José Luis Jiménez Carbajal
Expediente 412/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 29 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 412/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 30/10/2023
Partes del expediente
- José Luis Jiménez Carbajal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Tijuana, Baja California, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15 del Acuerdo General, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal, al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan tres años a partir de esta fecha, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en consulta. Por lo que se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 34 del mencionado acuerdo. Respecto del cuaderno relativo al incidente de suspensión, el mismo es susceptible de destrucción una vez que se cumplan tres años a partir de esta fecha, en atención a que se negó la suspensión definitiva; acorde con el artículo 20, fracción III, del acuerdo en cita. Notifíquese.
- Principal
Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 412/2023-E, promovido por ********************, contra actos del Congreso del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y de otras autoridades. R e s u l t a n d o: Primero. Mediante escrito depositado el diez de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, ********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos y autoridades que a continuación se precisan: - Congreso del Estado de Baja California. - Gobernadora del Estado de Baja California. - Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California. - Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California. - Secretario de Salud del Estado de Baja California. - Fiscal General del Estado de Baja California. - Fiscalía Regional de Tijuana, Baja California - Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de Baja California. - Verificadores de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de Baja California. "1. Del Congreso del Estado de Baja California (XXIV legislatura del Estado de Baja California), reclamo el proceso legislativo, Iniciativa, Discusión, Aprobación, Sanción, Promulgación, Refrendo, Publicación, Iniciación de la Vigencia de la publicación y orden de ejecución del Decreto 212, publicado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, mediante el cual, la XXIV Legislatura del Estado de Baja California, reforma los artículos 260 y 269 del Código Penal para el Estado de Baja California, toda vez que dichos actos resultan violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 3°, 4, 5°, 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se demostrara al formular los conceptos de violación respectivos. 2. De la Gobernadora Constitucional del Estado de Baja California, reclamo el proceso legislativo, Iniciativa, Discusión, Aprobación, Sanción, Promulgación, Refrendo, Publicación, Iniciación de la Vigencia de la publicación y orden de ejecución, del Decreto 212, publicado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, mediante el cual, la XXIV Legislatura del Estado de Baja California, reforma los artículos 260 y 269 del Código Penal para el Estado de Baja California, toda vez que dichos actos resultan violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 3°, 4, 5°, 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se demostrara al formular los conceptos de violación respectivos. 3. Del Secretario General del Gobierno del Estado de Baja California, reclamo el proceso legislativo, Iniciativa, Discusión, Aprobación, Sanción, Promulgación, Refrendo, Publicación, Iniciación de la Vigencia de la publicación y orden de ejecución, del Decreto 212, publicado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, mediante el cual, la XXIV Legislatura del Estado de Baja California, reforma los artículos 260 y 269 del Código Penal para el Estado de Baja California, toda vez que dichos actos resultan violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 3°, 4, 5°, 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se demostrara al formular los conceptos de violación respectivos. 4. Del Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California, reclamo el proceso legislativo, Iniciativa, Discusión, Aprobación, Sanción, Promulgación, Refrendo, Publicación, Iniciación de la Vigencia de la publicación y orden de ejecución del Decreto 212, publicado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, mediante el cual, la XXIV Legislatura del Estado de Baja California, reforma los artículos 260 y 269 del Código Penal para el Estado de Baja California, toda vez que dichos actos resultan violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 3°, 4, 5°, 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se demostrara al formular los conceptos de violación respectivos. 5. Del Secretario de Salud del Estado de Baja California, reclamo el cumplimiento y ejecución del Decreto 212, publicado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, mediante el cual, la XXIV Legislatura del Estado de Baja California, reforma los artículos 260 y 269 del Código Penal para el Estado de Baja California, toda vez que dichos actos resultan violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 3°, 4, 5°, 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se demostrara al formular los conceptos de violación respectivos. 6. Del Fiscal General del Estado de Baja California, reclamo el cumplimiento y ejecución del Decreto 212, publicado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, mediante el cual, la XXIV Legislatura del Estado de Baja California, reforma los artículos 260 y 269 del Código Penal para el Estado de Baja California, toda vez que dichos actos resultan violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 3°, 4, 5°, 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se demostrara al formular los conceptos de violación respectivos. 