José Luis Jiménez Díaz (Representante común) y Otros.

Expediente 1137/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 30 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1137/2021
Año
2021
Actuaciones
30
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • José Luis Jiménez Díaz (Representante común)
  • José Luis Jiménez Díaz (Representante común) y Otros.
  • Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    PRAL.1137/2021.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de junio de dos mil veintidós. 1. Tribunal Colegiado acusa. Agréguese el oficio firmado por la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juarez, mediante el cual, acusa recibo de los autos originales de este juicio de amparo y del escrito original por el que se interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este expediente. Asimismo, informa que admitió a trámite dicho medio de impugnación, radicándolo con el número 279/2022, de su estadística. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.1137/2021.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de junio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que las partes en este juicio de amparo quedaron notificadas de la a) sentencia engrosada el veintinueve de abril del año en curso en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa, así como b) del acuerdo de dieciséis de mayo de este año, por el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia de referencia. 2. Remisión al Tribunal de Alzada. Por tanto, queda integrado el expediente y, en cumplimiento con lo ordenado en proveído de dieciséis de mayo de este año, realícese la remisión respectiva al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa. 3. Cuaderno de antecedentes y vinculación electrónica. Fórmese cuaderno de antecedentes, con las constancias respectivas; asimismo, se instruye a la oficial judicial "A" de esta adscripción, haga disponible el expediente electrónico de este juicio de amparo a través de la plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, a fin de que el Tribunal de Alzada pueda consultar este expediente a través de esa vía. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL.1137/2021.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. 1. Se agrega oficio. Agréguese el escrito firmado por el quejoso José Luis Jiménez Díaz, por el cual interpone recurso de revisión y anexa el original del escrito por el que expresa agravios; en esas condiciones, se provee: 2. Se interpone recurso de revisión. Con fundamento en los artículos 81, 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha parte procesal interponiendo recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo. Por tanto, distribúyanse entre las demás partes copia del escrito de expresión de agravios (con excepción de la parte promovente) y, en su oportunidad, remítase a) el original de este expediente, b) el original del escrito de referencia, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, para el trámite del referido recurso. 3. Cuaderno de antecedentes y/o remisión del expediente. Asimismo, una vez que este expediente se encuentre integrado para su envío al Tribunal de Alzada, fórmese el cuaderno de antecedentes únicamente con las constancias necesarias y envíese el original a la superioridad para el trámite respectivo o, en su caso, de estimarlo procedente, remítase en su lugar el expediente electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL.1137/2021.MESA-6 Vistos para resolver el juicio de amparo 1137/2021, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio que, por razón de turno, el treinta de agosto siguiente correspondió conocer al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, 1) José Luis Jiménez Díaz y 2) José Arturo Torres Aquino solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del gobernador del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno el Juzgado Noveno de Distrito del Estado de Oaxaca registró la demanda de amparo con el expediente 891/2021, y previno a los quejosos 1) José Luis Jiménez Díaz y 2) José Arturo Torres Aquino aclararan su instancia constitucional. Mediante escrito de tres de septiembre de dos mil veintiuno la parte quejosa atendió la prevención antes referida; sin embargo, en auto de diez de septiembre del año pasado se requirió a esos quejosos la ratificación de las firmas que calzaban el escrito aclaratorio recibido en ese Juzgado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno. El veintiuno de septiembre del año pasado el quejoso José Luis Jiménez Díaz, en diligencia formal, ratificó el escrito aclaratorio de tres de septiembre de dos mil veintiuno; en tanto que el diverso quejoso José Arturo Torres Aquino no se presentó en la fecha que el Juzgado Noveno de Distrito del Estado de Oaxaca señaló para tal efecto; tampoco compareció en el plazo de tres días que se le otorgó para atender ese requerimiento; circunstancia que certificó el órgano jurisdiccional el veinticuatro de septiembre del año anterior. En auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca determinó carecer de competencia para conocer de este asunto, por razón de turno; por ello, declinó competencia a favor de este juzgado. En proveído de