José Luis Manuel Bote Aban

Expediente 991/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
991/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
14/05/2021

Partes del expediente

  • José Luis Manuel Bote Aban

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el veintiséis de abril de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es destruible, pues se negó la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. En términos de lo dispuesto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 23 del referido acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que no existe motivo legal alguno para que sigan al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado los anexos consistentes en un legajo de copias certificadas, remitidas por el Juez Cuarto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, deducidas del expediente ********************; en tal virtud, devuélvasele el citado anexo, a dicha autoridad, sin necesidad que acuse recibo, toda vez que se trata de copias certificadas. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    V i s t o s, para resolver los autos del presente juicio de amparo número 991/2020-III-A, promovido por JOSÉ ***, en contra del acto que reclama del Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familia del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Kanasín; y, ... Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JOSÉ ***, en contra del acto que reclama del Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familia del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Kanasín; por los motivos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, el día de hoy -veintiséis de abril de dos mil veintiuno-, ante la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio a las partes del informe justificado rendido por el Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, el cual se relaciona en el proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este día y se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, como nuevas hora y fecha para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese por lista de estrados.

  4. Incidental

    VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 991/2020-III-A, promovido por ***, contra el acto que reclama del Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Kanasín; y, ANTECEDENTES PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo, la parte quejosa solicitó la suspensión definitiva contra los actos que reclama del Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Kanasín. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el doce de noviembre de dos mil veinte, emitido en el juicio principal, se admitió la demanda de amparo y se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos, se solicitó a la autoridad responsable su informe previo, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo conforme al acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual hizo consistir en: El auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, dictado en autos del juicio especial de divorcio encausado 233/2017, mediante el cual se le apercibe a dar cumplimiento al resolutivo segundo de la sentencia pronunciada el ocho de julio de dos mil diecinueve, esto es, entregar inmediatamente a su hijo menor de edad a su madre Mirna Aracely Albornoz; el cual le fue notificado el veintiocho de septiembre último. SEGUNDA. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe previo. TERCERA. En cuanto a la suspensión definitiva, solicitada por la parte quejosa, previamente se debe analizar la naturaleza del acto reclamado, el cual tiene el carácter de consumado con efectos positivos, por lo que es procedente el análisis del otorgamiento o no de la suspensión sólo respecto de sus efectos y consecuencias. Atendiendo a lo anterior, en relación con los efectos y consecuencias del acto reclamado, que se traduce en el requerimiento de entrega de su menor hijo a su madre, lo procedente es negar la medida cautelar solicitada. En efecto, los requisitos de procedencia de la suspensión son aquellas condiciones que deben reunirse para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión, las cuales están descritas en el artículo 128 de la Ley de Amparo y consisten en las siguientes: a. Que la solicite el quejoso; y, b. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. En el artículo 129 de la citada Ley de Amparo se enumeran los supuestos ejemplificativos de los casos en que se generan perjuicios al interés social, o bien, se contravienen disposiciones de orden público, entre ellos, destaca por estar relacionados en el presente asunto dos menores, lo previsto en la fracción VIII, que a la letra dice: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: "... "VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico." Y de conformidad con el párrafo final del numeral mencionado: "El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." Acorde a lo expuesto, para conceder o negar la suspensión del acto reclamado, habrá de apreciarse de forma integral tanto la naturaleza de éste, como los elementos y factores que hayan intervenido en el entorno en que se emitió. De manera que si el quejoso solicitó la suspensión, ésta deba ser otorgada, a fin de preservar la materia del amparo, siempre que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior determinado, en los casos en que la naturaleza del acto lo permita, mediante el análisis ponderado que realice el órgano jurisdiccional de amparo, de la apariencia del buen derecho y del interés social; y en los casos en que los efectos del acto reclamado trasciendan a la situación de menores de edad, atendiendo también a que se sigue perjuicio al interés social cuando, de concederse la suspensión, se afecten intereses de los menores. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° Constitucional, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establezca la propia Constitución. Asimismo, conforme a lo señalado en la parte conducente del artículo 4° constitucional: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." Esto es, el Estado, a través de sus instituciones, entre ellas, las de administración de justicia, debe velar porque se cumpla con el principio del interés superior de la niñez, mediante la realización de los actos que en el ámbito de su competencia garanticen, en forma plena, los derechos del menor; esos derechos son los que aseguren su desarrollo integral, tales como alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Al efecto, una forma de lograr un desarrollo integral y sano del menor es mediante el respeto de su derecho a no ser separado de sus padres, y cuando esta separación sea necesaria, mediante la adopción de las medidas y decisiones que le garanticen la permanencia en el apego al vínculo familiar, siempre ponderando el interés superior de éste y salvo los casos en que lo anterior sea perjudicial para el menor. El artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño señala: "Artículo 9 1. Los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas." En congruencia a esas disposiciones, el órgano jurisdiccional de amparo, al resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, habrá de tomar en cuenta las manifestaciones que hayan formulado las partes, especialmente la parte quejosa (y la tercero interesada, en su caso), así como considerar el acto en forma valorada-concreta, con la apreciación de los medios de prueba que, en su caso, se hubiesen rendido, para de esa forma advertir, de haberla, la existencia de algún riesgo para el menor de edad y, en consecuencia, resolver en justo balance con las disposiciones y criterios aplicables, priorizando la decisión que salvaguarde el interés superior del menor. Bajo esa óptica, si en el caso concreto, el acto reclamado consiste en la orden de nueve de septiembre de dos mil veinte, dirigida al quejoso, que detenta a su hijo menor de edad sin ser titular de la guarda y custodia, para que lo entregue a la progenitora que legalmente la tiene como resultado de una sentencia decretada por la autoridad judicial, en el juicio especial de divorcio encausado 233/2017. Es inconcuso que ponderando la existencia de esa medida decretada por un Juez Mixto de lo Civil y Familiar, que otorgó la guarda y custodia a uno de los progenitores, misma que tiene la presunción de legalidad y que fue emitida con base al interés superior del menor, de conformidad con el numeral 334 del Código de Familia del Estado de Yucatán; y que no está evidenciado en autos, al menos de manera presuntiva, que de ejecutarse el acto se actualizará un riesgo real en relación con su bienestar y desarrollo. La suspensión del acto reclamado debe negarse en principio, pues de esa manera no se entorpece el cumplimiento de esa determinación judicial, ya que se atiende al interés superior del menor consignado en esa determinación judicial, al procurarle el beneficio de la estabilidad que genera el hecho de encontrarse definida judicialmente su situación. A lo anterior debe agregarse que no se aportó al incidente de suspensión, datos objetivos que revelen, aunque sea de manera indiciaria, que realmente existe algún riesgo para el menor en caso de ejecutarse el acto reclamado, esto es, que existen situaciones en el entorno de cuidado de su madre, que lo están afectando en su desarrollo emocional y psicológico. En efecto, resulta improcedente conceder la suspensión al quejoso (padre no custodio del menor) en virtud de que sus efectos se traducirían en mantener separado al hijo de la madre, que es quien tiene la custodia legal del mismo, según el propio dicho del quejoso en su escrito de demanda. Consecuentemente, corresponde negar la suspensión de esa ejecución con base en el mayor beneficio para el interés superior del menor, pues la determinación judicial reclamada tiene la presunción de legalidad y de haberse emitido en aras del interés superior del menor. Máxime que la procedencia o improcedencia de la suspensión de los actos reclamados no dependen de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino ésta depende de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público; sin que tal negativa de la medida cautelar en modo alguno implique prejuzgar sobre el fondo del asunto, porque ese estudio corresponde hacerlo en el cuaderno principal. Apoyan lo anterior por analogía, las tesis siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE NEGARLA CONTRA LA ORDEN DIRIGIDA AL PROGENITOR QUE RETUVO AL MENOR DE EDAD, PARA QUE LO RESTITUYA AL QUE LEGALMENTE TIENE LA GUARDA Y CUSTODIA, SALVO QUE EXISTAN INDICIOS DE QUE ESTÉ EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL MENOR. Si se solicita la suspensión contra la orden derivada de la vía de apremio para el cumplimiento de un convenio aprobado previamente por la autoridad judicial y elevado a la categoría de cosa juzgada, por el que se otorgó a uno de los progenitores la guarda y custodia de un menor de edad, y dicha orden consiste en que el que no la tiene y retuvo al menor, lo restituya al primero, aquélla debe negarse al ponderar el carácter de sentencia ejecutoria que le reviste al convenio judicial, cuyo cumplimiento es de interés social, y en atención al interés superior del menor, al procurarle la estabilidad que genera el hecho de encontrarse definida judicialmente su situación, salvo que del análisis