José Luis Geraldo Mendez

Expediente 1058/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1058/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • José Luis Geraldo Mendez
  • JOAN BOLIVAR BRITO NOVAS y Otros.
  • JOSÉ LUIS GERALDO MENDEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el transcribe el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, del cual se advierte que acusa de recibo los autos originales del juicio en que se actúa, y que aceptó la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente juicio, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, remítase al juzgado oficiante, previa copia simple que se deje en autos, del oficio signado por el Sub Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en Ciudad de México. Visto el estado que guardan los presentes autos y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que en virtud de que en auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer del presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, en un plazo de tres años, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso j), de dicho Acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a nueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, por el cual da respuesta al requerimiento de dos de marzo de dos mil veintitrés. De igual forma, anexa a su informe constancias relativas al expediente administrativo de los quejosos de las cuales se advierte que estos fueron detenidos en la ciudad de Mexicali, el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, y fueron alojados en esa fecha en las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, de esa ciudad. Asentado lo anterior, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, esta juzgadora procede a analizar si tiene la competencia legal para conocer de la demanda de amparo, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Como se dijo anteriormente, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo, prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos dicho ente establecerá también mediante acuerdos generales, el número de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de Juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales. En el caso concreto, quien suscribe considera que en la especie, este órgano carece de competencia por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo en atención a las consideraciones siguientes: Como se desprende en esencia, los quejosos reclaman los ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, actos que ponen en peligro la vida, privación de la libertad, traslado ilegal o expulsión del país, sin embargo, de las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías, en principio quedó verificado que los agraviados en ningún momento ingresaron a la Estación Migratoria de esta ciudad, por el contrario cuentan con registro de ingreso en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali. Para fundar la posición adoptada es necesario invocar el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto es: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". Como se observa, el supuesto constitucional está referido al juicio de amparo indirecto promovido en contra de actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, del que debe conocer el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute, trate de ejecutarse o se haya ejecutado, de lo cual se advierte la voluntad del revisor de la Constitución de atribuir competencia al Juez del lugar en donde haya de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo desarrolla las bases de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo que se tramitan ante los Jueces de Distrito, al disponer: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los artículos transcritos podemos extraer las siguientes reglas para determinar la competencia por territorio para conocer de un juicio de amparo: 1. Si el acto reclamado es de ejecución material, será competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado tiene ejecución material en más de un distrito o habiendo comenzado a ejecutarse en uno de ellos continúa ejecutándose en otro, será competente el juez que conozca primero de la demanda, es decir, ante quien se presente ésta; y 3. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juez ante el que se presente el amparo. En la nueva regulación de la Ley de Amparo subyacen de manera clara e indiscutible los principios de expeditez y oportunidad que con las reglas de competencia antes referidas quisieron privilegiar el Constituyente y el legislador; con la primera de ellas, facilitar al agraviado la promoción del juicio ante el Juez de Distrito del lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto y, con las dos restantes -que implican el abandono de los criterios de prevención y de la residencia de la autoridad ordenadora que establecía la Ley de Amparo abrogada-, el derecho de acceso a la justicia constitucional de una manera más fácil, brindando cierta facultad de decisión al quejoso, pues los restantes supuestos dan margen a la elección del Juzgado de Distrito. Lo anterior no debe entenderse como la renuncia del legislador de amparo a regular un presupuesto procesal, como lo es la competencia que, desde luego, se constituye como una cuestión procesal, en principio, no disponible y de orden público. Sin embargo, analizado en ese contexto tal presupuesto -desde el punto de vista del orden público- y ponderado en función de una legislación más accesible y garantista, con un claro propósito de facilitar el acceso y la expedites en la actuación de los juzgadores de amparo, se flexibilizaron las reglas anteriormente establecidas. De lo anterior se colige que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes regidos por la anterior Ley de Amparo, había externado su preocupación constante en torno al hecho de que los quejosos o quien promueve en nombre de ellos, a su libre arbitrio o a su discrecional elección, determinaran la competencia del Juez de Distrito para que conozca de un juicio de amparo; sin embargo, se insiste, ello se estableció ante la consideración de no contrariar la voluntad del legislador al establecer las reglas para distribuir, según el territorio, la competencia entre los distintos Juzgados de Distrito, y que fijó en la Ley de Amparo de vigencia anterior. Sin embargo, aunque la ley vigente establece reglas imperativas y no disponibles en todo caso