José Luis Hurtado Sánchez
Expediente 537/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 31 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 537/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- José Luis Hurtado Sánchez
- JOSÉ LUIS HURTADO SÁNCHEZ y Otros.
- Enrique Barrón Hurtado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales el escrito de cuenta, signado por José Luis Hurtado Sánchez, en representación del incapaz directo quejoso ********, mediante el cual solicita copias certificadas. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del código en consulta, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, expídanse las copias certificadas solicitadas por el promovente y entréguese previo razón de recibo que se deje asentada en autos.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales el escrito de cuenta, signado por el licenciado Chrystian Paul Herrera Gastélum en su carácter de autorizado de la tercero interesada ****************, mediante el cual solicita copias certificadas. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del código en consulta, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, expídanse las copias certificadas solicitadas por el promovente y entréguese previo razón de recibo que se deje asentada en autos.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de cuatro de julio del año en curso, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En esa virtud, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se precisa que este asunto es susceptible de conservación, dado que en resolución de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el presente juicio de amparo; y por resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con domicilio en Mazatlán, Sinaloa, revocó la sentencia recurrida, concediendo el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. Original del incidente de suspensión De conformidad con el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el original del incidente de suspensión es susceptibles de destrucción, dado que se negó a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. Con apoyo en el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la orden de archivo definitivo. En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, este juzgado procede analizar sí o no se encuentra cumplida la sentencia de amparo. En principio hay que destacar que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, revocó la sentencia dictada por este órgano de control constitucional y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, solicitado para el efecto de que las autoridades responsables Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado, Sinaloa, y al Policía 1ero Arturo Ramírez Morales, perteneciente a esa Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado, Sinaloa, pusieran en posesión al quejoso respeto del inmueble ubicado en calles Doctor de la Torre y Salvador Alvarado número 401, colonia Centro, en Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa Ahora bien, de autos se advierte que las autoridades responsables Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado, Sinaloa, y Policía 1ero Arturo Ramírez Morales, perteneciente a esa Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado, Sinaloa, mediante oficio sin número, remitieron parte informativo de diecinueve de junio del año en curso, de cuyo contenido se observa que pusieron al directo quejoso en posesión del inmueble ubicado en calles Doctor de la Torre y Salvador Alvarado número 401, colonia Centro, en Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa; que es precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, de lo que se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo, pues se cumplió con el núcleo esencial de la sentencia de amparo; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso ni defecto alguno. Es aplicable la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página 137 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación Octubre de 2004, Materia Común, Novena Época, Registro digital 180337, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo.".
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