Jose Luis Cruz Guzman

Expediente 265/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
265/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
09/04/2019

Partes del expediente

  • Jose Luis Cruz Guzman
  • Rosa Maria Guzman Bandala

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa omitió recurrir el auto de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, dictado en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO; por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y se ordena archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, así como a que carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Se agrega al expediente la razón del actuario adscrito, por medio de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar el proveído de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, a la parte quejosa, en el domicilio que señalaron para tal efecto, por la razones que en la misma se desprenden. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 27 fracción III inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa por medio de lista que se fija en este juzgado federal, el proveído de veinticinco de marzo del año en curso, el presente acuerdo y las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, hasta que señalen nuevo domicilio procesal o aclaren el que proporcionaron en la demanda.

  3. Principal

    Se recibe la demanda de protección de derechos signada por ¨*********** y ************, contra actos del Facultador Adscrito al Centro Estatal de Medios Alternativos en Solución de Conflictos en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado de Puebla. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, el numeral 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de revisar la demanda de protección, y si existiere una causa manifiesta de improcedencia podrá desecharse de plano. Esa hipótesis normativa (el desechamiento de plano por una causa de improcedencia) se actualiza frente a la demanda que suscriben José Luis Cruz Guzmán y Rosa María Guzmán Bandala. Para demostrarlo basta indicar que el acto reclamado estriba en lo siguiente: "LA INVITACIÓN DERIVADA DEL EXPEDIENTE **********, NUMERO DE INVITACIÓN *********." Inclusive, la parte quejosa exhibió la invitación **********de veinte de marzo de dos mil diecinueve, emitida dentro del expediente número *********, signada por el Facilitador Adscrito al Centro Estatal de Medios Alternativos en Solución de Conflictos en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, misma que se inserta de manera digital para mayor ilustración: Sin embargo, se considera que la acción de amparo ejercida en contra de dicha invitación a una solución de conflictos resulta improcedente, pues opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, así como en relación con el 5°, fracción I, primer párrafo, de la ley de amparo. De entrada, se precisa que los artículos 1 y 4 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, establece medularmente lo siguiente: Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal tienen como finalidad proporcionar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad. Ahora, uno de los principios rectores de los mecanismos alternativos es la voluntariedad de las partes, la cual consiste en que la participación de los intervinientes es por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por la invitación a una solución de conflictos, pues tal acto deja de irrogarle perjuicio alguno a la parte quejosa; aunado a que a la misma, tampoco le afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos fundamentales de un modo que sea irreparable. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra dicha invitación, pues ello deriva de las facultades y obligaciones conferidas por el legislador dentro de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, al Facilitador Adscrito al Centro Estatal de Medios Alternativos en Solución de Conflictos en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Luego, de una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se entiende que la acepción "juicio" a la cual alude dicho numeral, se refiere al procedimiento, que se desenvuelve a través de una secuencia ordenada de actos y en nada resulta ser sólo el seguido ante una autoridad judicial (como se comprendería en sentido restringido de la palabra); por lo que el procedimiento penal con todas sus etapas, encuadra en el supuesto contemplado por ese precepto legal. Así, el legislador instauró una forma alternativa de solución de conflictos donde las partes pueden de forma voluntaria, a someterse a un acuerdo de conclusión anticipada y así, evitar se lleve a cabo el ejercicio de la acción penal. Por ello, debe considerarse a la invitación de solución de conflictos, en una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como parte del procedimiento penal, aunque el mismo no se siga ante el juez. Sin embargo, en ese supuesto también debe exigirse que el acto que se presente en esa indagatoria sea de imposible reparación, para la procedencia del juicio de protección. Pero en este asunto en concreto, dicha invitación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues en términos de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, éstos se rigen por el principio rector de voluntariedad, de acuerdo con el cual, la participación de las intervinientes debe ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación, lo cual se deduce de una interpretación al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al reclamar la invitación a una solución de conflictos para comparecer a la etapa conciliatoria, ésta para nada causa una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues constituye solamente una invitación para presentarse ante la emisora con la finalidad de realizar la diligencia correspondiente. Sin embargo, dicha solución de conflictos depende de la voluntariedad de los intervinientes, lo cual debe ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación; de ahí la improcedencia del juicio de amparo respecto de la invitación a la solución de conflictos, para que ésta se lleve a cabo. Sirven de apoyo a lo anterior, por el criterio que contiene la siguiente jurisprudencia de rubro siguiente: "MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. EL CITATORIO EMITIDO DENTRO DEL PROCESO DE JUSTICIA RESTAURATIVA PARA COMPARECER A LA ETAPA CONCILIATORIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO ." En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo, respecto de la invitación a una solución de conflictos contra la parte quejosa, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, con relación al numeral 107, fracción V, así como el diverso 5, fracción I, primer párrafo de la Ley de amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en la demanda y como autorizado en términos amplios que contempla el artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona en la misma, dado que así fue solicitado por la parte quejosa, y por estar registrado ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Notifíquese; de forma personal a la parte quejosa, y cúmplase. Así lo acuerda y firma Rafael González Castillo, Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Martín Ricárdez Rueda, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    EN CUMPLMIENTO AL AUTO DE VEINTIOCHO DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, NOTIFICO EL DIVERSO DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE PRONUNCIADOS EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA. Puebla, Puebla, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Se recibe la demanda de protección de derechos signada por *, contra actos del Facultador Adscrito al Centro Estatal de Medios Alternativos en Solución de Conflictos en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado de Puebla. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, el numeral 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de revisar la demanda de protección, y si existiere una causa manifiesta de improcedencia podrá desecharse de plano. Esa hipótesis normativa (el desechamiento de plano por una causa de improcedencia) se actualiza frente a la demanda que suscriben *. Para demostrarlo basta indicar que el acto reclamado estriba en lo siguiente: "LA INVITACIÓN DERIVADA DEL EXPEDIENTE * CEMASC, NUMERO DE INVITACIÓN *." Inclusive, la parte quejosa exhibió la invitación * de veinte de marzo de dos mil diecinueve, emitida dentro del expediente número *, signada por el Facilitador Adscrito al Centro Estatal de Medios Alternativos en Solución de Conflictos en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, misma que se inserta de manera digital para mayor ilustración: Sin embargo, se considera que la acción de amparo ejercida en contra de dicha invitación a una solución de conflictos resulta improcedente, pues opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, así como en relación con el 5°, fracción I, primer párrafo, de la ley de amparo. De entrada, se precisa que los artículos 1 y 4 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, establece medularmente lo siguiente: Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal tienen como finalidad proporcionar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad. Ahora, uno de los principios rectores de los mecanismos alternativos es la voluntariedad de las partes, la cual consiste en que la participación de los intervinientes es por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por la invitación a una solución de conflictos, pues tal acto deja de irrogarle perjuicio alguno a la parte quejosa; aunado a que a la misma, tampoco le afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos fundamentales de un modo que sea irreparable. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra dicha invitación, pues ello deriva de las facultades y obligaciones conferidas por el legislador dentro de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, al Facilitador Adscrito al Centro Estatal de Medios Alternativos en Solución de Conflictos en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Luego, de una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se entiende que la acepción "juicio" a la cual alude dicho numeral, se refiere al procedimiento, que se desenvuelve a través de una secuencia ordenada de actos y en nada resulta ser sólo el seguido ante una autoridad judicial (como se comprendería en sentido restringido de la palabra); por lo que el procedimiento penal con todas sus etapas, encuadra en el supuesto contemplado por ese precepto legal. Así, el legislador instauró una forma alternativa de solución de conflictos donde las partes pueden de forma voluntaria, a someterse a un acuerdo de conclusión anticipada y así, evitar se lleve a cabo el ejercicio de la acción penal. Por ello, debe considerarse a la invitación de solución de conflictos, en una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como parte del procedimiento penal, aunque el mismo no se siga ante el juez. Sin embargo, en ese supuesto también debe exigirse que el acto que se presente en esa indagatoria sea de imposible reparación, para la procedencia del juicio de protección. Pero en este asunto en concreto, dicha invitación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues en términos de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, éstos se rigen por el principio rector de voluntariedad, de acuerdo con el cual, la participación de las intervinientes debe ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación, lo cual se deduce de una interpretación al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al reclamar la invitación a una solución de conflictos para comparecer a la etapa conciliatoria, ésta para nada causa una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues constituye solamente una invitación para presentarse ante la emisora con la finalidad de realizar la diligencia correspondiente. Sin embargo, dicha solución de conflictos depende de la voluntariedad de los intervinientes, lo cual debe ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación; de ahí la improcedencia del juicio de amparo respecto de la invitación a la solución de conflictos, para que ésta se lleve a cabo. Sirven de apoyo a lo anterior, por el criterio que contiene la siguiente jurisprudencia de rubro siguiente: "MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. EL CITATORIO EMITIDO DENTRO DEL PROCESO DE JUSTICIA RESTAURATIVA PARA COMPARECER A LA ETAPA CONCILIATORIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO ." En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo, respecto de la invitación a una solución de conflictos contra la parte quejosa, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, con relación al numeral 107, fracción V, así como el diverso 5, fracción I, primer párrafo de la Ley de amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en la demanda y como autorizado en términos amplios que contempla el artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona en la misma, dado que así fue solicitado por la parte quejosa, y por estar registrado ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Notifíquese; de forma personal a la parte quejosa, y cúmplase. Así lo acuerda y firma Rafael González Castillo, Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Martín Ricárdez Rueda, secretario que autoriza y da fe.

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