Jose Luis Gastelum Alvarez
Expediente 318/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 318/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 04/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jose Luis Gastelum Alvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, contra el proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se declaró cumplido el fallo protector; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, acorde a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, este expediente es susceptible de depuración, dado que por resolución de quince de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, determinación que fue recurrida por la autoridad responsable y confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en esta ciudad; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, de los mismos se desprende que mediante auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el cumplimiento de ejecutoria otorgado por la autoridad responsable CFE Suministrador de Servicios Básicos; sin que a la fecha del presente auto haya hecho manifestación alguna. En ese sentido, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar debe indicarse que el quejoso en esta vía constitucional, reclamó esencialmente la falta de cumplimiento a la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con domicilio en esta ciudad, dentro del Juicio Oral Mercantil 9/2017-3A; así como la devolución de la cantidad de $17,985.03 (diecisiete mil novecientos ochenta y cinco pesos 03/100 Moneda Nacional) a la parte actora en ese juicio, aquí quejosa. Luego, se tiene que en resolución de quince de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, dé cumplimiento a la resolución dictada el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en el juicio oral mercantil 9/2017-3A, promovido por José Luis Gastelum Álvarez, en la que se declaró la nulidad absoluta del oficio AMED IDB070-0173/2012, de dieciocho de abril de dos mil doce y las consecuencias derivadas del mismo; como la cancelación o descargo en el sistema comercial que opera, relativa al servicio de energía eléctrica identificado como R.P.U. 538 050 218 325, instalado en el domicilio del actor en el juicio mercantil, aquí peticionario, ubicado en calle Salvador Esquer número 3015, Colonia Las Malvinas, de esta ciudad, de la cantidad de $17,985.03 (diecisiete mil novecientos ochenta y cinco pesos 03/100 Moneda Nacional); así como a la devolución de la cantidad apenas referida a dicho actor, debiéndose proveer lo conducente para la eficaz e inmediata ejecución de dicha sentencia, así como justificar el cumplimiento con las constancias relativas. Fallo protector que fue recurrido por la autoridad responsable CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, y confirmado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en esta ciudad, por medio de resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Consecuentemente, mediante auto de diecisiete de agosto, veintiocho de septiembre y veinticinco de dos mil veintiuno, se requirió a la aludida autoridad responsable su cumplimiento. Al respecto, el apoderado legal de la autoridad responsable CFE Suministrador de Servicios Básicos, a través de escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el sentido de acatar la sentencia dictada en el juicio oral mercantil promovido por el quejoso ante el Juzgado Séptimo de Distrito bajo el expediente 9/2017-3A donde se condenó a su representada a la cancelación o descargo en el sistema comercial que opera, relativo al servicio de energía eléctrica identificado como R.P.U. 538 050 218 325, mismo que se realizó y se hizo entrega del cheque de caja número 0005365 de once de junio de dos mil veintiuno, de la Institución bancaria Banorte por la cantidad de $17,937.00 (Diecisiete Mil Novecientos Ochenta y Cinco pesos, 00/100 M.N.), tal y como se aprecia de la copia de la diligencia de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, ante la presencia del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, anexa al escrito de referencia. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, quien hasta la fecha del presente acuerdo no hizo manifestaciones al respecto. En ese tenor, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que la mencionada responsable, diera cumplimiento a la resolución dictada el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en el juicio oral mercantil 9/2017-3A, promovido por José Luis Gastelum Álvarez, en la que se declaró la nulidad absoluta del oficio AMED IDB070- 0173/2012, de dieciocho de abril de dos mil doce y las consecuencias derivadas del mismo, ya mencionadas, así como a la devolución de la referida cantidad a la parte actora, lo cual ya aconteció; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito firmado por el apoderado legal de la autoridad responsable CFE Suministrador de Servicios Básicos, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, dese vista a la parte quejosa con el citado escrito y anexo, a fin de que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable CFE Suministrador de Servicios Básicos, con sede en esta ciudad, no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable en comento, a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la recepción del oficio respectivo, otorgue el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que en caso de omitir dar cumplimiento, o realizar evasivas o retardar aún más el cumplimiento a la sentencia constitucional, que es el caso, en su oportunidad y agotado el procedimiento de ley en este tipo de casos, en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional y de los numerales 192, 193, 198, 237, fracción I y 238 de la Ley de Amparo, se le aplicará una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 258, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido, de que la concesión del amparo se realizó en los siguientes términos: "1. Bajo ese contexto, atento a la relación de constancias, se observa que la autoridad responsable CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS no ha dado cumplimiento voluntario a la sentencia; consecuentemente, al existir una violación a la garantía individual de impartición de justicia pronta y expedita establecida en el artículo 17 Constitucional, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para el efecto que la autoridad responsable dé cumplimiento a la resolución dictada el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en el juicio oral mercantil 9/2017-3A, promovido por José Luis Gastelum Álvarez, en la que se declaró la nulidad absoluta del oficio AMED IDB070-0173/2012, de dieciocho de abril de dos mil doce y las consecuencias derivadas del mismo; como la cancelación o descargo en el sistema comercial que opera relativa al servicio de energía eléctrica identificado como R.P.U. 538 050 218 325, instalado en el domicilio del actor, ubicado en calle Salvador Esquer número 3015, Colonia Las Malvinas, de esta ciudad, de la cantidad de $17,985.03 (diecisiete mil novecientos ochenta y cinco pesos 03/100 Moneda Nacional); así como a la devolución de la cantidad apenas referida a la parte actora, para lo cual deberán proveer lo conducente para la eficaz e inmediata ejecución de dicha sentencia, hecho lo anterior justifique el cumplimiento con las constancias relativas.". En la inteligencia, de que se fija el aludido plazo en razón del tiempo transcurrido entre la ejecutoria de cumplimiento y la fecha del presente auto, lo cual de por sí se consideró un retraso en el cumplimiento de la sentencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 59/2014 sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo.". Asimismo, se invoca al respecto la Jurisprudencia 54/2014, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.".
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