Jose Luis Hernandez Aguilar (Representante)

Expediente 1182/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1182/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
14/10/2016

Partes del expediente

  • Jose Luis Hernandez Aguilar (Representante)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de dictada en el presente asunto, por la que sobreseyó en el presente juicio de garantías; por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Ahora bien, no pasa inadvertido para la suscrita Jueza Federal que no obra en autos el acuse de la pieza postal relativa al oficio 1118.1-I-D que se giró a efecto de notificar la sentencia dictada en el presente juicio de garantías a la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público Investigador de Izúcar de Matamoros, Puebla; sin embargo, tal como se desprende de autos, la sentencia dictada en el presente asunto no le irroga perjuicio alguno a dicha autoridad al haberse sobreseído y, la circunstancia de hacer requerimientos respecto de la constancia de notificación de la indicada autoridad únicamente conllevaría a dilaciones procesales innecesarias. Sustenta lo anterior, la tesis aislada 224681 emitida por Tribunales Colegiados de Circuito y la diversa 267363 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique. RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley). Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público Investigador de Izúcar de Matamoros, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele las copias certificadas de la carpeta de investigación 164/2015/IZUCAR/CNPP de su índice, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente, apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de garantías 1182/2016-I-D, promovido por "Ferretera Industrial de Puebla", Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal y único José Luis Hernández Aguilar, por las razones y fundamentos que se expresan en los considerandos tercero y quinto de la presente determinación. SEGUNDO. Se tiene a las partes conformes de que se incluyan sus datos personales en la consulta o publicación de esta sentencia, en los términos del considerando sexto.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos el INFORME JUSTIFICADO del 2. Fiscal General del Estado de Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Así mismo, téngase a la citada autoridad designando como delegados en el presente juicio de garantías, los indicados en el informe con que se da cuenta, en términos del artículo 9 de la Ley Reglamentaria.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de septiembre de dos mil dieciséis. Vistos, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público Investigador de Izúcar de Matamoros, Puebla Primer Turno, con el que da cuenta la Secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tienen como pruebas de la referida autoridad las documentales que acompaña a su informe de cuenta, en términos del numeral 119 del ordenamiento legal antes citado, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de que sean tomadas en consideración en la audiencia constitucional. Así mismo, en razón al cuantioso número de fojas que conforman la copia certificada de la causa penal 36/2016 del índice del Juzgado Penal de Tepeaca, Puebla que dificulta su manejo y consulta al integrarlo al juicio en que se actúa, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, fórmese el anexo I, conservando el folio de origen, a fin de que el día que tenga verificativo la audiencia constitucional pueda ser apreciado debidamente. En diverso aspecto, de la certificación de mérito y del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciséis se admitió a trámite la demanda de garantías promovida por José Luis Hernández Aguilar sin que se haya librado oficio alguno para requerir a la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Puebla, su respectivo informe justificado. En ese sentido, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales y para que el presente asunto se encuentre debidamente integrado para su resolución, se ordena girar oficio a la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Puebla a través del cual se le pide su informe justificado, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante este juzgado de Distrito ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla. Apercibida que de no hacerlo o no anexar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Esto es así, ya que la no rendición del informe justificado implica que se presuma cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Amparo Vigente; y, por lo que respecta a los informes rendidos fuera de los plazos establecidos, podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos, con fundamento en la primera parte del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. Hágase del conocimiento de la citada autoridad responsable que podrá remitir su informe de ley a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx y, a efecto de confirmar su envío, se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Por otra parte, se requiere a la autoridad que, en su caso, convenga en la existencia el acto reclamado, precise si las constancias que remita como justificación a su informe, contiene información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 26/2015 siguiente sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo. En otro sentido, se solicita a la autoridad señalada como responsable informe a este juzgado de Distrito si este juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional o por tratarse de actos derivados del propio procedimiento, o bien, porque se refiera a los mismos hechos. Así mismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, hágase saber a la autoridad responsable que si tiene conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberá comunicarlo inmediatamente a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que así lo acrediten; apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a treinta días veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 251 del citado cuerpo de leyes. Indíquesele al referido Fiscal General del Estado, que se encuentran señaladas las nueve horas con veinte minutos del veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías.

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