por la parte quejosa, las mismas son más flexibles y privilegian en mayor medida el principio de expeditez en la administración de justicia, establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal. El contexto legal es diferente ante lo expresamente establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, cuyos lineamientos son claros y se resumen finalmente en dos reglas básicas: La primera que atribuye competencia al Juez de Distrito o Magistrado Unitario que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. La segunda, en los casos en que el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito, cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, o cuando no requiera ejecución material, en que será competente el Juez de Distrito o Magistrado de Tribunal Unitario de Circuito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Bajo ese contexto legal, quien resuelve considera que en la especie se surte la regla de competencia contenida en el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, referente a que será competente el Juez en cuya jurisdicción se haya ejecutado el acto reclamado. Para soportar lo anterior, de la demanda de amparo se advierte que el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad, en su capítulo de hechos, que los agraviados fueron privados de su libertad en la ciudad de Mexicali, y no obstante que refirió que posteriormente fueron trasladados a esta ciudad de Tijuana, Baja California, de autos se advierte que no fueron alojados en la Estación Migratoria de esta ciudad, lo que se corroboró por el Actuario de la adscripción, toda vez que al trasladarse al área de alojamiento de la Estación Migratoria de esta ciudad y vocear a los directamente agraviados, no fue atendido su llamado; y previa verificación en el área jurídica, pudo advertir que los referidos agraviados no tenían registro de ingreso en dicha estación. Información que se reafirma con las constancias que remitió junto a sus oficios el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, recibidos en proveídos de diecinueve de enero de dos mil veintitrés y en esta data, ya que en ellas se advierte que los agraviados fueron alojados el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós a la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Mexicali. Por lo que es claro que la ejecución de los actos combatidos fue llevada a cabo en el municipio de Mexicali, Baja California, dado que los agraviados fueron ingresados en primera instancia a las instalaciones de la Estación Migratoria de dicho municipio y fue en ese lugar donde se verificó su estatus migratorio. Por tanto, es que se afirma que, si bien, conforme a los preceptos invocados, la regla de competencia prevista en la primera parte del numeral 37, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda, es quien ejerce jurisdicción en el lugar donde se hayan ejecutado los actos reclamados, dentro del territorio donde ejerce jurisdicción. Sirve de apoyo a lo anterior, las razones que informa la jurisprudencia 1a./J. 22/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, página 293, Décima Época, registro 2003502, que dice: Asimismo sustenta lo determinado, en lo conducente la tesis .2o.P.22 P, visible en la página 2496, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Décima Época, con registro digital 2004415, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, que en lo conducente dice: Asimismo, se invoca como hecho notorio en lo conducente, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en la ciudad de Mexicali, dentro del recurso del conflicto competencial de su índice. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número de la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente (por territorio), para conocer de la demanda de amparo promovida por Por tanto, previa formación del cuaderno de antecedente, se ordena remitir el expediente al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en turno, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, tenga a bien manifestar, si acepta o no, el conocimiento del asunto, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a los quejosos.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a dos de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta remitido por el Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, por sí y en representación del Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, ambos con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa que encontró información respecto a ********************, ********************, y ********************los cuales fueron puestos respectivamente a disposición del Instituto Nacional de Migración en la Estación Migratoria de Tijuana y Mexicali, en donde se les otorgó indistintamente oficio de salida definitiva del país el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós y trece de enero de dos mil veintitrés. Asimismo respecto a ********************, informa encontró homonimia en el nombre del quejoso. Ahora, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene proporcionando dirección de correo electrónico a fin de establecer comunicación no procesal con este órgano jurisdiccional. Por tanto, requiérase a la Instituto Nacional de Migración en la Estación Migratoria de Tijuana y Mexicali; para que para que en el plazo de tres días legalmente computados, remitan copia certificada de los oficios de salida de ********************, ********************, y ********************o bien informen el impedimento legal que tengan para ello. Por otra parte, por lo que respecta al quejoso ********************; requiérase a los promoventes ******************** y ******************** para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, legalmente computado, proporcionen algún dato de identificación de dicho quejoso, como fecha de nacimiento, a fin de que este Juzgado pueda proveer lo conducente. Apercibidos las autoridades de mérito así como los promoventes que de no cumplir con lo anterior, se harán acreedores en lo individual a una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por el equivalente a la cantidad de ********************; la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de ******************** valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I y 259, ambos de la ley de la materia. Notifíquese y electrónicamente a los promoventes.

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