José Luis Martinez Nuñez
Expediente 901/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 901/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/01/2023
Partes del expediente
- José Luis Martinez Nuñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Por ello, se ordena estampar en la carátula del juicio de amparo el sello con la leyenda "destruible", lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo 21, inciso c), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que toda vez que en once de noviembre de dos mil veintidós, se aperturó incidente de suspensión en el que se negó la suspensión provisional y en resolución de trece de diciembre de dos mil veintidós, se negó la suspensión definitiva; el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo décimo octavo del Acuerdo General citado. Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo vigésimo fracción II, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional seis meses, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo vigésimo del Acuerdo General citado. Se ordena estampar en la carátula del duplicado del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por último, sólo para su conocimiento, se hace saber a las partes que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, a partir del día dieciséis de enero del presente año, este Juzgado cambia su denominación a Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y conserva su actual jurisdicción territorial pero con competencia mixta, conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el escrito inicial de demanda, la parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: "I. La omisión injustificada de la responsable JUEZ DE CONTROL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN EL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, de proveer respecto de la interposición por el quejoso del MEDIO DE IMPUGNACIÓN POR OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO, y señalar la audiencia correspondiente en términos del ordinal 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Ahora bien, mediante auto de ocho de diciembre pasado, se tuvo al Juez de Control del Partido Judicial del Estado de Baja California, remitiendo las constancias que integran el cuaderno preliminar 00469/2022 de su índice; de las cuales, se advierte que mediante auto de dieciocho de noviembre del pasado, se señalaron las trece horas del veintinueve de noviembre de dos mil veintidós como fecha para resolver sobre el recurso de impugnación interpuesto por la parte quejosa, la cual fue desahogada en la fecha y hora fijada y proveyó lo conducente al recurso materia de reclamo.- Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, al tenor de los numerales 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el numeral 2 de esta última, al ser copias certificadas expedidas por funcionario público en uso de sus atribuciones. En consecuencia, es evidente que se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del citado numeral se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. En ese tenor, de acuerdo al texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sin que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, como acontece en el caso particular, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. Tiene aplicación al efecto por las razones que la informan, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 9/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo VII, Febrero de 1998, visible a página 210, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado, en el caso, se traduce en que el acto de molestia consistente en concreto en la omisión de la autoridad responsable en pronunciarse respecto al medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa, ya fue atendido, por lo que el acto omisivo que se reclama dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al haberse emplazado a la demandada y celebrado la audiencia respectiva. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (No. Registro: 193,758, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38) En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la misma ley. Es aplicable en lo conducente al caso la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En consecuencia, quedan sin efecto las providencias decretadas en autos, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas del diecisiete de enero de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, a ocho de diciembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta por medio del cual la autoridad responsable rinde su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tanto, ya que con la información proporcionada en su informe justificado por la autoridad responsable pudiera actualizarse una causa de improcedencia en este asunto, con fundamento en los artículos 62 y 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y córrase traslado con el mismo a la parte quejosa por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Sirve de apoyo, por el criterio que la sustenta, la jurisprudencia I.5o.C.2 K del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 594 del Tomo II (Agosto de 1995) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 204616, de epígrafe y contenido: Asimismo, la autoridad responsable ofrece como prueba, la documental que adjunta y un disco versátil digital, respecto del audio y video de la audiencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, mediante la cual se resolvió en relación a la petición presentada ante el Juez responsable por la parte quejosa y cuya omisión de proveer al respecto fue materia de reclamo en este asunto; por tanto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas éstas y se relacionarán al momento de celebrarse la audiencia constitucional; sin que sea el caso celebrar una audiencia especial para la reproducción del contenido del referido disco compacto, dado que dicho medio de convicción tiene la naturaleza de una documental pública, las cuales se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, cuyo rubro dice: Resguárdese el mencionado disco compacto en la Secretaría de este Juzgado, a fin de evitar el daño de éste por manejo del expediente, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido de que si es su deseo imponerse del mismo, su reproducción se realizará en las instalaciones de este Juzgado de Distrito. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
Tijuana, Baja California, seis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia incidental en el presente asunto; sin embargo, se encuentra transcurriendo el plazo de tres días otorgado en veintiocho de noviembre del año en curso, a la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que remita el resultado de la audiencia señalada para las trece horas del veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dentro del cuaderno preliminar 469/2022, con número único de caso 04-2021-32589, a nombre de José Luis Martínez Núñez, ello toda vez de que se notificó en dos de diciembre del año en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental y se fijan las nueve horas con cinco minutos del trece de diciembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia en comento. Notifíquese.
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