veintiséis de octubre del año pasado este órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada, registró el asunto con el expediente 1137/2021; se tuvo por no presentada la demanda respecto al quejoso José Arturo Torres Aquino; ello, al no haber ratificado el escrito aclaratorio y se admitió a trámite la demanda únicamente respecto al quejoso José Luis Jiménez Díaz; se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno causó estado el auto de veintiséis de octubre del año pasado, relativo a la parte que se tuvo por no presentada la demanda respecto al quejoso José Arturo Torres Aquino. Previo los trámites respectivos, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo; escrito aclaratorio, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama literalmente: Del gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca: a) La omisión de aplicar, observar y ejercer sus atribuciones y deberes en materia de seguridad pública en la Agencia de Policía de San Antonio Buena Vista, Municipio de San Sebastián Teitipac, Distrito de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, a fin de mantener el orden, preservar la paz y la tranquilidad, así como salvaguardar la integridad de las personas que habitan, laboran y hacen uso de la Ex Hacienda San Antonio Buena Vista y el "El Potrero". b) La omisión de implementar, supervisar y desarrollar un sistema de seguridad pública permanente para la vigilancia del orden público y prevención de delitos de la mencionada agencia municipal, a fin de que se evite la destrucción de la cerca, el robo de los tubos metálicos que la sostenían y que existe en el inmueble "El Potrero", el robo y saqueo de los bienes de su propiedad y en la Ex Hacienda San Antonio Buena Vista. c) La omisión de garantizar la libertad de tránsito a los inmuebles de la Ex Hacienda San Antonio Buena Vista y el Potrero y ordenar el retiro de la cadena que impide el ingreso a esos inmuebles. d) La omisión de ordenar al secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca salvaguardar la integridad de las personas que habitan, laboran y hacen uso de la Ex Hacienda San Antonio Buena Vista y el "El Potrero". e) La omisión de ordenar al comisionado de la Policía Estatal salvaguardar la integridad de los copropietarios de los inmuebles denominados Ex Hacienda San Antonio Buena Vista y el "El Potrero", así como sus derechos humanos y garantías. f) La omisión de ordenar a los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública del Estado, a su cargo, para que presten el auxilio de manera congruente, oportuna y proporcional a las personas que habitan, laboran y hacen uso de los bienes inmuebles consistentes en la Ex Hacienda San Antonio Buena Vista y "El Potrero", ubicados en la Agencia de Policía de San Antonio Buena Vista, Municipio de San Sebastián Teitipac, Distrito de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. g) La omisión de evitar la vulneración a los derechos humanos de la parte quejosa. h) La omisión de emitir las acciones necesarias, permanentes y eficaces para mantener el orden público, preservar la paz, la tranquilidad y la seguridad en la Agencia de Policía de San Antonio Buena Vista, Municipio de San Sebastián Teitipac, Distrito de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. i) La omisión de emitir las acciones necesarias, permanentes y eficaces para salvaguardar la integridad de las personas que habitan, laboran y hacen uso de los inmuebles denominados Ex Hacienda San Antonio Buena Vista y "El Potrero" ubicados en la Agencia de Policía de San Antonio Buena Vista, Municipio de San Sebastián Teitipac, Distrito de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. j) La omisión de emitir las acciones necesarias, permanentes y eficaces para evitar el daño a los bienes del quejoso, consistentes en los inmuebles denominados Ex Hacienda San Antonio Buena Vista y "El Potrero" ubicados en la Agencia de Policía de San Antonio Buena Vista, Municipio de San Sebastián Teitipac, Distrito de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Omisiones que consisten, sustancialmente, en: La falta u omisión en ordenar al secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca; comisionado de la Policía Estatal e integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, la ejecución de un programa permanente para la vigilancia del orden público y prevención de delitos en la Agencia de Policía de San Antonio Buena Vista, Municipio de San Sebastián Teitipac, Distrito de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, a fin de que se evite la destrucción de la cerca, el robo de los tubos metálicos que sostienen y existen en el inmueble "El Potrero", así como el robo y saqueo de los bienes de la Ex Hacienda San Antonio Buena Vista. La omisión de ordenar al secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca y al comisionado de la Policía Estatal salvaguardar la integridad de los copropietarios, de las personas que habitan, laboran y hacen uso de los inmuebles denominados Ex Hacienda San Antonio Buena Vista y "El Potrero", ubicados en la Agencia de Policía de San Antonio Buena Vista, Municipio de San Sebastián Teitipac, Distrito de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. La omisión de garantizar su derecho al libre tránsito. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir el informe justificado solicitado, la autoridad responsable, jefe del Departamento de Asuntos Relativos a Controversias y encargado del Departamento de Juicios de Amparo, por instrucciones del consejero jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, en su carácter de representante jurídico del gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, con sede en Tlalixtac de Cabrera, negó la existencia de los actos que se le atribuyen. Al respecto, refirió que no ha dejado de observar y cumplir con los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en particular del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en la esfera de su competencia. Para acreditar su dicho, remitió copia del oficio CJGEO/DGTSPJ/1705/2021, dirigido al secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, en el que solicitó su intervención para que vigile y establezca el orden público, preservación de la paz, la tranquilidad y seguridad, así como prevenga la comisión de delitos en la Agencia de Policía de San Antonio Buena Vista, Municipio de San Sebastián Teitipac, Distrito de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Sin embargo, como la parte quejosa le reclama a la citada autoridad la falta de una obligación de hacer, específicamente: La falta u omisión en ordenar al secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca; comisionado de la Policía Estatal e integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, la ejecución de un programa permanente para la vigilancia del orden público y prevención de delitos en la Agencia de Policía de San Antonio Buena Vista, Municipio de San Sebastián Teitipac, Distrito de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, a fin de que se evite la destrucción de la cerca, el robo de los tubos metálicos que sostienen y existen en el inmueble "El Potrero", y el robo y saqueo de los bienes de la Ex Hacienda San Antonio Buena Vista. La omisión de ordenar al secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca y al comisionado de la Policía Estatal salvaguardar la integridad de los copropietarios, de las personas que habitan, laboran y hacen uso de los inmuebles denominados Ex Hacienda San Antonio Buena Vista y "El Potrero", ubicados en la Agencia de Policía de San Antonio Buena Vista, Municipio de San Sebastián Teitipac, Distrito de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. La omisión de garantizar su derecho al libre tránsito. Resulta importante indicar, en primer término, que los actos reclamados serán analizados de manera conjunta, dada la naturaleza de aquéllos y, en segundo lugar, que los mismos son actuaciones de naturaleza negativa, ya que los actos de ese carácter consisten en una conducta 1) omisiva o 2) negativa; esto es, cuando consista en una abstención o negativa en dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la ley conceda para que ingrese al patrimonio jurídico de los ciudadanos una vez emitido el acto de la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. En el caso, los actos reclamados al gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca constituyen una falta en el ejercicio de sus facultades, que tiene como autoridad; por tanto, a efecto de evidenciar si le es o no atribuible dichas actuaciones a esa autoridad y, en su caso, acreditar la existencia o inexistencia de las mismas, es necesario advertir si la norma lo obliga a actuar de cierta manera. Sirve de apoyo lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 84, marzo de 2021, Tomo II, página 1215, registro 2022760, del texto siguiente: "ACTOS OMISIVOS. DETERMINACIÓN DE SU CERTEZA CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO EL NO EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE UNA AUTORIDAD. Hechos: En una demanda de amparo indirecto se impugnó la omisión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de ejercer sus facultades de recabar y emitir información estadística sobre asentamientos humanos informales o irregulares. Criterio jurídico: Para determinar la existencia o certeza de los actos consistentes en la omisión de una autoridad de ejercer alguna de las facultades que se estime le corresponden es suficiente advertir, someramente, la coherencia o viabilidad del argumento respectivo en relación con el marco jurídico general que rija la actuación de la autoridad a la que se atribuya la referida omisión. Justificación: Lo anterior es así, porque el estudio sobre la certeza de los actos reclamados no debe propiciar denegación de justicia al involucrar en ese análisis el estudio del fondo del asunto, lo que podría ocurrir cuando se pretenda corroborar con precisión si la autoridad a la que se atribuyan actos omisivos cuenta o no con las facultades para ejercerlos". Con base en dicho criterio, la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado, teniendo conocimiento de un acto o hecho, no acata la facultad normativa. Al respecto, los artículos 1, 2, 3, 5, 16 y 44 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca establecen: "Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en el Estado de Oaxaca, y tiene por objeto establecer