Jose Luis Javier Col Baas
Expediente 378/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 378/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 03/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Luis Javier Col Baas
- Secretario de la Defensa Nacional
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación de la sentencia dictada el catorce de junio de dos mil veintitrés, se realizó a la parte que le pudiera causar agravio, por medio de lista autorizada que se fijó en los estrados de este Juzgado Federal, el día quince de junio siguiente; consecuentemente, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en sus primer y segundo puntos resolutivos, se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo de este Juzgado Federal, el cuaderno incidental respectivo, adjuntándole para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la sentencia señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó la resolución de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables; y en relación a dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del presente cuaderno, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de CONSERVACIÓN, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso b) de la fracción III del artículo 17 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del catorce de junio de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la Secretaria licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, con quien actúa y da fe, como está ordenado en acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, se procede a celebrar la audiencia de alegatos en este incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, haciéndose constar la inasistencia de las partes. Acto continuo, se hace una relación de todas y cada una de las constancias que obran en los presentes autos, dando cuenta con los informes rendidos por las autoridades responsables Presidenta Municipal y Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, respecto a la incidencia que nos ocupa; con el escrito de la parte quejosa con el que promovió el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva; y con las constancias remitidas por las autoridades responsables con sus respectivos informes. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron ordenadas agregar con conocimiento de las partes, y por desahogadas las pruebas documentales y alegatos de la parte quejosa y las autoridades responsables, en atención a su propia y especial naturaleza. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar, ni pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver los autos del INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, promovido por el quejoso ********************, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 378/2023-V-A, promovido contra actos de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán y otra autoridad; y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo, ********************, solicitó la suspensión definitiva de los actos que atribuyó a las siguientes autoridades responsables: Secretario de la Defensa Nacional. Ciudad de México. Presidente Municipal de Hunucmá, Yucatán. Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Hunucmá, Yucatán. Hunucmá, Yucatán. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el trece de marzo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio principal, se admitió la demanda de amparo, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos, se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes previos, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental; siendo que mediante interlocutoria de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se resolvió lo conducente respecto de la suspensión definitiva solicitada en contra de las autoridades responsables Presidenta Municipal y Director de Desarrollo Urbano del Municipio, ambos de Hunucmá, Yucatán. TERCERO. Concesión de la medida cautelar. Por resolución interlocutoria de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados a la Presidenta Municipal y Director de Desarrollo Urbano ambos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán. CUARTO. Incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva. Por escrito presentado en la oficialía de partes de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, el nueve de mayo de dos mil veintitrés, el quejoso ********************, promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva que se le concedió mediante resolución interlocutoria de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. QUINTO. Trámite del Incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva. Por proveído de diez de mayo de dos mil veintitrés, entre otras cuestiones, se dio a trámite al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva promovida por la parte quejosa. En el mismo proveído se requirió a las responsables Presidenta Municipal y Director de Desarrollo Urbano ambos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, rindieran sus respectivos informes sobre el cumplimiento que hubiesen dado a la suspensión definitiva de data diecisiete de marzo de dos mil veintitrés y los hechos que, en su caso, se les atribuyen respecto a su incumplimiento; se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia relativa, la cual, previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede. SEXTO. Informes respecto de la suspensión definitiva. Por acuerdo de doce de junio pasado, se agregaron los informes de las autoridades responsables; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 158, 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Efectos de la suspensión de plano. Previo al estudio del presente incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, resulta pertinente transcribir el efecto para el que se concedió la referida suspensión por resolución interlocutoria de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, mismo que es del tenor literal siguiente: ".para que se mantengan las cosas en el estado que guardan; es decir, que se mantenga vigente la suspensión temporal de la obra, hasta en tanto se modifiquen las condiciones que llevaron a la autoridad municipal a determinar ello. En la inteligencia de que, de existir los elementos necesarios para que la autoridad municipal estime legalmente procedente el levantamiento de la suspensión de la obra, deberá informarlo de inmediato a este Juzgado Federal, remitiendo las constancias que así lo justifiquen. Pues se reitera, la autorización de este tipo de licencias es competencia de la autoridad municipal y no de este Juzgado." TERCERO. Incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva. Por su parte, la parte quejosa, en el escrito con el que promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, con número de registro 7540, expuso esencialmente que las autoridades responsables habían incumplido con lo ordenado en la resolución interlocutoria de mérito. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables, toda vez que así lo manifestaron la Presidenta Municipal y Director de Desarrollo Urbano ambos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, al rendir sus respectivos informes (registrados con los números de promoción 9490 y 9488). QUINTO. Resulta infundada la denuncia de violación a la suspensión de plano hecha valer por la parte quejosa, por las consideraciones que a continuación se exponen. Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa no acreditó con prueba alguna que las autoridades responsables hubiesen incumplido con la determinación de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Por su parte, las autoridades responsables Presidenta Municipal y Director de Desarrollo Urbano ambos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, informaron y acreditaron que continúa vigente la suspensión temporal de la obra y no han ordenado ni autorizado su levantamiento. Sentado lo anterior, son infundados los agravios expuestos por la parte incidentista, toda vez que no se advierte que las autoridades responsables hayan desacatado los términos en que se otorgó la suspensión definitiva de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Por tanto, se considera que las autoridades responsables se ajustaron estrictamente a los lineamientos que se les dieron cuando se otorgó a la parte quejosa la suspensión definitiva de diecisiete de marzo del año en curso. En consecuencia, al ser de orden público y de observancia obligatoria la suspensión del acto reclamado que se otorga en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, su desacato o violación debe acreditarse plenamente en el incidente respectivo y no inferirse con base en inducciones presuntivas. Así las cosas, al constar en autos que con la actuación de las autoridades responsables no se vulneró la suspensión definitiva otorgada por este órgano de control constitucional, procede declarar infundado el presente incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión promovido por la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía de razón, el criterio sostenido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 3016, del Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2012710, que señala: "SUSPENSIÓN DE OFICIO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE PROCEDA DE PLANO, NO JUSTIFICA QUE SUS EFECTOS DESCONOZCAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO O SE SIGAN EN PERJUICIO DEL INTERÉS SOCIAL. Si bien basta que en el juicio de amparo los actos reclamados recaigan en alguno de los supuestos del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o del diverso 126 de la Ley de Amparo, para que, sin mediar trámite alguno, se determine oficiosamente la procedencia de la suspensión, lo cierto es que la condición de que dicha medida no debe concederse en perjuicio del interés social ni en contravención a disposiciones de orden público, no puede ser desconocida por los juzgadores de amparo al fijar sus efectos. Lo anterior, toda vez que ese aspecto constituye uno de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la misma ley, que debe verificarse cuando la medida sea solicitada por la parte interesada, por lo que el hecho de que proceda de plano no justifica que se desconozcan esos supuestos y conlleve efectos adversos para la colectividad, o que sirva de salvoconducto para que las autoridades dejen de observar la normatividad que rija el desempeño de sus actividades, o bien, se autorice la ejecución de medidas que pongan en riesgo de afectación a otras prerrogativas de los propios quejosos o de diversas personas que puedan verse directa o indirectamente afectadas. Sostener lo contrario, conllevaría desnaturalizar el propósito de la medida cautelar y convalidar que, por el solo hecho de proceder la suspensión de oficio, pudiera ser empleada como medio para justificar conductas irregulares o perjudiciales para la sociedad." Así como la jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia(s) Común, Tesis III.2o.A. J/11 (9a.), en la página 2299, que señala: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SU DESACATO O VIOLACIÓN DEBE ACREDITARSE PLENAMENTE EN EL INCIDENTE RESPECTIVO Y NO INFERIRSE CON BASE EN PRESUNCIONES. Al ser de orden público y de observancia obligatoria la suspensión del acto reclamado que se otorga en el juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, su desacato o violación debe acreditarse plenamente en el incidente respectivo y no inferirse con base en inducciones presuntivas." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 206, 207 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve: ÚNICO. SE DECLARA INFUNDADO el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva promovida por el quejoso ***, respecto de los actos de las autoridades responsables Presidenta Municipal y Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán; por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
Visto para resolver los autos del juicio de amparo 378/2023-V-A, promovido por ***, contra los actos que reclama al Secretario de la Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado ese mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció José Luis Javier Col Baas, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó al Secretario de la Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México; así como a la Presidenta Municipal y Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán. SEGUNDO. Improcedencia de la suspensión de oficio en relación a los actos reclamados. Por acuerdo de diez de marzo de dos mil veintitrés, se determinó que no había lugar a decretar la suspensión de plano de los actos combatidos, por los motivos y fundamentos expuestos en dicho proveído. TERCERO. Admisión de la demanda. Por auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, la que quedó previamente registrada con el número 378/2023-V-A; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CUARTO. Por no ampliada la demanda de amparo. Por acuerdo de quince de mayo de dos mil veintitrés, entre otras cuestiones, se previno a la parte quejosa para que dentro del término a que aluden los artículos 17 y 111 de la Ley de Amparo, manifestara si ampliaba la demanda de amparo, señalando como autoridad responsable en el presente asunto al Director General de Armas de Fuego y Control de Explosivos, con residencia en la Ciudad de México y como acto reclamado el oficio número SC/0145, de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, con el que se revalidó el permiso general número 4976-YUC, a la persona moral denominada "TRISUDE", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN, para la compra y consumo de material explosivo en un banco de material pétreo en el Municipio de Hunucmá, Yucatán; con el apercibimiento que de no hacerlo, no se tendría a dicha autoridad como responsable y se resolvería el presente asunto únicamente respecto de las autoridades responsables señaladas en el escrito de demanda. Siendo que, al no haber realizado la parte quejosa manifestación alguna al respecto, por auto de ocho de junio del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento de mérito. