Jose Luis Gabriel Cervantes Yam
Expediente 1520/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1520/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Luis Gabriel Cervantes Yam
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
ELECTR.Mérida, Yucatán, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en estos autos el veintidós de septiembre de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su resolutivo primero sobreseyó en el presente asunto, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, el que aún no obren en autos las tarjetas de acuse de recibo relativas a los oficios con los que se notificó la sentencia de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa. Toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra los actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales y hasta el día de hoy, como se dijo, no interpuso el recurso correspondiente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. Y en relación a éstas, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que sólo podrán interponer recurso de revisión contra las resoluciones que afecten directamente el acto que se les haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un asunto en el que se sobreseyó en el presente juicio, por lo que no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las responsables en que su acto subsista. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha en que se ordena su archivo, se deberá destruir el expediente. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
ELECT Mérida, Yucatán, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional en representación del Director en Jefe, Director General de Registro y Control Documental, Director General de Catastro y Asistencia Técnica y Director General de Operación y Sistemas, todos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que mediante acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por recibido dicho informe vía telegráfica y se acordó lo legalmente conducente; aunado a que el veintidós de septiembre del año en curso, se dictó sentencia definitiva en el presente juicio constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 1520/2022-V-B, promovido por JOSÉ LUIS GABRIEL CERVANTES YAM, en contra de los actos que reclama del Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, y otra autoridades. ANTECEDENTES PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el veinte siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció la citada parte quejosa, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama de las siguientes autoridades responsables: 1. Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad. 2. Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. 3. Director General de Operaciones y Sistemas del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. 4. Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. 5. Director General de Catastro y Asistencia Técnica del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. 6. Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. 7. Titular del Órgano Interno de Control del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, se registró la demanda de que se trata con el número 1520/2022-V-B; por una parte se desechó parcialmente la demanda, y por otra, se admitió a trámite la misma; se solicitó su respectivo informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, se tiene que la parte quejosa reclama: La negativa de emitir la calificación registral respectiva a la solicitud número 31200001931, relativa al trámite SEDATU-04-019, presentada por el quejoso, ante la oficialía de partes del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, el día tres de marzo del dos mil veinte, respecto al solar número 16, 17 y 18, de la manzana 38; al solar número 6, de la manzana 1; al solar número 3, de la manzana 113, ubicados en la localidad de Tixkunchel, municipio de Baca, del Estado de Yucatán. TERCERA. Certeza del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a las responsables, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. En efecto, de las constancias que remitió el Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad, por conducto de su Jefa del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se advierte que mediante oficio RAN/YUC/SR/2268/2020 de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, fue atendida la solicitud del quejoso, a la cual le recayó la calificación registral negativa, misma que puso a su disposición desde el treinta de septiembre de dos mil veinte. Por tanto, deviene inconcuso que, dicha calificación fue emitida con antelación a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el dieciséis de junio de dos mil veintidós, de ahí que resulte inexistente la omisión que reclama. Siendo que, en el caso, al haberse emitido dicha calificación con anterioridad a la presentación de la demanda, no resulta factible dar vista a la parte impetrante del amparo con la respuesta emitida. En consecuencia, al ser inexistente el acto reclamado, se impone sobreseer en el juicio de constitucional en que se actúa con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." CUARTA. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que la parte quejosa manifestó su anuencia a la publicación de sus datos personales, y que las demás partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste en ese sentido. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, a excepción del quejoso, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por JOSÉ LUIS GABRIEL CERVANTES YAM, en contra del acto que reclama de las autoridades responsables señaladas en el primero de los antecedentes, por los motivos expuestos en la consideración tercera de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración cuarta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese una reimpresión de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, donde se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio en proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Así como la jurisprudencia 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Común, visible en la página 151, registro: 170081, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Ello, aunado a que este órgano jurisdiccional se encuentra a la espera de recibir por correo certificado el informe justificado rendido por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional en representación del Director en Jefe, Director General de Registro y Control Documental, Director General de Catastro y Asistencia Técnica, y Director General de Operación y Sistemas, todos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. Notifíquese y cúmplase.
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