José Luis Bautista Rosas

Expediente 921/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
921/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • José Luis Bautista Rosas

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, en atención a su contenido, hágase de su conocimiento que las copias que solicita, en atención a su diversa promoción con folio 1600, fueron autorizadas en el auto de seis de noviembre de este año, sin que a la fecha haya comparecido a realizar el trámite correspondiente para su entrega. Notifíquese.

  2. Principal

    Sentencia Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto ********************, promovido por********************, contra actos del Titular de la Aduana de Tijuana y de otra autoridad; y, Resultando Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito que se presentó el veinticinco de julio de dos mil veintitrés, en la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito,********************, promovió la demanda de amparo contra los actos y autoridades que en su denominación correcta son las siguientes: Autoridades responsables 1. Titular de la Aduana de Tijuana 2. Subdirector de la Aduana de Tijuana Actos reclamados "Se reclama la ilegal DESPOSESIÓN del vehículo MARCA: ********************, AÑO: ********************, COLOR: BLANCO NÚMERO DE SERIE: ********************, PLACAS DE CIRCULACIÓN ********************, retenido al amparo al margen de lo dispuesto en la Ley Aduanera, para efecto del inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, acto que se llevó a cabo violentando las disposiciones establecidas para dicho procedimiento, en clara violación a los artículos 14 16 y 22 de la Constitución General de la República, por falta de perfeccionamiento en su aplicación, con insuficiente e inexacta fundamentación y motivación, violentando LA GARANTÍAS DE PROPIEDAD, SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD, por las razones que se expresan en los agravios respectivos." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló el concepto de violación que estimó pertinente, el cual no se transcribe, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción. Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional en proveído de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, radicó la demanda de amparo con el número ********************, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y sin reconocerle el carácter de tercero interesado a alguien, se dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49 y 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, por tratarse de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman actos atribuidos a una autoridad de esta ciudad, cuya ejecución tuvo lugar en el territorio donde ejerce competencia este Juzgado de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, escrito aclaratorio, los informes justificados y en atención a la causa de pedir se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: La desposesión del vehículo Marca: ********************, Año: ********************, Color: Blanco, número de serie: ********************, placas de circulación ********************, con motivo del embargo precautorio decretado en el procedimiento administrativo en materia aduanera, instaurado en contra del quejoso. Tercero. Es cierto el acto reclamado consistente en el embargo precautorio decretado el dos de julio de dos mil veintitrés, en el procedimiento administrativo en materia aduanera ********************, respecto del vehículo con número de serie ********************, ya que de las constancias adjuntas al informe justificado, así se advierte. Documentales que fueron enviadas debidamente certificadas y por tanto, merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de esta última en el artículo 2, al ser expedidas por autoridad en el ejercicio de sus funciones y por no haber sido objetadas en cuanto a su autenticidad. Cuarto. Ahora, es importante destacar que aun cuando el reclamado sí existe, como se advierte de las constancias anteriormente referidas, de las que se desprende que el dos de julio de este año, se levantó el acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera en contra del quejoso, en su carácter de tenedor y/o poseedor de las mercancías de orden y procedencia extranjera, con la cual se dio inicio al procedimiento administrativo en materia aduanera ******************** y se decretó el embargo precautorio respecto del vehículo con número de serie ********************, que refiere el quejoso es de su propiedad, éste fue emitido por una autoridad diversa a las que señaló como responsables. No obstante ello esta Juzgadora considera innecesario requerir a la parte quejosa a fin de que manifieste si es de su interés señalar como autoridad responsable a ********************, en su carácter de Verificador de la Aduana de Tijuana, quien fue la encargada de dicha actuación, por considerar que queda plenamente demostrada de forma manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio en base a lo siguiente. En principio, por considerar que el embargo precautorio realizado con motivo de la orden de verificación que le fue notificada al quejoso por la verificadora referida, fue consentido tácitamente al no haber promovido la demanda en su contra dentro del plazo de quince días hábiles previsto para tal efecto por el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, contado a partir del día siguiente de esa fecha en que tuvo conocimiento de ellos, pues como se advierte de las documentales recibidas, obra copia certificada de la constancia en la que se advierte que el quejoso********************, de puño y letra firmó de recibido el oficio ********************, de uno de julio de dos mil veintitrés, relativo a la orden de verificación de mercancías en transporte al interior de la Aduana efectuada por ********************, con el carácter de verificador adscrito a la Aduana de Tijuana y quien con motivo de ello decretó el embargo de que se trata, lo que deja claro el conocimiento que tenía el quejoso de que en el acto materia de reclamo intervino la verificadora en mención y ante ello evidenciada la causal de improcedencia establecida en el precepto 61, fracción XIV, de la citada legislación. En segundo término, porque en la presente instancia constitucional la litis se circunscribe al acto que ocasiona una afectación de imposible reparación, esto es, el embargo precautorio, no así al inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera per se y, por ende, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 53/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previamente citada, el interés jurídico para reclamar el acto de desposesión de un vehículo sólo se demuestra con el acreditamiento de los derechos de propiedad o posesión, según sea el caso. Ante ello, tomando en consideración que si bien fue admitida la demanda, la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, queda evidenciada y acreditada, con las constancias allegadas por la responsable, las cuales fueron debidamente valoradas con