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se tiene que la parte quejosa reclama: Del Secretario de la Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México: La ilegal autorización a favor de Desarrolladora Hunsal y Trisude, ambas Sociedad Anónima de Capital Variable, del uso de explosivos de gran impacto dentro del tablaje catastral 25999 de la localidad de Hunkanab, Municipio de Hunucmá. De la Presidenta Municipal y Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán: La autorización de la licencia de uso de suelo y de funcionamiento para extraer material pétreo. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Secretario de la Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México, toda vez que así lo manifestó el Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, al rendir el informe justificado en su representación (registrado con el número de promoción 7732), sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, respecto de dicha autoridad responsable, por falta de materia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." Aunado a que de igual forma se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5º, fracción II, y 108, fracción III de la Ley de Amparo, con base en las razones que a continuación se exponen. En primer término, es menester señalar que los artículos antes invocados, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:. III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." Ciertamente, de la interpretación en sentido contrario efectuada a los numerales transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se haga valer en contra de actos cuya autoridad emisora no es designada como responsable. De ahí que, si en el caso en estudio, de las constancias que integran el presente juicio constitucional, se advierte que mediante proveído de quince de mayo de dos mil veintidós, se previno al impetrante del amparo para que dentro del término previsto en los numerales 17 y 111 de la Ley de Amparo, manifestara si ampliaba su demanda señalando como nueva autoridad al Director General de Armas de Fuego y Control de Explosivos, con residencia en la Ciudad de México y como acto reclamado el oficio número SC/0145, de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, con el que se revalidó el permiso general número 4976-YUC, a la persona moral denominada "TRISUDE", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN, para la compra y consumo de material explosivo en un banco de material pétreo en el Municipio de Hunucmá, Yucatán, a fin de estar en aptitud de resolver el presente asunto conforme a derecho. Sin embargo, el quejoso no dio cumplimiento al requerimiento de mérito, por lo que en auto de ocho de junio pasado, se hizo efectivo el apercibimiento realizado y se ordenó resolver el presente juicio de amparo, únicamente por cuanto a las autoridades responsables señaladas en el ocurso constitucional. De lo anterior, se sigue que jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de dicho acto reclamado, en virtud de que no se llamó a la autoridad en cita y, por ende, no fue oída en esta vía constitucional. Resulta aplicable al caso, por las razones que la sostiene, la tesis sustentada por la Segunda Sala, visible en la página 113, Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre, página 195, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Al respecto, debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en el presente asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, del Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta y registro 2005917, que informa: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental". De la misma manera cobra aplicación, por analogía, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". En consecuencia, al haberse concretado la causales de improcedencia en estudio respecto al acto reclamado consistente en la ilegal autorización a favor de Desarrolladora Hunsal y Trisude, ambas Sociedad Anónima de Capital Variable, del uso de explosivos de gran impacto dentro del tablaje catastral 25999 de la localidad de Hunkanab, Municipio de Hunucmá, lo que procede es sobreseer en el presente juicio constitucional, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados por la parte quejosa, toda vez que así se advierte de los informes rendidos por la Presidenta Municipal y Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, (registrados con los números de promoción 5637 y 5639). Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto del acto reclamado consistente en la autorización de la licencia de uso de suelo y de funcionamiento para extraer material pétreo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, respecto del acto reclamado a la Presidenta Municipal y Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, que se hace consistir en la autorización de la licencia de uso de suelo y de funcionamiento para extraer material pétreo; del contenido de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que fue la administración anterior la que otorgó la licencia de uso de suelo para extraer material pétreo. Empero, la administración actual (cuyas funciones iniciaron el uno de septiembre de dos mil veintiuno), el día catorce de marzo de dos mil veintitrés, suspendió temporalmente la obra, al no contar las empresas encargadas con los permisos municipales vigentes; por lo que inició el procedimiento administrativo JC/01/2023. De lo anterior, se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado a las responsables Presidenta Municipal y Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos humanos que estimaron violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77 de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto a las autoridades responsables Presidenta Municipal y Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Equivalencia de las constancias que integran el expediente electrónico a copias certificadas. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido José ***, en contra del acto que reclamó a la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México, por los motivos señalados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido ***, en contra del acto que reclamó a la Presidenta Municipal y Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, por los motivos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese.
- Incidental
Mérida, Yucatán, doce de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguense a los autos los informes de la Presidenta Municipal y Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, así como los anexos que acompañan y que ofrecen como pruebas en el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 208 de la Ley de Amparo, hágase relación de lo anterior al celebrarse la audiencia relativa a dicho incidente. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
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