y desarrollar las bases de aplicación del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y de coordinación entre el Estado y los Municipios y regular la función de seguridad pública". "Artículo 2. La seguridad pública es una función a cargo del Estado y de los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación y la persecución para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, y la reinserción social de las personas, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en las Constituciones Federal y Estatal". "Artículo 3. La función de seguridad pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, del Ministerio Público, de las instituciones responsables de la prisión preventiva, ejecución de penas y medidas de seguridad de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley". "Artículo 5. Corresponde al Estado la implementación, supervisión, desarrollo y coordinación del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, en un marco de respeto a las atribuciones de los Municipios, para lo cual desarrollará políticas en materia de prevención del delito con carácter integral, sobre las causas y factores que generan éste y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y protección de las víctimas y grupos vulnerables". "Artículo 16. El Consejo Estatal es la instancia superior del Sistema Estatal de Seguridad Pública y se integrará de la siguiente manera: A. Son integrantes: I. El Gobernador del Estado, quien lo presidirá; II. El Secretario General de Gobierno; III. El Secretario de Seguridad Pública; IV. El Procurador General de Justicia del Estado; V. El Diputado Presidente de la Comisión Permanente de Protección Ciudadana; VI. El Diputado Presidente de la Comisión Permanente de Administración de Justicia; VII. El Comisionado; y VIII. El Secretario Ejecutivo, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto. B. Son invitados permanentes con derecho a voz, pero no a voto, los representantes en el Estado de las siguientes autoridades federales: a) Secretaría de la Defensa Nacional; b) Secretaría de Marina; c) Procuraduría General de la República; d) Centro de Investigación y Seguridad Nacional; y e) Secretaría de Seguridad Pública. Asimismo, el Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y hasta ocho presidentes municipales de los Ayuntamientos con mayor población, con mayor incidencia delictiva o que cuenten con destinos turísticos, y que cumplan con lo establecido en la Ley General y la Ley, en lo relativo a la conformación de sus Instituciones Policiales, serán invitados permanentes de este Consejo Estatal, con derecho a voz, pero sin voto. El Consejo Estatal podrá invitar, con derecho a voz, pero sin derecho a voto, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública. (El segundo párrafo del apartado B, del artículo 16, se publica con las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo del Estado, por oficio fechado el 31 de julio de 2015 y recibido en el H. Congreso del Estado, el mismo día, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 53, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca) Los cargos en el Consejo Estatal serán honoríficos, excepto el del Secretario Ejecutivo". "Artículo 44. El Gobernador del Estado en materia de seguridad pública, tiene las atribuciones siguientes: I. Definir las políticas de seguridad pública en el Estado y emitir las directrices necesarias para la aplicación de las políticas y estrategias del Sistema, a fin de mantener el orden, preservar la paz, la tranquilidad y la seguridad del Estado, así como salvaguardar la integridad de las personas sus derechos humanos y garantías. II. Ejercer el mando de las instituciones de seguridad pública y el de las policías municipales en términos de la Constitución particular y de la presente Ley; III. Implementar, supervisar y desarrollar los sistemas de seguridad pública estatal en los Municipios, que garanticen el orden y la paz públicos en sus demarcaciones territoriales en los términos de la Constitución Federal, la Constitución Particular y la presente Ley; IV. Celebrar convenios y acuerdos con la Federación, las Entidades Federativas y Municipios, para mejorar la función de seguridad pública y operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública, conforme a la Ley General, la Constitución Particular, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, esta Ley, y demás disposiciones jurídicas aplicables; V. Formar parte y presidir el Consejo Estatal; VI. Proveer en su esfera administrativa, la exacta observancia de esta Ley; VII. Presentar iniciativas de Ley, expedir los reglamentos y disposiciones administrativas en materia de seguridad pública; VIII. Someter a consideración del Consejo Estatal, el Programa Estatal de Seguridad Pública y publicarlo en el Periódico Oficial del Estado; IX. Presidir las sesiones del Consejo Estatal; X. Requerir al Secretario Ejecutivo, informes sobre el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo Estatal; XI. Promover la participación de la ciudadanía en términos del título noveno de esta Ley; XII. Proponer al Consejo Estatal la creación de comisiones especiales permanentes o temporales para estudiar, operar y evaluar