Jose Luis Gonzalez Gonzalez

Expediente 1073/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1073/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Jose Luis Gonzalez Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio 36295/2019 signado por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando con carácter de Jueza de Control, con anexos, con el que, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintitrés de diciembre de esta anualidad (fojas 122 y 123), manifiesta haber cumplido con la sentencia de amparo, pues al respecto, hace del conocimiento que en audiencia de veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, celebrada en los autos de la causa penal PUE/496/2019, dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso, emitido el veintisiete de octubre de la presente anualidad. Asimismo, informa que hizo constar la verificación de las cédulas profesionales de los abogados defensores que asistieron a la audiencia inicial y dictó en contra de José Luis González González, auto de vinculación a proceso, por suponerlo responsable de los hechos que la ley señala como delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, inciso c), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el diverso 11, incisos f) y c), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y, el diverso posesión de cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y fijó como plazo de cierre de investigación complementaria de dos meses calendario. Para justificar lo anterior, adjunta un disco versátil en formato DVD, que contiene el registro de audio y video de la citada audiencia, copia de las cédulas profesionales de los defensores particulares, e impresión de las hojas que obtuvo de la página de internet en las que se hace constar que verificó las cédulas profesionales ante el registro de profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexos de cuenta; dese vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio 36142/2019, signado por el secretario de Juzgado Comisionado al Centro Penal Federal en el Estado de Puebla en funciones de Asistente de Despacho Judicial, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, visto su contenido, téngase a la autoridad oficiante informando que en los autos de la causa penal 496/2019, se señalaron las diez horas con treinta minutos, del veintisiete de diciembre de esta anualidad, para celebrar la audiencia de cumplimiento de ejecutoria de amparo. En ese sentido, téngase a la autoridad oficiante, informando sobre las gestiones tendentes para dar cumplimiento al fallo protector, por lo que estése en espera de que la autoridad oficiante remita las constancias atinentes a dicha audiencia.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Vistos los autos y la certificación que antecede; toda vez que en la especie, por sentencia de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Luis González González, y como dicha determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable 1. Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Marcela Elizabhet García Cante), que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, realizando lo siguiente: (.)Octavo. Efectos de la concesión. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por José Luis González González, para que la 1. Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Marcela Elizabhet García Cante), en la causa penal 496/2019, de su índice, una vez que la sentencia quede firme y se le requiera el cumplimiento dentro del pazo establecido para tal efecto, realice lo siguiente: a) Deje sin efectos el auto de vinculación a proceso de veintisiete de octubre de dos mil diecinueve, en la causa penal 496/2019, por el hecho con apariencia de delitos de 1) Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, inciso c), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 2) Posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el diverso 11, incisos c) y f), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y 3) Posesión de cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en concordancia con los diversos 7, fracción II (delito permanente), únicamente por cuanto hace al quejoso José Luis González González. b) Hecho lo anterior, señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del instante previo al dictado de esa determinación, para que con las formalidades de ley, al momento de individualizarse las partes, se cerciore que Keren Elizaberth Reyes Castro, Iván Roberto Varas Carmona y María Guadalupe Marín Loeza, personas que asistieron al imputado José Luis González González, como defensores particulares en la audiencia respectiva, sean licenciados en derecho, lo que acontecerá con el hecho de que los defensores hagan referencia del número de cédula que los acredite como profesionales en derecho y con el cuestionamiento que la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio haga al encargado de Sala, si verificó que los datos proporcionados por los defensores corresponden con las cédulas profesionales que detentan. c) Hecho lo anterior y después de que se cerciore que el imputado cuenta con una defensa técnica en la audiencia inicial, dicte otra determinación sin variar el sentido de la anterior, a fin de no comprometer el principio de continuidad y concentración de actos procesales. d) En el supuesto de que las personas que asistieron al imputado como defensores no acrediten ser licenciados en derecho por no corroborarse lo relativo a su cédula profesional, deberá reponer todo lo actuado en audiencia inicial para el efecto de que una vez que designe al defensor público de su adscripción que asista al quejoso, otorgue al mismo el término de tres días que marca el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que en dicho periodo esté en aptitud de elegir a un defensor de su preferencia y, en caso de no designar alguno, deberá continuar con la substanciación de la audiencia inicial con el defensor público de su adscripción; y, ya sea defensor público o particular, deberá cerciorarse en audiencia videograbada que la persona que los asiste cuenta con cédula profesional y su registro. Lo que deberá quedar asentado en la videograbación, en observancia de los principios