realizado por el juzgador de amparo, en forma valorada-concreta, al acto reclamado, incluyendo las manifestaciones formuladas por las partes y los elementos de convicción aportados por éstas al incidente de suspensión, o bien, aquellos que el juzgador recabe de oficio si lo estima necesario, revelen al menos de manera indiciaria, la existencia de algún riesgo real para la integridad del menor en caso de ejecutarse el acto reclamado, pues de haberlo, procede suspender la ejecución del acto hasta que se resuelva el amparo." (Época: Décima Época, Registro: 2008042, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: PC.I.C. J/9 C (10a.), Página: 1816) "GUARDA Y CUSTODIA. CONTRA LA MEDIDA PRECAUTORIA DICTADA EN EL JUICIO CONSISTENTE EN LA ENTREGA DE UN MENOR LACTANTE A SU MADRE, ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). El artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo establece como uno de los requisitos de procedencia para conceder la suspensión que con el otorgamiento de tal medida cautelar no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; en esa virtud, es improcedente conceder la suspensión de la medida precautoria decretada en un juicio de guarda y custodia, consistente en que el padre entregue a la menor lactante a su madre, ya que de otorgarse se contravendría el interés superior del menor, pues interesa a toda la sociedad velar por la salud y alimentación óptima del ser humano que en los primeros meses de vida recae en la leche materna, así como disposiciones de orden público, como la contemplada en el artículo 256 del Código Civil para el Estado de Chiapas, el cual dispone que los menores de siete años deben permanecer con su madre. Lo anterior, salvo que se tengan en el incidente de suspensión indicios de los que pueda inferirse que al entregar a la menor lactante a su madre, pueda correr peligro derivado de la actuación de ésta, de personas con las que habita o del lugar en donde vivirá." (Época: Décima Época, Registro: 2000363, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) 1 C (10a.), Página: 1144). "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES, SALVO QUE CONCURRAN CONDICIONES ESPECIALES Y QUE DE NO CONCEDERSE SE PERJUDIQUE EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 124, fracción III, de la Ley de Amparo se deduce que la teleología de la suspensión descansa en impedir que con el acto reclamado se causen o puedan causar perjuicios de difícil reparación, y para concederla el Juez de amparo puede calificar y estimar la existencia del orden público con relación a una ley. Así, el artículo 4o. de la Carta Magna consagra el interés superior del niño, el cual también está previsto en la Convención de los Derechos del Niño, en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en algunas legislaciones que rigen los derechos de los menores en los Estados de la Federación, este principio es concebido como la institución a través de la cual se procura el desarrollo pleno e integral del infante proporcionándole los cuidados y asistencia necesarios para lograrlo. De tal manera que para decretar la medida suspensional debe atenderse al principio aludido y a las leyes que lo regulan, pues ambos aspectos atañen al interés social y al orden público y, por tanto, la resolución que determina sobre la guarda y custodia de los menores podría ser o no susceptible de suspenderse, dado que tal situación se presume generada al amparo de ese principio rector en cuya observancia está interesada la sociedad; de ahí que para resolver sobre la medida que nos ocupa, el juzgador de amparo deberá atender a las condiciones específicas de cada caso en particular vigilando, sobre todo, que se respete el principio de interés superior del niño, en concordancia con los requisitos que para la suspensión establece la Ley de Amparo." (Época: Novena Época, Registro: 179166, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, Materia(s): Común, Tesis: II.3o.C.13 K, Página: 1798). "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA MEDIDA PROVISIONAL QUE ORDENA AL PADRE ENTREGAR AL MENOR PARA SU GUARDA Y CUSTODIA A SU CÓNYUGE. De acuerdo al principio general rector de la decisión de guarda y custodia de los menores de edad, consistente en que éstos deben permanecer al lado de la madre, porque se atiende fundamentalmente a las circunstancias específicas que se encaminan a proteger el desarrollo de la familia y dentro de este concepto, por consiguiente, a velar por el desarrollo de los menores de edad, de tal suerte que existe interés social en que éstos estén bajo el resguardo de la madre hasta la edad que fije el Código Civil aplicable; luego, mientras el hijo se encuentre en esas hipótesis, resulta improcedente conceder la suspensión al quejoso (padre del menor) en virtud de que sus efectos se traducen en separar a los hijos de la madre, medida que aparte de causar un perjuicio para ambos, atenta contra el interés general que radica en que los hijos menores de cierta edad no se alejen de la madre cuyos cuidados les son indispensables, lo que significa que al estar ese interés de por medio, no se satisfacen los requisitos de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo." (Época: Novena Época, Registro: 189365, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Junio de 2001, Materia(s): Civil, Tesis: X.3o.12 C, Página: 767). Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA a ***, la suspensión definitiva del acto que reclama del Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Kanasín, por los motivos expuestos en la tercera de las consideraciones de la misma. Notifíquese y cúmplase.

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