políticas, proyectos, planes, programas y acciones en materia de seguridad pública, en términos del artículo 20 de la Ley; XIII. Analizar con los presidentes de los Consejos Regionales y Municipales la problemática municipal en materia de seguridad pública, así como proponer las estrategias y acciones para su atención y solución; XIV. Presentar al Consejo Nacional las propuestas de programas, estrategias y acciones que se acuerden en el Consejo Estatal; XV. Implementar las medidas necesarias para hacer efectiva la coordinación en materia de seguridad pública, así como la ejecución de las políticas y acciones adoptadas por el Consejo Estatal, y XVI. Todas aquellas que le confiere la Constitución Federal, la Constitución particular, la Ley General, la presente Ley, y demás ordenamientos legales. El Gobernador del Estado podrá delegar las atribuciones a que se refiere este artículo al Secretario, a excepción de las previstas en las fracciones I, II, III, VII y XV, que son exclusivas del Titular del Ejecutivo Estatal". (Transcripción) De los citados numerales se advierte que la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer y desarrollar las bases de aplicación del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y de coordinación entre el Estado y los Municipios y regular la función de seguridad pública. Asimismo, que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y de los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación y la persecución para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la reinserción social de las personas, en las respectivas competencias establecidas en las Constituciones Federal y Estatal. Así también, que la función de seguridad pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, del Ministerio Público, de las instituciones responsables de la prisión preventiva, ejecución de penas y medidas de seguridad de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, así como por las demás autoridades que, en razón de sus atribuciones, deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley. Y que el Consejo Estatal es la instancia superior del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el cual se integra por el gobernador del Estado de Oaxaca y otros; que cuenta con las atribuciones previstas en el artículo 44 del citado ordenamiento. Lo que patentiza que la seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; también comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación y la persecución para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la reinserción social de las personas, en las respectivas competencias establecidas en las Constituciones Federal y Estatal y que el gobernador del Estado tiene, entre otras atribuciones, definir las políticas y estrategias de seguridad pública en el Estado; esto, a fin de salvaguardar la paz social e integridad de las personas; sin embargo, no se aprecia que dentro de sus atribuciones se encuentra emitir medidas de protección a favor de un particular. De ahí que los actos reclamados son inexistentes, pues las omisiones reclamadas por la parte quejosa conllevan esa pretensión (emisión de una medida de protección), pues lo que desea es que el gobernador del Estado de Oaxaca ordene al 1) secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca; 2) comisionado de la Policía Estatal e 3) integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca la ejecución de un programa permanente para la vigilancia del orden público y prevención de delitos en la Agencia de Policía de San Antonio Buena Vista, Municipio de San Sebastián Teitipac, Distrito de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, a fin de que se evite la destrucción de la cerca, el robo de los tubos metálicos que sostienen y existen en el inmueble "El Potrero", así como el robo y saqueo de los bienes de la Ex Hacienda San Antonio Buena Vista; emita las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de los copropietarios, de las personas que habitan, laboran y hacen uso de los inmuebles denominados Ex Hacienda San Antonio Buena Vista y "El Potrero", ubicados en la Agencia de Policía de San Antonio Buena Vista, Municipio de San Sebastián Teitipac, Distrito de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y que se garantice su derecho al libre tránsito; empero, conforme a la citada norma no se advierte que dentro de sus funciones se encuentre emitir medidas de protección en favor de un particular. Aunado que tampoco quedó acreditado en autos que la autoridad competente haya emitido a favor de la parte quejosa una medida de protección y, con ello, haya ordenado al gobernador del Estado de Oaxaca que actuara en la forma cuya omisión se reclama; razón por la cual son inexistentes los actos reclamados. Sin que los medios de convicción aportados por la parte quejosa sean eficaces para desvirtuar la inexistencia aseverada por la autoridad responsable, por lo siguiente: Con la copia certificada del instrumento notarial nueve mil doscientos ochenta y ocho (9,288) del notario público setenta y cuatro en el Estado de Oaxaca, la parte quejosa acreditó la compraventa de una fracción de lote de terreno que formó parte de la Hacienda de San Antonio Buena Vista, ubicado en el