien determino que ES LEGALMENTE PROCEDENTE OTORGAR EL BENEFICIO DE LA JUBILACIÓN AL SUSCRITO C. JOSE LUIS MARTINEZ LUNA, por haber cumplido con los requisitos y disposiciones Legales que establecen el artículo 162 del Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome, por tal razón dadas en dicho Dictamen y con el objeto de darle formalidad y continuidad a lo solicitado de la citada Pensión por retiro y grado inmediato superior, vengo solicitando lo siguiente: I.- Que el DICTAMEN DE PENSIÓN POR RETITO (JUBILACIÓN) realizado mediante Oficio número 1256/10/2017 de fecha 19 de octubre del año 2017 por el C. Director de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Ahome, quien determino que ES LEGALMENTE PROCEDENTE OTORGAR EL BENEFICIO DE LA JUBILACIÓN AL SUSCRITO C. JOSE LUIS MATINEZ LUNA, y demás términos dispuestos, por lo que el Director descrito y junto con el Expediente Laboral del suscrito; le sean puestos a consideración de la COMISIÓN DE GOBERNACIÓN DEL H. CUERPO DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA; para que sean los que analicen y aprueben de conformidad en lo dispuesto en los artículos 1, 2 en su párrafo último, 3 en su fracción I, 42, 43, 44, 50 y demás relativos del Reglamento Interior para el Funcionamiento de las Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome, para su análisis, aprobación y conforme a derecho sea otorgada la PENSIÓN DE JUBILACIÓN y SE ME OTORGUE EL GRADO INMEDIATO SUPERIOR, en razón de que tengo mas de tres años con el cargo que ostento y tengo un a buena trayectoria dentro de mi trabajo, de la cual tengo derecho de conformidad en lo dispuesto en el artículo 162 del Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome, y en los artículos 35, 36, 38 y demás relativos Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.". Porque del análisis del derecho fundamental establecido en el artículo 8 Constitucional, debe decirse que no es suficiente para estimar que las autoridades cumplan con la obligación impuesta en el citado numeral, cuando dictan un acuerdo por escrito en contestación a la petición que les fue presentada y que el mismo lo hagan del conocimiento del gobernado, pues es indispensable, además que la respuesta emitida al respecto sea congruente con el requerimiento formulado por el particular, pues de nada serviría que este se dirija ante una autoridad solicitándole determinada actuación de su parte y no se le conteste nada sobre lo pedido, o bien, que mediante evasivas las responsables reúsen informar acerca de lo que en realidad pretende el gobernado; en el presente caso las autoridades responsables únicamente se concretaron, en informar que la solicitud de grado inmediato superior como su dictamen de jubilación actualmente se encuentra en trámite para ser aprobado por el H. Ayuntamiento de Ahome, (Cabildo). En ese panorama, toda vez que no se ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, requiérase al Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, Síndico Procurador, Secretario y Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la recepción del oficio respectivo, otorgue cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; para lo cual se le apercibe que, en caso de omitir dar cumplimiento, realizar evasivas o retardar aún más el cumplimiento a la sentencia constitucional, se hará acreedor a una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, subsiste el diverso relativo a remitir el expediente al Tribunal Colegiado en turno de este Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el mismo contexto, se fijó el aludido plazo en razón del tiempo transcurrido entre la ejecutoria de cumplimiento y la fecha del presente auto, lo cual de por sí se consideró un retraso en el cumplimiento de la sentencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: I.3o.T.18 L (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1380 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Décima Época, con número de Registro: 2005830, cuyo rubro y texto señalan (énfasis añadido): "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito." No obstante los diversos requerimientos realizados, hasta la fecha ha sido imposible lograr el cumplimiento a la sentencia ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. En la especie, es pertinente destacar que el suscrito Juzgador ha advertido un retardo, omisión e incumplimiento a los diversos autos emitidos por este Juzgado de Distrito en los que se requirió a las autoridades responsables que cumplimentaran la ejecutoria de amparo; por ende, se les reiteró que, en caso de persistir en la omisión, retardo o evasivas se harían acreedores a una multa que en su momento se determinaría; sin que en la especie, fuera dable justificar su actuar dado que no han acreditado encontrarse realizando los actos tendentes y las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa. Cierto el Tribunal en Pleno fue preciso en establecer las hipótesis para imponer las multas, las cuales consisten en la omisión de dar cumplimiento y en el retardo injustificado, ambos aspectos que el suscrito juzgador considera se actualizan en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 59/2014 sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Asimismo, se invoca al respecto la Jurisprudencia 54/2014, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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