Jose Luis Hernandez Tlachi

Expediente 535/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
535/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
08/08/2019

Partes del expediente

  • Jose Luis Hernandez Tlachi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra la sentencia dictada el veintidós de julio de dos mil diecinueve, que negó el amparo solicitado por la parte quejosa, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se negó la protección constitucional solicitada, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiendo conservar la demanda y la sentencia correspondiente, sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, ya que resulta innecesario conservar el disco versátil digital que remitió la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés, Cholula, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el mismo; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega del referido disco.

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Luis Hernández Tlachi respecto de los actos que reclamó, al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés, Cholula, Puebla, consistente en la resolución de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 133/2019/Cholula, en la parte en que se le vinculó a proceso, por el hecho con apariencia de delito contra la salud en su modalidad de posesión simple del psicotrópico denominado mentafetamina, y en la parte en que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva necesaria, por todo el tiempo que dure el proceso, ello, en virtud de lo expuesto en el considerando séptimo y octavo de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando octavo de este fallo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de julio de dos mil diecinueve. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, con el que da cuenta la Secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 del precitado ordenamiento legal, se tienen como pruebas de la referida autoridad responsable, la documental que anexa a su informe justificado y el disco versátil digital que remite, sin perjuicio de relacionarlas en el momento procesal oportuno; y sin que haya lugar a señalar fecha para la reproducción del citado disco. Guárdese en sobre cerrado el disco versátil digital que acompaña, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por otro lado, en virtud de que obran en autos la totalidad de los informes justificados que rindieron las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar personalmente al quejoso, el presente proveído, y el diverso de diecinueve de junio del actual, en el lugar en el que se encuentra recluido (Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, Puebla), corriéndole traslado con copia autorizada de las referidas actuaciones, y con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla y 2. Director del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla. Finalmente, ya que fueron señaladas las nueve horas con diez minutos del cuatro de julio de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, dado lo acordado en párrafos anteriores, resulta evidente que ésta no podrá celebrarse por estar transcurriendo la vista que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal procede diferirla anticipadamente, señalándose para tal efecto las diez horas con diez minutos del veintidós de julio de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 2. Director del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla, con el que da cuenta la Secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la citada autoridad responsable la documental que anexa al informe que se provee, sin perjuicio de relacionarla al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, se reserva dar vista a la parte quejosa con el informe justificado de referencia, hasta en tanto obre en autos el diverso informe de la autoridad responsable ordenadora.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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