José Luis Enriquez Velazquez
Expediente 798/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 798/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 09/08/2016
Partes del expediente
- José Luis Enriquez Velazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
II. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada el veintinueve de junio de dos mil dieciséis, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales conducentes y las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. Este expediente es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto referido), pues se sobreseyó en este asunto. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El cuaderno original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo). Lo anterior, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en el entendido que se toma en consideración ésta y no la provisional dado que si bien el numeral en cita no establece en forma literal a cuál de ellas debe atenderse, de una lectura integral del mismo se advierte que se refiere a la definitiva, pues establece: "deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento". 5. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 798/2016-II, promovido por JOSÉ LUIS ENRÍQUEZ VELÁZQUEZ, contra actos de la Jueza de Ejecución de Sentencias con Residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, JOSÉ LUIS ENRÍQUEZ VELÁZQUEZ promovió juicio de amparo contra las autoridades y acto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS A LA JUEZA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. AL JUEZ DE JUICIOS DE CONTROL Y JUICIOS ORALES DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A: AL DIRECTOR DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO" EN EL KILÓMETRO 4.5 DE LA CARRETERA TOLUCA-ALMOLOYA EN ALOMOLYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. ACTO RECLAMADO LA PRETENCIÓN DE TRASLADO A OTRO CENTRO PENITENCIARIO, DORMITORIO O CELDA." SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS VULNERADOS. La parte quejosa estimó violados en su perjuicio los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 20 y 21de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de dos de junio de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo, se formó por duplicado el incidente de suspensión de los actos reclamados, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el quejoso señaló que el acto reclamado se está ejecutando en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción (Toluca, Estado de México). SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados en esta instancia constitucional consiste en: La orden de traslado del Centro de Prevención y Readaptación Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México, a diverso centro de reclusión, dormitorio o celda, así como su ejecución. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del juicio, incluyendo la intencionalidad del quejoso, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Se estima aplicable, la tesis VI/2004, publicada en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Las autoridades responsables siguientes: DIRECTOR DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO" EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. (foja 21). JUEZA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL NUESVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. (foja 25). JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ. (foja 27). Al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado y la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas, razón por la cual debe sobreseerse en este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo tenor es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis VI.2º.A.4 K, publicada en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En ese orden, procede sobreseer, en virtud de que el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, establece la obligación de la quejosa de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia del acto reclamado a las autoridades en cita correspondía a la impetrante del amparo. En efecto, pues la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables al rendir sus informes justificados para explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio, y sobre todo de acompañar, (en caso de que el acto reclamado sea cierto), copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo tiene lugar cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron categóricamente el acto que se les imputa, porque en tal supuesto, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba necesarios para demostrar la certeza del acto de que se trata, lo que en el caso concreto no aconteció. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, Materia Común, Octava Época, de contenido: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76, 78, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por JOSÉ LUIS ENRÍQUEZ VELÁZQUEZ, por el acto, autoridades, motivos y razones descritas en el considerando tercero de este fallo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Irma Zoraida Campos Navarro, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de junio de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el acusa recibo del oficio por el cual se le remitió el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como el escrito de interposición de revisión adhesiva, promovido por la parte quejosa y el juicio de amparo 1497/2015-III. De igual forma, comunica que admitió a trámite los citados recursos y registró con el número de revisión principal 191/2016. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes y estese en espera de la determinación que al respecto emita el Tribunal Constitucional oficiante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, quien actúa asistido de Israel Díaz Reyna, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Toluca, Estado de México; nueve de junio de dos mil dieciséis. El estado procesal de este juicio de amparo evidencia que aún no obra en autos el acuse de recibo del oficio 2220/2016, dirigido a la responsable ADMINISTRADOR DE OPERACIONES ESPECIALES DE COMERCIO EXTERIOR "4" DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA; el cual fue depositado en el Módulo de Servicios del Palacio Federal de Toluca de Lerdo, Estado de México, el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, con el registro de pieza postal MN559083026MX. En tales condiciones, se requiere al Administrador de Correos del Módulo de Servicios Postales, Palacio de Justicia Federal, para que en el plazo de tres días, referido en la fracción II, del artículo 297, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, exhiba el acuse de recibo relativo a la pieza postal antes descrita, dirigida a la autoridad señalada en el párrafo precedente, o en su caso remita copia certificada y legible de la forma F-78 que ampare la entrega de los oficios referidos bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin justa causa, de conformidad con los artículos antes citados, en relación con el diverso 258 de la propia legislación, se le impondrá multa de cien a mil días, de la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, quien actúa asistido del Secretario Nicolas de Luna Gonzalez, que autoriza y da fe. Doy fe.
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