7. De la Fiscalía Regional de Tijuana, reclamo el cumplimiento y ejecución del Decreto 212, publicado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, mediante el cual, la XXIV Legislatura del Estado de Baja California, reforma los artículos 260 y 269 del Código Penal para el Estado de Baja California, toda vez que dichos actos resultan violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 3°, 4, 5°, 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se demostrara al formular los conceptos de violación respectivos. 8. De la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de Baja California, reclamo el cumplimiento y ejecución del Decreto 212, publicado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, mediante el cual, la XXIV Legislatura del Estado de Baja California, reforma los artículos 260 y 269 del Código Penal para el Estado de Baja California, toda vez que dichos actos resultan violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 3°, 4, 5°, 14, 16, 20y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se demostrara al formular los conceptos de violación respectivos. 9. De los Verificadores de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de Baja California, reclamo el cumplimiento y ejecución del Decreto 212, publicado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, mediante el cual, la XXIV Legislatura del Estado de Baja California, reforma los artículos 260 y 269 del Código Penal para el Estado de Baja California, toda vez que dichos actos resultan violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 3°, 4, 5°, 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se demostrara al formular los conceptos de violación respectivos." Segundo. Trámite del juicio de amparo. Este órgano de control constitucional en auto de once de abril de dos mil veintitrés, desechó la demanda de amparo al considerarla notoriamente improcedente. Inconforme con tal decisión, el quejoso interpuso recurso de queja del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, quien mediante ejecutoria dictada en el recurso de queja administrativo 97/2023, declaró fundado dicho medio de impugnación, por lo que en auto de treinta de junio de este año, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y sin que se reconociera el carácter de tercero interesado a persona alguna, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, por tratarse de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama la inconstitucionalidad de diversas porciones normativas vigentes en esta Entidad Federativa, así como actos atribuidos a autoridades administrativas cuya ejecución puede tener lugar en esta ciudad, esto es, en la demarcación en la que este Juzgado ejerce jurisdicción por razón de territorio. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que los actos atribuidos a las autoridades responsables son: - Del Congreso del Estado de Baja California, Gobernadora Constitucional del Estado de Baja California, Secretario General del Gobierno del Estado de Baja California y Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California, en el respectivo ámbito de sus atribuciones: El proceso legislativo del Decreto número 212, publicado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, mediante el cual, la XXIV Legislatura del Estado de Baja California; por el que se reformaron los artículos 260 y 269 del Código Penal para el Estado de Baja California. - Del Secretario de Salud del Estado de Baja California, Fiscalía General del Estado de Baja California, Fiscalía Regional de Tijuana, Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de Baja California y Verificadores de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de Baja California: El cumplimiento y ejecución del citado decreto. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Secretario de Salud del Estado de Baja California, Fiscalía General del Estado de Baja California, Fiscalía Regional de Tijuana, Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de Baja California y Verificadores de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de Baja California, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron categóricamente los actos que se les atribuye, sin que la parte quejosa aportara pruebas idóneas a fin de demostrar la existencia de éstos. Así, ante la negativa externada por dichas autoridades responsables, al rendir sus respectivos informes en torno a los actos reclamados antes precisados, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en los términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo, y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones tales autoridades se hallan en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la inexistencia de los actos de que se trata. Luego, si las autoridades de mérito negaron los actos en referencia y la parte promovente no desvirtuó tal negativa ni acreditó su existencia con pruebas idóneas, resulta evidente que subsisten para efectos de este juicio de amparo, por lo cual, sin duda, son inexistentes los actos que nos ocupan. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo en los términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso del Estado de Baja California, Gobernadora del Estado de Baja California, Secretario General del Gobierno del Estado de Baja California y Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California, cada una en el ámbito de su respectiva competencia, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Tiene aplicación la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Aunado a que la existencia de los actos legislativos reclamados no está sujeta a prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se puedan invocar como hecho notorio de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Dicho razonamiento encuentra apoyo en la tesis sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia en el país, visible en la página 15, del Tomo 65, primera parte, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y contenido siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Quinto. Análisis de causas de improcedencia. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, según lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo vigente, así como la jurisprudencia que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Las autoridades responsables Secretario General del Gobierno del Estado de Baja California y Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California, sostienen que opera la causa de improcedencia que prevé el artículo actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108 fracción III, de la Ley de Amparo, debido a que la quejosa no combatió los actos legislativos atribuidos a dichas autoridades, por vicios propios. Los artículos de referencia disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios (.)" Es fundada la causal propuesta en atención a que, de acuerdo con el precepto legal de que se habla, no queda duda de que tratándose de amparos contra leyes, a las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio y la publicación, sólo les asiste el carácter de autoridades responsables para efectos de la vía constitucional relativa, cuando la parte quejosa impugne, por vicios propios, precisamente esos actos. En el caso concreto, debe tenerse presente que la parte impetrante no combate por vicios propios los actos que nos ocupan - refrendo, y publicación-, sino que lo hace por formar parte del proceso legislativo de la propia norma atacada en esta vía constitucional. Si esto es así, es claro que opera la causa de improcedencia invocada; de ahí que en este asunto, lo procedente sea sobreseer en este juicio de amparo, únicamente, respecto de los actos y autoridades antes mencionados, en términos del numeral 63, fracción V, de la legislación antes citada Por otra parte, en el presente asunto se actualiza la diversa causal de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5 fracción de la misma Ley; respecto a los actos reclamados al Congreso del Estado de Baja California, y Gobernadora Constitucional del Estado de Baja California, consistentes en la iniciativa, discusión, aprobación, sanción e iniciación de la vigencia del Decreto número 212, publicado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, mediante el cual, la XXIV Legislatura del Estado de Baja California, por el que se reformaron los artículos 260 y 269 del Código Penal para el Estado de Baja California, por lo que carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo. Los numerales de referencia disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." De la interpretación de dicha disposición se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, en los términos que se establecen en el artículo 5 de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5, fracción I, de la Ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". Del citado numeral se observa, en lo que interesa, que quejoso es la persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que se produce una afectación real y actual a su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Luego, en lo que al caso atañe, es pertinente destacar que el interés jurídico está en relación directa con el derecho afectado y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho. La tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos; por ello, las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto reclamado es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Ahora, tratándose de juicios en los que se impugne la inconstitucionalidad de una norma, es pertinente tener presente la distinción entre las normas de naturaleza autoaplicativa y las de naturaleza heteroaplicativa. Así, conforme al desarrollo jurisprudencial y en términos del concepto de individualización incondicionada, se estará frente a una norma de naturaleza autoaplicativa cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna. En cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Por tanto, es dable colegir que cuando una norma requiera de un acto de aplicación para actualizar el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, la parte quejosa únicamente podrá promover el juicio de amparo una vez que se actualice dicha hipótesis. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado los artículos 260 y 269 del Código Penal para el Estado de Baja California, reformados mediante el Decreto 212, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, con motivo de su sola entrada en vigor; sin embargo, del análisis de dichos numerales, se obtiene que éstos no causa perjuicio con su sola entrada en vigor, ya que las disposiciones que en éstos se contienen, requieren un acto diverso que actualice el perjuicio a la parte quejosa, de tal forma que la norma reclamada es de naturaleza heteroaplicativa y, por tanto, no es dable considerar que puede ser impugnada a partir del inicio de su vigencia. En este sentido, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que, tratándose de normas que establecen los tipos penales y las sanciones que se aplicarán, su simple existencia legal "no invade la esfera jurídica de los particulares, pues depende de la conducta de éstos y de la actividad de las autoridades correspondientes, o una u otra, en términos de las relativas hipótesis normativas, para que se generen consecuencias que involucren al respectivo particular."; de esta forma, "por el contenido de las hipótesis que tales disposiciones legales establecen, es patente que no causan perjuicio a los gobernados por su sola entrada en vigor, sino que requieren de un acto concreto de aplicación para que se actualice el perjuicio y, por ende, revisten el carácter de heteroaplicativas." En el caso, cabe precisar que los preceptos 260 y 269 del Código Penal para el Estado de Baja California, que la parte quejosa reclama por su sola entrada en vigor, son de carácter heteroaplicativo. Dichos numerales prevén: "ARTÍCULO 260.