José Luis Enriquez Velazquez

Expediente 1811/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1811/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
12/01/2017

Partes del expediente

  • José Luis Enriquez Velazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    VII. La certificación de cuenta evidencia que las partes, dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrieron la sentencia de venidos de diciembre de dos mil dieciséis, que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha quedado firme. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante sentencia de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI). 2. Tanto el cuaderno original como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, toda vez que se negó la suspensión definitiva del acto reclamado (punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    VII. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de 1811/2016-VII, promovido por José Luis Enríquez Velázquez, por derecho propio, contra actos de la Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el día veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, turnado a este juzgado al día siguiente, José Luis Enríquez Velázquez, por derecho propio, promovió juicio de amparo contra las autoridades y actos siguientes: "lll. AUTORIDADES RESPONSABLES: . I) ALA C, JUEZA DE EJECUCION DE SENTENCIAS CON RECIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO. II) AL C. JUEZ DE JUICIOS DE CONTROL Y JUICIOS ORALES DE TOLUCA CON RECIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUAREZ B) SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A: I) AL C. DIRECTOR DEL CENTRO PREVNETIVO Y READAPTACION SOCIAL "SANTIAGUITO". " IV). ACTO RECLAMADO: LA PRETENCION DE TRASLADO A OTRO CENTRO PENITENCIARIO, DORMITORIO O CELDA." SEGUNDO. Derechos fundamentales vulnerados. El peticionario de amparo argumenta que los actos de autoridad que combate trasgreden en su perjuicio los derechos fundamentales y sus garantías, contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite. Por auto de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se ordenó notificar al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se inició al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 y 107, fracción ll, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 51, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos que afectan la libertad de un interno, cuya ejecución se adujo tendrían lugar en la jurisdicción de este juzgado de distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama: La orden de traslado a diverso centro penitenciario, dormitorio o celda, así como su ejecución. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2000, tomo XI, Novena Época, materia común, con registro número 192097, cuyo rubro y texto que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." No constituye un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la jurisprudencia antes invocada interprete la legislación de amparo abrogada, de diez de enero de mil novecientos treinta y seis, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo -dos de abril de dos mil trece- así como tampoco lo son las demás tesis aisladas y jurisprudencias que serán citadas en esta sentencia, que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que por esta vía se controvierten, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, pues por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con registro 212775, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Establecido lo anterior, los Jueces de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México (fojas 21 y 23); la Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial y Oral del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México (fojas 25 y 26) y el Director del Centro Preventivo de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México (foja 29) al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. En ese orden, y toda vez que el quejoso no aportó prueba alguna en la audiencia constitucional para desvirtuar las manifestaciones de inexistencia de los actos, pese a que le correspondía al arrojársele la carga respectiva, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuyo texto previene que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción; en la especie, la existencia de los actos reclamados, que por tratarse de hechos positivos es posible probarlos; debe sobreseerse en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 1002350, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo, además, en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo promovido por José Luis Enríquez Velázquez, contra los actos, autoridades y por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante la Secretaria, Carolina Denysee Villagrán Salinas, quien da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    VII. V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1811/2016-VII, promovido por José Luis Enriquez Velázquez, contra actos de la Jueza de Ejecución de Sentencias con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito recibido el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia de este órgano jurisdiccional, José Luis Enriquez Velázquez, promovió juicio de amparo contra amparo contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: JUEZA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. JUEZ DE JUICIOS DE CONTROL Y JUICIOS ORALES DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ. EJECUTORA: DIRECTOR DEL CENTRO PREVENTIVO Y READAPTACIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO" EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO ACTOS RECLAMADOS: - LA PRETENSIÓN DE TRASLADO A OTRO CENTRO PENITENCIARIO, DORMITORIO O CELDA. SEGUNDO. Por auto de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, se formó por duplicado el presente incidente de suspensión, se solicitó el informe previo a las autoridades responsables y se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual inició al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Los Jueces de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, así como el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, al rendir su respectivo informe previo, negaron la existencia de los actos reclamados. En consecuencia, toda vez que el impetrante de amparo no aportó prueba alguna en contrario para desvirtuar dicha negativa, lo procedente es negar la suspensión definitiva al no haber materia a que aplicarla. A lo anterior, resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2o. J/19, publicada en la página 133 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo II, Julio de 1995, con registro 204855, con el rubro y texto siguientes: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Lo que también acontece respecto del Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio, Adversarial y Oral del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, pues si bien fue omisa en rendir su informe previo, de las constancias que integran el juicio principal se obtiene que al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, circunstancia que constituye en hecho notorio. Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se niega a José Luis Enriquez Velázquez, la suspensión definitiva solicitada, contra los actos y las autoridades precisadas en el considerando único de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    VIII. Vista la certificación de cuenta se evidencia que Humberto Rogel Pérez, perito designado por el tercero interesado Daniel Vilchis Velázquez, no se presentó en el plazo concedido en proveído de dieciséis de noviembre del año en curso, a fin de que se presentara a protestar y aceptar el cargo. Por tanto se hace efectivo el apercibimiento con el cual se le conmino y se tiene por no designado como perito de la parte tercero interesado a Humberto Rogel Pérez; asimismo, el presente asunto se resolverá con el perito designado por la parte quejosa y por el perito oficial designado por este Juzgado de Distrito. Por otra parte, toda vez que el perito designado por la parte quejosa y el perito oficial ya aceptaron y protestaron el cargo conferido en este juicio constitucional, se requiere al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, para que en el plazo de tres días, referido en la fracción II, del artículo 297, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, permita a Rafael García Martínez, perito designado por la parte quejosa y al perito oficial Josefina Flores Pacheco, el acceso al expediente 268/2012, a fin de recabar las muestras de escritura y firma con las cuales se llevara a cabo la prueba pericial en materia de grafoscopía. Lo anterior deberá hacerlo del conocimiento de este órgano de control de la constitucionalidad dentro del plazo de veinticuatro horas. Se le apercibe que en caso de omisión, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. En consecuencia, de conformidad con el numeral 297, fracción I, del Código Federal citado aplicado supletoriamente a la ley en comento, requiérase por conducto de las parte quejosa a Rafael García Martínez, y al perito oficial Josefina Flores Pacheco, por conducto del Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, Delegación Estado de México, para que en el plazo de diez días contado a partir del día siguiente de aquél al en que la autoridad Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve autorice el acceso al expediente 268/2012, rindan su dictamen pericial. Con el apercibimiento que en caso de ser omisos se les impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, en términos de lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, a través del cual Lidia Segovia Ochoa autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, solicita se tenga por prelucido el derecho al tercero interesado Daniel Vilchis Sánchez para presentar al perito nombrado Humberto Rogel Pérez, a protestar el cargo conferido en el presente juicio constitucional, pues feneció el termino para ello, el catorce de los actuales. Atento a lo anterior, dígasele a la promovente que deberá estar a lo acordado en párrafos precedentes.

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