que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, así como los derechos humanos del imputado. Hecho lo anterior, procederá dar continuidad a los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia, donde resolverá con libertad de jurisdicción el debate planteado por las partes. e) En el entendido que la juez de control deberá conducir la audiencia inicial hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado. f) Remita las constancias con las que acredite lo anterior. Cabe señalar que, en cumplimiento a la jurisprudencia 1a./J. 29/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. EL JUEZ DE CONTROL QUE DICTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DEBE SER EL MISMO QUE CONOCIÓ DE LA IMPUTACIÓN Y LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO.", deberá ser Marcela Elizabhet García Cante, Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, quien cumpla con la protección constitucional aquí concedida; salvo que se actualice el supuesto contemplado en el inciso d) de este considerando, caso en que podrá ser diverso juez quien conozca de la audiencia inicial. (.)" Se hace saber a la autoridad responsable que de no hacerlo, esta autoridad procederá conforme lo disponen los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta por este órgano de control constitucional, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; toda vez que al tratarse del 1. Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Marcela Elizabhet García Cante), cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo, por tanto, carece de superior jerárquico, lo anterior, atendiendo al criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 63/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  4. Principal

    SE PUBLICA POR LISTA AVISO.SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil diecinueve. Visto,con conocimiento de las partes, agréguese a los presentes autos el informe justificado de la autoridad responsable 1. Luis Eduardo Jiménez Martínez, Juez Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en representación de Marcela Elizabhet García Cante, con el que da cuenta la secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el citado precepto 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, se tienen como pruebas del referido juez penal responsable, las documentales que anexa al oficio que se provee; así como el disco versátil digital (dvd) que acompaña a su informe de cuenta; sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno. Dado el cuantioso número de constancias que remite la aludida autoridad en apoyo a su informe de cuenta, fórmese el cuaderno de prueba I, para la mejor facilidad de su manejo, respetando folio, sello y rúbrica del mismo. Respecto al disco versátil digital (dvd) que remitió el citado juez responsable no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica de prueba documental pública. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Guárdese en un sobre cerrado el disco que acompaña, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar; además, como se advierte de la certificación de cuenta, el referido disco se encuentra debidamente certificado con el sello y la firma correspondientes del servidor público que lo remite. Orienta lo anterior, la tesis II.1o. J/6 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI EL JUEZ FEDERAL RESUELVE CON BASE EN LOS DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD´S) QUE LAS CONTIENEN SIN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS CON EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. A partir de la instauración del sistema procesal penal acusatorio y oral, las videograbaciones de las audiencias contenidas en archivos informáticos almacenados en un soporte material, como lo es un disco versátil digital (DVD), constituye un medio apto para producir seguridad en las actuaciones que se generen por el juzgador, así como para garantizar la legalidad y transparencia del desarrollo de cada una de las etapas del proceso penal, como lo disponen los artículos 40 y 41 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (abrogado) y 50, 51, 61 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que los discos que se emitan deben considerarse documentos públicos, pues forman parte de un expediente judicial que contiene el resultado del desahogo de las diligencias inherentes al proceso y, por ende, deben estar certificados, es decir, contener el sello del órgano jurisdiccional, así como la firma o rúbrica del servidor público correspondiente que los expida, a fin de dar certeza sobre su autenticidad a las partes intervinientes. En ese sentido, si el Juez Federal emitió una sentencia basándose en los discos versátiles sin certificación, ello constituye una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento para el efecto de que se allegue de esos documentos debidamente certificados y, en su momento, vuelva a emitir la resolución correspondiente." En diverso aspecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Luis Eduardo Jiménez Martínez, Juez Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en representación de Marcela Elizabhet García Cante, se colige que el fiscal que interviene en la causa penal de origen es Javier Martín Oliva Zaballa, Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Agencia Novena Investigadora de la Delegación Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República. Por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso e) de la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo, se tiene como autoridad tercera interesada a Javier Martín Oliva Zaballa, Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Agencia Novena Investigadora de la Delegación Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República, pues es a dicha autoridad a quien le reviste tal carácter, en virtud que no fue señalada como responsable en este juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la tesis XXVII.3o. J/3 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Por otra parte, los procedimientos penales del sistema tradicional son: a) averiguación previa a la consignación a los tribunales, b) preinstrucción, c) instrucción, d) primera instancia o juicio, e) segunda instancia, f) ejecución