antelación y debido a que como se refirió, en esencia el quejoso encamina su acto de reclamo al desposeimiento del vehículo con número de serie ********************, que aduce es de su propiedad, sin embargo, en el caso no exhibió documento fehaciente con el que acredite su interés jurídico para reclamarlo, lo que se explica. El precepto invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." De la interpretación de la disposición antes transcrita, se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, en los términos que se establecen en el artículo 5º de la propia ley. Por su parte, el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." Del citado precepto se observa, en lo que interesa, que el quejoso es la persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que se produce una afectación real y actual a su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Luego, en lo que al caso atañe, es pertinente destacar que el interés jurídico está en relación directa con el derecho afectado y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho. La tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos; por ello, las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto reclamado es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Al respecto, véase la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos veinticinco, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 170500, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." En ese sentido, el interés jurídico no es otra cosa que el derecho que le asiste a un particular para reclamar algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. Por tanto, no existe derecho subjetivo ni, por ende, interés jurídico cuando la persona carece de la capacidad otorgada por el orden jurídico para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya poder de exigencia imperativa; así, el derecho subjetivo consiste en la facultad de exigir a otro una determinada conducta, la cual puede consistir en dar, hacer o no hacer. Al respecto, conviene apuntar que el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado ante cuya transgresión, por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión; entonces, el perjuicio debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos. Con lo hasta aquí expuesto, se concluye que para que pueda afirmarse que quien promueve un juicio de amparo tiene interés jurídico, debe demostrarse la existencia de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa, anterior al acto reclamado, así como la afectación de ese derecho por parte de la autoridad a través del propio acto reclamado, lo que no aconteció en el caso concreto. Según se anticipó, el quejoso se duele del embargo precautorio del vehículo con número de identificación vehicular ********************, decretado el dos de julio de dos mil veintitrés, en el procedimiento administrativo en materia aduanera ********************, que aduce es de su propiedad; por ende, es claro que para acreditar su interés jurídico debe demostrar que, al momento en que se llevó a cabo el acto de autoridad, era titular del derecho de propiedad respecto del mencionado bien. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 53/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento setenta y siete, tomo IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de noviembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, registro 200504, que señala: "VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO EN CONTRA DEL SECUESTRO, DESPOSEIMIENTO, DECOMISO O CUALQUIER ACTO DE AUTORIDAD QUE AFECTE EL DERECHO DE PROPIEDAD O POSESIÓN DE LOS MISMOS, SE DEMUESTRA CON EL SOLO ACREDITAMIENTO, POR PARTE DE LA QUEJOSA, DE ESTOS DERECHOS. El interés jurídico se traduce en un derecho jurídicamente tutelado y es uno de los presupuestos para promover el juicio de garantías en los términos de lo que establecen los artículos 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo. Como derecho jurídicamente protegido, es incontrovertible que para promover un juicio de garantías, debe de estarse a la naturaleza del acto que se reclama. Por tanto, si los actos reclamados se hacen consistir en desposeimiento, secuestro o decomiso de vehículos de procedencia extranjera, entre otros actos de la misma naturaleza, que implican afectación o menoscabo del derecho de propiedad o posesión, resulta lógico que para comprobar el interés jurídico, sólo deben demostrarse tales derechos de propiedad o posesión respecto de los mismos, de manera fehaciente, con datos inequívocos, bien con la copia certificada de la tarjeta de circulación, de la que se desprenda que la propietaria del vehículo fronterizo es precisamente la quejosa; o bien con la factura en la que conste la adquisición del vehículo por la peticionaria de garantías; o con cualquier otra prueba idónea y fehaciente que demuestre esos extremos, así como la existencia de los actos reclamados consistentes en el desposeimiento, secuestro o decomiso del vehículo de procedencia extranjera. Ciertamente, porque quien es propietario o poseedor de un vehículo respecto del cual penden actos de autoridad tales como secuestro, desposeimiento o decomiso, el interés jurídico se demuestra con las documentales que acrediten que la quejosa es la propietaria o poseedora del mismo, puesto que su esfera de derecho de propiedad o posesión se vio afectada por el acto de autoridad, que como tal, debe cumplir con los extremos que la Constitución le impone. Lo anterior se desprende del artículo 4o. de la Ley de Amparo, en concordancia con lo que dispone el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, según los cuales el juicio de amparo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado y tal perjuicio inmediato y directo, da el presupuesto indispensable para la procedencia del juicio de garantías, sin que sea necesario para acudir a la instancia constitucional, el que también se demuestre la legal estancia en el país del multicitado vehículo de procedencia extranjera, pues los actos reclamados sólo afectan la propiedad o posesión que respecto del mismo tiene la quejosa, y no su derecho de importación, por lo que la legal o ilegal estancia en el país del multicitado automotor, será materia del procedimiento administrativo que, en su caso, se siga contra la formulante del amparo." Sin embargo, para acreditar la titularidad de ese derecho, el promovente sólo ofreció como prueba de su parte, el original de un documento identificado como carta de los derechos del contribuyente. Probanza que si bien, al no haber sido objetada por las partes y estar corroborada con las diversas documentales que obran en autos, adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo cierto es que únicamente acredita que se le comunicó el contenido de ese documento, no así el derecho de propiedad que aduce sobre el bien embargado. Sin que pueda considerarse que la parte quejosa acredita su interés jurídico con el solo hecho de ser parte en el procedimiento de origen, por ser quien conducía el vehículo previo a la realización del reconocimiento aduanero que dio origen al procedimiento administrativo en materia aduanera. Ello es así, en principio, porque dicha posesión al no estar justificada en un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas, debe considerarse una simple tenencia material del vehículo sujeto al procedimiento, que no es susceptible de ser protegida a través del juicio de amparo. Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, tomo XV, febrero de dos mil dos, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 187733, de rubro: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS." Entonces, al no haberse probado la existencia del derecho de propiedad que aduce el quejoso respecto del vehículo sujeto a embargo, es claro que no demostró su interés jurídico y por tanto, resulta improcedente de conformidad con el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, ante ello queda demostrado lo intrascendente que sería llamar a juicio a la verificadora que decretó el referido embargo ya que como ha quedado evidenciado el juicio de amparo en los términos planeados por la parte quejosa resulta notoriamente improcedente. Quinto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por********************, contra el acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida de María Elizabeth Reyes Moreno, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar los informes justificados rendidos por las autoridades responsables con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por el término de ocho días hábiles para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, conforme a lo establecido por los numerales 9° y 28, fracción I, de la ley de la materia, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones y como delegados de las autoridades responsables los que refiere en su informe. De igual forma, téngales proporcionado los correos electrónicos para el contacto respectivo, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, con fundamento en los numerales 119 y 123, ambos de la ley de la materia, téngase al Subdirector de la Aduana de Tijuana, ofreciendo como medio de convicción las documentales que refiere, la presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental de actuaciones, probanzas que se tienen por anunciadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional. En otro orden, a efecto de que las partes se impongan del contenido de los informes justificados, se procede a diferir la audiencia constitucional señalada para hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las once horas con diez minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite en los términos planteados la demanda que promueve José Luis Bautista Rosas, en contra del Titular de la Aduana de Tijuana y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese con número 921/2023-C. Sin que sea el caso ordenar la apertura del incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado. Se fijan las once horas con treinta minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Se hace del conocimiento a las partes que la audiencia constitucional se celebrará con o sin la concurrencia de las partes acorde a lo establecido en el artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. En atención a los artículos 117 y 75 de la Ley de la materia, requiérase a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, que deberá rendirlo dentro de quince días, expresando con precisión si son o no son ciertos los actos que se le reclama; además deberá señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida Ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; requiérasele también para que remita copias certificadas de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye, en el entendido que en el informe de mérito deberá manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, lo que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Ahora, en aras de una impartición pronta y expedita en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se solicita atentamente se sirva rendir su informe justificado preferentemente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien, través de algún convenio de interconexión, intercomunicación y/o colaboración, incluso correo electrónico institucional 15jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; con la Firma Electrónica -de contar con ella-, dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Con fundamento en el artículo 28 fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dígasele a la autoridad responsable que el error o la imprecisión no sustancial en su denominación o en la cita de su nombre que no impida individualizarla o distinguirla, no será motivo para negarse a recibir el oficio respectivo o en su momento para rendir su informe que se solicite; pues en su caso se deberán aclarar la denominación correcta ante esta autoridad. Por lo anterior, se apercibe a la autoridad responsable que de no recibir el oficio que se le dirija, en términos del numeral invocado, el Actuario de la adscripción asentará tal circunstancia y se tendrá por realizada la notificación. Apoyo lo anterior por los motivos jurídicos que contiene, la tesis XXVII.3o.17 K (10a.), visible en la página 1933, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO." Solicítese a la responsable, indique al rendir su informe con justificación, si tiene conocimiento de algún juicio de amparo relacionado con el acto aquí reclamado, esto es, que haya sido promovido por el mismo quejoso o derivado del procedimiento de origen. De conformidad con lo establecido en el dispositivo 64, párrafo primero, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a las partes informen oportunamente la cesación de los efectos del acto reclamado o la actualización de alguna causal de sobreseimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización por el equivalente a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés, ello, conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. No ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto las autoridades señaladas como responsables rindan sus informes justificados, y se advierta a quien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, hasta este momento, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Con fundamento en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa, ofreciendo como medios de convicción las documentales que adjuntó a su escrito de demanda, asimismo, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el domicilio que menciona en su escrito de demanda, así como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Karla Karina Pulgarin Ángel y Mariana Isabel Rojas Ramírez, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere en su escrito de cuenta. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en los artículos 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al artículo 3° de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. En cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Notifíquese.

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