Distrito de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; con la copia simple de la captura de un correo electrónico con nota de envío de doce de agosto de dos mil veintiuno de un documento identificado como "Gobierno del Edo" en formato PDF dirigido al correo denominado: gobernadoroax@oaxaca.gob.mx y el escrito de veintisiete de julio de dos mil veintiuno dirigido al gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, sin sello de recepción, demostró la solicitud que realizó al gobernador del Estado de Oaxaca; en tanto que con la copia certificada de la razón de once de septiembre de dos mil veintiuno, asentada por el notificador adscrito al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, en la causa penal 918/2021, acreditó la imposibilidad que tuvo el fedatario para ingresar a la entrada del Hotel Boutique Ex Hacienda San Antonio Buena Vista, San Sebastián Teitipac, Tlacolula, Oaxaca, para notificar a una diversa persona una determinación, con motivo que lo abordaron dos personas que se identificaron como policías municipales, uno de ellos era el comandante, ya que le indicaron que José Luis Jiménez y la población tienen problemas por haber comprado terrenos de forma ilegal y ellos estaban ahí para no dejar entrar a nadie con motivo del resguardo del inmueble. Sin embargo, la 1) resolución de cinco de septiembre de mil novecientos cincuenta y uno, emitida por el presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y el jefe de Departamento Agrario y 2) el certificado de inafectabilidad, al constituir en copias simples, no generan convicción, por tener sólo un valor indiciario, pues presume la existencia del documento, más no la certeza de aquéllas en cuanto a su contenido y autenticidad; por ello, son ineficaces para desvirtuar la inexistencia de los actos reclamados. De ahí que dichas probanzas no desvirtuaron la inexistencia de las omisiones reclamadas, esto es, que existe una norma que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado, ni tampoco quedó demostrado que la autoridad fue omisa en cumplir con una determinación emitida por una autoridad competente. No pasa desapercibido que la parte quejosa, mediante escrito de veintisiete de julio de dos mil veintiuno enviado vía correo electrónico gobernadoroax@oaxaca.gob.mx el doce de agosto de dos mil veintiuno ante la autoridad responsable, gobernador del Estado de Oaxaca, le solicitó su intervención a fin de prevenir la comisión de delitos en su contra, y en los inmuebles denominados Ex Hacienda San Antonio Buena Vista y El Potrero ubicados en la Agencia de Policía de San Antonio Buena Vista, Municipio de San Sebastián Teitipac, Distrito de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; sin embargo, en auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno se requirió a la referida parte quejosa para que, entre otras cuestiones, manifestara si deseaba señalar como acto reclamado la petición de dar contestación a su escrito de veintisiete de julio de dos mil veintiuno; pese a ello, al cumplir con dicha prevención señaló que solo reclamaba los actos que se precisaron en la demanda de amparo; de ahí que, no se tiene como acto destacado dicha petición; por tanto, debe estarse a lo antes determinado (inexistencia actos reclamados). En consecuencia, por inexistencia de los actos reclamados, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octavo Época, agosto 1993, página 9, registro 206391, del texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS DE CARACTER POSITIVO. LOS VICIOS DE CARACTER NEGATIVO QUE SE ATRIBUYAN NO RELEVAN AL QUEJOSO DE LA OBLIGACION DE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE TALES ACTOS. Si los actos reclamados son de carácter positivo (emisión de una orden de visita, práctica de la visita, orden de clausura o la clausura misma) y la quejosa les atribuye vicios de carácter negativo (que no se le mostró la orden, que no se elaboró el acta de visita o que no se le notificó la orden de clausura) esa circunstancia no releva al agraviado de la obligación de demostrar la existencia de aquéllos, ante la negativa que de su realización hagan las autoridades responsables, puesto que si bien es cierto que el promovente del amparo no está obligado a probar que las autoridades responsables incurrieron en actos negativos u omitieron la realización de otros, también lo es que cuando la conducta negativa u omisiva que se les atribuye como vicios en que incurrieron al realizar actos de carácter positivo, primero debe demostrarse la existencia de éstos, para así arrojar a las autoridades responsables la carga de la prueba de que no incurrieron en los vicios de carácter negativo u omisivo que se les imputa". Así como la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 57, agosto de 2018, tomo III, registro 2017654, del texto siguiente: "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia". CUARTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Luis Jiménez Díaz, respecto de los actos reclamados precisados en el considerando segundo; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta hoy, veintinueve de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado

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