José Luis Gradias Navarrete
Expediente 777/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 777/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 23/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- José Luis Gradias Navarrete
- Francia Monteverde Córdova
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Devolución de disco compacto. Del estado de autos del presente juicio de amparo, se desprende que en este juzgado obra un disco compacto remitido por la autoridad responsable juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, al momento de rendir informe justificado; en esa virtud, y toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, se ordena devolver dicho anexo, ya que resulta innecesaria su retención; en la inteligencia que no es necesario que la autoridad responsable acuse recibo del citado disco compacto. Notifíquese; y mediante oficio a la autoridad en cita. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante la secretaria Guadalupe López Gutiérrez, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Escritos. Agréguense a los presentes autos para que obren como correspondan los escritos de cuenta, suscritos por la parte quejosa, por medio de los cuales, en el primero informa que en cumplimiento al primero de los requisitos de efectividad de la suspensión definitiva dictada en interlocutoria de veintitrés de junio de dos mil veintidós, informa que compareció ante la autoridad responsable para la práctica de las diligencias necesarias dentro del juicio natural y exhibe la constancia relativa a dicha comparecencia, por ende se le tiene dando cumplimento al requisito de efectividad en cita. Ahora, la parte quejosa también refiere exhibir en efectivo la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), para que siga surtiendo efectos la suspensión definitiva; sin embargo, no ha lugar a proveer de conformidad sobre el particular, toda vez que junto con el escrito que se atiende no obra anexo el señalado numerario en efectivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su ordinal 2°, resulta un hecho notorio para este juzgador que dentro de la causa penal 131/2014 del propio índice, se advierte una razón actuarial en la que el actuario adscrito hace patente que al constituirse en las instalaciones que ocupan el Banco del Bienestar, fue informado por el coordinador regional de dicha institución que la sucursal permanecerá cerrada dado que no cuentan con luz eléctrica, ni personal para cubrir las necesidades que se requiere. Sirve de apoyo, la jurisprudencia XXII. J/12, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, página 295, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." En mérito a lo anterior, en relación con la prórroga que solicita para realizar el depósito de la garantía que nos ocupa, dado el tiempo transcurrido, dígase al quejoso que a la mayor brevedad posible deberá hacerlo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ibarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, once de junio de dos mil veintidós. Cumple requerimiento. Agréguense a los presentes autos los oficios con anexos de cuenta suscritos por la autoridad responsable juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, con residencia en esta ciudad, por medio de los cuales da cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales que acompaña, a las cuales se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de las que se desprende la actualización de una causal de improcedencia. De igual forma, con el contenido de las videograbaciones de las audiencias contenidas en el disco digital que remite la responsable, dese vista a las partes a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en los mismos y manifestar lo que a su derecho convenga. Lo anterior, en catamiento a lo que postula la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época de la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004362 que a la letra dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". Guárdese el disco compacto en la secretaría de este Juzgado. Sobreseimiento fuera de audiencia -cambio de situación jurídica- Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por la responsable y las documentales que anexó, se pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]" De dicho numeral se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando en un procedimiento judicial o administrativo del que emane el acto reclamado, surja una situación jurídica nueva que provoque que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, siempre que no sea posible decidir sobre la constitucionalidad de las mismas sin afectar la situación jurídica nueva generada. Por lo tanto, para que se actualice dicha causa de improcedencia, se requiere que: El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; Haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien, en el caso concreto, el solicitante del amparo reclama la orden de aprehensión o detención dictada en su contra y su ejecución, dentro de la causa penal 2826/2022; sin embargo, durante la tramitación del citado proceso, el cinco de julio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación en la cual se formuló imputación al aquí quejoso y se dictó auto de vinculación, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, cometido en perjuicio de Francia Monteverde Córdova. De ahí que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se pudieran atribuir a la orden privativa de libertad y su ejecución, ya que no es posible decidir sobre éstas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso. Es ilustrativa por analogía la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada).." En tales condiciones, ante la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el juicio, de conformidad con lo previsto en la fracción V del artículo 63 del propio ordenamiento legal. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Audiencia constitucional sin efectos. Por lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta suscrito por la autoridad responsable administrador del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que dentro del juicio natural del que emanan los actos reclamados, a solicitud del quejoso se fijó fecha y hora para audiencia inicial de formulación de imputación. Requerimiento. En tal medida, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable oficiante, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación mencionada, remita copia certificada de las constancias, en relación con la misma; o bien, manifieste la imposibilidad legal o material que al efecto tuviere. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo establecido, salvo impedimento legal que al efecto tuviere, con apoyo en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Lo anterior, a fin de estar en aptitud de resolver el presente juicio de derechos. Notifíquese; y mediante oficio a la autoridad responsable oficiante. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Hiram Leyva Gómez, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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