José Luis Martínez Miranda
Expediente 72/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 72/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- José Luis Martínez Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diez de febrero de dos mil veintiuno. Declaración de estado. (...). En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. (...)
- Principal
CON ESTA FECHA SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE 10 DE FEBRERO DE 2021, EN EL QUE SE DECRETO HA CAUSADO ESTADO Y SE ORDENA ARCHIVO........
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Telegrama. Téngase por recibida la comunicación telegráfica -registro 10962- remitida por el juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, mediante la cual comunica el contenido del auto de nueve de noviembre de la presente anualidad, recaído en la causa penal 121/2012 de su índice. Oficios y constancias. Asimismo, agréguense a los autos las misivas suscritas por la autoridad aludida, mediante las cuales remite las documentales requeridas en el presente sumario y reitera el contenido del telegrama recibido en párrafos precedentes -registro 11031-. Legajo de prueba. Debido a la voluminosidad de las documentales anexas a los oficios de cuenta, se ordena formar por separado un legajo de pruebas que se identificará como Tomo I. Estado de autos. Visto el estado procesal de autos se advierte que en la demanda inicial el acto reclamado se hizo consistir en lo siguiente: (.) el acuerdo dictado por la Autoridad señalada como Responsable con fecha trece de Enero del año en curso, dentro de los autos del cuaderno formado con motivo del INCIDENTE NO ESPECIFICADO promovido por el Suscrito para sustituir la pena de prisión preventiva por una medida cautelar más benéfica conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual se tramitó por cuerda separada dentro de los autos del expediente penal 121/2012; en el cual se determinó no admitir su tramitación (.) Sobreseimiento fuera de audiencia. Acorde a lo establecido en relación al juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que prevé: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponde al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.) En efecto, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, concretamente de las remitidas por la responsable en las comunicaciones que se agregan relativas al testimonio de la resolución emitida en el toca de apelación 906/2015 interpuesta en contra de la sentencia definitiva dictada por la autoridad responsable en el proceso 121/2012, se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo 416/2019 emitida el catorce de mayo de dos mil veinte, por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, el Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito de Sonora, modificó la sentencia definitiva de primera instancia dictada el nueve de julio de dos mil quince, dictando sentencia absolutoria a favor de José Luis Martínez Miranda -aquí quejoso-; de ahí, que en el caso concreto en relación con el reclamo constitucional operó un cambio de situación jurídica y deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en dicho juicio, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica, por tanto se actualiza la causal de improcedencia destacada. Es así, porque el acto reclamado que emanó de un expediente judicial resultó cierto, pero con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo el tribunal de alzada pronunció una determinación que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado en el amparo; por tanto, este juzgador no puede decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, pues evidentemente afectaría la situación jurídica del asunto de origen, en el que se emitió una determinación autónoma e independiente a la que constituyó el reclamo. En tal medida, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en la fracción V, del artículo 63 del propio ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, de la Novena Época, que textualmente dice: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Es preciso citar por mayoría de razón, la tesis de jurisprudencia X.2o.1 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 5981, Tomo VI, agosto de 2020, del Semanario Judicial de la Federación: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA CUALQUIER CUESTIÓN INHERENTE A LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, SE ACTUALIZA CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL PROCESO PENAL NATURAL, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE ÉSTA CAUSE ESTADO. El dictado de un fallo absolutorio en un proceso penal destruye totalmente los efectos y consecuencias de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que origina un cambio de situación jurídica que da lugar a la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el que se haya reclamado cualquier cuestión inherente a dicha medida cautelar, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario para estimarlo así, esperar a que la sentencia absolutoria en cuestión cause estado, pues aun cuando fuera recurrida mediante apelación, el resultado de esa impugnación de ninguna manera podría retrotraer la resaltada mutación. Ello, pues de no prosperar el recurso y, por ende, confirmarse el fallo absolutorio o, en el supuesto contrario, de prosperar el recurso y, en consecuencia, emitirse una sentencia condenatoria, el cambio de situación jurídica sería validado, al quedar a todas luces superada la situación de preso preventiva o cautelarmente que regía previo a la emisión del fallo absolutorio, y adquirir estado la respectiva calidad de sentenciado con condena. Asimismo, en el supuesto de que el aludido recurso prosperara y el resultado fuera la reposición del proceso penal, cobra aplicación lo previsto en el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que las medidas cautelares subsisten únicamente en caso de que se recurra una sentencia condenatoria, hasta que ésta cause estado, de lo que se colige que dicha subsistencia no opera tratándose de la emisión de sentencias absolutorias; por tanto, como se dijo, el dictado de este tipo de fallos destruye total e incondicionalmente los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que conduce a que las violaciones que puedan atribuirse en la imposición o revisión de dicha medida cautelar, queden irreparablemente consumadas para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Asimismo, debe indicarse que el sobreseimiento que nos ocupa no causa agravio a la parte quejosa, por el hecho de haberse efectuado fuera de audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia destacada, es inobjetable, dado los alcances de la jurisprudencia en que se apoya esta decisión, pues a nada práctico conduciría tramitar un juicio de amparo evidentemente improcedente, pues la conclusión a que se arribó no variará, aún con las pruebas que eventualmente allegaran las partes. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, aprobada en sesión privada de catorce de febrero de dos mil tres, cuyo rubro y contenido son los siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa. Por lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional, fijada para las diez horas con dos minutos del tres de diciembre del año en curso, la cual no habrá de celebrarse, por el sobreseimiento decretado en el presente juicio. En su momento oportuno, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos, se advierte que el treinta de septiembre de dos mil veinte, se requirió al juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, a fin de que remitiera las constancias que integran la causa penal 121/2012 de su índice, sin que a la fecha las haya enviado. Se requiere constancias. En ese sentido, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta vía acelerada al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, a fin de que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias que integran la causa penal de la que emerge el reclamo constitucional, las cuales se hacen necesarias para dilucidar el fondo del asunto. Apercibimiento. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de treinta de septiembre del año que transcurre, el cual se hará efectivo, en caso de no atender el presente requerimiento, pues la omisión del envío de las constancias requeridas, o en su defecto, de la manifestación de justificación de su incumplimiento, está retardando la pronta y eficaz aplicación de justicia en el presente sumario que tutela el artículo 17 Constitucional, en desdoro de los derechos del justiciable. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijas las diez horas con dos minutos del tres de diciembre del año en curso, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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