- Tipo y punibilidad.- Al que sin serlo, se atribuya el carácter de profesionista, ofrezca públicamente sus servicios como tal o realice actividades propias de una profesión sin tener el título correspondiente o sin la debida autorización, se le impondrá prisión de seis meses a seis años y de veinte a doscientos días de multa. Las mismas penas se aplicarán al que sin tener título o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, con objeto de lucrar, se una a profesionistas legalmente autorizados con fines de ejercicio profesional o administre alguna asociación profesional. (REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], P.O. 22 DE FEBRERO DE 2023) Se sancionará con las mismas penas que se refiere el primer párrafo y se inhabilitará para ejercer la profesión médica hasta por el mismo tiempo de la pena de prisión que se le imponga a quien lleve a cabo un procedimiento quirúrgico de especialidad médica, sin contar con cédula expedida por la autoridad educativa competente y certificado vigente otorgado por el Consejo de Especialidad Médica correspondiente, reconocido conforme a la Ley General de Salud y que corresponda a la rama médica de la que derive dicho procedimiento. [.]" "Artículo 269.- Responsabilidad médica y técnica.- Los médicos, cirujanos y demás profesionales similares y auxiliares serán penalmente responsables por los daños que causen en la práctica de su profesión, en los términos siguientes: (REFORMADA, P.O. 22 DE FEBRERO DE 2023) I.- Además de las sanciones fijadas para los delitos, que resulten consumados, según sean dolosos o culposos, se les aplicará suspensión de un mes a cinco años en el ejercicio de la profesión o definitiva en caso de reincidencia. II.- (.)" Como puede advertirse, la adición a las disposiciones transcritas, se encuentran imbíbitas en una norma que establece el tipo penal que sanciona la realización de un procedimiento quirúrgico de especialidad médica sin contar con cédula expedida por la autoridad educativa competente y certificado vigente, así como las sanciones respecto a dicho delito. Por tanto, las sanciones previstas se aplicarán cuando se actualice la hipótesis normativa descrita, relativa a realizar un procedimiento quirúrgico de especialidad médica sin contar con cédula expedida por la autoridad educativa competente y certificado vigente, así como su agravante por dolo o culpa; de lo que se sigue que dicha sanción no es inmediata. En este contexto, para su aplicación, la norma impugnada requiere de actos de aplicación específicos, como que se practiquen actos de investigación por el Ministerio Público y que se formule imputación contra quien se estime probable responsable de la comisión del hecho que la ley señala como el delito previsto en las disposiciones citadas. A partir de lo expuesto, los artículos 260 y 269 del Código Penal para el Estado de Baja California, reformados mediante el Decreto 212, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, son de naturaleza heteroaplicativa. Así, dado que la parte quejosa no acreditó la existencia de un acto concreto de aplicación de las normas impugnadas, ya que la combatió con motivo de su sola entrada en vigor, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, pues no quedó demostrado el perjuicio a su esfera jurídica como presupuesto necesario para la procedencia de este juicio, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la integran la tesis PC.I.P. J/9 P (10a) emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito con número de registro digital 2009740 de rubro y texto siguiente: "COBRANZA ILEGÍTIMA. CUANDO SE IMPUGNA EN AMPARO, POR SU SOLA VIGENCIA, EL ARTÍCULO 209 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE PREVÉ ESE DELITO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 209 bis citado, que establece el delito de "cobranza ilegítima", es una norma de naturaleza heteroaplicativa, porque con su sola vigencia no genera agravios o perjuicios al gobernado, ya que éstos se encuentran condicionados al pronunciamiento de la autoridad competente, a quien corresponda realizar, de manera preliminar o definitiva, el juicio de tipicidad, esto es, el análisis de la adecuación entre una conducta concreta y el supuesto de hecho previsto en aquélla. Por ello, cuando dicha norma se reclama por su sola vigencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en cuanto dispone que aquél es improcedente contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Así como la tesis I.2o.P.38 P (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 2008731 de rubro y texto siguiente: "DELITO DE "COBRANZA ILEGÍTIMA". EL PRECEPTO QUE LO PREVÉ ES NORMA HETEROAPLICATIVA, POR LO QUE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA HACE NECESARIA LA EXISTENCIA DE UN ACTO DE APLICACIÓN. La legislación sustantiva del Distrito Federal define y sanciona esa conducta delictual, cuando con la intención de requerir el pago de una deuda, se