José Luis López Orozco

Expediente 808/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
808/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
21/09/2022

Partes del expediente

  • José Luis López Orozco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    PRAL.808/2022. MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. 1° Estado de autos. Vistos los autos, particularmente la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de treinta de agosto de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio; sin que lo hubiese hecho. 2° Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3° Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo para inconformarse de la autoridad responsable, pues, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio le genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra, además, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, de rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4° Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia referida en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5° Instrucción Secretaría y Actuaría. Se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión pública de la sentencia dictada en este juicio sea consultable por internet. 6° Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en sentido contrario), 21, inciso a), y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 7° Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 y 24, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible, en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal", por lo cual será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda destruible. 8° Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula de este expediente obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. 9° Anotaciones. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. 10° Devolución de tomo. De la certificación de cuenta se advierte que, en esta Secretaría, obra en resguardo un tomo de pruebas remitido por la magistrada presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en apoyo a su informe justificado (tomo anexo I). Por tanto, se ordena la devolución de dicho anexo, toda vez que carece de objeto su permanencia en este Juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.808/2022.MESA-8 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con dieciocho minutos del treinta de agosto de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 808/2022, como se ordenó en acuerdo de cinco de agosto del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, con fundamento en el numeral 124 de Ley de Amparo, la declara abierta, sin asistencia de las partes de manera física o a través de medios electrónicos. Abierta la audiencia, Enseguida, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan a) la demanda de amparo promovida por José Luis López Orozco, por propio derecho, e b) informe justificado rendido por la responsable. Además, hace constar que: I) No existen promociones pendientes por acordar. II) Las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. A lo anterior se acuerda: a) Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. b) Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: Pruebas parte quejosa. Documentales en copia simple: Credencial para votar expedida por el secretario ejecutoria del Instituto Nacional Electoral a favor de José Luis López Orozco. Acuerdo de diez de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente 3404/19-15-01-1, del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones. Pruebas autoridad responsable. Copia certificada de diversas documentales deducidas del juicio de nulidad 3404/19-15-01-1. Al respecto, se acuerda: tomando en consideración que dichos medios de convicción fueron admitidos y desahogados durante la sustanciación de este juicio en razón de su especial naturaleza, serán ponderados al momento de dictarse la sentencia correspondiente. Y en relación con la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana ofrecida por la parte quejosa, se tomará en consideración la totalidad de las actuaciones de este juicio y se deducirán las presunciones que se aprecien en favor de la parte quejosa. No existiendo pruebas que desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra este periodo. Fase de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes los formuló, ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento; por lo que se cierra esta etapa; y, visto el expediente, se procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver el juicio de amparo número 808/2022; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. 1.1. Mediante escrito presentado el ocho de julio de dos mil veintidós en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y recepcionada el once de julio siguiente en este órgano de control constitucional, José Luis López Orozco, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 1.2. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del escrito de demanda. 2.1 Registro de demanda. Por auto de doce de julio de dos mil veintidós se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 808/2022 y se admitió a trámite la demanda; se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Audiencia constitucional. Previos los trámites relativos, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y los actos se reclaman de una autoridad residente en Oaxaca de Juárez, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo se establece que los actos reclamados por la quejosa y por los cuales se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda, son: El auto de diez de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente 3404/19-15-01-1, del control de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el cual, se desechó, por improcedente, el recurso de queja interpuesto por el aquí quejoso. Que atribuye a la: Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable, magistrado presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto que se le atribuye. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si, en la especie, existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario), que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Del análisis de los numerales en cita se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos que emanen de un juicio siempre que sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, que cuando se trate de actos de ejecución de sentencia el juicio de amparo únicamente será procedente respecto de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la correspondiente demanda que al efecto se presente, todas las violaciones que hubiesen ocurrido en dicho procedimiento. Al respecto, se estima necesario señalar que en la Ley de Amparo abrogada, aunque con mínimas diferencias, lo relativo a la ejecución de imposible reparación estaba previsto en el artículo 114, fracciones III y IV, que fueron interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que ese concepto implicaba la afectación directa e inmediata a un derecho sustantivo, y que podía ser aplicada para los actos en ejecución de sentencia a condición de que se tratase de afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Respecto al tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 108/2010, consultable en la foja 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE"; estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, en ese momento, debía interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral, dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. De lo anterior se obtiene que la regla general para que proceda el reclamo en la vía de amparo indirecto contra actos intraprocesales, ya sea dentro de juicio o después de concluido, reside en que éstos deben tener sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, que ocasionen una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.11o.C. J/7 K (11a.) del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." Ahora, a fin de dar mayor claridad a la determinación que se emite, es conveniente tomar en cuenta lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en concordancia con la reforma al artículo 107 constitucional, y lo relativo a los actos de imposible reparación. De la jurisprudencia en cita se obtienen las siguientes premisas: A. Previo a la emisión de la actual Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, determinaba en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. B. En el artículo 107, fracciones III y V, de la Ley de Amparo vigente se establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. C. Un acto será calificado como de imposible reparación si produce una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que, no necesariamente, llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Expuesto lo anterior, en el caso, la parte quejosa reclama: Autoridad responsable: Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: Acto reclamado: El auto de diez de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente 3404/19-15-01-1, del control de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el cual se desechó el recurso de queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en al aludido juicio interpuesto por el aquí quejoso. En tanto que los antecedentes del acto reclamado son los siguientes: El veinticuatro de agosto de dos mil veinte la autoridad responsable dictó sentencia definitiva en el juicio 3404/19-15-01-1, en la cual se declaró la nulidad de la resolución impugnada. En proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno la responsable declaró que la aludida sentencia dictada se encontraba firme. El uno de junio de este año la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa inició, de oficio, el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, requiriendo a la autoridad demandada para que en el plazo de tres días hábiles, diera cumplimiento a la sentencia dictada, apercibiéndola que de no hacerlo, le impondría una multa. El quejoso José Luis López Orozco, mediante escrito presentado el cuatro de mayo pasado ante la responsable, interpuso queja, por omisión, al cumplimiento de la sentencia definitiva. En determinación de diez de junio de este año, la responsable desechó, por improcedente, la queja por omisión promovida, por los motivos expuestos en dicho proveído; dicho acuerdo es el que constituye el acto reclamado en este juicio. Ante ello, se estima que la etapa de ejecución de la sentencia administrativa en relación con la determinación de diez de junio de este año, no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque no se actualiza el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del amparo, ya que de lo expuesto en la demanda y los anexos que remitió la autoridad responsable, se advierte que no existe en el juicio de nulidad 3404/19-15-01-1 (en este momento) afectación directa e inmediata en los derechos sustantivos de la parte quejosa, en virtud de que la sala responsable se encuentra agotando el procedimiento de ejecución de la sentencia con base a lo estipulado en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues requirió a la autoridad demanda el cumplimiento de la sentencia dictada; y no ha dictado la última resolución en la etapa de ejecución. De ahí que no puede afirmarse que la autoridad responsable hubiere vulnerado el derecho de la parte quejosa a una correcta impartición de justicia y que incurre en omisión de cumplimiento de sentencia. Lo que demuestra que la determinación de diez de junio de este año no es ilegal, y tampoco se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que de ninguna manera significa que la autoridad responsable se haya abstenido de continuar el procedimiento de cumplimiento de la sentencia, o que haya declarado la imposibilidad para ello; porque, como se reseñó, está siguiendo el procedimiento que indica el numeral 58 de la ley aplicable a la materia. Se invoca al respecto la tesis I.12o.C.22 K (10a.) del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO. En términos del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo el juicio constitucional se tramitará ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga esas características. De manera que si el juicio de amparo indirecto procede en esas hipótesis, esta disposición debe estimarse que da pauta a la interpretación, de modo que aun tratándose de actos dictados en juicio concluido existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, es decir, los distintos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma insoslayable. En este contexto, si la resolución reclamada fue dictada en etapa de ejecución de sentencia, pues de los antecedentes se advierte que existe sentencia definitiva, la decisión de rechazar un recurso no puede estudiarse aisladamente al acto pretendidamente recurrido, es decir, la resolución que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones que el quejoso inició para impugnar la notificación que se realizó en cuanto a la devolución al archivo judicial del expediente natural y como consecuencia la resolución que niega la admisión del recurso correspondiente no satisface los requisitos para la procedencia del amparo indirecto, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y como el quejoso compareció al juicio natural y éste se encuentra en la etapa de ejecución, no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Consecuentemente, aun cuando surjan actos en la etapa de juicio concluido, muchos de ellos son inocuos (inofensivos) para los intereses del quejoso, como sucede en el caso, en tanto que su contenido no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 citado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente." Sin que esta resolución sea contraria al principio de progresividad en relación al derecho de recurso judicial efectivo, dado que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no eliminó un derecho, ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, ya que ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal. Aunado a que si la autoridad responsable no cumple la sentencia o dilata notoria y abiertamente el procedimiento respectivo, la parte quejosa estará en condiciones de promover nuevamente el juicio de amparo cuando así sea oportuno, y podrá analizarse si, en ese momento, se actualiza una violación a sus derechos fundamentales; lo que ahora no sucede. Es aplicable, la tesis aislada 2a. XLVIII/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 1070, Libro 19, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2015, Décima Época, Registro 2009478, con el rubro siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO". Determinación. En esas condiciones, como se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable, procede sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Luis López Orozco contra el auto de diez de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente 3404/19-15-01-1, en el cual, se desechó, por improcedente, el recurso de queja interpuesto por el aquí quejoso, que atribuye a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo; asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL.808/2022. MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de agosto de dos mil veintidós. 1. Se agrega informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio 15-1-1-39504/22, suscrito por la magistrada presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, mediante el cual rinden informe justificado; con el mismo dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. 2. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la autoridad responsable la que acompaña a su oficio de cuenta, consistente en copia certificada de diversas documentales deducidas del juicio de nulidad 3404/19-15-01-1, de su control; misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio. 2.1. Tomo anexo. Debido a la voluminosidad de la documental que remitió la responsable, con la misma se ordena formar el tomo anexo I, que queda a disposición de las partes en la Secretaría de este Juzgado, respetando el folio y entresello correspondientes. 2.2. Disposición del tomo anexo. Se precisa a la partes que, conforme al artículo 3° del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado en su vigencia por el diverso 16/2022), podrá agendar cita en el Portal de Servicios en Línea "Agenda OJ"", a fin de consultar el tomo anexo relativo a este expediente en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, sede San Bartolo Coyotepec, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo referido. Notifíquese. Así lo proveyó Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de once de julio de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria Técnica de la Comisión Permanente mediante oficio número CCJ/ST/2918/2022, de la misma fecha; y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL.808/2022. MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de agosto de dos mil veintidós. 1° Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el término a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, rinda el informe justificado solicitado en proveído de doce de julio de dos mil veintidós. 2° Se difiere audiencia. En consecuencia, no es jurídicamente posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere, y se fijan las nueve horas con dieciocho minutos del treinta de agosto de dos mil veintidós, para su celebración. 3° Notificación por lista. Se precisa que la notificación de este proveído se realizará por medio de lista a la parte quejosa, agente del Ministerio Público adscrita y autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen los oficios respectivos, tomando en consideración que es una determinación de mero trámite. Notifíquese. Así lo proveyó Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de once de julio de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria Técnica de la Comisión Permanente mediante oficio número CCJ/ST/2918/2022, de la misma fecha; y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Ecm.

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