José Luis Lara Fermín

Expediente 148/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 14 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
148/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
05/09/2022

Partes del expediente

  • José Luis Lara Fermín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, por la cual se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez trascurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Acuérdese lo conducente en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales de suspensión que derivan del presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado, correspondiente al registro de juicios de amparo con el número que le corresponda; y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, en virtud de que se negaron las medidas cautelares provisional y definitiva en la presente incidencia. Valoración del duplicado. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con treinta y ocho minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en audiencia pública Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa en unión de Mario Alberto Huerta López, secretario con quien actúa, autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo en el juicio 148/2022 PCII, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta a la secretaria encargada del despacho con las constancias de notificación de las partes -autoridades responsables, quejoso, y fiscal federal adscrito-, la demanda de derechos, e informes justificados. Asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los informes rendidos por las autoridades responsables. Y en atención a los informes justificados, no existe tercero interesado, porque no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. La secretaria encargada del despacho: se tiene por hecha la certificación de constancias. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con la prueba documental ofertada por el quejoso en su demanda, y por la autoridad señalada como responsable, denominada agente del Ministerio Público auxiliar del Centro de Atención Temprana Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado. La secretaria encargada del despacho acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las citadas pruebas documentales Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. La secretaria encargada del despacho: Téngase por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 148/2022 PCII; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo. Por escrito presentado el ocho de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día hábil siguiente, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, José Luis Lara Fermín, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados de las autoridades responsables comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal y el agente del Ministerio Público auxiliar del Centro de Atención Temprana Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, ambos con residencia en esta ciudad, por actos que habrán de precisarse en esta resolución. Por acuerdo de quince de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, en acuerdo de veinticinco de marzo del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo establecido en el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, manifestara si era su voluntad ampliar la demanda respecto a la autoridad responsable agente del Ministerio Público auxiliar del Centro de Atención Temprana Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, con residencia en esta ciudad. Sin embargo, la parte quejosa no realizó manifestación al respecto y, por ende, en acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se precisó que el presente juicio se resuelve en la forma y términos que fueron planteados en el escrito inicial de demanda. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de ejecución de autoridades que tienen su residencia dentro de esta jurisdicción, donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Precisión del acto reclamado. Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: El auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós, dictado por la autoridad responsable dentro de la carpeta de investigación SON/HER/FGE/2022/012/05379. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado que se atribuye al agente del Ministerio Público auxiliar del Centro de Atención Temprana Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, con residencia en esta, pues así lo manifestó al rendir informe con justificación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Aunado a lo anterior, la veracidad del informe en cuestión se acredita con las documentales que al efecto anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, y donde se advierte que la autoridad en cuestión, en cuatro de febrero del año que transcurre, emitió las medidas de restricción reclamadas; documentales a las que se asigna valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." V. Análisis de causal de improcedencia. En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, esta resolutoria de amparo se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de rubro: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el presente asunto, esta resolutora de amparo, advierte que se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, pues a pesar de que subsisten los actos reclamados, no pueden surtir efecto legal o material alguno, en razón de que dejó de existir el objeto o materia de los mismos. Se explica. En primer lugar, el numeral antes señalado, refiere que para que se actualice la causa de improcedencia de que se trata, es necesario que concurran los siguientes requisitos: Que el acto reclamado subsista. Pero no pueda surtir efecto legal o material alguno, porque ha dejado de existir el objeto o materia del mismo. Ahora bien, de las constancias de autos, se advierte que mediante resolución de cuatro de febrero de dos mil veintidós, la autoridad ministerial responsable emitió, con fundamento en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las siguientes medidas de restricción en contra del aquí quejoso: IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable; V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos; VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; VII. Protección policial de la víctima u ofendido; VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad. Igualmente, se advierte que la propia autoridad ministerial, indicó dentro de los puntos resolutivos, que las medidas impuestas, tendrían una duración máxima de SESENTA DÍAS NATURALES, que podrían ser prorrogadas hasta por otros TREINTA DÍAS. Expuesto lo anterior, debe decirse que aun cuando subsistiese el acto reclamado, ya que no existe en autos determinación alguna que indique que hubiere sido revocado o dejado sin efectos, lo cierto es que éste dejó de surtir efecto legal o material alguno. A mayor abundamiento, se concluye que a nada práctico llevaría la eventual concesión del amparo, en virtud de que ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, dado que, aun cuando la determinación que ordenó la emisión de las medidas de restricción subsiste, ya cambió el entorno de su emisión y, por ende, no puede surtir efectos, pues, se reitera, la autoridad responsable fue categórica al establecer que dichas medidas tendrían una duración máxima de sesenta días naturales, que podrían prorrogarse por otros treinta días más. Y si se toma en consideración, que a la fecha de celebración de la presente audiencia han transcurrido ciento noventa y tres días naturales posteriores a la emisión de las medidas de restricción aquí reclamadas, es indudable entonces, que el plazo establecido en la resolución de cuatro de febrero de dos mil veintidós, ha fenecido, por lo que, aun subsistiendo la resolución reclamada, se considera que el entorno se modificó de tal forma que con ello las cosas volvieron al estado que guardaban antes de la violación de garantías, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada. Sirve de apoyo, por las razones que la contienen, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Así como la diversa 2a. XLVIII/98, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Decisión En las relatadas condiciones, al estimarse actualizada la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXII, con apoyo en el diverso numeral 63 fracción V, de la propia ley de la materia, se sobresee en el presente juicio de derechos. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 75 y 217 de la Ley de Amparo, se VII. Resuelve Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por José Luis Lara Fermín, respecto del acto precisado en el apartado III, por las razones expuestas en el considerativo V de la presente resolución. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publica en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Mario Alberto Huerta López, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Mahl

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado de autos, no se advierte constancia alguna que acredite que la autoridad oficial encargado del despacho de la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, haya quedado notificado del auto de quince de febrero de dos mil veintidós, en que se admitió la demanda y se le requirió por su informe justificado. En consecuencia, se ordena la reexpedición de la misiva correspondiente y se comisiona al actuario judicial adscrito para que de inmediato entregue el oficio correspondiente a la autoridad responsable citada en el párrafo que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. De igual manera, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, con sede en esta ciudad, no ha dado cumplimiento al requerimiento de diecisiete de mayo y diecisiete de junio de dos mil veintidós, por los cuales se le requirió por diversas constancias e información, no obstante de haber quedado debidamente notificada para ellos como se advierte de los acuses de recibo que obran agregados al sumario. Requerimiento. En tal medida, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de la carpeta de investigación SON/HER/FGE/2022/012/05379, e informe si se ratificaron las medidas combatidas en términos de lo estipulado por el artículo 137, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales o bien, manifieste la imposibilidad legal o material que al efecto tuviere. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo establecido, salvo impedimento legal que al efecto tuviere, con apoyo en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional punteada para el día de hoy y se señalan para su desahogo las once horas con treinta y ocho minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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