y, g) procedimientos especiales. En cada uno de ellos, la ley prevé la participación de la institución ministerial federal como representante de la sociedad (parte acusadora de carácter público), empero, materialmente no es un solo agente quien participa en cada etapa del proceso, sino que la propia institución, con base en su organización interna, designa mediante adscripción, a los encargados de solventar las facultades que corresponden al Ministerio Público en cada procedimiento mencionado. Así, es claro que esa intervención está acotada en atención al procedimiento en que se genera el acto reclamado; por tanto, la calidad de tercero interesado se actualiza para el Ministerio Público de la Federación que intervino en el procedimiento respectivo. De ahí que, si el acto reclamado es la sentencia de segunda instancia, tendrá el carácter de tercero interesado el Ministerio Público adscrito al tribunal de alzada (Tribunal Unitario o Sala Penal) señalado como responsable, al ser el representante social que intervino en la fase del proceso penal de la que deriva el acto reclamado y, además, no tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo. Por consiguiente, basta con la notificación que la autoridad responsable practique al agente del Ministerio Público de su adscripción, para tener por satisfecho el emplazamiento en su carácter de parte tercero interesada, sin que sea necesario notificar también al agente ministerial que fungió en otros procedimientos, como el de primera instancia." En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordena emplazar a dicho agente del Ministerio Público, al presente sumario constitucional por medio de oficio que se gire para tal efecto, anexándole copia autorizada de la demanda de amparo, auto admisorio y del presente proveído. Ahora bien, del estado que guardan las presentes actuaciones se advierte que mediante proveído de seis de noviembre pasado (fojas 48 a 51), se reservó proveer respecto de los medios de convicción ofrecidos por el demandante constitucional, hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable; por lo que cumplida dicha condición, se provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales identificadas con los numerales 1 y 3, de su escrito inicial de demanda; sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno, esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. Y, por cuanto hace a la probanza identificada con el número 2, consistente en la carpeta de investigación número 296/2017/UF1/04, que precisó el aquí quejoso en su demanda de amparo; al respecto dígasele, que con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2, en relación con el diverso 75 del último ordenamiento legal citado (aplicado a contrario sentido), no ha lugar a tener por ofrecidas y admitir dichas pruebas, por las siguientes razones. En primer lugar, resulta pertinente hacer notar que el acto reclamado en el presente asunto, consiste en el auto de vinculación a proceso, dictado bajo las reglas del sistema penal acusatorio adversarial, pues de acuerdo a las constancias que lo integran, se aprecia que el veintisiete de octubre de dos mil diecinueve, Marcela Elizabhet García Cante, Jueza Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, realizó lo anterior, en los autos de la causa penal 496/2019.. Así, debe precisarse que si bien es verdad que el artículo 75 de la Ley de Amparo establece que en el amparo indirecto, el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiese tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable; también lo es que cuando se reclama un acto librado bajo las reglas del sistema penal acusatorio adversarial, deben tomarse en cuenta los principios que rigen ese sistema judicial, esto es, el de contradicción, inmediación, oralidad, e inclusive el de igualdad procesal. De esta manera, el suscrito Juez Federal se encuentra legalmente impedido para aceptar el desahogo de medios de convicción que no fueron valorados por la Juez de Oralidad, en el proceso relativo, y aun cuando alguna de las partes, no haya tenido oportunidad para hacerlo en ese asunto, ello no significa que en el juicio de amparo lo pueda realizar, pues de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 75 ídem (in fine), en materia penal, el Juez de Distrito debe cerciorase de que ese ofrecimiento (de pruebas) en el amparo, no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Luego, de admitir probanzas en las que no se apoyó la determinación reclamada, se vulnerarían las fracciones I, II y VI del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que -como se dijo- rigen el proceso penal acusatorio, así como los diversos numerales 4, 6, 9 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no serían desahogadas ante el Juez que conoce del proceso penal, y la contraparte no podría refutarlas o contradecirlas, y resultarían nulas, al llevarse a cabo fuera de la audiencia de juicio, conforme al artículo 20, apartado A, fracción III, constitucional, así como a los preceptos 259 y 357 del código invocado. Convergen con el criterio expuesto las siguientes tesis y jurisprudencia: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE IMPONERSE DE LOS DATOS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, RESOLVER CONFORME A LAS CUESTIONES EFECTIVAMENTE DEBATIDAS EN LA AUDIENCIA. Atento a que el sistema procesal penal acusatorio y oral opera, entre otros, bajo el principio de contradicción, que consiste en que se respete el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes, a través de la posibilidad de rechazar las pretensiones de su oponente y aportar pruebas al respecto, al decidir sobre la procedencia del auto de vinculación a proceso, el Juez de control no debe imponerse de los datos que integran la carpeta de investigación, sino en observancia a dicho principio, resolver conforme a las cuestiones efectivamente debatidas en la audiencia. Lo anterior, a fin de evitar la formación de un criterio propio que afecte su objetividad e imparcialidad, y que su decisión se emita únicamente conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia desahogada ante él, pues el principio en comento, no otorga privilegios a ninguna de las partes, ni existe suplencia para