José Luis López Orozco

Expediente 1133/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1133/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • José Luis López Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 1133/2022 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintidós. 1. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso *** interpusiera recurso de queja contra la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, por la cual se desechó su demanda de amparo, no obstante su notificación vía electrónica el cuatro de octubre del año en curso. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo. Considerando que en resolución de veintiocho de septiembre de este año se desechó la demanda de amparo, y toda vez que en esta fecha queda firme, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del acuerdo general en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. 6. Instrucción a Secretaría. Finalmente, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.1133/2022.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo depositada el veintiséis de este mes en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y recibida en este órgano jurisdiccional el veintisiete siguiente, promovida por José Luis López Orozco, por propio derecho, contra un acto de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 1133/2022. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Actuaría (integración de notificaciones al expediente electrónico). De igual manera, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre de manera correcta al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la finalidad de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 4. Antecedentes del acto reclamado. Para un mejor entendimiento de la cuestión a dilucidar en esta instancia constitucional, con la finalidad de emitir la determinación que corresponde en términos del numeral 112 de la Ley de Amparo, se estima necesario precisar los antecedentes de este juicio de amparo; mismos que el quejoso narró parcialmente en la demanda, pues omitió proporcionar información que, de oficio, este órgano jurisdiccional advirtió en diverso juicio de amparo. En efecto, como se hizo constar en la certificación de cuenta, en este Juzgado se tramitó el juicio de amparo 808/2022 promovido por José Luis López Orozco contra un acto de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; lo que se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, del que se advierte lo siguiente: El veinticuatro de agosto de dos mil veinte la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó sentencia definitiva en el juicio administrativo 3404/19-15-01-1, en la cual declaró la nulidad de la resolución impugnada. En proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno la Sala declaró firme la sentencia aludida. El uno de junio de dos mil veintidós la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa inició, de oficio, el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, requiriendo a la autoridad demandada para que en el plazo de tres días hábiles diera cumplimiento a la sentencia de nulidad, apercibiéndola que, de no hacerlo, le impondría multa. El quejoso José Luis López Orozco, mediante escrito presentado ante la responsable el cuatro de mayo de dos mil veintidós, interpuso una primera queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia definitiva. En determinación de diez de junio de este año, la responsable desechó, por improcedente, esa queja por omisión; en razón de que ya había iniciado, de oficio, el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Dicho acuerdo constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo 808/2022. El treinta de agosto de dos mil veintidós se dictó sentencia en ese juicio de amparo, sobreseyéndolo, por la razón esencial siguiente: ".no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque no se actualiza el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del amparo, ya que de lo expuesto en la demanda y los anexos que remitió la autoridad responsable, se advierte que no existe en el juicio de nulidad 3404/19-15-01-1 (en este momento) afectación directa e inmediata en los derechos sustantivos de la parte quejosa, en virtud de que la sala responsable se encuentra agotando el procedimiento de ejecución de la sentencia con base a lo estipulado en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues requirió a la autoridad demanda el cumplimiento de la sentencia dictada; y no ha dictado la última resolución en la etapa de ejecución. De ahí que no puede afirmarse que la autoridad responsable hubiere vulnerado el derecho de la parte quejosa a una correcta impartición de justicia y que incurre en omisión de cumplimiento de sentencia. Lo que demuestra que la determinación de diez de junio de este año no es ilegal, y tampoco se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que de ninguna manera significa que la autoridad responsable se haya abstenido de continuar el procedimiento de cumplimiento de la sentencia, o que haya declarado la imposibilidad para ello; porque, como se reseñó, está siguiendo el procedimiento que indica el numeral 58 de la ley aplicable a la materia." El veintiuno de septiembre de este año causó ejecutoria la sentencia dictada y se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. Ahora, en el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo que da origen a este juicio 1133/2022, y de sus documentales anexas, se aprecia que, independientemente de los términos que la parte quejosa empleó para describir el acto reclamado, lo cierto es que su pretensión es reclamar de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca: La resolución dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós en el juicio administrativo 3404/19-15-01-1, mediante la cual desechó, por improcedente, la segunda queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia definitiva, que el quejoso promovió en esa Sala el ocho de agosto de este año. Además, se advierte que, precisamente en esa resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, la Sala responsable desechó la queja de mérito en razón de que previamente, el veintidós de agosto de este año, hizo efectivo el apercibimiento decretado en un diverso auto de uno de ese mes, requiriendo nuevamente a la parte demandada para que cumpliera la sentencia de nulidad. Y en el mencionado auto de veintidós de agosto del año en curso, la Sala responsable requirió el cumplimiento de la sentencia de nulidad por conducto del superior jerárquico de la autoridad demandada, e hizo efectivas las multas, apercibiendo con nuevas, para el caso de incumplimiento. Siendo esa la información que destaca de las constancias de autos, para la emisión de la resolución siguiente: 5. