Jose Luis de la Luz Martínez

Expediente 12/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
12/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
16/03/2023

Partes del expediente

  • Jose Luis de la Luz Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Se recibe testimonio de queja y anexos. Se agrega al expediente el oficio signado por la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla; mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada por ese tribunal el dos de marzo de dos mil veintitrés, en el recurso de queja Q 13/2023, en cuyo punto resolutivo establece: ".ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por *, en contra del proveído recurrido precisado en el resultando primero de este fallo.". Además, devuelve la copia certificada del presente juicio que se remitió para la sustanciación del recurso. En consecuencia, glósese a este juicio el testimonio adjunto al oficio de cuenta. Asimismo, se ordena acusar recibo a la superioridad (vía interconexión) respecto de los anexos recibidos. Respecto de las copias certificadas devueltas, se ordena que éstas sean destruidas1 pues solo se trata de la reproducción de las actuaciones de este sumario constitucional. Anotaciones internas Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes al sentido en que fue resuelto el referido recurso de queja. Se determina conclusión del asunto y su valoración documental. En virtud del sentido de la ejecutoria dictada en el referido recurso de queja, es evidente que el acuerdo que desechó la demanda de amparo ha quedado firme (causó estado). En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-, y el tribunal colegiado mantuvo ese desechamiento al resolver la queja interpuesta por la quejosa. Resguardo del expediente (Archivo). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos susceptibles de devolución. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a los quejosos. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Caratula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente, hacer la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta notificar de manera personal este proveído a al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer, dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese;

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Tribunal colegiado admite queja. Se agrega al expediente el oficio de cuenta signado por la actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual acusa recibo de las copias certificadas del presente juicio de amparo y del escrito de agravios. Además, comunica que, en auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, el magistrado presidente del citado tribunal, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso, el cual quedó radicado en el expediente Q-13/2023. De lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Vinculación del expediente. Finalmente, se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, habilite en el expediente electrónico de este juicio de amparo, la pestaña correspondiente a "vincular con otro órgano" para que el referido tribunal colegiado esté en oportunidad de consultarlo de manera íntegra y consiga visualizar las constancias que estime necesarias. Notifíquese.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Recurso de queja. Se agrega al expediente el ocurso de *, mediante el cual interpone recurso de queja y expresa agravios contra el acuerdo de seis de enero de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo. Además, señala las constancias que deberán remitirse al tribunal de alzada para la sustanciación de dicho recurso. Por lo anterior, es innecesario proceder en términos del artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso) pues además el recurrente resulta ser la única parte en el presente juicio, dado el desechamiento de la demanda1. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso. Remisión del recurso. Conforme a lo determinado en párrafos anteriores, se ordena el envío del escrito donde obran los agravios así como copia certificada de la totalidad del presente expediente2, al encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al órgano que deba substanciar el citado recurso de queja. Informe de la queja. En este proveído se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque en proveído de seis de enero de dos mil veintitrés, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, por las razones desarrolladas en ese acuerdo. Para justificar lo anterior, se instruye adjuntar copia de todo lo actuado en este juicio -como lo solicitó el quejoso-, y del escrito en el que obran los agravios, al oficio que se dirija al tribunal de alzada. Sin suspensión del procedimiento. Se descarta suspender el procedimiento en este asunto porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial. Indicación a la actuaria. Se ordena al actuario encargado del presente asunto, que el oficio de remisión, copia del recurso de queja en el que obran los agravios y las copias de este juicio, las entregue de manera física en la citada oficina de correspondencia. Notificación por lista. Por último, se deja establecido que es inviable ordenar una notificación personal para la quejosa, con el contenido de este acuerdo, porque ya se dio trámite a su recurso y todavía falta la decisión que emita el tribunal colegiado. De ahí que este acuerdo sólo se notificará por medio de lista. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, seis de enero de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de investigación y litigación de los delitos de despojo y daño en propiedad ajena y Unidad de investigación de los delitos de robo de ganado, robo de maquinaria e implementos diversos, de la Fiscalía General del Estado de Puebla -así señalada en la demanda-, y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que, el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales1, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" 3. En el caso, el quejoso señaló como actos reclamados lo siguiente: * La transcripción de lo anterior permite detectar que el quejoso reclama diversas omisiones en que (afirma) ha incurrido el agente del Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación *, durante el desarrollo de la indagatoria, así como aquéllos a los que ha solicitado colaboración para la integración de la misma. Entonces, es claro que las omisiones combatidas en la demanda están relacionadas directamente con la falta de investigación de los hechos que denunció el quejoso y que son materia de la carpeta de investigación, es decir, por una supuesta inactividad de las responsables para desahogar actos tendentes al esclarecimiento de tales hechos aparentemente delictivos. De modo que las omisiones reclamadas por el quejoso, convergen en forma directa a la falta de actividad en la carpeta de investigación, razón por la cual es válido imponer desde este momento una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque la aducida falta de actividad de las responsables para desahogar actos que integren la carpeta de investigación -iniciada bajo las reglas del sistema penal acusatorio- tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar el quejoso antes de solicitar el control de legalidad extraordinario, en la vía de amparo indirecto. Así se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales4, porque ese precepto dispone que el impacto de omisiones o resoluciones del Ministerio Público, contra las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. De esa forma lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 28/2018 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, que tiene el rubro siguiente: * Por ello se afirma que las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, están obligados a acudir a la ruta ordinaria contra las omisiones del Ministerio Público, desde el inicio de la carpeta de investigación y hasta la eventual conclusión de la misma. En particular impugnarlas ante un juez de control para que este revise la legalidad de esas omisiones, entre las cuales deben subsumirse las reclamadas en la demanda de amparo, es decir, la falta de actividad en la carpeta de investigación que a decir del quejoso impide el esclarecimiento de los hechos denunciados. Sobre todo porque el juez de control, en términos del precepto citado, puede ordenar que cesen las aducidas omisiones de las responsables, e incluso disponer la emisión de los actos que sean pertinentes a la investigación, para una eventual determinación de la acción penal. Todo ello se obtuvo de la contradicción de tesis 233/2017, que generó el criterio invocado en párrafos anteriores, pues la ejecutoria de la referida contradicción, determinó la obligación de las víctimas u ofendidos de impugnar cualquier omisión del Ministerio Público, a través de la ruta ordinaria establecida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Omisiones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, extendió a la falta de actos para integrar la carpeta de investigación, que comprende la supuesta inactividad de las responsables para la investigación de los hechos posiblemente delictivos, cometidos en perjuicio del quejoso Por consiguiente, se afirma que el reclamo planteado por ésta, contra las omisiones de las autoridades responsables en el trámite relativo a la carpeta de investigación, debe llevarse primero a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 258, a fin de cumplir el principio de definitividad. En efecto, el quejoso debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra las omisiones reclamadas en la demanda de amparo; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar las conductas de las responsables, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que las omisiones atribuidas a las responsables, que convergen a la falta de actos para integrar la carpeta de investigación * , encuentran una causa indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que los datos proporcionados en la demanda, reflejan las condiciones del quejoso para acudir a la ruta ordinaria de impugnación: es la víctima por los hechos con apariencia de delito y él fue quien presentó la denuncia que originó la mencionada carpeta, bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Entonces, procede desechar la demanda de protección constitucional, pues los actos reclamados por la parte quejosa a las autoridades responsables, encuentran la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis5 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó el quejoso, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *, número * queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque el quejoso le otorgó esas facultades y se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En cambio, * quedan autorizados sólo para oír y recibir notificaciones, dado que el primero no cuenta con dicho registro y los últimos dos fueron autorizados por el quejoso en esos términos. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.

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