corregir, subsanar o complementar sus intervenciones, sino que la actividad procesal depende de la intervención de éstas, quienes deben exponer sus respectivas afirmaciones y defensas ante el Juez de garantía, discutirlas en un debate pleno y contradictorio sobre los aspectos ahí ventilados, produciendo argumentos o pruebas en que se sustenten y, con base en ello, el Juez resuelve conforme a derecho, con los elementos que le suministraron los contendientes, y de acuerdo con lo propuesto por ellos." "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda." "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN LIBRADA BAJO LAS REGLAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, Y LAS QUE OFRECIÓ EL QUEJOSO REQUIEREN DESAHOGARSE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO, ÉSTE DEBE DESECHARLAS, PORQUE DE ADMITIRLAS VIOLARÍA LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN A ESE PROCEDIMIENTO ORAL. El artículo 75 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito apreciará el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos motivantes de la resolución impugnada, con excepción de aquellos casos en que el quejoso no hubiere tenido oportunidad de hacerlo; sin embargo, existe también la salvedad en materia penal, tratándose del proceso penal acusatorio, consistente en que el juzgador de amparo debe cerciorarse de que el ofrecimiento de pruebas no implique violación a la oralidad o a los principios que rigen dicho proceso penal; por lo que si durante la tramitación del juicio de amparo, el quejoso ofrece una prueba que requiere desahogo, como la pericial o testimonial, y el acto reclamado es una orden de aprehensión librada bajo las reglas del sistema penal acusatorio, el Juez de Distrito debe desecharla, porque su admisión sería contraria a la característica principal del sistema indicado, consistente en la oralidad, ya que los medios de convicción cuyo desahogo se proponga en el juicio de amparo, se sujetarían a las disposiciones previstas en el artículo 119 de la propia ley, que establece que en el caso de la testimonial, pericial o inspección judicial, es necesario que las partes exhiban original y copia de los interrogatorios para que sean examinados los testigos, o cuestionarios para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección; por lo que en tal circunstancia, la admisión de pruebas que requieren desahogo, resultaría violatoria de los principios de contradicción, igualdad procesal e inmediación, previstos en los artículos 20, apartado A, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o., 6o., 9o. y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no serían desahogadas ante el Juez que conoce del proceso penal, la contraparte no podría refutarlas o contradecirlas, y resultarían nulas, al llevarse a cabo fuera de la audiencia de juicio, conforme al artículo 20, apartado A, fracción III, constitucional, así como a los preceptos 259 y 357 del código invocado. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO." Esa decisión no transgrede derecho constitucional ni convencional alguno, en agravio de la parte quejosa, pues dicha parte procesal debe ceñirse a las reglas que para el ofrecimiento de pruebas contempla la Ley de Amparo, o su ley supletoria, ya que el admitir todos los medios de convicción que ofrezca, provocaría suponer que en el juicio de amparo puede ofrecerse cualquier medio probatorio sin algún control, lo cual -a su vez- traería como consecuencia, su desnaturalización, y se generaría una inestabilidad en relación con los actos de autoridad que se estimen violatorios de los derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.9o.P.2 K (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyos rubro, texto y datos de localización: "PRUEBAS EN EL AMPARO. EL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, AL SEÑALAR QUE EN LAS SENTENCIAS QUE SE DICTEN EN LOS JUICIOS, NO SE ADMITIRÁN NI SE TOMARÁN EN CONSIDERACIÓN AQUELLAS QUE NO SE HUBIESEN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 1o., 14, 17 Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 8 Y 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El artículo 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, al señalar que en las sentencias que se dicten en los juicios no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante la autoridad responsable, no vulnera los artículos 1o., 14, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 8 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello es así, porque de la citada porción normativa no deriva que el juicio de amparo impida ejercer los derechos de audiencia y acceso a la justicia y, por tanto, que sea un recurso inefectivo o ilusorio, pues no constituye un procedimiento ordinario para acreditar hechos en lo general, sino que su objeto principal es verificar la constitucionalidad o convencionalidad o, en su caso, la legalidad del acto de autoridad frente a la situación y circunstancias que concurrieron en el momento en que se emitió la resolución impugnada; ya que de lo contrario, se llegaría al absurdo de establecer que en el juicio de amparo puede ofrecerse cualquier medio probatorio sin algún control, lo cual traería como consecuencia, su desnaturalización, y se generaría una inestabilidad en relación con los actos de autoridad que se estimen violatorios de los derechos fundamentales; máxime que el párrafo primero del artículo en estudio, no es absoluto, pues su párrafo segundo establece una excepción, al permitir al quejoso ofrecer pruebas siempre y cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable." Finalmente, del estado procesal de autos se aprecia que se encuentran señaladas las diez horas con diez minutos del veintiocho de noviembre próximo (foja 48 vuelta), para la celebración de la audiencia constitucional; por lo que al ser evidente que no habrán transcurrido los ocho días que deben mediar entre la vista del informe y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente, y en su lugar se señala como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal, mismas que a continuación se reproducen: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten."

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