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; es decir, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario), que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Del análisis de los numerales en cita se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos que emanen de un juicio, siempre que sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, que cuando se trate de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo únicamente será procedente respecto de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda que al efecto se presente todas las violaciones que hubiesen ocurrido en dicho procedimiento. Al respecto, conviene señalar que en la Ley de Amparo abrogada -aunque con mínimas diferencias- lo relativo a la ejecución de imposible reparación estaba previsto en el artículo 114, fracciones III y IV, que fueron interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que ese concepto implicaba la afectación directa e inmediata a un derecho sustantivo, y que podía ser aplicada para los actos en ejecución de sentencia a condición de que se tratase de afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Respecto al tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 108/2010, consultable en la foja 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE"; estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente en ese momento, debía interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral, dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. De lo anterior, se obtiene que la regla general para que proceda el reclamo en la vía de amparo indirecto contra actos intraprocesales, ya sea dentro de juicio o después de concluido, reside en que éstos deben tener sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, que ocasionen una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.11o.C. J/7 K (11a.) del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." Y a fin de dar mayor claridad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en concordancia con la reforma al artículo 107 constitucional, y lo relativo a los actos de imposible reparación, estableció las siguientes premisas: A. Previo a la emisión de la actual Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, determinaba en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. B. En el artículo 107, fracciones III y V, de la Ley de Amparo vigente se establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. C. Un acto será calificado como de imposible reparación si produce una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que, no necesariamente, llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Expuesto lo anterior, se estima actualizada la mencionada causal de improcedencia, debido a que, como ya se reseñó, a la fecha de presentación de la demanda de amparo se encuentra en trámite el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que inició la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de manera oficiosa; y la Sala responsable ha hecho efectivo el apercibimiento con el que había conminado a la autoridad demandada, y nuevamente volvió a requerir el cumplimiento de la sentencia, incluso, por conducto del superior jerárquico de la perdidosa. Por ello -tal como se consideró en la sentencia dictada en el juicio de amparo 808/2022-, el desechamiento de la segunda queja por omisión en el cumplimiento de sentencia de nulidad, promovida por el quejoso, no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues la Sala responsable ya inició y tramita, de oficio, el procedimiento a que hace alusión el numeral invocado; tan es así, que ha hecho efectivo los apercibimientos con los que conminó a la autoridad demandada y requirió al superior jerárquico. Máxime que, como lo contempla el artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la queja en análisis sólo podrá hacerse valer una sola vez y, en el caso, el quejoso reclama el desechamiento de una segunda queja por omisión. Al efecto, en la tesis 2a. LXXVIII/2013 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, septiembre de 2013, registro 2004565, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que el hecho de que el artículo referido disponga que la queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, debe entenderse en el sentido de que el particular puede interponerlo por cada uno de los supuestos de procedencia que describe; lo que en el supuesto en estudio aconteció, pues el quejoso ya reclamó mediante una primera queja la omisión de las demandadas de cumplir con la sentencia de nulidad. Y en el caso particular, como ya se ha dicho, la Sala responsable se encuentra actuando, de oficio, para lograr el cumplimiento de su sentencia. Entonces, se estima que la etapa de ejecución de la sentencia administrativa en relación con la determinación reclamada de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque, por lo que hace a la determinación reclamada, no se actualiza el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del amparo. Sin que con esta determinación se deje en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que, de estimarlo necesario, se encuentra legalmente posibilitado para promover nuevo juicio de amparo indirecto, pero esta vez reclamando el incumplimiento de la sentencia de nulidad dictada por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; ello, debido a que ya interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y que, dado el desechamiento del mismo, no le asiste la carga legal de agotarlo. Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.) de rubro siguiente: RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Por las consideraciones vertidas, procede desechar de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por José Luis López Orozco, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo. 6. Notificación y consulta electrónica; autorizados para dichos efectos. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente electrónico de este juicio, con el usuario "jatoledo"; asimismo, con fundamento el numeral 3 de la Ley de Amparo, y por existir en la demanda la solicitud expresa en dicho sentido, se ordena realizar todas las notificaciones que le correspondan vía electrónica, a través del usuario proporcionado; ello, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, relacionado con el diverso numeral 55 del Acuerdo General 12/2020 ya citado. De ahí que, pese a que también señala un domicilio físico para tal efecto, el señalamiento especial que se hace para la práctica de notificaciones electrónicas mediante el usuario designado, sustituye a las diversas (personales, por oficio, por lista); así, solo se notificarán en el domicilio proporcionado para el caso de que existiera alguna situación tecnológica que impida el envío electrónico de la notificación respectiva. Por las razones sostenidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mismas que se comparten, se invoca la tesis I.1o.P.34 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 58, septiembre de 2018, tomo III, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO". Máxime que ello encuentra apoyo en las disposiciones previstas en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo notificaciones personales y/o entrega de constancias de manera impresa. Con fundamento en el numeral 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado con facultades amplias a José Alfredo Benítez Toledo (cédula profesional 5297740); toda vez que de la certificación secretarial se advierte que existe registrada cédula profesional a su favor que lo faculta a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho. Y con fundamento en el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que refiere, por no haberse encontrado registro de cédula profesional a su favor; sin embargo, una vez que acrediten tal carácter con la información o documental idónea, si es que a sus intereses así conviene, se les podrá tener por autorizados en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. VIII/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 77, agosto de 2020, tomo V, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con registro 2021840, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". 7. Uso de medios electrónicos. De acuerdo a la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de aparatos electrónicos para obtener la toma de acuerdos y captura de constancias; sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte ocursante, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, y se hace del conocimiento de la parte quejosa que este Juzgado podrá restringir el uso de dichos medios cuando se trate de documentos que tengan información reservada o confidencial, por lo que, ante este supuesto, las constancias no podrán ser transmitidas, copiadas, fotografiadas, escaneadas o reproducidas por cualquier medio. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 26/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Indicación actuario. Por ello, se indica al actuario que cuando se lleve a cabo la utilización de los aparatos electrónicos de referencia, solicitará la identificación de la persona respectiva y asentará razón del nombre y de las constancias que se capturarán. Forma de captura. En el entendido que para el uso de los medios solicitados, deberá estarse a lo dispuesto en el Capítulo II, denominado "Atención al público en general", del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; es decir, deberá generarse cita previa para la comparecencia a este Juzgado. 8. Medios para entablar comunicación con la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 22, fracción I, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se toma en cuenta que la parte quejosa proporciona direcciones de correo electrónico como medios para entablar comunicación no procesal, únicamente como un canal de comunicación para establecer contacto en los casos en que se estime necesario o pertinente para el éxito de diligencias y la seguridad de quienes intervengan en la misma, pero no para practicar notificaciones, pues en ese aspecto la Ley de Amparo establece la forma en que deben ser practicadas. 9. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Hágase del conocimiento de las partes procesales que, respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales y oficialías de partes, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, entre otras cuestiones, deberán estarse a lo indicado en el referido acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su periodo de vigencia por su similar 16/2022. 10. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 11. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria en que se encuentra el país, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 12. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 13. Anotaciones. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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