José Luis Enriquez Velazquez
Expediente 610/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 610/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 19/11/2016
Partes del expediente
- José Luis Enriquez Velazquez
- Jueza de Ejecución de Sentencia Con Residencia En Almoloya de Juárez, Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
Visto el estado procesal. se cambia la calificación de archivo. se regulariza el procedimiento. Notifíquese.
- Principal
V) La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de veintisiete de mayo de la anualidad que se cursa (fojas 32 a 37), en la que se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que la misma ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. El original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III del ya citado Acuerdo), pues se negó la suspensión definitiva. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.
- Incidental
Toluca, Estado de México; veinte de junio de dos mil dieciséis. Vista la cuenta precedente y del estado que guardan los autos, se advierte que en el juicio principal del cual deriva este incidente se dictó el proveído siguiente: "Toluca, Estado de México; veinte de junio de dos mil dieciséis. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de veintisiete de mayo de la anualidad que se cursa (fojas 32 a 37), en la que se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que la misma ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. El original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III del ya citado Acuerdo), pues se negó la suspensión definitiva. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Mauricio Neira Villarreal, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe." Lo que se transcribe para los efectos legales conducentes. Cúmplase. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Mauricio Neira Villarreal, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de veintisiete de mayo de la anualidad que se cursa (fojas 32 a 37), en la que se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que la misma ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. El original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III del ya citado Acuerdo), pues se negó la suspensión definitiva. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Mauricio Neira Villarreal, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe."
- Principal
V) V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 610/2016-V, promovido por José Luis Enríquez Velázquez, contra actos de la Jueza de Ejecución de Sentencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil dieciséis (fojas 1 a 8), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo en el Estado de México, con residencia en la Ciudad de Toluca, el cual por razón de turno fue remitido, el mismo día, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en la Ciudad de Toluca, José Luis Enríquez Velázquez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridades responsables que a continuación se precisan: "III) AUTORIDADES RESPONSABLES EN TERMINOS DEL ORDINAL 108 FRACCION IV DE LA LEY DE AMPARO EN CITA SE PRECISA EL ACTO QUE EN CONCRETO QUE LE ATRIBUYE A CADA UNA DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES A.- SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA A: A LA C. JUEZA DE EJECUCION DE SENTENCIAS CON RESIDENCIA RN SLMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO. AL C. JUEZ DE JUICIOS DE CONTROL Y JUICIOS ORALES DE TOLUA CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUAREZ. B.- SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A: AL C. DIRECTOR DEL CENTRO PREVENTIVO Y RAEDAPTACIÓN COVIAL "SABTUIGUITO" EN EL KILOMETRO 4.5 DE LA CARRETERA TOLUCA-ALMOLOYA EN ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO. IV) ACTO RECLAMADO LA PRETENCION DE TRASLADO A OTRO CENTRO PENITENCIARIO, DORMITORIO O CELDA." (SIC). SEGUNDO. El peticionario de amparo argumenta en su demanda, que los actos de autoridad que combate, vulneran en su perjuicio sus derechos fundamentales y las garantías, contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 18, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Mediante acuerdo de dos de mayo de dos mil dieciséis (fojas 9 y 11), se admitió a trámite la demanda; se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en la Ciudad de Toluca, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 1°, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 1º, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; máxime que los actos reclamados pretenden ejecutarse dentro de la jurisdicción en que ejerce su competencia este órgano jurisdiccional (Ciudad de Toluca). SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, debe precisarse que los actos reclamados en esta vía constitucional consisten, esencialmente, en: - La orden de traslado del Centro de Prevención y Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, a diverso Centro de reclusión, dormitorio o celda, así como su ejecución. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril del año dos mil, Novena Época, con número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." No representa un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la jurisprudencia antes invocada interprete la legislación de amparo abrogada, de diez de enero de mil novecientos treinta y seis, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo -dos de abril de dos mil trece- así como tampoco lo son las demás tesis aislada y jurisprudencia que serán citadas en esta sentencia, que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. TERCERO. Las autoridades responsables Jueza de Ejecución de Sentencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Distrito Judicial de Toluca y los Jueces de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, todos del Estado de México, al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 20, 24 y 26), negaron la existencia de los actos que se les atribuyen; sin que el peticionario de amparo haya desvirtuado, con prueba en contrario, tal negativa. Es aplicable la jurisprudencia 310, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, primera parte, Sexta Época, materia común, con número de registro 394266, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En esa tesitura, al haber señalado las autoridades responsables que no existen los actos reclamados; y al no haber aportado el quejoso ningún medio de prueba idóneo, encaminado a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6673, del Tomo LXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 324127, que establece: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia Ley." No pasa desapercibido para este Juzgador, que el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, no rindió su informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificado el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, según aparece de la constancia de notificación del oficio 20176/2016, que obra a foja 18, el cual constituye un documento idóneo demostrativo que permite afirmar que existe omisión de su parte en rendir su informe. Sin embargo, no se tiene por presuntivamente cierto el acto que se le atribuye, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, al ser una autoridad ejecutora, cuenta habida que según quedó establecido en párrafos precedentes los jueces señalados como autoridades ordenadoras, negaron la certeza de los mismos; luego entonces, tomando en consideración que la autoridad omisa, depende jerárquicamente de éstas últimas, debe hacerse extensiva la negativa por ellas vertidas, pues es inconcuso, que dadas sus funciones y atribuciones, no podrá llevar a cabo una orden respecto de la cual se ha negado su existencia. Tiene aplicación la tesis Aislada Materia Común Segunda Parte-1, sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Enero a Junio de 1988, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, visible en la página 146, del texto y rubro siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, FALTA DE INFORME DE LAS. Es verdad que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, debe presumirse cierto el acto reclamado cuando la autoridad responsable no rinda su informe sin justificación; sin embargo, tal disposición no tiene aplicación en el caso de que la autoridad ordenadora niegue el acto que se le atribuye y que la omisa sea sólo ejecutora, siempre que no se reclamen a esta última tales actos por vicios propios, porque es incuestionable que no puede cumplir una orden inexistente." De igual forma, resulta aplicable la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos cincuenta y siete, Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que cita: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Asimismo, es aplicable la tesis, emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 6, Séptima Parte, materia común, con número de registro 246423, que establece: "AUTORIDADES EJECUTORAS. FALTA DE INFORME DE LAS, CUANDO LAS ORDENADORAS NIEGAN LOS ACTOS. Si las autoridades ejecutoras no rinden informe, pero las ordenadoras niegan los actos a ellas atribuidos, es incuestionable que la autoridad ejecutora no puede cumplimentar una orden inexistente, y no es susceptible de presumirse el acto conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio, prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 372, del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación, de diciembre de 1992, materia común, Octava Época, con número de registro 217823, que establece: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y LA EJECUTORA LO ACEPTA, SIN PRECISAR QUIEN LO ORDENO. Acertadamente el juez de Distrito con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo sobresee en el juicio cuando las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados, niegan categóricamente el acto reclamado sin que el quejoso haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar tal negativa, y el hecho de que la autoridad ejecutora reconozca que sí es cierto el acto reclamado, pero no precisa quién lo ordenó, por lo que si esta autoridad fue señalada como ejecutora y no como ordenadora y al negar éstas el acto reclamado decretando el juez Federal el sobreseimiento, lógico es que también debe dictarse respecto de la autoridad ejecutora." Atento al razonamiento vertido en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 335, Núm. 22-24, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de octubre-diciembre de 1989, con número de registro 226555, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución, toda vez que no se combaten por vicios propios, sino como resultado de los actos reclamados a la autoridad ordenadora, atendiendo a la jurisprudencia 647 emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página 434, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 394603 rubro y texto: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, 73 a 76, 124, 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por José Luis Enríquez Velázquez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que quedaron precisados en el considerando segundo, en términos del considerando tercero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado Breyman Labastida Martínez, Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la licenciada Irma Zoraida Campos Navarro, Secretaria que autoriza y da fe.
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