utilicen medios ilícitos e ilegítimos, se valga del engaño o efectúe actos de hostigamiento e intimidación; por ende, dada su naturaleza penal, su sola vigencia no causa perjuicio alguno a los gobernados, tornándose necesaria la existencia de un acto posterior de aplicación que produzca el agravio personal y directo que haga factible la procedencia del juicio de amparo en su contra; consecuentemente, cuando el citado precepto se combate como "autoaplicativo", desprendiéndose de las propias manifestaciones del promovente la inexistencia del referido acto de aplicación al momento de la presentación de la demanda, es correcto su desechamiento, ya que la improcedencia del juicio constitucional en las relatadas circunstancias es manifiesta e indudable, siendo irrelevante alegar que las atribuciones de la parte quejosa giran en torno a la cobranza de determinados créditos -entre otros- y la aludida disposición impide a la recurrente continuar sus actividades relacionadas con éstos, pues se itera, las leyes penales únicamente sancionan conductas catalogadas como delictivas, mediante actos concretos de aplicación, sobre lo cual es innecesario realizar un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, pues es notoria su naturaleza heteroaplicativa." Y la tesis aislada, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro digital 232831 de rubro y texto siguiente: "CODIGO PENAL DEL ESTADO DE OAXACA. EL DECRETO 233 DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO, QUE ADICIONO EL ARTICULO 374 DEL, NO ES AUTOAPLICATIVO. El Decreto 233 del Congreso de Oaxaca, que adicionó el artículo 374 del Código Penal de ese Estado, que establece que comete el delito de fraude "... XIV. El arrendador que cobrare rentas por mayor porcentaje del fijado por la ley, en los contratos de arrendamiento para habitación, no tiene carácter de autoaplicativo, pues como tal debe entenderse, en términos generales, el ordenamiento legal que por su sola entrada en vigor, impone a las personas comprendidas en sus disposiciones, determinadas obligaciones de hacer o de no hacer; o bien, el que, por su sola vigencia, afecta la esfera jurídica de los particulares sujetos de la norma. Este Tribunal Pleno ha sostenido ya que: "Para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino a los términos concretos del mandato legal, pues basta con que se ordene a los particulares de que se trate de hacer o un no hacer, y que no se supedite su ejecución a la conducta que deba llevar a cabo una autoridad, para que tenga aquél carácter". En este orden de ideas, los juicios de amparo, en tanto reclamen el Decreto 233 del Congreso del Estado de Oaxaca que reformó el Código Penal de esa entidad federativa, resultan improcedentes y deben sobreseerse, con apoyo en los artículos 73, fracción VI, y 74, fracción III, de la ley de la materia." No obsta para la anterior conclusión lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver la queja administrativa 97/2023 interpuesta contra el auto de desechamiento de la demanda que dio origen a este juicio, ya que en la misma solo se indicó que el primer acuerdo no era el momento oportuno para establecer la naturaleza de las normas reclamadas, sino que debía esperar a la sentencia en donde "pueda sobreseer en el juicio apoyado en la causa de improcedencia que ahora alude o incluso, una diversa"; es decir, no asentó argumento respecto de la naturaleza de las normas. Sexto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 74, 75, 76, 79, fracción III, inciso b), y demás relativos y aplicables de la nueva Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones apuntadas en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Segundo. En cumplimiento a lo establecido en el último punto considerativo de esta resolución, procédase a la captura de la misma en el módulo "Sentencias" contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente. Notifíquese. Así lo resolvió y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por José Alejandro Ortiz Monroy, secretario que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a seis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por un término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por anunciada la prueba instrumental legal y humana, sin perjuicio de relacionarla nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional. De igual manera, de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción II, de la Ley de Amparo, téngaseles señalando domicilio procesal y designando como delegados a las personas que mencionan. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, provenientes del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto local 344/2023, librado en auto de once de agosto de dos mil veintitrés, del cual se advierte que el veintidós de agosto de dos mil veintitrés fueron entregados los oficios 16904/2023 y 16905/2023; sin que sea el caso de acusar recibo del mismo, ya que el sistema por el que se realiza la devolución, lo genera de manera automática. Dese de baja y háganse las anotaciones respectivas. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional; sin embargo, transcurre el plazo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las autoridades responsables Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de Baja California, y Verificadores de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de Baja California, ambas con sede en Mexicali, rindan su informe justificado. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las trece horas con cuarenta minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa ante José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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